Mes: agosto 2023

En términos de definición, podemos considerar que la productividad laboral es la relación entre los bienes o servicios producidos por un trabajador y los recursos que se han utilizado para obtener dicha producción. Se trata de una medida de eficiencia, que puede referirse tanto a una empresa en concreto como a una economía en su conjunto. A esto último alude la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al afirmar que la productividad laboral “mide la eficiencia de un país al utilizar la materia prima en una economía para producir bienes y servicios, y ofrece una medida del crecimiento económico, la competitividad y los niveles de vida en un país”.

No es poca cosa, sino que más bien luce –y efectivamente lo es– como el ABC para desarrollar una economía sana y sostenible, en las antípodas, para citar ejemplos, de lo que ocurre en grado superlativo en Argentina, donde la economía está saturada y enferma de subsidios disfrazados o explícitos, hasta que la distorsión llega a tal nivel que no se sabe donde comienza y menos aún donde termina.

Desde el punto de vista técnico, para medir la productividad laboral se emplea una sencilla fórmula: Productividad = Productos o servicios producidos / Recursos laborales consumidos, aspecto clave que puede hacer viable o inviable una empresa frente a la competencia, y también a la competitividad de un país a la hora de tratar de acceder al mercado exterior con sus productos, tanto de bienes como de servicios.

El punto es que calcular la productividad laboral es importante para las empresas porque les indica cuánto de eficientes son y les permite conocer mejor su funcionamiento y a sus empleados, así como buscar las causas que explican una baja productividad y ponerles solución, además de comprobar el efecto que sus políticas, prácticas y decisiones tienen en la productividad. Estos elementos por sí solos explican en gran medida por qué el tema productividad es soslayado sistemáticamente por los gremios en la mesa de discusión, sobre todo por los de los funcionarios públicos, quienes hacen hincapié en sus derechos laborales pero esquivan el hecho de que son servidores públicos y que por lo tanto de su eficiencia, buen trato y disposición depende que efectivamente retorne al ciudadano parte de lo que aporta en los impuestos que les pagan el salario, así como el precio de los productos que comercializa el Estado, como es un caso concreto el cemento que se produce en las plantas de Ancap, la refinería, entre otros.

En el caso de la actividad privada la cosa es distinta, porque no hay monopolios de derecho y en un mercado de competencia deben funcionar aplicando la ecuación de ofrecer salarios decorosos, a tono con la realidad pero también mejorar la ecuación económica, en la relación de costos, pero sin poder desprenderse del denominado costo país, que es un factor condicionante formidable para todo aquel que apuesta a desempeñar una actividad en el Uruguay, aplicando en nuestro país las reflexiones de carácter general para toda economía.

Es pertinente en este sentido traer al ruedo reflexiones del economista Sebastián Fleitas, profesor en la Universidad de Lovaina, Bélgica, quien en declaraciones al suplemento Economía y Mercado, del diario El País, destaca que “para hacer frente a las demandas de educación, salud, igualdad, bienestar, entre otras, se requiere una mayor productividad”, para lo que es necesario un consenso político que dé sostenibilidad a los cambios para poner en marcha las transformaciones necesarias en el Estado, las regulaciones y el mundo del trabajo. Por otro lado a su juicio es necesario generar cambios a nivel micro que generen eficiencia en la economía, aspecto este que tiene que ver también con la productividad.

Apunta entre otros conceptos que antes que priorizar la parte de recaudar más a través de los impuestos, para atender las necesidades que tiene el país hay que generar recursos legítimos, nuevos y la única manera de hacerlo es con mayor productividad”.
Incluso “mi hipótesis es que Uruguay no va a lograr sostener un estado de bienestar si no logra aumentar la productividad seriamente. Los desafíos son enormes, requieren muchos recursos”, para las respectivas áreas, lo que “tiene que surgir del aumento de la productividad”.

A la vez de descartar simplismos que se suele plantear en el tema productividad, el economista destaca que sin dudas es un asunto clave, en un contexto general de la economía, y que “hay temas que son difíciles de romper, pero son cuestiones en las que el país debería trabajar, a nivel del Estado, de las empresas, en el mundo del trabajo, de la negociación colectiva, las regulaciones. En el momento en que nos vamos metiendo poco a poco en la campaña electoral, sería bueno decirle a la población que el país tiene un gran desafío de recursos y que para conseguirlos debemos poner esos temas en el centro. Creo que alguna de esas reformas tendría que venir de la mano de consensos políticos, en un mundo donde avanza la automatización e irrumpe la inteligencia artificial”.

Difícil estar en desacuerdo con estos conceptos, porque están imbuidos de sentido común, aunque no se tenga formación técnica, porque la productividad, directa o indirectamente va en beneficio de todos nosotros, ya sea empresario, trabajador o pasivo, porque dinamiza y racionaliza la economía, con la cuota parte de cada uno de nosotros en un contexto de aportar al beneficio general.
Lo que hay que tener en cuenta, y sobre todo buscar la forma de aplicarlo, cuando hay una tradición cultural de embarcarse en la ley del mínimo esfuerzo, del interés individual y/o sectorial por encima de todo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es lisa y llanamente haciéndonos trampas al solitario.