Respecto a la actual crisis hídrica y socioambiental que vive Uruguay, recientemente la Red Temática de Medioambiente de la UdelaR (Retema) llamaba la atención sobre la necesidad de “un diálogo horizontal y en forma transdisciplinaria con los diversos sectores de la sociedad civil y gubernamentales, garantizando una participación vinculante en la gestión del agua para poder identificar problemas y riesgos, y así definir planes y medidas de prevención o mitigación adecuadas y ajustadas a los distintos grupos poblacionales”.
En un comunicado en el que anunció que pondrá a disposición en Internet sus conocimientos y antecedentes de intercambio académico sobre la problemática del agua generados en Montevideo y los centros universitarios regionales del Interior, y que creará un repositorio web para centralizar artículos, informes, programas, voces y posturas respecto a la emergencia actual del agua, la Retema expresó que es deseable que a la hora de tomar decisiones “se utilice el acumulado histórico de investigaciones de la UdelaR” sobre el tema. También reclamó la necesidad de un enfoque ecosistémico de la salud que contemple los vínculos complejos entre sociedad, ambiente y salud que “requiere la integración del conocimiento con la presencia de distintas disciplinas y de quienes viven en los territorios afectados”.
Es importante señalar que los problemas de pérdida de la calidad ambiental sobre los que hace décadas se viene alertando, incluso desde espacios como esta columna editorial, ya no son algo que quizá en algún momento pueda pasar sino que han avanzado hacia etapas en las que existe una relación directa y estrecha entre la pérdida de calidad del ambiente y la vida cotidiana de las personas. La crisis hídrica que hoy afecta al 60% de la población del país que vive en Montevideo y cercanías, es uno de los ejemplos más evidentes en este sentido.
“Esta situación si bien se agudiza con la actual sequía, es producto de una acumulación de impactos con notables antecedentes, como por ejemplo la crisis del año 2013 asociada a la ocurrencia de metabolitos de cianobacterias en el agua distribuida a la población. Asimismo, se presenta como una alerta nacional que visibiliza las relaciones entre las actividades productivas y la salud, atravesadas por el agua y el ciclo hidrosocial”, señala la Retema.
Una de las medidas para paliar la situación es la reactivación y creación de nuevas fuentes de agua a partir de perforaciones que permitan utilizar el agua subterránea, hasta el extremo impactante de estar perforando en un espacio público como el Parque Batlle, en Montevideo.
En este sentido, la crisis hídrica y las dificultades existentes a nivel de las aguas superficiales para abastecer a la zona más densamente poblada del territorio nacional, también llama a pensar en la necesidad de una adecuada gestión y prevención de la contaminación de las aguas subterráneas. La importancia del agua dulce subterránea será cada vez más decisiva si tenemos en cuenta que aunque más del 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua, sólo el 1% está disponible para el uso humano y está sufriendo cada vez más presiones ambientales. A su vez, del agua dulce del planeta, el 99% son aguas subterráneas.
En América Latina y el Caribe, aproximadamente el 30% del agua dulce extraída es subterránea y hay actividades que la utilizan muy intensamente, como es el caso de las actividades industriales (que satisfacen la mitad de su demanda con agua de este tipo de fuente).
La existencia de importantes acuíferos en nuestro continente, tampoco nos exime de dificultades y desafíos presentes y futuros. En este sentido, en un artículo difundido a fines del mayo, especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirman que “la sobreexplotación de los acuíferos es un problema que amenaza la integridad de las ciudades, las economías regionales y el abastecimiento de agua para la población, y que ya está causando problemas en América Latina y el Caribe”, señalando como ejemplo los casos de Ciudad de México (México), donde se reportan hundimientos de terreno de hasta 40 centímetros por año; o Ica (Perú) donde el agotamiento de los recursos hídricos subterráneos puede poner en peligro la economía regional que depende mayoritariamente de la agroexportación. Y más cerca nuestro, en Chile, los acuíferos con declaración de prohibición de explotación pasaron de 6 en 2018 a 100 en 2021.
En la publicación “Aguas subterráneas en América Latina y el Caribe: políticas y experiencias para la gestión y conservación de los acuíferos”, el BID hace un repaso de las opciones que los países tienen a su disposición para gestionar las aguas subterráneas y contribuir a la seguridad hídrica. Allí se incluyen medidas que, para gestionar la demanda de agua e incentivar un uso más racional, imponen tasas o tarifas a la extracción, medidas de racionamiento como el establecimiento de cuotas, períodos de veda de extracción o revocatoria de licencias al declararse la emergencia de un acuífero debido a que se ha identificado un ritmo insostenible en su explotación.
Por otro lado, hay un segundo grupo de medidas que están orientadas a aumentar la disponibilidad de agua subterránea incentivando las zonas de recarga de los acuíferos por medio de la utilización de zanjas de infiltración, reducción de la velocidad de los ríos o la reinfiltración de aguas depuradas, así como inversiones en infraestructura natural y en infraestructura verde urbana con la introducción de áreas verdes y pavimentos permeables que facilitan la recarga del acuífero y disminuyen los problemas de los sistemas de drenaje pluvial y las inundaciones urbanas por pluviales.
Asimismo, se propone fomentar el uso de tecnologías eficientes en el uso del agua tanto en la agricultura como en el consumo de los hogares y las industrias para reducir la presión de la demanda sobre los acuíferos.
El agua subterránea es, cada vez más, un recurso natural estratégico no solo para el abastecimiento a la población, especialmente la rural, sino que tiene el valor de su almacenamiento natural que garantiza contar con ella ante eventos complejos como sequías o interrupciones en el suministro por problemas de contaminación, sequías o turbidez de los ríos.
Los acuíferos poseen también un valor geopolítico especialmente importante por su incidencia en la actividad económica. En nuestra región el Acuífero Guaraní es la mayor reserva de agua dulce y mucho se ha hablado de los intereses de corporaciones internacionales e incluso de países que requerirán asegurar el suministro de recursos hídricos. Esos intereses podrían interpretarse como amenazas para nuestra soberanía del agua y suelen generar preocupación en diversos sectores. Sin embargo, deberíamos preocuparnos también por otros problemas más silenciosos –y quizá irreversibles– como los cambios en sus ecosistemas, la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos. El Acuífero Guaraní si bien llega hasta nuestro territorio, se surte de agua en esteros y lagunas de Argentina y Brasil, donde se encuentra la mayor parte del acuífero, por lo que, si verdaderamente se pretende defender esta recurso, es imprescindible hacerlo en forma coordinada entre las tres naciones, con políticas en común.
En épocas de crisis las soluciones suelen enfocarse en los problemas mayores y más urgentes, pero sería bueno que las lecciones que estamos aprendiendo nos permitan también ver con claridad la necesidad de incorporar políticas de gobernanza y acciones efectivas para el uso racional y la preservación del recurso invaluable que representan nuestras aguas subterráneas.