Ante sucesivos fracasos de su intento de que dentro de la coalición de gobierno se aprobara su proyecto de ley sobre deudores y la usura, Cabildo Abierto dio inicio al trámite para llevar a plebiscito el proyecto de deudores, a través de una reforma de la Constitución, habida cuenta de que no tiene hasta ahora el respaldo parlamentario a la iniciativa.
Precisamente los cabildantes Sandra Cha y Mario Abella presentaron el miércoles una iniciativa de plebiscito ante la Corte Electoral, por lo que de esta manera se da pie a que el partido comience la recolección de firmas con el fin de impulsar un cambio constitucional para incluir un artículo que limite la usura.
Debe tenerse presente que desde hace dos años que Cabildo Abierto está promoviendo modificaciones en la normativa crediticia, inicialmente a través de un proyecto de ley. El proyecto fue aprobado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero cuando pasó al plenario parlamentario no obtuvo los votos necesarios para la aprobación. Meses después, este partido integrante de la coalición elaboró otra propuesta, pero en este caso no reunió los votos necesarios dentro del oficialismo para llevar el tema al trámite parlamentario. Ante este escenario, el partido que encabeza Guido Manini Ríos resolvió promover una instancia de consulta directa para hacer un bypass al parlamento, mediante este mecanismo de democracia directa que históricamente ha sido utilizado mayormente por los sindicatos y grupos de izquierda.
Pero para lograr impulsar el plebiscito, los cabildantes necesitarán como mínimo el 10% de las firmas del electorado uruguayo habilitado para votar, en tanto una vez logrado esto, al llevarse adelante la instancia de la consulta electoral, Cabildo necesitará al menos el 50% más uno de los votos emitidos y solamente existen hojas de votación por el Sí.
Los senadores y líderes cabildantes, Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos, dijeron que hay que “entender el tema” porque se han “llegado a números realmente escandalosos. Nosotros entendemos que esos niveles de tasas de interés y de recargos a quienes reciben préstamos constituyen usura, algo que está expresamente prohibido en la Constitución de la República”. Y no les falta razón, desde el punto de vista conceptual, porque es absolutamente irracional, fuera de toda duda, que en un país con inflación anual de un dígito, se obren intereses que ronda el 100 por ciento, y que en caso de morosidad, se llegue al 150 por ciento.
Se genera así, inevitablemente, un círculo vicioso: quien cae en estos endeudamientos con estas tasas de interés, en que terminan cobrando al cabo de no mucho tiempo varias veces el capital prestado, a menudo ve afectada buena parte de sus ingresos con cuotas que cada vez resultan más difíciles de afrontar, y al cabo de acumular meses de morosidad, la deuda resulta impagable y de esta forma se inician las acciones correspondientes en forma directa y judicial en reclamo del repago del compromiso asumido.
Por cierto, estamos ante un conflicto de intereses en el que en determinado porcentaje la empresa crediticia no logra recuperar el dinero y pasa a engrosar su pasivo, a la vez que crece el nivel de riesgo y como contrapartida, eleva sus intereses en busca de compensación, lo que recae con mayores intereses sobre los que intentan cumplir.
El mal principio de intereses desmedidos que orillan la usura, muchas veces la necesidad y también la tentación de consumo, así como el déficit en educación de valores y formación para asumir el grado de compromiso que le implica contraer obligaciones por encima de sus posibilidades o el riesgo de ver reducidos sus ingresos por problemas laborales o de otra índole, son la génesis de la mayor parte de estas situaciones indeseables, una de cuyas consecuencias es dejar en “muerte civil” a personas y familias imposibilitadas de contraer crédito en el circuito formal.
Por cierto, estamos ante responsabilidades compartidas para que se de esta problemática, para la cual no es fácil encontrar un punto de equilibrio a través de una ley que dirima el conflicto de intereses planteado, que por un lado atienda una realidad social insoslayable pero también afecta intereses y acuerdos planteados en el marco de la normativa vigente.
Dijo Manini en torno a este tema que es preciso “atender una realidad de endeudamiento de las familias uruguayas y que nosotros entendemos hay que atender desde el sistema político porque se ha llegado a números realmente escandalosos, que son fruto de un proceso que se ha llevado adelante a lo largo de los años, particularmente a partir de la ley 18.212 del año 2007, que permite que quienes prestan dinero perciban intereses incluyendo multas, moras, etcétera, de tres dígitos en un país donde la inflación en todo este período ha sido siempre de un dígito”.
“Entendemos que esos niveles de tasas de interés y de recargos a quienes reciben préstamos constituyen usura, algo que está expresamente prohibido en la Constitución de la República. Hemos presentado un proyecto de acuerdo a lo que habíamos planteado en la campaña electoral, entendiendo que es uno de los grandes temas que afectan a los uruguayos”, apuntó.
El punto es que lamentablemente el sistema político no se ha logrado poner de acuerdo para ensayar soluciones reales a una problemática muy compleja, con fallas desde el arranque por el enorme desfasaje entre intereses e inflación, habida cuenta de que como todos sabemos, a través de un préstamo o un crédito lo que se compra es tiempo, es decir obtener hoy determinado monto de dinero para devolverlo dentro de un tiempo pactado. Bueno, el precio de los intereses es el tiempo, y es este punto el que está en discusión.
Un aspecto clave de la discusión lo da una reflexión de la abogada Dora Szafir, asesora en temas de endeudamiento, cuando expresa, según recoge el semanario Búsqueda, que para prevenir el tema del sobreendeudamiento, es necesario que los bancos, las financieras y las cooperativas cobren intereses menores. ¿Alguien puede concebir que se haya llegado al 220 por ciento? Ahora está en 150 por ciento el interés moratorio permitido, con un inflación del 7 por ciento. Es lógico que estas personas queden endeudadas cuando se atrasan una cuota”, en tanto “estamos peleando para tener una norma que respete la Ley de Defensa del Consumidor vigente desde el año 2000, pero no se ha podido lograr que la educación funcione, que la información sea la más adecuada. Y tenemos un sistema financiero con mucho poder, con mucho lobby parlamentario, que no permite que esta normativa” se vote. Lo deseable y necesario es que el sistema político se ponga de acuerdo y deje de lado intereses electorales o de grupos de presión para aprobar una norma que elija el camino del medio ante la situación que se plantea en el marco legal vigente, porque la alternativa propuesta, el de una reforma constitucional, siempre implica “toquetear” la norma con temas que pueden y deben resolverse con leyes criteriosas, atendiendo la realidad por encima de la teoría, y las miras puestas en el interés general, por encima de ideologías y partidos.
