Día: 15 de octubre de 2023

El escándalo protagonizado por el exsenador Gustavo Penadés quien fue imputado con prisión preventiva por la presunta comisión de 22 delitos (de los cuales 11 son por retribución a la explotación sexual de menores de edad) ha conmovido los cimientos no sólo de la actividad política sino también de la sociedad uruguaya en su conjunto. Es que no se trata solamente de un integrante de uno de los poderes del Estado (el Poder Legislativo) sino además de una figura que durante años ha desarrollado una intensa actividad política en diferentes ámbitos y constituía un puntal del actual gobierno, con especial referencia al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro del Interior Luis Alberto Heber. Los delitos que se le imputan a Penadés son de extrema gravedad y merecen ser castigados con toda la severidad que correspondan a la legislación vigente. No pueden existir dos opiniones sobre esto.
Su imputación como autor y en reiteración real por “11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro de abuso sexual especialmente agravado, tres de abuso sexual agravado, uno de violación, uno de corrupción de menores, uno de desacato y uno de atentado violento al pudor” coloca merecidamente a Penadés en el banquillo de los acusados en medio de una tormenta mediática que refleja el hecho de que se trata de una persona pública.
La exposición del caso y sus consecuencias políticas y hasta electorales no deben dejar de lado que seguramente existen situaciones iguales o peores en otros ámbitos de la sociedad y que el Estado debe velar por la dignidad y la integridad física y mental de todos esos menores de edad, sin importar si quien abusa de ellos es alguien conocido o no. Todos los días, a las más diversas horas, este tipo de abuso se produce sin distinguir entre niveles de ingreso, formación educativa o lugar de residencia tanto de víctimas o de victimarios. Tanto duele un abuso en un asentamiento precario con paredes de madera, nylon y plástico como aquel que acontece en alguna de las lujosas viviendas en los barrios privados cerca de Montevideo. Ninguna familia está a salvo de esta terrible realidad, pero es en los entornos más vulnerables desde el punto de vista económico donde los depredadores sexuales buscan a sus víctimas, seguros de que no tendrán un entorno que los respalde o los proteja; por el contrario, muchas veces son los propios padres o madres que ofrecen a sus hijas e hijos a cambio de dinero o de favores. Por eso mismo, el Estado debe proteger a todos los menores, pero ser consciente de los factores de riesgos preexistentes que subyacen en los contextos sociales más críticos.
El caso de Penadés ha trascendido fronteras y ha sido difundido por los portales de noticias más importantes del mundo. A modo de ejemplo, la cadena británica BBC tituló lo siguiente: “Gustavo Penadés: el escándalo de explotación sexual de menores que hundió al importante senador oficialista y sacude a Uruguay”. Como si eso fuera poco, el BBC destaca que “el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo apenas surgió la denuncia que le creía a Penadés, a quien conoce desde hace tres décadas como miembro del Partido Nacional de centroderecha que él lidera. ‘Sería un mal amigo si no le creo’, declaró luego a la prensa”. En este tema, como en tantos otros, el presidente Lacalle Pou se equivocó feo: no se trata de ser amigos o de “hacerle el aguante” a un correligionario cuando estamos hablando de algo tan grave como la explotación de menores. Similar error cometió Heber, quien pareció haber olvidado su papel nada menos que de ministro del Interior al expresar, al ser denunciado Penadés primeramente por la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, que la denuncia se trataba de una “difamación”. En abril de este año Heber había reiterado su apoyo al exsenador nacionalista y sostuvo que “no toma distancia” de sus “amigos. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo”, añadió.
Nobleza obliga a reconocer el papel jugado por la Justicia en este caso, que no se dejó amedrentar por el cargo de senador de Penadés y lo trató como a cualquier hijo de vecino, tal como debe ser. La Justicia fue diligente también al reconocer las maniobras de Penadés para entorpecer la investigación, poniendo de manifiesto una conducta procesal absolutamente inadmisible y que contó con diversos apoyos desde el propio Ministerio del Interior. Pese a ello, la actuación de la Justicia no puede ni debe terminar con Gustavo Penadés. Algunos de los denunciantes –entre ellos la propia Romina Papasso– revelaron que Penadés los buscaba incluso en la calle; seguramente hay muchos más abusadores libres que con la ayuda de las víctimas y su buena memoria podrían ayudar a develar. Entonces, ¿por qué no se investiga a las otras personas que también abusaban de esos mismos menores? Ni el sistema judicial ni el político pueden sentirse satisfechos por poder exhibir únicamente la cabeza de Penadés. Sin dudas que lo sucedido es un mensaje fuerte en el sentido de que ser senador no es “vale todo” para abusar de menores, pero hay que ir contra todos aquellos quienes realizan este tipo de conductas tan aberrantes como despreciables, que han traumatizado y destruido la vida para siempre a tantos niños en situación de vulnerabilidad. La propia Romina Papasso desde su posición de privilegio por la visibilidad que ha obtenido podría ser la abanderada de esta causa justa.
En esta lucha desigual la sociedad civil también tiene un papel para jugar ya sea denunciando situaciones de abuso como brindando soluciones que ayuden a las víctimas a recuperarse de una experiencia tan horrenda. La Justicia es la abanderada y la responsable, pero el compromiso debe involucrarnos a todos en un país donde este tipo de situaciones (como tantas otras) se ocultan bajo un manto de silencio e inacción.
En este contexto, hay que tener en cuenta que nuestro país presenta serias carencias en esta materia. En mayo de este año visitó nuestro país Mama Fatima Singhateh, la Relatora Especial de la ONU sobre la venta, la explotación y el abuso sexual de niños y se hizo presente en las ciudades de Montevideo, Paysandú y Chuy. La noticia de prensa difundida por la ONU sobre su informe contiene algunos párrafos muy preocupantes: “Los organismos y los prestadores de servicios de protección infantil están desbordados y su capacidad para recibir y apoyar a los menores se ve sobreexigida. Esto podría poner en peligro los avances logrados hasta ahora y aumentar el riesgo de revictimización de los menores víctimas y sobrevivientes. (…) La explotación y el abuso sexual de menores son extremadamente comunes en el país y están normalizados social y culturalmente”, afirmó Singhateh, y señaló la existencia de una gran cantidad de parejas entre niñas y adolescentes y hombres adultos, y de abusos y violencia intrafamiliares. (…) La experta señaló que la lentitud del proceso de investigación y las demoras en el procesamiento y resolución de los casos alimentan la percepción de impunidad que siguen teniendo algunos presuntos autores, y no permiten apoyar y rehabilitar eficazmente a los niños, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes, a sus familiares y testigos de la venta y la explotación sexual”.
Lo cierto es que el caso Penadés, con todas sus sórdidas y terribles características, es tan sólo la punta del iceberg. Corresponde a los jueces y fiscales con competencia ir hasta el hueso en todo este tema, ahora que cuentan con la buena voluntad de las víctimas para dar testimonio, así como de otros casos relacionados con la explotación sexual de menores; un flagelo que no nace de un repollo, sino que se gesta y desarrolla a través de determinados entornos y personas sobre los cuales debe caer todo el peso de la ley. → Leer más