Si se aprueba el plebiscito propuesto por el Pit Cnt para la reforma del sistema previsional, así como su posterior proceso de implementación, más allá de su altísimo costo, “no solo sería un frenazo para Uruguay, sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países a los que les fue peor”, consigna el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), en un resumen sobre las consecuencias que tendrían los puntos incluidos en el proyecto de reforma constitucional de la central sindical. Menciona que, entre otros aspectos, sube el gasto y se necesitarían más de mil millones de dólares extra por año (1,5 por ciento del PBI), para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, utilizando para ello recursos que el país no posee.
Asimismo, el proyecto sobre el gasto de la baja de edad de retiro, implicaría un aumento del gasto del entorno de los 3.000 millones de dólares (4% del PBI), incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales, en tanto otra consecuencia lateral sería el hecho de que abriría las puertas a potenciales juicios al Estado, habida cuenta de que es factible que afiliados que sientan sus derechos lesionados entablen demandas por la confiscación del ahorro administrados por las AFAP (unos 22.000 millones de dólares). A la vez esta demanda podría partir de las propias AFAP, reclamando indemnización y lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados, indican los técnicos de Ceres.
Este incremento del gasto debería financiarse por un incremento en la carga tributaria, como es el caso de los impuestos IRAE, Impuesto al Patrimonio y franjas más altas del IRPF, lo que determinaría serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro. Además, lejos de contribuir a la igualdad, se dejan rígidas las iniquidades del sistema, dándose marcha atrás en la unificación de cajas con prestaciones diferentes para similares aportes, aspecto este que fue un avance de la última reforma jubilatoria, analiza Ceres. Concomitantemente la iniciativa conlleva “efectos regresivos en la distribución del ingreso, si se tiene en cuenta que los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada”, considera. Otra consecuencia lógica apunta a que se reduciría el ahorro privado, por cuanto ante la prohibición del ahorro privado, las personas de mayores ingresos buscarán alternativas en el exterior, tal como lo demuestra la evidencia internacional, señala.
Desde el punto de vista macro, por otro lado se pondría en riesgo el grado inversor para Uruguay, por cuanto nuestro país obtuvo el grado inversor luego de la reforma previsional de 1997, lo perdió con la crisis de 2002, lo recuperó una década después y lo solidificó recién ahora gracias a la reforma previsional en marcha, “por lo que la propuesta del Pit Cnt significaría seguir el camino de Argentina en este ámbito”.
En el plano de la seguridad jurídica, la iniciativa plebiscitaria deja abierta la puerta a la interpretación de la exclusividad del Estado en la gestión de los servicios en todas las áreas vinculadas al sistema de seguridad social, como por ejemplo, la salud. Esta incertidumbre deteriora la principal fortaleza de Uruguay a nivel internacional y por otro lado conlleva poner obstáculos a la agenda de desarrollo en la que avanza Uruguay, la que ya lo hace en forma excesivamente lenta para reimpulsar el crecimiento económico y el bienestar de los habitantes del país, evalúa Ceres.
