La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados consideró el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que regula el régimen jurídico de las delegaciones uruguayas ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, la Comisión Administradora del Río Uruguay, la Comisión del Río de La Plata y la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo.
El miembro informante por la citada comisión, el diputado del Partido Nacional Javier Radiccioni, expuso que “el régimen de designación y cese de los delegados uruguayos se encuentran en los artículos 187 y 192 respectivamente de la Constitución de la República”. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, “genera un aumento de imparcialidad en la representación uruguaya en los organismos antes citados, permitiendo que los futuros integrantes se dediquen al organismo al que fueron asignados y no a una facción política, generando una mayor función técnica y autónoma por parte de los representantes uruguayos”.
Las modificaciones presentadas en el proyecto, votado por unanimidad, “aumentan la importancia de la representación estatal no gubernamental” e incrementan “las políticas de Estado que trascienden los Gobiernos”. En la exposición, la comisión señaló que “esto facilitará que se mantengan delineadas las políticas en aspectos internacionales, garantizando seriedad y se ampliará aún más la seguridad jurídica que brinda Uruguay frente a estados extranjeros”.
La imparcialidad de los organismos binacionales mencionados, “brindará que se reduzcan conflictos políticos partidarios, logrando así un desempeño adecuado en las comisiones”, así como una mejora de “la imagen del país a nivel internacional”.
La comisión destacó que el proyecto del Poder Ejecutivo, “se adecua a organismos que tienen que velar por la administración de las principales vías fluviales y marítimas del país, que reportan beneficios económicos, culturales y diplomáticos”.
El cuerpo de legisladores expuso que en la tradición política uruguaya, así como en la Constitución, “se encuentran diversos cargos que tienen prohibiciones políticas partidarias, salvo el voto. Esto se ha mantenido, ya que se entiende que diferentes actores deben mantenerse ecuánimes en los lugares que han sido designados o electos, permitiendo así que se represente a todos los ciudadanos y no únicamente a una facción política”.
El proyecto
La iniciativa agrega que “los delegados de las comisiones referidas” en la ley “deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos y ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. No se considerará incluida en estas prohibiciones la concurrencia de los mismos a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración”.
El siguiente artículo define que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con los ministerios de Economía, Industria, Transporte y Relaciones Exteriores, “fijarán las pautas y líneas de acción que la Delegación uruguaya ante las Comisiones referidas, seguirán en materia presupuestal y de gestión financiera”.
Los gastos de funcionamiento de las delegaciones ante las comisiones reguladas en la ley, “se financiarán de conformidad a lo que establezca el Poder Ejecutivo en la reglamentación, debiendo rendir cuenta de los rubros ejecutados”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la bancada del Frente Amplio, que solicitó “un trámite ágil” para que sea ley “a la brevedad”.
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