La coordinadora de sindicatos de Ancap se movilizó en el marco de un paro del Sunca, ayer de 9 a 13 en Paysandú, en reclamo de una plataforma que reivindica un convenio colectivo para el sector, “en defensa de Ancap estatal y pública y de los puestos de trabajo”.
El presidente de la dirección de la rama extractiva del Sunca, Paulo García, relató que “después de ser desalojados de las barras en la Junta Departamental, donde queríamos que nos recibieran para que los ediles se expresaran en una declaración a favor de la planta abierta y sobre los puestos de trabajo en riesgo, hicimos una asamblea en la planta de Ancap, donde se tomaron algunas acciones por parte de Federación Ancap, que resolvió un corte de las horas extras”.
El ente
El directorio del organismo informó que el resultado operativo del cemento y la cal arrojó una pérdida de 6,2 millones de dólares, con una participación en el mercado del 33%. El 19 de mayo, el directorio aprobó el pliego de licitación que convoca a una asociación integral, industrial y comercial, “para llevar adelante en forma total o parcial el negocio de cemento y cal, con el objetivo de revertir la situación deficitaria y restablecer la competitividad del sector”. Las autoridades esperan las ofertas para el 19 de julio y el cambio de control en el primer semestre del año que viene.
El presidente del directorio, Alejandro Stipanicic, aseguró que “las pérdidas no son coyunturales, sino que se registran de forma ininterrumpida desde hace más de 20 años”, con el objetivo de “llegar a mercados regionales a los cuales Ancap no ha logrado acceder. Todo eso supone haber dejado de lado decisiones como no invertir, dejar todo como está o invertir plata para no saber a quién vender”.
De acuerdo al jerarca, el socio privado deberá cumplir con una serie de requisitos, como disponer de capacidad tecnológica, acceso a mercados, capacidad financiera y un plan de negocios acorde a la realidad del país. Además, se debe comprometer a contratar personal de la industria, a seguir operando las tres plantas industriales –Manga, Minas y Paysandú–, desarrollar acciones para fortalecer la presencia de la marca Ancap y poder exportar.
Los trabajadores
Los trabajadores continúan movilizados “buscando que se detenga el proceso de asociación del negocio del portland y la cal con privados. Desde noviembre veníamos negociando con el directorio, el Ministerio de Trabajo y la coordinadora de sindicatos, en una agenda avalada por el ministerio de Industria, en un acuerdo que garantizara los puestos de trabajo”, dijo García a EL TELEGRAFO.
“Cuando se lanzó el pliego de licitación el mes pasado, nosotros no nos enteramos. Porque en las reuniones se habló de que el pliego no iba a salir hasta no saber lo que ocurría con los puestos de trabajo. En esas negociaciones no pudimos llegar a ningún acuerdo porque Ancap no cambiaba la delegación con la que nos reuníamos una vez al mes. Después, dijeron que iba a aparecer una redacción que se agregaría al pliego y nos negamos porque, de acuerdo a lo conversado, no garantizaba los puestos laborales. Pedimos qué vuelvan atrás con la decisión y resolverlo con el directorio. En ese lapso estábamos, cuando Ancap saca el pliego de licitación el 19 de mayo, con 60 días que corren hasta el 19 de julio para abrir la licitación y saber quién ganó”. García aseguró que el directorio anunció la instalación de una nueva mesa de negociación, “pero seguimos esperando para buscar un acuerdo. Negociamos durante 5 meses y en ese tiempo, Ancap nunca estuvo de acuerdo con poner por escrito que se garantizara el cien por ciento de los puestos de trabajo. A raíz de eso es que nos movilizamos”.
Licitación
El dirigente agregó que “lo único que dice es que la empresa que venga tiene que contratar el mínimo del personal que entienda para el funcionamiento. O sea, no es una garantía de trabajo para los 250 trabajadores, entre públicos y tercerizados. Porque un privado, cuanto más pueda ahorrar y, como no es una obligación, lo hará en el personal”.
García aseguró que “según el gobierno, esta asociación es para que el privado abra nuevos mercados. Pero de la forma en que se da esta privatización, eso no está garantizado. Porque no garantiza que la planta siga en funcionamiento, ni que nosotros sigamos trabajando. Sí, las canteras siguen a nombre de Ancap, pero la explotación estará a cargo del privado. Y la empresa lo hará para el negocio que entienda necesario”. La coordinadora de sindicatos reclama que “la piedra caliza siga en manos del Estado y que nosotros continuemos trabajando. Si el único fin es la piedra, entonces no viene a favor del pueblo ni del trabajo”.
Explicó que “las inversiones que le pide Ancap al privado son mínimas. Son unos 16 millones de dólares a tres años para que todo siga igual. O sea, si hoy la empresa dice que le cuesta producir, en tres años no va cambiar nada porque no hay obligación de invertir en algo mejor. El foco es la piedra caliza y el yacimiento abundante que hay en Uruguay”. De acuerdo al sindicato, “las inversiones mínimas refieren a cuestiones con el medio ambiente, pero no cambia el proceso de elaboración del portland. Posteriormente, en un lapso de 7 años, tiene que presentar un plan de inversiones. Pero eso es después que ingresen”.
Inversiones
García aclaró que “si hoy no se invierte en las plantas, por lógica dejarán de funcionar. Se necesita la instalación del horno 3 que, extraoficialmente, sabemos que está bien por un informe pedido por Ancap sobre el estado actual. Y las partes del horno que se usaron en Minas y Paysandú pueden recuperarse porque así lo confirmó el propio fabricante”. Los trabajadores aseguran que “tampoco tenemos un estudio de cuánto sale su instalación. El gobierno dice que sale cien millones, pero no lo saben ni ellos porque no hay un estudio que lo asegure. Y eso nos confirmó el exdirector de Ancap que representaba a Cabildo Abierto, José Luis Alonso”.
Movilizados
La coordinadora de sindicatos de Ancap se movilizó en una caravana que finalizó frente a la Intendencia. “Nos movilizamos también por los Consejos de Salarios, después que fuimos convocados el 11 de mayo en asamblea general para el Grupo 1. La primera reunión se hizo el 12 de mayo y allí nos comunicaron que no había pauta. Nuestro sindicato avisó a las cámaras empresariales para que presentaran las pautas; de lo contrario, no se puede negociar. Por eso mantuvimos un plan de acción hasta este jueves y en el caso de Paysandú, sumamos nuestra consigna por una Ancap estatal y pública, con todos los puestos de trabajo”.
