Este año aproximadamente 4.000 millones de personas en el mundo irán a elecciones en diversos países. Literalmente es medio mundo y en varias regiones –como la Unión Europea o Estados Unidos– los inmigrantes y el problema de la inmigración serán aspectos cruciales en sus resultados. Tal como han sido protagonistas en los censos de población, y Uruguay no escapa a ese fenómeno. Mientras tanto, a nivel global se discute por otra “amenaza”.
Predecir el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos electorales y su injerencia en las democracias es harto difícil. Pero empieza a verse con desconfianza. Tanto como para discutirse en los foros internacionales, con una creciente visión de regulación para evitar socavar los derechos humanos.
Es que la concentración del poder tecnológico es real y no solo por las redes sino por los gigantes de Internet que en nuestra era ocupan el centro del espacio, prontos para instalar tendencias, opiniones, formas de compra y venta, entre otros. Así es como tienen en sus manos la influencia comercial, social y política, junto a los recursos financieros. Por eso, disponen de verdaderos modelos de negocios que influyen a nivel global y cuentan con la capacidad necesaria para redirigir acorde a su conveniencia.
De hecho, obtienen ganancias incomparables y disfrutan de una regulación muy acotada en comparación a la expansión y desarrollo obtenido en los últimos años. Es envidiable su rentabilidad, popularidad y poder en la formación de opinión ciudadana y política.
En medio de esta situación, aún vive y lucha el periodismo clásico. Un pilar básico en la democracia de cualquier país, hoy debe navegar en medio de turbulencias y asistir a un replanteo de sus enfoques, así como la transformación de sus contenidos, basado en lo que tiene valor noticioso para la red.
Ahora, la pregunta es ¿por qué a nivel global está clara la necesidad de una regulación, pero demora más en resolverse en comparación con las normativas sancionadas para otras cuestiones? En definitiva, la pregunta puede contestarse sola. La razón es su poder sin precedentes y la exposición de innumerables desafíos vinculados a la ética y a los derechos fundamentales.
Estas empresas invierten miles de millones y, a menudo, sobrepasan los presupuestos que los países tienen para efectuar obra pública, por ejemplo. Mientras hay obstáculos y largos debates para sancionar esas regulaciones, tampoco hay un compormiso sobre los desafíos éticos con la sociedad que consume la tecnología.
Mientras las demás industrias atravesaron a lo largo de las décadas por procesos de transformación para mejorar la seguridad de sus trabajadores, con las nuevas tecnologías se impone la desregulación.
La Inteligencia Artificial es el resultado del trabajo de estas empresas poderosas y la ciudadanía global debería cuestionarse si las democracias deben continuar expuestas a esta tecnología siempre presente, decisiva y con posibilidades de efectos negativos si no se regula.
También suele subestimarse la capacidad de legislar. Existe una máxima que se repite a menudo y señala que las leyes no son tan precisas ni resuelven la complejidad de estas nuevas tecnologías. Pero, al menos en Uruguay, las leyes se sancionan por acuerdos entre partidos y previamente las comisiones parlamentarias reciben innumerables sugerencias técnicas que se incluyen en las normativas. En el fondo, no desean iniciativas legales, para no tener responsabilidades de ese tipo.
Sin embargo, es por lo menos contradictorio que los cargos principales de los gigantes tecnológicos estén de acuerdo con regular la IA. Lo que ocurre es que al momento de comenzar las discusiones, empieza a andar el lobby que tranca el proceso. Porque aún no hay acuerdo en cómo regular.
El dueño de la red X (antes Twitter), Elon Musk, dijo que “es importante para nosotros tener un árbitro” a fin de que las empresas no actúen sin control. La realidad es que no se ha podido instalar una legislación eficaz que proteja y salvaguarde los datos y la privacidad.
Y una de las discusiones cruciales es que las nuevas tecnologías pueden provocar un desempleo masivo en poco tiempo. Un ejemplo fue el reciente paro de actores y guionistas de Hollywood, cuya plataforma conformada por varios puntos, destacaba la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. Un peligro ya latente es la generación de escritos a través de ChatGPT o que la IA resuelva quién es merecedor de un puesto laboral o la posibilidad de su aplicación en la medicina.
Mientras se exige transparencia en las democracias y sus gobiernos, los gigantes tecnológicos mantienen en estricto secreto sus modos de funcionamiento y toma de decisiones.
En Uruguay, el diputado Rodrigo Goñi presentó un proyecto para cambiar las reglas de juego y penalizar la falsificación de los contenidos políticos, de cara al próximo período electoral. El legislador aseguró que estas herramientas “pueden poner en riesgo la integridad de las elecciones” y expone el “desarrollo acelerado” de la IA a nivel global.
Goñi alertó de la posibilidad de “un fraude electoral”. En su proyecto de ley señala a aquel que “sin autorización y mediante el uso de inteligencia artificial u otros sistemas informáticos genere, modifique o manipule un contenido” para “dañar la imagen pública de un candidato o engañar a los votantes”, recibirá una pena de un año de prisión a seis años de penitenciaría. Lo mismo solicita para aquellos que difundan contenidos tendientes a la “desinformación electoral”. En su propuesta suma un incremento de la “alfabetización digital” orientada a la educación ciudadana para el uso de estas herramientas.
En la misma línea, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, cerró la Segunda Cumbre de Comisiones de Futuro, alegando un “panorama incierto” al hablar de IA.
En realidad, el mundo hoy discurre entre el potencial que tiene esta tecnología para resolver problemas y la posibilidad de generar grandes inconvenientes. De esa polarización, también la ciudadanía es víctima y espectador activo.
