“Se han multiplicado las pérdidas en el portland por el abandono de la gestión”, según Fancap
Federación Ancap anunció que continuará el conflicto con el gobierno, hasta que se retire la licitación lanzada por el directorio del organismo con el fin de asociarse con un privado en el negocio del portland. El sindicato asegura que este proceso iniciado por las autoridades viola la Constitución, en tanto requiere que el Parlamento apruebe si una empresa pública puede recibir capital privado.
Dirigentes de Fancap fueron recibidos por el presidente Lacalle Pou el mes pasado en el marco de una serie de ocupaciones de las plantas, y solicitaron la suspensión del trámite, al considerar que no garantiza los puestos de empleo ni las inversiones. El directorio postergó la fecha para el llamado, a pedido de dos interesados hasta el 12 de setiembre.
Requiere inversiones
El secretario general de Fancap, Manuel Colina, dijo a EL TELEGRAFO que “el objetivo del conflicto no se modifica. Nuestro reclamo es que se retire el pliego de condiciones porque no estamos de acuerdo con la asociación y desde hace mucho tiempo reclamamos las inversiones”.
Explicó que el sindicato rechaza la asociación “porque entendemos que hay un camino que requiere inversiones y el aporte del Estado a la industria. Una prórroga para la apertura, tal como está planteada, no modifica los objetivos sino los tiempos del conflicto”.
De acuerdo a Colina, “en las plantas de portland hay dos situaciones. La primera, es una decisión de parte del directorio de la empresa de no invertir ni siquiera en lo mínimo para su operativa, con los insumos básicos”. En el caso de la planta local, “van más de 180 días en el año y el horno de Paysandú ha funcionado 27 días. No se debe a medidas sindicales, sino que no hay insumos para mantenerlo prendido y eso es una decisión de abandono de la gestión. Porque el directorio resolvió abandonar la gestión”. Según el dirigente, “como contrapartida a las medidas del sindicato, el directorio resolvió sancionar a los trabajadores con la quita de un derecho adquirido como es la compensación por turnos. Ya estaba previsto que cualquier trabajador que haga turnos rotativos debe recibir una compensación por afectaciones a la salud. Ancap lo ha hecho en forma unilateral y eso afecta al 40% de los salarios. Es una forma de amedrentar a la organización y no ha tenido efectos porque los trabajadores siguen adelante con las medidas. Pero si hoy las plantas no funcionan, es porque el directorio no quiere”.
El planteo
Colina negó que el gobierno busque una asociación con privados. “Si busco asociarme, busco un par. Y esto es una entrega. Es decir, le entrega el portland a un privado. El pliego de condiciones coloca arriba de la mesa del 70 al 90 por ciento de la industria nacional en manos del privado. Queda claro que no existe una sociedad, sino una situación muy desigual a favor del privado”.
Ley de compras
Colina señaló que “hay que agregar un elemento que se llamó ley de compras públicas del Estado, que el Frente Amplio no dio las mayorías y lo reclamamos oportunamente. Porque ya en el año 2016 estaba planteado el cierre de la planta de Paysandú y con las movilizaciones logramos que no se hiciera. Incluso, con un plan de trabajo, logramos que en el año 2019 se llegara a ‘un empate técnico’ y así entregó Ancap el gobierno anterior. Pero desde la asunción del actual gobierno, se multiplicaron las pérdidas año tras año”.
Reconoció que “durante 40 años no se invirtió un peso en el ente, pero hasta el año 2000 había una ley que obligaba a las compras estatales y no era deficitario. Desde el año 2001, por un decreto del gobierno de Batlle, se inhabilitó esa ley y desde entonces el pórtland da pérdidas. Claro que entendemos que tenían que darle vida a las empresas privadas, sino no tendrían sentido de ser. Por eso, Cementos Artigas vivió a costa de que Ancap vendía un poco más caro. Pero hoy, Ancap no puede vender más barato porque produce muy poco y los privados mejoraron sus costos y sus ganancias”.
Puestos de trabajo
El dirigente señaló que los puestos de trabajo manejan la dinámica de la economía en cada departamento. “Si todos los salarios –que son de unos 300 o 400 trabajadores– desaparecen de la comunidad, la pregunta es qué lo va a suplantar. Porque en ningún pliego se aseguran las fuentes de empleo”.
Según Colina, “si se lee el pliego de condiciones –y me ciño a la estricta letra del pliego– el privado puede venir a cerrar las tres plantas. Puede quedarse con las llaves, invertir unos pesitos para cambiar algunas cuestiones, como remozar las oficinas y poner gerentes. Ancap está obligada a venderle a ese privado por una determinada cantidad de años y, por eso, estamos en contra de un modelo privatizador del Estado que no puede gestionar. Y que, además, estuvo mal gestionado en el pasado”. → Leer más