Cada uno habla de la feria según le va en ella, dice el viejo refrán español para explicar las diferentes interpretaciones de situaciones, hechos o problemas que les atañen y tienen que ver directa a indirectamente con sus intereses, y ello se aplica naturalmente en un mar de situaciones en que se plantean conflictos por posturas subjetivas e incluso objetivas en las que se dejan por el camino otras opiniones que son de recibo.
Tenemos por un lado, en este contexto, que “Por una deuda justa” es el título de la campaña de recolección de firmas que encara el partido Cabildo Abierto en procura de lograr la adhesión de la ciudadanía para derogar un decreto del año 2007 –gobierno nacional del Frente Amplio– que autoriza intereses de hasta el 150 por ciento para préstamos, además de modificar el artículo 52 de Constitución la República, que declara ilegal la usura, pero que en la práctica, con estos intereses respecto a la inflación, cualquier persona con dos dedos de frente convendrá que efectivamente, estamos ante una usura autorizada.
Precisamente, ante sucesivos fracasos de su intento de que dentro de la coalición de gobierno se aprobara su proyecto de ley sobre deudores y la usura, Cabildo Abierto dio inició al trámite para llevar a plebiscito el proyecto de deudores, a través de una reforma de la Constitución, habida cuenta de que no ha logrado el respaldo parlamentario a la iniciativa.
La propuesta de esta modificación se centra en que se establezca un porcentaje mínimo del 30 por ciento, y declarar que sea usura el interés que se cobre por encima de este guarismo, una propuesta que en principio no parece fuera de lugar –salvo que de ninguna manera debería ser incluida en la Carta Magna– si tenemos en cuenta que los recientes datos de inflación dan cuenta de un IPC del orden del 5 por ciento, y que en los últimos años se ha situado en un dígito, aunque en algún período ha orillado el 10 por ciento.
En todos los casos, el cobro de intereses de hasta un 150 por ciento aparece como abusivo y un factor de distorsión de la economía, además de una amenaza de quedar expulsados del sistema para muchas personas que en el ida y vuelta de la vida, encuentran que la toma de préstamos pese a este interés leonino, es la única respuesta posible a sus avatares, aunque queden luego como muertos civiles si no están en condiciones de hacer frente a sus compromisos.
Más recientemente, sobre el mismo tema, se aprobaron modificaciones a la Ley de Usura, que incorporan varios elementos de la propuesta de reforma constitucional de Cabildo Abierto, y si bien este partido votó la norma en el Parlamento, dejó sentado que es insuficiente y que sigue adelante con la recolección de firmas para modificar la Carta Magna.
¿Y qué opinan las entidades financieras, las directamente involucradas por la nueva Ley de Usura y eventualmente la reforma constitucional? Una pauta muy precisa la da Gustavo Trelles, CEO de Banco Santander del Uruguay e integrante de la Asociación de Bancos del Uruguay, en declaraciones al suplemento Economía y Mercado del diario El País, al señalar que “seguimos esos temas con mucha preocupación y para entender las implicancias de todas estas acciones, cuáles pueden terminar siendo las consecuencias. En el caso de la Ley de Usura, así como está redactada, hoy puede tener repercusiones muy negativas para el sistema. Debe haber instancias para que los legisladores entiendan cuáles son los riesgos de medidas de este tipo”.
Considera que “muchas empresas del sector financiero, con las nuevas condiciones de juego, corren riesgo de no poder seguir jugando el partido. No hablo de bancos, sino de financieras”.
Evaluó que al no contarse a las financieras en el promedio de tasas, si ello se llega a aplicar, “la tasa de interés se haría sensiblemente más baja, lo que haría que las financieras tuvieran que evaluar a quién seguir prestándole. Determinados segmentos de clientes a los que hoy se presta servicios, seguramente mañana ya no sea atractivo o directamente viable, bajo las condiciones que fija la nueva Ley de Usura. La otra opción es la informalidad, donde nadie sepa cuánto se cobra y en qué condiciones”.
Claro, el punto que con intereses de más del cien o el 150 por ciento, con una inflación del 5 por ciento, lo que se cobra supera más de veinte veces la inflación, y es aquí donde se pone énfasis para promover una iniciativa como la Ley de Usura, punto este sobre el que el jerarca bancario expresa que “seguramente hay margen para que los clientes tengan una mejor propuesta, más barata, más accesible. Bajar de tasas del 100 por ciento, que las hay, puede haber margen. Habrá que buscar la forma sin caer en un drástico cambio de condiciones para empresas instaladas que cumplen con todo lo que les marca la ley vigente”.
En otras palabras, trabajar en este sector como en cualquier renglón de actividad, en el Uruguay, conlleva costos que encarecen sustancialmente la gestión, tanto desde el punto de vista de la parte laboral, como las cargas sociales y la tributación, que hace que buena parte de esos intereses leoninos que cobran las financieras e incluso los bancos se los lleve el Estado y los propios empleados, por lo que se ha creado un círculo vicioso dentro del sistema financiero que tiene como resultado un encarecimiento de la gestión, a lo que se agrega ahora el costo adicional de la reforma de la Caja Bancaria, para solucionar sus problemas financieros.
Lo expresa Trelles al precisar que es cierto el cálculo de que en la banca a cada cien pesos de salarios hay que agregarle otro 63 de costo laboral, y “y eso era antes de la reforma. Con los costos adicionales establecidos esa cifra se incrementa. Sé que son temas sensibles, pero la sensibilidad no le quita realidad, y la realidad nos muestra números que no son muy auspiciosos. Será cuestión de ir evaluando si son sostenibles o no, y qué deberíamos hacer los bancos en los próximos años para volvernos más competitivos y poder mantener los niveles de rentabilidad”.
Reconoció que es muy positivo que se haya aprobado una solución para la Caja Bancaria, pero a la vez “eso no quita que en definitiva termina incrementando los niveles de costos de la banca”, y que en definitiva, apuntamos nosotros, siempre es el cliente el que termina pagando estos beneficios y la forma que se aplica es aumentar las tasas de interés, precisamente.
Una pauta de la irracionalidad de todo el sistema es que según el CEO, para ganar 50 millones de dólares hay que tener un patrimonio de 700 millones, y que por lo tanto “la ecuación no es tan clara”. Y aquí volvemos al dicho de la opinión de cada uno según le va en la feria.
Los intereses de usura van contra los clientes, sobre todo contra personas de sectores más vulnerables y evidentemente hay razones y espacio más que suficiente para legislar, y apelar luego a que el mercado haga lo suyo. Pero lo que no se puede soslayar de ninguna manera es que hay costos, exacerbados muchas veces y también ganancias desmedidas en entidades financieras, a la vez que el Estado también tiene mucha de responsabilidad en esos costos, por lo que se impone la necesidad de una regulación sensata, criteriosa, para que los créditos dejen de ser una potencial encerrona para quien caiga en la intermediación abusiva. → Leer más
Los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Artigas, Salto y Paysandú recibieron unos 6.800 artículos la semana pasada para combatir a los mosquitos, a los que se sumarán otros 21.000 adquiridos por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). A esto se agregan productos químicos para fumigar con el fin de evitar la propagación de la encefalomielitis equina, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores.
