En julio de 2022 la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) impulsó el ingreso de un proyecto de ley al Parlamento para regular la actividad inmobiliaria. La iniciativa, que fue aprobada por la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados y el año pasado se incorporaron modificaciones, lleva más de un año de espera de aprobación legislativa.
La CIU nuclea a más 800 empresas del sector y el pasado 26 de marzo emitió un comunicado, donde insta a su consideración parlamentaria. “Esta situación no solo causa inquietud en el gremio inmobiliario, sino que también representa un peligro latente para la sociedad en su conjunto”, señala la entidad, agregando que “la ausencia de regulación propicia el surgimiento de oportunistas que operan al margen de la ley, realizando actividades ilegales e incluso estafas”.
La falta de una ley “abre las puertas al lavado de activos”, “fomenta la proliferación de prácticas ilícitas y la creación de un submercado clandestino que pone en riesgo la seguridad jurídica y económica de quienes participan en transacciones inmobiliarias”.
Ante esta situación, la CIU hace “un llamado urgente al Parlamento para que priorice el tratamiento y la aprobación” del proyecto. “La regulación de la actividad inmobiliaria es esencial para garantizar la transparencia, la legalidad y el desarrollo sostenible del mercado, así como para proteger los intereses de los consumidores y promover la inversión responsable”, concluye el comunicado.
El proyecto
El proyecto, que consta de 13 artículos, promueve la creación del Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, con el fin de llevar un registro, “generar información real y fidedigna sobre las transacciones que se realizan en el país a través de la creación de un Observatorio del Mercado Inmobiliario y fiscalizar el correcto desempeño de la actividad”.
Según el Banco de Previsión Social, el sector inmobiliario emplea aproximadamente a unas 27.400 personas. Sin embargo, estudios realizados por la CIU indican que el informalismo en el sector ronda entre el 50 y 60%. “Incluso es más elevado en las zonas de frontera”, señaló el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Matías Medina.
El proyecto establece sanciones a quienes infrinjan lo dispuesto por la normativa que pueden ser suspendidos temporariamente y multas de entre 1.000 Unidades Indexadas (UI) y 500.000 UI. Aproximadamente entre $ 5.700 y hasta $ 2.845.000. Medina destacó que “día a día recibimos llamados de personas estafadas” de quienes “actúan desde el informalismo que hoy es entre un 50% y 60%”. El proyecto de ley “va más allá de eso y establece un registro donde cada inmobiliaria tiene su número de matrícula. Establece derechos y obligaciones a las inmobiliarias. Si son zonas turísticas, hay que tener un aval y hoy ocurre que, en la práctica, hay muchas inmobiliarias que ni siquiera tienen el aval para trabajar en zonas turísticas. Esas estafas que ocurren en el verano y son permanentes en el año”.
Explicó que esta problemática “no tiene visibilidad cuando alquilan por plataformas y desde allí se toman señas. Esto pasa en forma constante, incluso con la venta de casas en las que supuestamente interviene una inmobiliaria, pero en realidad nunca hubo un escribano”.
El directivo señaló a radio Montecarlo que “tenemos claro el problema porque los consumidores finales llaman a la Cáamara Inmobiliaria y los incentivamos a que hagan la denuncia. Pero son denuncias que no llegan a Fiscalía porque la cuantía de los montos no es muy elevada. Pero si lo replicamos por todas las personas que fueron perjudicadas, es una cifra importante”.
