Mes: agosto 2023

A partir del anuncio de que Japón vertería al mar aguas presuntamente “inocuas” procedentes de la catástrofe nuclear de Fukushima, originadas por la devastación provocada por un tsunami que se abatió sobre las costas asiáticas, han vuelvo a agitarse las aguas en torno a una controversia que data desde hace muchos años, más precisamente desde que se ha pasado a utilizar la energía nuclear como fuente de generación de electricidad en muchas naciones.

La controversia, por supuesto, tiene que ver con el grado de riesgo que implica el funcionamiento de una central nuclear, tanto para el país que la incorpora como para todos sus vecinos y en buena medida a nivel global, por cuanto es realmente aventurado determinar a priori hasta dónde puede llegar la contaminación cuando se desata y se compromete seriamente la eficiencia de su contención, por decir lo menos.

Como muestra de esta agitación, tenemos que en las últimas horas Japón urgió a China “garantizar la seguridad de los residentes japoneses en China” después de una ola de acoso telefónico a empresas niponas, resultado del controvertido vertido al mar de las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima.
Desde el jueves, día en que se inició el vertido, numerosas empresas japonesas denuncian haber recibido múltiples llamadas de China, y en este sentido Hiroyuki Namazu, un diplomático japonés encargado de asuntos asiáticos y oceánicos, instó a la Embajada de China en Tokio a difundir un llamado a la calma, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado el sábado.

También se produjeron incidentes similares en China contra establecimientos japoneses, informó.
Mientras, Tokio insiste en que la descarga del agua al océano es segura, habida cuenta de que el proyecto es respaldado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mientras Pekín, en cambio, acusa al gobierno japonés de contaminar el océano y prohibió la importación de cualquier producto procedente del Mar de Japón.
En procura de calmar las protestas, el domingo, las autoridades niponas publicaron datos que a su juicio demuestran que las aguas de la costa de Fukushima siguen manteniendo niveles de radiactividad dentro de los umbrales de seguridad.

Pero no todos los cristales por lo que se mira tienen el mismo color: el New York Times, en un análisis del tema, considera que “Japón está mostrándole al mundo cómo no manejar los desechos radiactivos” a la vez que advierte que “si Japón vierte su agua contaminada proveniente de Fukushima en el océano, ¿qué impedirá que otros países hagan lo mismo?”
Considera, en coincidencia con las aprensiones de China –país en el que la preservación del medio ambiente no es una prioridad, dicho sea de paso– que Japón comienza a verter “más de un millón de toneladas de agua radiactiva tratada en el océano Pacífico. Actualmente, el agua está almacenada en la deshabilitada central nuclear de Fukushima. Se espera que se necesiten décadas para liberar toda el agua de la planta, la cual quedó devastada en 2011 por un tsunami generado por el poderoso terremoto de Tohoku. La Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco, por su sigla en inglés), que opera la instalación, y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmaron que la radiación que se liberará será de concentraciones tan bajas que tendrá un impacto radiológico insignificante en las personas y el medio ambiente”.

Pone eje en que “al final, podría resultar que eso es cierto, si todo sale según los planes de Tepco, con un ritmo constante y sin mayores contratiempos, al menos durante los próximos 30 años. Sólo el tiempo lo dirá. Pero la preocupación más importante aquí tal vez no sea técnica, científica y radiológica, sino en torno al ejemplo que se está dando”.
Así, destaca que el gobierno japonés y Tepco tomaron la decisión de liberar el agua después de un proceso que no ha sido del todo transparente ni ha incluido debidamente a importantes partes interesadas, tanto en Japón como en el extranjero.

“Esto planta las semillas de lo que podrían ser décadas de desconfianza y discordia. Pero quizás lo más preocupante es que Japón está sentando un precedente para otros gobiernos que podrían ser incluso menos transparentes. Esto es peligroso, sobre todo en Asia, donde más de 140 reactores nucleares están en funcionamiento y, gracias al crecimiento en China e India, docenas más están en construcción, en etapa de planificación o han sido propuestos. Si Japón, una potencia cultural y económica mundialmente respetada, puede salirse con la suya al verter agua radiactiva, ¿qué detendrá a otros países?”

Y este es precisamente el punto, porque si Japón y Tepco están en un aprieto sobre qué hacer con los productos derivados del peor accidente nuclear del mundo desde Chernobyl en 1986, ¿dónde queda parado el resto de los países que han apelado a este recurso? E incluimos a América Latina, por cuanto nuestros vecinos Argentina y Brasil cuentan desde hace muchos años con centrales nucleares en funcionamiento y no hay garantía absoluta de que no vayan a ocurrir jamás accidentes tanto en lo que respecta al funcionamiento de la central, como en lo que tiene que ver con la disposición de desechos nucleares que no son degradables ni en cientos de años, y que dispuestos en tambores herméticos son enterrados en cementerios de las centrales atómicas.

En el caso de la accidentada central de Fukushima los restos de combustible nuclear derretido dentro de los reactores dañados están siendo enfriados mediante agua bombeada, la cual entra en contacto con un cóctel tóxico de sustancias radiactivas conocidas como radionucleidos. A esto se suman aproximadamente 100 toneladas de agua subterránea y de lluvia, que cada día se filtran a los edificios del reactor y también se contaminan. Toda el agua se envía a través de un potente sistema de filtración para eliminar gran parte de la radiactividad y se almacena allí mismo en más de 1.000 tanques de acero gigantes. Pero la cantidad de agua crece constantemente y Tepco ha advertido repetidas veces que se está quedando sin espacio de almacenamiento en Fukushima, por lo que se ha apelado a esta liberación tan cuestionada por los países asiáticos bordeados por las aguas que ahora reciben esta contaminación.

Debe tenerse presente además que Tepco y el gobierno japonés han incurrido en un grave déficit de confianza por Fukushima, habida cuenta de que durante el desastre de 2011, minimizaron en repetidas ocasiones los riesgos, retuvieron información crucial sobre las amenazas a la seguridad pública e incluso se resistieron a utilizar el término “fusión del núcleo”, aunque eso fue lo que ocurrió. Investigaciones independientes realizadas por una comisión oficial japonesa, el OIEA y otras entidades, le atribuyen gran parte de la culpa a una supervisión regulatoria deficiente y falta de preparación, a pesar del historial que tiene Japón de terremotos y tsunamis.

Y si esto ocurre con Japón, es explicable que la comunidad científica mundial tome con pinzas y aprensión las medidas y datos que aseguran que está todo bien con la maniobra de vertido al mar, y también que mientras por un lado se pone énfasis en la necesidad de seguir incrementando la matriz energética renovable para la preservación del medio ambiente –lo que es fundamental para la sustentabilidad del ecosistema– por otro lado se siguen enterrando y almacenando desechos nucleares que quiérase o no son una bomba de tiempo para la humanidad toda, en un contrasentido que da la pauta de que los intereses en juego siguen primando por sobre la responsabilidad y el sentido común, planteando serias dudas sobre las garantías que se dice tener respecto a las medidas de seguridad.

La variables vinculadas al empleo y el salario han sido sensibles bajo cualquier administración. Con pandemia o sin ella, con mayor o menor inflación, así como bajo una desaceleración de los índices de desempleo.
Y en la última década esas oscilaciones definen la complejidad del escenario. Una década atrás, los estudios técnicos definían una mejora relativa en los guarismos de empleo, desempleo y actividad. Sin embargo, desde 2015 comienza a estancarse el Producto Bruto Interno (PBI) y desde ese momento se perfila un descenso en la demanda laboral, así como un aumento en la tasa de desempleo.
Con la llegada de la pandemia, empeoraron la mayoría de estos indicadores del mercado laboral durante 2020 y 2021, enmarcado en una problemática global que, cuando comenzó, se desconocían a ciencia cierta sus consecuencias.

En el año 2014, el Instituto Cuesta Duarte señalaba que casi 700.000 uruguayos ganaban remuneraciones líquidas por debajo de los $15.000 o los denominados “quincemilpesistas”. Hace nueve años, correspondía al 41,5% del total de ocupados. Eran ocupados en general y no solamente asalariados. Si, en cambio, se tomaban en cuenta solo a los trabajadores en relación de dependencia, eran aproximadamente unas 500.000 personas. Incluso, algunos sectores como el trabajo doméstico o rurales, ganaban menos.
En aquel momento, era un cuello de botella la posibilidad de generar empleos de mejor calidad con salarios más altos. El entonces presidente del Pit Cnt –hoy presidente del Frente Amplio–, Fernando Pereira, decía al gobierno frenteamplista en las sucesivas movilizaciones que “no pedimos magia sino que los trabajadores puedan vivir de su salario”.

Incluso, vale recordar una jornada de paralización en particular. El 20 de julio de 2017 la medida se extendió por 24 horas debido a la falta de negociación colectiva en el sector público. La Rendición de Cuentas se entregó diez días antes del cierre del proceso constitucional y eso implicaba para la central sindical un portazo muy fuerte con un perjuicio a la herramienta del diálogo.
Por ese entonces, cuando ni siquiera se hablaba de transformar la educación, sí se reclamaba contra presupuestos “muy menguados”. Pereira comparaba ese año que un maestro ganaba 26.000 pesos nominales en los primeros cuatro años de trabajo y 43.000 al finalizar su carrera, luego de unos 30 años de labor. La realidad más sensible la padecían los auxiliares contratados por las comisiones de fomento, quienes lograron después que se regularizaran sus contratos.

En aquel momento, como desde siempre, se planteaba el dilema que el gobierno no pudo responder: o aumentaban los impuestos a los sectores con mayores rentas, o no se iban a poder cubrir los reclamos vinculados a la salud o la vivienda.
Exactamente un lustro después, el mismo Cuesta Duarte publicó un nuevo documento que compara las cifras del empleo en 2022. Allí asegura que se registraron 100.000 personas más que en 2019, con salarios menores a 25.000 pesos.
Explica el documento que “unos 549.000 ocupados percibieron ingresos por su trabajo por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal, representando un 33% del total de ocupados”. En 2019, es decir el año anterior a la pandemia, Uruguay registraba más de 450.000 trabajadores “veinticincomilpesistas”, con 9% de desempleo. El año pasado registró 8% de desempleo. En ambos casos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como sea, la problemática persiste, antes como ahora, en el servicio doméstico, restaurantes y hoteles, comercio y trabajadores del sector rural. Es decir, continúa enquistada en los sectores con menores calificaciones o escolarización.
Y en la frontera, la diferencia cambiaria con Argentina se profundizó en los últimos tiempos. Pero antes del presente quinquenio, la central sindical reclamaba al gobierno anterior la posibilidad de un acuerdo de precios duradero para evitar un impacto negativo en los salarios.
Después se vería que esos acuerdos con privados no iban a generar incidencias en los sectores de la economía más vulnerables, porque tales acuerdos requieren de una extensión mayor en el tiempo para evaluar un impacto positivo. Además, vale decir que en esos últimos años de administración frenteamplista, se votaban algunos convenios solo con los votos de patrones y gobierno.

En definitiva, una historia que se repite y que no ha variado conforme pasan los años. Solo cambian los protagonistas y sus declaraciones, según el lugar donde se encuentren. En estos días, el senador Alejandro Sánchez criticó que haya un aumento de 100.000 personas “veinticincomil pesistas” y la falta de diálogo con el gobierno. Pero, tal como asegura el legislador de izquierda, ahora hay que reaccionar a la velocidad de un tuit y comparar con escenarios anteriores. Solo así se puede ver que el mundo del empleo en Uruguay atraviesa por las mismas circunstancias y con crisis o sin ella, se resuelve de forma similar.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que fue la principal oradora durante la conmemoración de la Declaratoria de la Independencia, reconocía el año pasado la creación de 70.000 nuevos empleos. La segunda fase, para este año, comprende el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y vulnerables, tal como dijo en el acto efectuado en Florida.

No obstante, hay que hacerle un guiño al sector privado, donde se encuentran las pequeñas y medianas empresas de este país, que son nueve de cada diez compañías nacionales. Brindan, aproximadamente, el 67% de la mano de obra del país y a ellas les corresponde el 40% del PBI.
Pero tienen una baja supervivencia y no están visibilizadas como tal. Los datos oficiales indican que sólo el 10% de las micro se transforman en pequeñas y apenas el 1% lo hace en mediana. Una de cada dos sale del mercado a los tres años de su creación. Y una de cada tres, alcanza los seis años de actividad.
No es tan difícil poder comprender dónde se encuentra el nudo gordiano. Todo lo demás, como vemos, es dialéctica. Y, tal como lo define la Real Academia Española, es la capacidad especial para debatir.