Basta con hacer una búsqueda en Internet para corroborar que lo que normalmente se denomina como “legalización de la marihuana” es uno de los signos que distingue internacionalmente a nuestro país, régimen que fue adoptado a través de la Ley N°19.172 del 20 de diciembre de2013. Esta norma establece que el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal, conforme con lo dispuesto en la dicha ley y en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación de la misma.
En la realidad, el régimen uruguayo en esta materia se trata de un verdadero “Frankestein” armado con pedazos de distintas vertientes que combinan la presencia estatal (algo que los uruguayos buscan y esperan como forma de que las responsabilidades las pague otro) con algunos espacios específicos para la participación del sector privado. No se precisa ser un genio para imaginar que como siempre sucede en estos casos, el Estado (la “máquina de impedir” según el expresidente Luis Lacalle Herrera) se dedicó a poner trabas absurdas a ese negocio hasta hacerlo inviable, en parte respondiendo a presiones de parte de la sociedad, mientras los particulares están pagando los platos rotos de una política formulada y ejecutada sin ninguna clase de planificación, visión de largo plazo ni sentido común. Según el listado de empresas habilitadas en el Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, existen 19 empresas relacionadas con el cannabis medicinal. De esas, quedan pocas en actividad.
Un caso que ha trascendido en los últimos días es el de la empresa Boreal instalada en el vecino departamento salteño. De acuerdo con el portal de noticias Infobae, “con la inauguración de la planta de procesamiento de cáñamo medicinal más grande de América Latina, en setiembre de 2020, el gobierno de Luis Lacalle Pou destacaba que Uruguay debía apostar a ese tipo de emprendimientos. La inversión, de capitales canadienses, unía la capacidad agrícola y la producción primaria con las “fortalezas” de Uruguay y la “capacidad de generar empleo de alta calidad”. “A nuestro gobierno le interesa mucho profundizar en este tipo de desarrollo”, decía en la presentación de la inversión el ministro de Industria, Omar Paganini.
La planta era de casi 5.000 metros cuadrados edificados y tenía una capacidad de producción de hasta 20 toneladas por semana, gracias a los cultivos en 50 hectáreas. Estaba ubicada en la localidad Colonia Garibaldi, en el departamento de Salto, a más de 500 kilómetros de Montevideo. A casi tres años de la presentación, la propuesta no salió como el gobierno uruguayo esperaba: la planta procesadora de cannabis medicinal Boreal cerró, de forma imprevista, su inversión en Uruguay y despidió a los trabajadores por WhatsApp”. En relación con este fallido emprendimiento privado, Infobae expresa que “el caso de Boreal es el más sonado por estos días, aunque no el único en un rubro que perfilaba con grandes expectativas hasta ahora solo cumplidas a medias. Según un reciente informe del diario El Observador de Montevideo, han quebrado al menos cuatro empresas del rubro cannábico, más chicas que la canadiense, mientras que Selenio Nueve está en serios problemas. El trasfondo es, según los empresarios, una regulación que no avanzó al ritmo de los negocios y niveles de competitividad deteriorados, un factor que viene golpeando a prácticamente toda la canasta exportadora uruguaya”.
En tanto en nuestras páginas informábamos en la edición de ayer que los cuatro emprendimientos que había en nuestro departamento ya dejaron de producir, por falta de mercados y los altos costos de producción, cuando el cannabis para uso medicinal cayó de precio drásticamente en los últimos años, haciendo inviable su exportación.
Por su parte, la página web argentina “El Economista” informaba sobre la preocupante situación de este sector de la economía nacional: “Según un informe del gubernamental Instituto Uruguay XXI de promoción de las exportaciones y las inversiones difundido en abril, el ecosistema local del cannabis se compone de 102 emprendimientos y emplea a 900 personas de manera directa. En 2022 la producción con fines medicinales totalizó 15,7 toneladas y se exportaron 16 toneladas por U$S 5,3 millones, una caída de 35% respecto al año previo. El 83% fueron flores para uso medicinal que se dirigieron principalmente a Portugal, Alemania, Israel y Canadá. Aunque la demanda del mercado internacional es alta, las limitaciones regulatorias para el acceso al cannabis medicinal y la falta de competitividad han dificultado la comercialización, señaló Andrea Kruchik, vocera de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal de Uruguay, citada por El Observador. “Es imposible competir”, sostuvo, y comparó: “Mientras a Uruguay le cuesta U$S 2 producir y colocar una flor de cáñamo, en Europa se puede llegar a vender a U$S 1,4, a Sudáfrica le cuesta U$S 1 –con empaquetado final– y a Colombia centavos de dólar”.
El argentino Facundo Garretón, con inversiones en la industria cannábica uruguaya YVY Life, lamentó la “burocracia estatal” y la “lentitud para tomar decisiones” de política, lo que según él ha generado obstáculos para el desarrollo del rubro.
Otra restricción que frena el crecimiento del negocio es, según algunos especialistas, el requisito para las empresas que invierten en el sector de “acreditar el origen de los fondos e identificar a sus inversores, accionistas y beneficiarios finales para acceder a las licencias de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay”.
Si bien cultivar marihuana bajo ciertas condiciones se ha convertido en una actividad legal y lucrativa en varios países del mundo, en Uruguay el Estado se ha encargado de transformar un negocio formidable en una bolsa de frustraciones. En verdad no hay nada nuevo bajo el sol, sino que se trata de lo mismo de siempre: un Estado monopólico (de hecho, o de derecho) en varios sectores claves de la economía, altos costos (tanto salariales como de energía así como de impuestos en general) y demoras varias para la instalación y funcionamiento de las empresas, entre otros “palos” para una rueda que cada día gira más lento o directamente se detiene, como bien lo saben en nuestra ciudad los extrabajadores de Paylana, Famosa, Norteña o Pili. Al fin y al cabo, para el Estado lo importante no es generar riqueza sino esperar que lo hagan los privados y una vez que se encuentren instalados apropiarse de su actividad a través de los costos e impuestos ya mencionados.
En la vida de los países sucede lo mismo que con las personas: hacer algo por primera vez no quiere decir hacerlo bien. Lo mismo le pasó a Uruguay, que pasó de ser un ejemplo global de avanzada en materia de legalización de marihuana a colocarse en el camino de ser un cementerio de empresas del sector. En el recorrido al Estado Uruguayo le faltó audacia, legislación clara, capacidad de adaptar trámites y procedimiento a un mundo interconectado, así como costos acordes, los cuales hubieran permitido a esta industria incipiente desplegar todo su potencial. En el caso de la ciudad de Salto, la experiencia de la marihuana para uso medicinal sólo dejó muchas fotos de rostros sonrientes, corte de cintas, instalaciones millonarias en dólares vacías y 400 trabajadores en la calle. Una cortina de humo que tardará mucho tiempo y dolor en dispersarse.