A medida que nos vamos acercando a la fecha de las elecciones internas en nuestro país, cualquiera sea el candidato presidencial de cada partido que surja elegido de las urnas, tendrá ante sí el desafío de tener una posición clara –por lo menos así debería ser en un país en serio– respecto al plebiscito promovido por el Pit Cnt para la reforma de la seguridad social.
No es un tema banal ni mucho menos, y que seguramente se incorporará como tema obligado en la campaña que desembocará en las elecciones nacionales de octubre venidero, porque a la vez que se desarrolle la contienda electoral y surja un partido triunfador, con un eventual balotaje posterior, el gran convidado de piedra será el tema del plebiscito, sobre el que el Frente Amplio ha dado libertad de acción, y por lo tanto sin que ninguno de sus precandidatos lo apoyen explícitamente.
Es que no es para menos, porque la “contrareforma” que propone el Pit Cnt, arrastrado por el Partido Comunista y de la misma forma la coalición de izquierdas, entonando a la militancia, es un salto al vacío que traería muchos problemas y ninguna solución, ni siquiera para los que se dice beneficiar, y en este tema un político que se precie de serio y se dirija responsablemente a la ciudadanía, debería pronunciarse en forma previa a la convocatoria a las urnas.
En un país en el que ya se están registrando más defunciones que nacimientos, a partir de 2022, y que se refleja en los datos del último censo, se acentúa la tendencia demográfica que entre otras cosas implica un envejecimiento poblacional, el crecimiento de la franja de personas de más de 65 años y el estrechamiento de las franjas correspondientes a los activos, es decir de personas que trabajan y que son las que aportan al sistema previsional, para sostener precisamente el sistema en condiciones de atender la creciente demanda en prestaciones y otras necesidades inherentes a la seguridad social.
Es decir, que las exigencias de aportes al sistema previsional se irán acentuando con el paso de los años, factor este decisivo para la reforma del sistema de seguridad social aprobada por el Parlamento para más o menos ir atendiendo esta realidad para evitar que se plantee en pocos años una crisis de enormes dimensiones que socave el sistema.
Sin embargo, el Pit Cnt ha puesto en marcha una campaña en la que recogió firmas con el objetivo de plebiscitar esta reforma y sustituirla por una propuesta voluntarista, panfletaria y de “enganche” electoral, absolutamente irresponsable y a medida del enfoque ideológico del Partido Comunista, que pretende derogar algunos aspectos que cuestiona de la reforma previsional aprobada en la actual administración de gobierno y que tendría graves consecuencias de ser aprobada.
Sobre esta iniciativa precisamente el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), indica que “no solo sería un frenazo para Uruguay, sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países a los que les fue peor”, entre otros aspectos porque sube el gasto y se necesitarían más de mil millones de dólares extras por año (1,5 por ciento del PBI), para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, utilizando para ello recursos que el país no posee.
Considera además que el proyecto sobre el gasto de la baja de edad de retiro, implicaría un aumento del gasto del entorno de los 3.000 millones de dólares (4% del PBI), incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales, en tanto otra consecuencia lateral sería el hecho de que abriría las puertas a potenciales juicios al Estado, habida cuenta de que es factible que afiliados que sientan sus derechos lesionados entablen demandas por la confiscación del ahorro administrados por las AFAP (unos 22.000 millones de dólares). Todo eso sin pensar que el déficit del BPS ya le cuesta al pueblo el 7% del valor de todo lo que consume, puesto que 7 puntos de IVA van para financiar al banco.
El punto es que ningún economista, incluso alguno allegado al Frente Amplio, como el Ec. Gabriel Oddone, respalda la propuesta del Pit Cnt, y hay unanimidad en cuanto a que sería un desastre para el país, a la vez de señalar que el incremento del gasto que demandaría debería financiarse por un incremento en la carga tributaria, como es el caso de los impuestos IRAE, Impuesto al Patrimonio y franjas más altas del IRPF, lo que determinaría serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro, en tanto que lejos de contribuir a la igualdad, se dejan rígidas las iniquidades del sistema, dándose marcha atrás en la unificación de cajas con prestaciones diferentes para similares aportes, aspecto este que fue un avance de la última reforma jubilatoria.
Oddone incluso va más allá, y sostiene que “la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”, aludiendo al hecho de que se pretende restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).
Sin embargo, ni siquiera estas reflexiones de quien se menciona como posible ministro de Economía y Finanzas en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones, ha hecho mella en el Pit Cnt y los grupos radicales de la coalición de izquierdas que la respaldan, que siguen apostando al todo o nada haciendo gala de una irresponsabilidad suicida hacia el país.
Pero cuando estamos ingresando en la recta final de la campaña hacia octubre, debería esperarse –están a tiempo todavía– de los candidatos y dirigentes moderados de la coalición de izquierdas una actitud responsable en cuanto a llamar a no apoyar este plebiscito en las urnas, en todo caso con la salvedad de que en caso de resultar triunfante su partido en el acto eleccionario, se promovería desde el nuevo oficialismo una ley que eventualmente corrija los defectos que le imputan al texto actual –hasta ahora sin haber planteado ninguna propuesta alternativa realmente bien fundada y con elementos de peso– para hacerlo con técnicos de reconocida capacidad y no con el voluntarismo puro y la mirada ideológica que propone la central sindical, de espaldas al país real.
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