La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realiza hoy un paro de 24 horas en rechazo al nuevo régimen de certificaciones médicas que comenzó a funcionar gradualmente desde el primer día de abril. El nuevo sistema establece que los funcionarios certificados percibirán su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año. Luego de eso, al igual que en el sector privado, tendrán derecho al subsidio del Banco de Previsión Social (BPS) que va del 100% al 75% de su remuneración.
COFE reclama la aplicación “unilateral” de la medida y convoca a una movilización frente al Ministerio de Economía con la presencia de delegaciones del Interior, desde la hora 10. Adhiere a la medida la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).
ABUSOS Y DERECHOS
“Paran los funcionarios del INAU, la Federación de la Salud –que hace paro de 24 horas en el Hospital y en la Red de Atención Primaria, es decir, las policlínicas–, Utmides, Ministerio de Transporte, Aduana y Corte Electoral. En el caso del Hospital se mantienen con guardia gremial los servicios esenciales, urgencias, emergencias y oncológicos”, señaló a EL TELEGRAFO la presidenta de la departamental de la Federación de la Salud y presidenta del Pit Cnt, Cecilia Sánchez. Explicó que “lo más significativo es que la medida se toma de forma inconsulta porque el Poder Ejecutivo se había comprometido a tener una mesa de diálogo. El procentaje de cenrtificaciones médicas de COFE es mucho menor que el Ministerio del Interior, por ejemplo. Pero, más allá de eso, pedimos que quienes están a cargo de la gestión realicen un sistema donde se certifique realmente el que se enferma”.
Sánchez enfatizó que “los abusos no dependen de los trabajadores porque nosotros no certificamos, sino que es un rcorte de derechos y no una regularización de algo que no está funcionando bien. El gobierno dice que con los descuentos financian varias cosas, entonces no importa si quien se certifica es un buen funcionario. No interesa si se recortan sus ingresos. Por eso, va en desmedro de la calidad del trabajo y de los derechos de los trabajadores”.
El paro “es por la forma en que están haciendo las cosas. El objetivo no es corregir lo que está mal sino recaudar y en el camino quedan trabajadores que cursan enfermedades graves”.
Recordó que “en ASSE se descontó durante los gobiernos del Frente Amplio, pero se tomaban en cuenta los criterios. No era lo mismo si el funcionario era faltador contumaz o si se trataba de un trabajador que tuvo un incidente que le impidió ir a trabajar. En las gestiones se conocen quienes son unos y otros”.
FENAPES
Los docentes de Educación Secundaria, nucleados en Afempay –filial de la Fenapes– se unen a la movilización en Montevideo. “En Paysandú nos movilizamos en nuestro local, en la esquina de 18 de Julio e Independencia juntando firmas para el plebiscito de la seguridad social e informaremos sobre la situación de la educación de 9 a 13 horas”, dijo la presidenta de Afempay, Sully Fernández. La docente agregó que “la educación pasa por un momento tremendo con un recorte del presupuesto de casi 190 millones de dólares y muchos problemas edilicios en los liceos de Paysandú. También clases sin docentes en algunas asignaturas porque hay profesores que ya no pueden tomar más horas. Las autoridades anunciaron que harán llamados a clases virtuales o con estudiantes avanzados de Formación Docente”. Por otro lado, aseguró que “también hay docentes que se quedaron sin horas porque hubo muchos problemas en las elecciones que se hicieron de manera virtual y no pudo estar presente el sindicato, como lo hacía antes, para apoyar y asesorar. En el virtualismo se indican personalmente las horas que hay, te dicen todo rápido, nadie puede escuchar porque son dos personas conectadas y se elige con el nerviosismo del momento sobre lo que va a ser tu trabajo durante todo el año”.
Fernández aseguró que “se hizo violando la normativa dispuesta que elegía primero las horas de cargo y luego, las horas de clase. Eso no se cumnplió, hubo problemas en los concursos con los tribunales por los diferentes criterios y por eso hay reclamos que quedaron sin atender”.
La dirigente agregó que “con esas irregularidades más el recorte del presupuesto, no se puede hablar de una transformación educativa. Para el gobierno, la educación pública es un gasto y no una inversión”.
LICEOS DE PAYSANDÚ
Fernández detalló que “el liceo 6 tiene problemas edilicios y comprometida la parte eléctrica, los liceos 5 y 3 se llueven, el liceo 9 –recientemente inaugurado– son solamente contenedores puestos en el patio de la escuela. Necesitan más salones, pidieron nuevos contenedores y no les llegaron. Y así es a lo largo de todo el país”.
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