Días pasados la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló de forma unánime a favor de Ancap en cuanto al reclamo que la estatal hizo en setiembre del año 2021, por la inconstitucionalidad de la Tasa de Inflamables que la Intendencia de Montevideo (IMM) cobra por la circulación de combustibles, desde hace 60 años, y cuya recaudación va a parar a las arcas de la intendencia capitalina. Esta declaración de inconstitucionalidad se aplica para el caso concreto de la distribuidora Ducsa (empresa del grupo Ancap) ya que fue la única que inició acciones para la derogación de lo que ahora se define como un “impuesto”, no una “tasa”.
Consultado al respecto, el edil del Partido Nacional Marcelo Tortorella, explicó que “el fallo de la SCJ prueba que no se trataba de una tasa (que conlleva una contraprestación), sino de un impuesto encubierto, un impuesto que desde hace 60 años recauda la Intendencia de Montevideo, y lo pagamos los ciudadanos de todo el país”.
Ancap pagaba por este concepto a la IMM alrededor de 12 millones de dólares al año, según informó el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic. Tortorella agregó que “teniendo en cuenta la situación de los departamentos fronterizos, es esperable que la quita del impuesto se vea reflejada de forma inmediata en la baja del precio del combustible a nivel nacional, para todos los consumidores”.
Por todo lo anteriormente expuesto, en la próxima sesión de la Junta Departamental, presentará una moción (que descuenta sea aprobada de forma unánime) en la que en líneas generales se solicita a la intendenta de Montevideo Carolina Cosse derogue de forma inmediata la “tasa de inflamables”, que se oficie también al Presidente de la Junta Departamental de Montevideo y a las bancadas de los partidos políticos que la integran para que tomen las medidas pertinentes para la efectiva derogación, solicitar al Congreso Nacional de Intendentes que tome posición al respecto, así como informar al directorio de Ancap al respecto de esta iniciativa para lograr la inmediata rebaja de los combustibles de Ducsa; incluye además, la solicitud a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), para que en el marco de sus competencias intervenga para disponer las medidas necesarias para el cumplimiento del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la inconstitucionalidad del decreto N.° 12.354.
