(La Diaria-Búsqueda)
El gobierno ha sido explícito en plantear que enfocan la persecución penal en el microtráfico de drogas. En este sentido, uno de los artículos que estuvieron en el centro de la discusión de la ley de urgente consideración (LUC) fue el 74, que modificó el artículo 36 del Decreto-Ley 14.924 (ley de estupefacientes) y retomó su versión original, que planteaba penas de cuatro años a 15 años de prisión cuando el delito se comete en cárceles.
También se agregó un inciso que plantea un nuevo agravante: se aplicará esta pena “cuando se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución de las sustancias”. Además, al dar una nueva redacción a lo que era la libertad vigilada, ahora libertad a prueba, se excluyen los delitos vinculados a estupefacientes, por lo que la cárcel es la única opción en estos casos. A su vez, se restringe la libertad anticipada y se limita o excluye la posibilidad de redimir pena por trabajo o estudio. Ambas cuestiones aumentan el tiempo en prisión de las personas que cometen delitos de drogas, ya sea porque alarga las penas o porque determina el cumplimiento total de la condena.
El impacto de esta modificación normativa ha recaído sobre las mujeres. La población de mujeres que habitan las cárceles casi se duplicó en estos años y la mitad de las mujeres privadas de libertad están presas por delitos de drogas.
Hay una particular vulnerabilidad sociopenal: 78% de las mujeres que están presas con sus hijas e hijos en cárceles están por delitos de drogas. Según un informe de Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, realizado en noviembre de 2021, las mujeres con hijos en cárceles son candidatas a pasar a régimen de prisión domiciliaria asistida: 93% tiene riesgo bajo y medio de reincidencia.
En el Parlamento hay varios proyectos que intentan solucionar esta realidad. En lugar de haber un proyecto único, hay varias propuestas, sin claridad sobre cuándo serán tratadas. Por eso, Petit hizo una propuesta de síntesis de las cuatro que hay en juego, con la intención de reflejarlas a todas y de, finalmente, llegar a una propuesta concreta para abordar las cuestiones de microtráfico y vulnerabilidad sociopenal.
Para esto, presentó un informe especial al Parlamento que pretende enfatizar en las coincidencias de las cuatro propuestas en juego. Entre los elementos centrales, se sugiere que la Justicia valore la conducta como tentativa cuando el delito no terminó de consumarse, es decir, cuando las personas son detenidas en las revisorías de las cárceles y no llegan a cumplir con su objetivo de ingresar la droga a las unidades penitenciarias. También que se recurra a medidas alternativas en situaciones excepcionales que lo ameriten. El comisionado aclaró que no se trata de “liberaciones” y que se sigue tratando de sanciones penales. En este sentido, propone considerar, “ante circunstancias especialísimas, particulares, poco comunes, de vulnerabilidad social”, que se pueda recurrir a sanciones penales alternativas a la cárcel.
Con un punto de vista muy diferente, los cuatro fiscales de estupefacientes (Mónica Ferrero, Stella Llorente, Rodrigo Morosoli y Angelita Romano) ven con “preocupación” la modificación propuesta. Advirtieron que el alcance es para todos los delitos, no solo para la problemática específica de microtráfico en cárceles.
A su vez, alertaron por los posibles efectos retroactivos, lo que permitiría que personas que se encuentran privadas de libertad reclamen ser amparadas en el cambio normativo y soliciten la libertad con base en algunas de las “circunstancias excepcionales”. Alertaron que de aprobarse el cambio se saturará el sistema de pedidos y provocará una “avalancha” de reclusos en libertad de diversos delitos y por tanto habrá “impunidad”.
“AGUA DE BUENA CALIDAD PARA UN MES Y MEDIO O DOS”
(sUBRAYADO)
El presidente Luis Lacalle Pou dijo este viernes que hay agua “de buena calidad” y “bebible” para “un mes y medio o dos” para Montevideo y Canelones, en caso extremo de que no lloviera durante ese lapso.
“Ojalá que llueva. Hoy con Paso Severino, Aguas Corrientes y el trasvase del río San José tenemos cierta tranquilidad de un mes y medio o dos, si no lloviera, de agua de buena calidad, bebible, como la que está saliendo hoy en Montevideo y Canelones”, expresó.
Lacalle Pou informó que la obra que se hizo recientemente sobre el río San José “es bastante importante para el país”, y que demandó más de U$S 20 millones. “Ojalá falte poco para que termine la emergencia hídrica”, auguró.
Esta sequía redujo casi a cero las reservas de OSE en Paso Severino (Florida). Con las lluvias de junio y julio el embalse de esta reserva aumentó, pero se mantiene lejos del máximo habitual en esa presa, que alcanza a los 67 millones de metros cúbicos. Ahora ronda los 11 millones.
LOS OPIOIDES MÁS CONSUMIDOS
(MSP)
Los opioides más consumidos en Uruguay para el tratamiento médico del dolor son la morfina y el fentanilo. Para el caso de la morfina su consumo en gramos por cada 1.000 habitantes fue de 0,370 gramos mientras que para el fentanilo fue de 0,317.
Respecto a los niveles adecuados de consumo de opioides, no existe un consenso universal y Uruguay desde el año 2018 muestra un consumo adecuado de los mismos para el tratamiento médico del dolor, algo que además, se repite desde el año 2018.
Los opioides representan la mejor arma terapéutica para el control del dolor en pacientes oncológicos. Y para el informe se tuvo en cuenta en consumo de codeína, fentanilo, meperidina, metadona y morfina.
Algunos aspectos relevantes del informe destacan por ejemplo que el consumo de codeína se encuentra en aumento desde el año 2020 y que la morfina tuvo su mayor pico de consumo en el año 2021 y una leve disminución en el año 2022.
Finalmente, para el caso de la meperidina su consumo viene en aumento, siendo el año de mayor consumo el 2022. → Leer más
Ayer desde las 16 horas y en el Complejo Collares comenzó a trabajar la selección de Paysandú Sub 17 que participará del Torneo Integración AUF-OFI que dará inicio el 26-27 del corriente mes.
Un joven de 20 años se encuentra internado en cuidados intensivos al protagonizar un siniestro de tránsito al mediodía de la víspera, en el kilómetro 372 de la ruta 3, en la zona de CAMS. Según la información lograda por EL TELEGRAFO, Ignacio Correa Escobar circulaba a bordo de la motocicleta Baccio P110 cc, con matrícula ICU 6748, por ruta 3 en dirección al sur. Al llegar a la altura señalada, prendió el señalero con intenciones de doblar hacia la izquierda ocasión en que se produjo la colisión con el camión Scania tipo tractor, con matrícula QTP 1715, que tiraba del semirremolque matrícula KTP 6012 –cargado con ganado en pie–, que se dirigía en igual dirección y era conducido por M.N.G.G., de 31 años, domiciliado en Canelones.
