En setiembre Argentina superó a Venezuela en el índice de inflación mensual con 12,7%, cuando los caribeños registraron 8,7%. De esa forma, la inflación interanual se ubicaba en 138,3% y comparte el podio con pocos países del mundo. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) los precios se incrementaron por encima del 103% en los últimos nueves meses.
La región cercana plantea otras realidades. En Brasil, el costo de vida aumentó 0,26% el mes anterior y 5,19 en el último año. Chile, con una inflación mensual de 0,7% tiene la interanual en 3,3% y es la más baja de los últimos dos años. Incluso, conviene recordar el caso uruguayo con un alza de precios del 0,68% y la interanual más baja de los últimos seis años con 3,87%.
En el análisis también es posible observar el desarrollo de economías tan diferentes entre sí, y todas bajo regímenes diversos. Es decir, el contexto no puede ser excusa porque cada nación es dependiente de los precios a nivel global, salvo algunas excepciones que sostienen commodities muy atractivos en el contexto internacional.
Por el momento, no hay mayores expectativas en que vaya a descender su marcha alcista, que ha sido récord en los últimos treinta años. El peso argentino se derrumba y es el anuncio de nuevos incrementos de precios. Lo sabe el ciudadano medio que antes de la primera vuelta electoral salió a comprar productos de primera necesidad y combustible, por temor a una escalada al inmediatro lunes siguiente, cuando se conocieran los resultados. Es decir que hoy, al menos la mitad de la población del país –que tiene menos de 35 años– está acostumbrada a convivir con el desfasaje de un dato que hasta puede parecer normal.
En forma paralela, la escasez de dólares tiene consecuencias directas sobre la falta de combustible en el vecino país, agravada en las ciudades fronterizas, particularmente limítrofes con Uruguay. En los últimos días, el ministro de Economía y candidato a la presidencia en el balotaje, Sergio Massa, ordenó el desembolso de 400 millones de dólares de las reservas líquidas del Banco Central para importar 10 barcos de combustible.
La petrolera estatal YPF tuvo varados tres buques cisternas en el río de la Plata hasta que no pagara a los importadores, y a eso se suman las paradas técnicas de las refinerías que la Secretaría de Energía ordenó que se pusieran en marcha en los próximos diez días.
El aumento de la demanda con picos de 15% es real, pero también es a fuerza del desconcierto de la población que no tiene certezas hacia el futuro inmediato, sumado a algunas situaciones específicas como un fin de semana largo a mediados de octubre, la logística de las elecciones en todo el país y el sector agropecuario.
No obstante, es palpable la desconfianza por una nueva devaluación o recesión y la sensación de un perpetuo déjà vu en la economía, no importa quien gobierne.
El gobierno reguló los precios del combustible y son fijos hasta mañana martes. Lo que pasa es que importa el 32% de su combustible y, ante la falta de divisas, el problema se agrava en las provincias más distantes de Buenos Aires e implica una crisis energética a lo largo del país.
Por estos días, el dólar blue –o del mercado negro– bajó a la barrera de $1.000 argentinos, porque el gobierno resolvió un incremento de las redadas aduaneras y policiales en las denominadas “cuevas”. Si bien el grito de “cambio” no se escucha a voz en cuello, alcanza con caminar unas cuadras más allá de las principales arterias para obtener la preciada divisa en la capital argentina.
Sin embargo, hace dos años el país registró un ingreso récord de divisas pero el Banco Central perdió reservas en forma sostenida. Ese, también, es un dato de la realidad social.
Mientras tanto, se han extendido beneficios a las exportaciones para sumar reservas al Banco Central, pero la semana pasada terminó sin aliento porque la corrida fue frenética en el mercado informal. Con el aumento de la inflación, suben los precios, baja el poder adquisitivo de salarios y pasividades. Por ende, en plena campaña electoral, el ministro y candidato amplió los bonos extraordinarios y los beneficios impositivos. Medidas que profundizarán el déficit fiscal.
Entonces, la incertidumbre con lo que pueda ocurrirle al peso argentino también se nota en las movidas bancarias. No sería una novedad deshacerse de los depósitos a plazo fijo en moneda nacional si el horizonte es incierto a corta distancia.
Todos estos indicadores caen como una guadaña en otros guarismos sociales. El mismo Indec informa que la pobreza aumentó al 40,1% en los primeros seis meses, afecta al 56,2% de los niños y la indigencia es cercana al 10%. El podio de las ciudades más pobres la encabeza Gran Resistencia, en el Chaco, con el 60,3%, seguido por Concordia con 58,3% y Gran San Luis con el 47,3%.
El desempleo baja en medio de la crisis y se ubica en el 6,2%, pero por efecto de la estadística, en tanto disminuye la población económicamente activa y los ocupados. Ocurre que también crece el empleo público y cae el privado, sin mayores variaciones en la informalidad.
La precarización laboral tiene una tendencia alcista, de hecho el 10% de los trabajadores registra el pluriempleo y viene en crecimiento desde 2018, cuando gobernaba Cambiemos. Es posible, entonces, que Argentina no tenga problemas de empleo sino de calidad de las fuentes laborales.
Con la complejidad de ese escenario convive Uruguay y las consecuencias en la frontera son visibles. El malestar de los residentes en las ciudades limítrofes no se hace esperar ante la escasez de energéticos. Es un combo de problemas viejos que se profundizan por la falta de divisas, en tiempos electorales con una diferencia cambiaria pospandemia. Esa es la certeza, porque la duda esté centrada en el origen y las causas del estado de crisis continua en la que vive el vecino país, tan rico y diverso.
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