La lucha por avanzar hacia mayores niveles de equidad es un rasgo identitario de nuestro país, que ha dado muestras claras de considerlo un imperativo ético fundamental en la construcción de una sociedad más justa y cohesionada, componente esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia.
La lucha para que “los más infelices sean los más privilegiados” tuvo continuidad en la precursora construcción del Estado batllista como “escudo de los débiles”, se renovó en el “compromiso” wilsonista con la justicia social para ser finalmente la característica más destacada de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, cuando se plasmó en avances concretos en equidad e igualdad de oportunidades.
Esa sociedad más justa requiere de un Estado presente y activo que diseñe políticas públicas que, junto al despliegue creativo del empresariado, promuevan la prosperidad y el desarrollo inclusivo.
Los desafíos contemporáneos solo pueden pensarse en clave de un Estado protagónico y comprometido con las urgencias ciudadanas. Uno de los ejemplos más claros de este tiempo es la difícil situación económica y social por la que transita la región del litoral del país, que se explica por factores exógenos, derivados de la situación argentina, y que por lo tanto están fuera de nuestro alcance, pero también por la extrema debilidad de las políticas públicas implementadas para apoyar a las familias y a las empresas afectadas.
No concebimos el desarrollo como el resultado del libre juego del mercado. No hay un solo ejemplo en la historia que dé cuenta de procesos de crecimiento económico con justicia social como resultado de la mano invisible del mercado, con un Estado ausente. Existe abundante evidencia de que el libre funcionamiento del mercado puede contribuir a impulsar el crecimiento económico, pero no logra resolver las desigualdades inherentes al propio funcionamiento del sistema, que tiende a concentrar cada vez más el ingreso y la riqueza, dejando rezagados a los más vulnerables. Por ello resulta esencial que el Estado implemente políticas públicas que promuevan la equidad, corrigiendo esas desigualdades, y favorezcan la igualdad de oportunidades. En el mismo sentido, valoramos el papel que cumplen los mercados y la iniciativa del empresariado privado, esenciales para la producción, la inversión y la generación de empleos de calidad.
Se trata, pues, de articular una adecuada relación Estado–Mercado, que jerarquice tanto el papel del sector privado como el rol estratégico del Estado en el desarrollo y la regulación de los mercados. Este punto es especialmente relevante. El desarrollo requiere de mercados que funcionen adecuadamente, lo que hace imprescindible fortalecer las políticas regulatorias que prevengan y combatan los abusos del poder económico y desalienten las prácticas anticompetitivas.
Esa visión moderna del funcionamiento de la economía debe dar cuenta, necesariamente, de la nueva realidad productiva y laboral, desafiada por la revolución tecnológica y la urgencia climática, en un mundo de crecientes tensiones geopolíticas, incertidumbre e inestabilidad global.
Asimismo, esta visión debe reconocer que no es posible alcanzar una reducción sustancial de la pobreza y la desigualdad si no logramos aumentar sensiblemente el crecimiento económico de largo plazo, junto a una activa política redistributiva, en el marco de un modelo que incorpore los imperativos de la agenda ambiental.
Este modelo de desarrollo también debe superar la falsa contradicción entre profundizar la integración regional y desarrollar potentes vínculos comerciales y de inversión más allá de la región, para lo que se requiere de la concreción de acuerdos extra-regionales, conjuntamente con los socios del Mercosur o, en su defecto, negociando formatos de “flexibilidad acordada”.
Finalmente, el modelo de desarrollo sostenible que proponemos solo será posible con un aumento sostenido de la inversión y la productividad -con un fuerte impulso a la innovación, la ciencia y la tecnología-, y el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, gestionando responsablemente la restricción fiscal, de forma de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Pero no podemos perder de vista que la forma en que se alcanza la estabilidad macroeconómica no es neutral desde el punto de vista ideológico ni político. Un mismo resultado fiscal puede obtenerse con estructuras de ingresos y gastos muy diferentes, dando cuenta de las preferencias y prioridades políticas de cada gobierno. La naturaleza y características del ajuste fiscal implementado por el actual gobierno son un claro ejemplo: se basó exclusivamente en la caída de los salarios y las jubilaciones, junto con el recorte de las inversiones públicas. Un ajuste de muy mala calidad, que no resulta sostenible en el tiempo, y que se dio simultáneamente con un marcado deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los uruguayos, con un importante aumento de la pobreza, en particular la pobreza infantil. El atento lector lo tiene claro: un ajuste que determinó un deterioro importante en la calidad de los servicios públicos, como la salud y la educación.
El desarrollo de nuestros países es una definición en construcción. Hace 60 o 70 años tenía que ver esencialmente con aspectos económicos, pero hoy -avanzado el siglo XXI- no deberíamos permitirnos hablar de desarrollo sin incorporar la dimensión social, ambiental, de género, cultural. Esa interpretación de desarrollo tiene como prerrequisito una visión de Estado que trasciende largamente un período de gobierno. Un Estado que provea servicios públicos de calidad, que habiliten oportunidades efectivas para el progreso y la mejora de las condiciones de vida de su gente.
En definitiva, creemos en un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo, capaz de desandar la fractura social y generar oportunidades y mejores condiciones de vida para todos y todas.
Permítanme concluir subrayando que es un agrado compartir la visión que anima nuestra acción política, y hacerlo en un nuevo aniversario del CEP.
