Uruguay es un país caro, es la reflexión generalizada, tanto de quienes aquí vivimos como por quienes lo visitan, sobre todo si los viajeros proceden de la región, en un escenario que con muy pocos altibajos, se viene manifestando desde hace por lo menos de quince años a dos décadas, aunque siempre es preciso contextualizar los escenarios y no verlo en términos absolutos, porque por ejemplo, nuestro país no es igual de caro para quienes en él residen como por quien por ejemplo percibe ingresos en Argentina.
Mucho se ha hablado a la vez de cuáles son los factores que encarecen al Uruguay en la comparativa internacional, y en general hay opiniones coincidentes y otras no, una de los cuales es naturalmente la incidencia del tipo de cambio. Cuanto tenemos apreciada nuestra moneda, es decir, cotizada a un dólar barato, más caro resultará el país para quienes lo visiten, y del mismo modo, una devaluación hará que quienes vengan con dólares encuentren todo más barato, a la que vez que se encarecen para otros los productos de importación. Esta es por supuesto, la visión más simple de la ecuación, pero hay otras razones que quedan al margen del análisis primario, y en gran medida, podemos considerar que hay elementos estructurales que pesan enormemente en estas disquisiciones y consideraciones sobre las razones para el Uruguay caro.
Pero, en el intento de aunar opiniones, establecer un diagnóstico y promover eventuales correctivos, el Banco Central del Uruguay convocó a los principales economistas de consultoras a efectos de aclarar el panorama en la materia y sobre todo, evaluar cómo se puede actuar en consecuencia en las respectivas áreas de acción, de forma de comenzar a despojarnos del estigma en base a medidas realmente significativas.
El Banco Central divulgó en rueda de prensa los resultados de este estudio, que en resumen da cuenta que el Uruguay es un 27 por ciento más caro que otros países, con elementos disímiles como apuntes de que la “burocracia estatal” hace que Uruguay sea un país caro, a la vez que encabeza la lista del precio por metro cuadrado más caro de la región.
Dos trabajos de investigación realizados por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y la consultora CPA Ferrere se presentaron en la sala Enrique Iglesias del BCU para dar a conocer el informe. Con una presentación a cargo de los autores de las investigaciones, Ignacio Umpiérrez (CED) y Alfonso Capurro (CPA Ferrere), el objetivo fue contribuir a cuantificar los efectos del nivel de precios sobre el bienestar de la ciudadanía y ayudar a entender los factores detrás de las diferencias de precios entre Uruguay y otros países
“Una de las principales cosas que encontramos es que Uruguay sería 27% más caro en promedio respecto a un conjunto de economías emergentes desarrolladas”, señaló Umpiérrez, a la vez de considerar respecto a la metodología que “tomamos una muestra de 43 países y básicamente tenemos desvíos positivos. Es decir, Uruguay es más caro respecto a la gran mayoría de esos países y en particular en los rubros en los cuales se encuentran a mayor nivel índices de precios más altos en Uruguay, tienen que ver con mercados donde se caracterizan por alta presencia de productos importados, ya sea alimentos, productos de higiene personal y electrónicos y electrodomésticos”.
Sobre las razones para este escenario Umpiérrez sostuvo que “básicamente tienen que ver con cuestiones microeconómicas y de competencia”, a la vez de indicar que “una de las cosas que encontramos es que algunas regulaciones generan desvíos a la ley de un solo precio y también mayores regulaciones en el mercado de trabajo están impactando en los márgenes de las empresas”.
“En general son temas microeconómicos y no desde el punto de vista cambiario o de precios relativos”, afirmó el economista.
En cuanto a eventuales acciones a tomar, mencionó la necesidad de actuar sobre la regulación laboral que podría tener efecto sobre los precios a mediano y largo plazo. “Sería sacando rigideces en el mercado de trabajo y, por otro lado, combatir la mayor carestía con mayores niveles de competencia, competencia sobre todo en muchos sectores y en particular en sectores a nivel transable, sectores que están expuestos a la importación”, indicó.
Los trabajos técnicos como tales en realidad son una muestra parcial y dejan de lado la visión que tienen actores de primera línea, como con los operadores privados, que “padecen” el día a día de los costos que condicionan la salud de las empresas y a la vez afectan la competitividad en las exportaciones.
Es así que actores privados en general no coinciden en un todo con el análisis, y por ejemplo, Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industrias (CIU) enumeró como problemas estructurales: los costos del Estado (“muy pesado”), lo que se traslada en impuestos, tasas y precios; ineficiencias en los sectores no transables; rigidez en la determinación de salarios; poca apertura comercial, entre otros males. A su entender, “en los mercados de bienes energéticos podría haber más competencia y así bajar costos”.
Por su lado Daniel Menéndez, director de la Asociación de Supermercados (ASU), dijo que los comerciantes, a la hora de adquirir los productos para luego vender al público, muchas veces tienen pocas opciones, o solo una.
“El comerciante no puede elegir dónde comprar, no tiene variedad de proveedores, eso termina encareciendo el precio final”, afirmó.
Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu) opinó que el problema no son los “distribuidores exclusivos”, sino las cargas fiscales, sueldos y la distribución que pagan (ellos y otras empresas).
Algunos comerciantes plantearon que, para ciertas marcas importadas, efectivamente hay pocos proveedores o un importador exclusivo, que terminan definiendo, de alguna manera, los precios en el mercado y marcan márgenes de ganancias muy altos.
A su juicio, si hubiera más distribuidores por marca, los precios bajarían.
Fernández destacó que el BCU debería estudiar cuántas manos pasan antes de que los productos lleguen al consumidor final.
“¿Cuántos peajes oficiales (cargas fiscales, etcétera) va pagando el producto antes de llegar al consumidor final?”, agregó, señalando que “ese cuentagotas, al final desborda el vaso; y el principal gestor de esto es el Estado”.
El vicepresidente primero de la CIU, Gabriel Murara dijo “Uruguay es caro porque el Estado es caro y por las muchas regulaciones que terminan encareciendo el precio final. Hay muchos gastos intermedios que hay que sacar o corregir”.
Puso como ejemplos la estructura de precios que se fija en Ancap y las pérdidas de la división del portland que “ascienden a U$S 20 millones o U$S 30 millones al año, desde hace 15 años o más, entre otras ineficiencias que tienen impacto, directo o indirecto, en los costos y precios en el país”.
Y si bien hay más de una causa a identificar en este escenario, tal como lo hemos señalado en repetidas oportunidades en esta página editorial, la gran problemática de los costos en el Uruguay proviene sobre todo de un esquema estructural en el que el Estado pesa en demasía, y traslada su ineficiencia a los costos de los actores privados que crean la riqueza.
Por añadidura, no existe la productividad como tal en las dependencias de empresas y organismos del Estado, lo que resulta en servicios tan caros como ineficientes, en energía cara y todo un esquema de sobrecostos estructurales que contribuyen al país caro “en estudio”. Y no hay diagnóstico que valga, ni medida que sea la respuesta que se necesita si se dejan intactas las estructuras, que es lo que no se quiere y/o podido hacer por los sucesivos gobiernos para ahorrarse costos políticos.