Las restricciones que han dejado tierras periurbanas abandonadas o donde ya no se pueden hacer aplicaciones, y si se considera en términos de rendimiento de soja, al menos entre 3.000 y 5.000 millones de dólares no ingresan en Argentina. Incluso, las distintas medidas tomadas en los municipios afectan la producción de alimentos para unos 20 millones de habitantes.
Estas proyecciones, acompañadas de diversas reflexiones sobre una problemática que se presenta en las distintas regiones agrícolas, fueron compartidas a La Nación por Agustín Biagioni, Global SVP of Marketing de Rizobacter. El ejecutivo habló también, entre otros temas, del rol y futuro de los biológicos.
Para el entrevistado, las restricciones a las aplicaciones “presentan un desafío complejo. Entendemos que la intención es garantizar seguridad a la sociedad y es clave que todos trabajemos para concientizar y dar tranquilidad”.
Según remarcó, con la tecnología disponible se puede producir con bajo impacto. Además, al sumarse eso a las herramientas digitales y de monitoreo para controlar aplicaciones “promueven prácticas muy confiables”.
“Si la comunidad científica trabaja con seriedad y libre de sesgos pueden definirse reglas que nos permitan producir más alimentos en zonas periurbanas con un control diferente que de tranquilidad a la sociedad. Si podemos tener una huerta en una casa, podemos hacer agricultura, solo tenemos que definir las reglas claras que protejan a la gente y al ambiente y hacerlas cumplir”, indicó.
“De mínima se estima que hay, al menos, 2 millones de hectáreas con algún tipo de restricción. Si tomamos que la Argentina produce 36,6 millones de hectáreas de alimentos para 400 millones de habitantes, estas medidas afectan la producción de alimentos para unos 20 millones. Estas cifras no son para entrar en discusión de números y referencias, solo para dejar claro que es relevante. Pero el problema no se agota ahí”, dijo.
“El abandono de las tierras periurbanas genera propagación de plagas urbanas y diseminación de malezas que, paradójicamente, pueden conducir a un mayor uso de agroquímicos y la necesidad de labrar la tierra para controlarlas, aumentando las emisiones de CO2 y la degradación del suelo. Dependiendo de la intensidad de las restricciones, la cantidad de hectáreas comprometidas van entre 3 y 5 millones. Si lo medimos en rendimiento promedio de soja, representa entre 3.000 y 5.000 millones de dólares que no ingresan al país”.
Biagioni se mostró convencido que los biológicos pueden ser “la clave para destrabar la discusión” actual.
“Hoy en día vemos que de la mano de los bioinsumos hay consenso en que tienen menor impacto ambiental y un perfil amigable para operarios y consumidores. Desde ahí podemos construir mediante parámetros como el índice de impacto ambiental por hectárea, centrando la discusión en un terreno objetivo. A esto me refiero con lo de usar el conocimiento científico de las universidades, las empresas y organismos públicos para generar un índice de consenso, donde los biológicos serán una pieza clave en bajar la huella”, señaló.
