En las últimas horas se conoció la noticia de que Uruguay deberá indemnizar a una empresa panameña con el pago de no menos de 30 millones de dólares como consecuencia de la violación por nuestro país –durante el gobierno de José Mujica– de convenios internacionales en lo que tiene que ver con los manejos financieros y compromisos asumidos en el caso del cierre de Pluna, aerolínea uruguaya que durante muchos años fue mantenida funcionando contra viento y marea por razones de “estrategia” y “soberanía”, a pura pérdida, naturalmente, y financiado todo ello por los uruguayos, aún de aquellos –la enorme mayoría de los habitantes– que nunca subieron ni iban a subir a los aviones de la aerolínea nacional.
Pero nos ha venido la factura, por la presunta responsabilidad del Estado uruguayo en el cierre de la exaerolínea de bandera en 2012, durante el gobierno de Mujica. A su vez, en marzo de 2021, el gobierno de Luis Lacalle Pou debió contratar a un estudio estadounidense de abogados para responder a un arbitraje internacional por 860 millones de dólares debido a que Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah) exaccionista de Pluna, demandaba al Estado por este cierre.
El procedimiento de arbitraje internacional fue planteado por Larah en mayo de 2019 ante el Ciadi, un organismo dependiente del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales entre privados y el Estado. La empresa demandante insistió en que el gobierno de Mujica violó el Convenio de Protección Recíproca de Inversiones suscripto entre Uruguay y Panamá al expropiar la aerolínea sin pagar compensación económica alguna a los entonces dueños de Pluna S.A.
Según se dijo en su momento, la administración frenteamplista decidió el cierre de la aerolínea de bandera para evitar juicios por cientos de millones de dólares que se gestaban en Brasil tras el cierre de la aerolínea Varig en ese país, habida cuenta de que ésta gestionara Pluna entre 1995 y mediados de la década de 2000.
El punto es que el fallo del tribunal consigna que el gobierno de Mujica en 2012 violó sus obligaciones internacionales mediante un “trato injusto”, “no equitativo” y “expropiatorio” con su conducta respecto a Pluna y su inversor, Larah, argumentando además que el Poder Ejecutivo de la época asfixió económicamente a Pluna para evitar las contingencias derivadas de la quiebra de Varig, de las que el Estado uruguayo había acordado hacerse responsable.
El tema es mucho más complejo, pero tiene su origen en la defensa a cualquier costo de mantener artificialmente a Pluna, por supuesto valor estratégico para el país, seguido del intento del Frente Amplio de mantener la aerolínea de bandera nacional con el funcionamiento de Alas U, también sin ninguna sustentabilidad, con enormes pérdidas durante su efímero e innecesario funcionamiento, el seguro de paro extendido una y otra vez a costa de todos los uruguayos, y encima la famosa engañapichanga previa del remate armado, con el “caballero de la derecha” incluido.
Una serie de torpezas y manejos oscuros, digitadas desde Presidencia –como todo indica–, el “aval perfecto” del Banco de la República, otorgado en tiempo record y absolutamente insostenible, los posteriores procesamientos de jerarcas de gobierno implicados, incluyendo al exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco de la República Fernando Calloia, entre otras muchas consecuencias jurídicas y políticas, además de sumar pérdidas tras pérdidas para el Estado. Cabe mencionar que en estos casos no hubo filtraciones de celulares con las conversaciones privadas de los procesados ni de otros personajes que sin embargo quedaron bien escrachados en una foto de El Observador, reunidos en una actitud por demás sospechosa antes del “remate” de Pluna. Hubiese sido interesante saber los entretelones de la venta, si se hubiese actuado con la misma transparencia que con el caso Astesiano, años más tarde.
Ahora se suman nuevas pérdidas a las que deben agregarse los 30 millones de dólares, más intereses y otros conceptos que las harían trepar a unos 80 millones de dólares, aunque “nos salvamos” de otros casi 800 millones de dólares si se hubiera perdido el juicio, y consecuentemente atendido el reclamo de los empresarios panameños que participaron en el proceso.
En suma muchas torpezas y “chambonadas” cometidas por quienes estaban en el gobierno, pero cuyo pago sale del bolsillo de todos los uruguayos, como también salieron los 800 millones de dólares con los que debió recapitalizarse de urgencia Ancap para que no se fundiera la empresa de sus funcionarios (perdón, “de todos los uruguayos”), que tiene el monopolio de los combustibles, aunque no el de la producción de cemento portland.
Este último es un negocio ruinoso, que hace que los 15 a 25 millones de dólares que pierde esta producción por año desde hace unas dos décadas –en 2023 ha sido de 30 millones de dólares, según se estima– tengan que salir de los bolsillos de todos los uruguayos.
Una de las consecuencias es que durante la recordada administración de Raúl Sendic Ancap comprara el horno que tiene tirado desde 2014 para instalarse en la Fábrica de Portland de Nuevo Paysandú, a un costo de unos 80 millones de dólares, pero del que se ha desistido desde el primer momento porque a su vez para incorporarlo se requiere una enorme inversión –estimada en más de 100 millones de dólares– en un marco de un proyecto que no haría más barata la producción ni mucho menos, y que sería por lo tanto el seguir arrojando dinero a un barril sin fondo.
Es por ello que no cabe menos que recibir con estupor declaraciones del director frenteamplista de Ancap Vicente Iglesias, recogidas por el semanario Búsqueda, respecto a que a su juicio las plantas de Minas y Paysandú “tienen futuro y deben seguir produciendo portland como mandata la ley, al menor costo posible” (bueno sería que no fuera al menor costo posible). Reconoce que en los últimos años hubo cierta “desidia” porque “se llegó a una situación lamentable”, ya que las plantas “estuvieron paradas por meses debido a fallas muy grandes debido a falta de inversión y mantenimiento”.
Y remató con que “hay que poner gente, hay que poner plata, hay que comprar repuestos para mantenerlas operativas y mejorarlas. Ancap tiene que hacer algo, no se puede seguir esperando, sea cual sea la decisión que el próximo gobierno vaya a tomar”.
Bueno, sería motivo de risa lo que aconseja si no fuera porque es una situación muy seria, por cuanto el Directorio de Ancap controlado por el Frente Amplio tuvo más de seis años el horno tirado, y estuvo entonces muy lejos de hacer lo que ahora reclama, simplemente porque las cuentas no daban, como tampoco siguen dando ahora.
Por añadidura, tanto esta fuerza política como el sindicato de Ancap estuvieron torpedeando todo intento de salida mediante asociación con privados, haciendo fracasar el proyecto, y por lo tanto llevando la situación a este nuevo impasse, planteando la supuesta “solución” para el que venga, pero dejándonos siempre las pérdidas para los sufridos uruguayos de a pie.
