El Tribunal de Cuentas inició una auditoría en el Municipio de Porvenir por el período 2023 (1º de enero a 31 de diciembre) con el objetivo de determinar la probable ocurrencia de irregularidades en el funcionamiento y gestión del mismo, considerando no solamente su situación financiera y la determinación de gastos sino también el desarrollo de actividades del propio Concejo.
La información a la que accedió en las últimas horas EL TELEGRAFO fue confirmada por el secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, así como por el presidente de la Junta Departamental, Alejandro Colacce.
El Tribunal de Cuentas incluirá en su auditoría los problemas operativos que derivaron en la resolución de la Intendencia de Paysandú, en setiembre pasado, que motivó la readecuación operativa que lleva ya siete meses.
La Entidad Fiscalizadora Superior, con autonomía técnica, orgánica y funcional y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, podrá entrevistarse con todas aquellas autoridades que estime adecuado, desde el alcalde a autoridades de la Intendencia y la Junta Departamental, así como los concejales, incluyendo los 27 que renunciaron durante el presente período.
Asimismo podrá requerir toda la información que estime necesaria, obtener todo dato que esté en poder de la Administración y no tiene un plazo específico para llegar a una determinación.
Un elemento clave a considerar es la inactividad del concejo, que ha motivado que parte de los recursos que le pertenecen al municipio no hayan podido ser utilizados. Preceptivamente el concejo es quien debe determinar cómo utilizar el dinero que le llega al municipio. Actualmente tiene depositados 560.000 pesos correspondientes al literal A, de libre uso y asignados 9.400.000 pesos del POA 2024.
“La Intendencia de Paysandú no puede y no está utilizando los recursos que le pertenecen al municipio, aun cuando el concejo, al no funcionar adecuadamente, no determina su destino. Lo que se hace, para atender las necesidades básicas de los habitantes del municipio, es con dinero de la propia intendencia”, aseguró Fermín Farinha. “Si el concejo no funciona formalmente no puede ordenar gastos y el responsable directo es el alcalde y de hecho es su exclusiva responsabilidad si por su inacción se pierde –por ejemplo– el dinero que se ha destinado al POA de este año. No se ha expresado absolutamente nada sobre su posible destino. Es algo muy grave”.
La auditoría del Tribunal de Cuentas estudiará a fondo la actuación del concejo –y obviamente del alcalde– durante el año pasado. Y podrá tomar determinaciones, como –de acuerdo a antecedentes de otras autorías realizadas– pase a la justicia penal.
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