“Por una deuda justa” es el título de la campaña de recolección de firmas que iniciara el partido Cabildo Abierto en procura de lograr la adhesión de la ciudadanía para derogar un decreto del año 2007 –gobierno nacional del Frente Amplio– que autoriza intereses de hasta el 150 por ciento para préstamos, además de modificar el artículo 52 de Constitución de la República, que declara ilegal la usura, pero que en la práctica, con estos intereses respecto a la inflación, cualquier persona con dos dedos de frente convendrá que efectivamente, estamos ante una usura autorizada.
Precisamente, ante sucesivos fracasos de su intento de que dentro de la coalición de gobierno se aprobara su proyecto de ley sobre deudores y la usura, Cabildo Abierto dio inicio al trámite para llevar a plebiscito el proyecto de deudores, a través de una reforma de la Constitución, habida cuenta de que no ha logrado el respaldo parlamentario a la iniciativa.
La propuesta de esta modificación se centra en que se establezca un porcentaje máximo del 30 por ciento, y declarar que sea usura el interés que se cobre por encima de este guarismo, una propuesta que en principio no parece fuera de lugar si tenemos en cuenta que los recientes datos de inflación dan cuenta de un IPC algo menor al 5 por ciento, y que en los últimos años se ha situado en un dígito, aunque en algún período ha orillado el 10 por ciento.
En todos los casos, el cobro de intereses de hasta un 150 por ciento aparece como abusivo y un factor de distorsión de la economía, además de una amenaza de quedar expulsados del sistema para muchas personas que en el ida y vuelta de la vida, encuentran que la toma de préstamos pese a este interés leonino, es la única respuesta posible a sus avatares, aunque queden luego como muertos civiles si no están en condiciones de hacer frente a sus compromisos.
En primer lugar, es claro que una reforma constitucional para imponer un cambio en este sentido es algo completamente disparatado; es como si alguien propusiera imponer el precio de la nafta por esta vía.
Sin embargo, hay muchos factores a tener en cuenta en torno a esta problemática, porque el término “por una deuda justa” comprende una serie de posibilidades respecto a quien ha quedado atrapado en estos intereses, desde que una cosa es la necesidad y otra muy distinta es que estos compromisos se hayan asumido por gastos superfluos, bienes y servicios absolutamente prescindibles y que se contrajeron en forma voluntaria, sabiendo a lo que se exponían.
En todos los casos, del otro lado del mostrador hay una institución financiera, empresa o persona que se favorece –o procura hacerlo– por esta brutal brecha entre el capital destinado al solicitante y el que pretende se le devuelva, para lo cual se asumen riesgos de no poder recuperar lo prestado, a la vez que también en muchos casos se hace este préstamo de capital asegurándose de que habrá bienes sobre los cuales ir en caso de incumplimiento.
Por lo tanto hay una complejidad muy grande y serias dificultades para definir lo que es una “deuda justa”, aunque sí es de valorar que se establezcan parámetros racionales, un marco razonable para operar en el mercado en el que hasta ahora la constante ha sido una fuerte asimetría y/o distorsión.
Sobre las motivaciones de esta iniciativa, Nelson Gianoni y Alfredo Artía, referentes de Cabildo Abierto en Paysandú, explicaron en declaraciones a EL TELEGRAFO que “tomamos la idea en 2019, cuando estábamos en campaña electoral. No puede haber más de un millón de uruguayos en el clearing desde hace muchísimos años. Ni más de 700.000 personas declaradas grado 5 por el Banco Central, es decir deudores incobrables”.
Destacaron que en 2022 la propuesta de Cabildo Abierto fue al plenario legislativo. “El único que se oponía era el Frente Amplio, porque era el padre de la criatura, desde que el decreto de 2007 que permite intereses de hasta el 150 por ciento en un préstamo fue firmado por Danilo Astori como ministro de Economía y Finanzas y Mario Bergara, entonces presidente del Banco Central, durante el gobierno de Tabaré Vázquez”, pero tampoco fue acompañado el proyecto por los otros integrantes de la coalición de gobierno.
Estas personas que quedan al margen del sistema, son la fiebre, los síntomas de una enfermedad que refiere a distorsiones que no se han logrado solucionar pese al paso de los años, porque más allá de problemas empresariales, familiares o personales por las idas y vuelta de la economía, este esquema siniestro de intereses que multiplican varias veces la inflación, hace harto difícil, si no imposible, generar recursos genuinos para hacer frente a las deudas contraídas, mientras del otro lado, el acreedor no se baja del caballo, respaldado por el esquema legal, y en la mayoría de las veces ni siquiera se logra acuerdo sobre el repago del capital, más un interés razonable, en determinado plazo, en lugar de continuar arrastrando un litigio interminable, aunque también en muchos otros casos se utiliza esta herramienta para apropiarse de bienes que tienen un valor muy superior a la deuda original.
Tampoco es fácil establecer reglas de juego que resulten justas en una enorme diversidad de situaciones, pero no es menos cierto que es preciso traer al ruedo herramientas legales que permitan una adecuación a la realidad en beneficio de todos, aún de quienes no están inmersos directamente en la problemática, porque los desmedidos intereses llevan a que se hayan multiplicado los créditos incobrables, y este factor de riesgo es asumido por los prestamistas a través de un encarecimiento del crédito, en perjuicio entonces de los que sí cumplen con los compromisos.
En este encarecimiento del crédito precisamente no solo corresponde relacionar el interés con la inflación, sino que figuran los costos que introduce el propio Estado en cuanto a impuestos, encajes, costos laborales, administrativos, tarifas públicas, además de insumos varios, servicios legales mediante la contratación de equipos profesionales, por lo que hay que tener en cuenta que el Estado no está ajeno y se lleva una buena porción de la torta. También los costos operativos, porque no hay que olvidar que por ejemplo los salarios del sistema bancario son de los más altos, así como demás privilegios –incluido la Caja Bancaria, con aportes altísimos– y eso también repercute.
En el caso de la norma que va a plebiscito en caso de llegarse a las firmas, se propone que las deudas anteriores al 18 de julio de 2023, se pasen a unidades indexadas –es decir reajustadas por inflación– y se establece interés anual del 4 por ciento, contando desde el año en que se generó la deuda. Las deudas no podrán superar las 200.000 unidades indexadas, es decir algo más de un millón de pesos, lo que a juicio de Cabildo Abierto implica que también se beneficia el acreedor, “porque el que le debe un millón de pesos no le va a pagar nada y se beneficia el que debe, porque hoy tiene una deuda impagable, una muerte civil porque no puede comprar ni siquiera una bicicleta. Eso hace que crezca un mercado paralelo de crédito, sean los llamados colombianos, los prestamistas, con intereses todavía superiores”.
Pero lo realmente lamentable de todo esto es que el sistema político en su conjunto no haya sido capaz de llegar a un acuerdo para generar consensos a efectos de aprobar una normativa que cambie un estado de cosas que todos sabemos no es sostenible en sus actuales términos, aunque conlleve por cierto una ardua tarea encontrar un punto medio cuando hay marcados intereses encontrados. La opción de la reforma constitucional, si bien es el único camino que encuentra Cabildo Abierto para forzar el cambio, es a todas luces disparatada. Sin embargo algo hay que hacer; y eso es, buscar la forma de lograr el apoyo político necesario para ir por el lado legal, como corresponde.
La Justicia condenó a un hombre de 48 años al hallarlo responsable de un delito de agresiones. Según el parte de Jefatura, días atrás mientras personal de ARP realizaba la identificación de personas en las inmediaciones de calles Florida y Carlos Albo fue abordado por varias mujeres que presentaban heridas en el rostro que dijeron habían sido agredidas por un hombre.
Una mujer resultó lesionada al sufrir un accidente en la mañana de la víspera cuando sobre la ciudad llovía copiosamente.
Tras ser detenida por un delito de abigeato, una joven de 18 años fue formalizada por otros delitos que cometió en la misma ciudad.
(EFE)