Día: 11 de noviembre de 2024

En Uruguay, 373.000 personas presentan un consumo problemático de alcohol, una cifra que supera la medición anterior, correspondiente a 2018. En octubre pasado, la Junta Nacional de Drogas (JND) presentó los datos recolectados por el Observatorio Uruguayo de Drogas entre setiembre de 2023 y mayo de este año.
Aunque ha disminuido el porcentaje de consumidores declarados, que pasó del 77,1% en 2018 al 52,4% en la última medición, el informe revela una preocupación: en el último año, “tres de cada diez consumidores” presentan “uso problemático” de alcohol, ya sea por ingestas excesivas, consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia. Además, la edad promedio de inicio del consumo se sitúa en los 17 años.
Este total de consumidores problemáticos supone un aumento significativo respecto a la medición de 2018. En cuanto a otras sustancias, el consumo de tabaco ha disminuido, mientras que, por primera vez en muchos años, se ha registrado una caída en el consumo de cannabis, que había mostrado una tendencia al alza desde 2014. El porcentaje de personas que consumieron cannabis en 2018 alcanzó un pico del 14,6%, pero este año descendió al 12,3%. Sin embargo, el porcentaje de personas que afirmaron haber consumido cannabis “alguna vez en la vida” pasó del 30,2% al 32,9%, lo que indica que más personas lo han probado, aunque el número de consumidores regulares se ha estabilizado.
El informe de la JND también destaca que el 37% de los consumidores de cannabis accede al producto de manera legal, lo que representa un aumento del 10% con respecto a la medición anterior.
En cuanto a otras sustancias, el informe menciona que el 10,5% de la población consume tranquilizantes, el 7,3% antidepresivos, el 6% hipnóticos, el 5,5% opioides y el 1,6% cocaína. Si bien estos porcentajes pueden parecer bajos, es crucial ponerlos en perspectiva. Por ejemplo, hay alrededor de 15.000 consumidores de cocaína y 10.000 de pasta base. Además, siete de cada diez consumidores no completaron la Educación Secundaria y la mitad vive en la calle o en refugios. La mitad de ellos también ha estado en prisión, y uno de cada diez tiene VIH, una tasa considerablemente superior al promedio de la población uruguaya (que se sitúa en 0,5%).
Las organizaciones dedicadas a la rehabilitación señalan que, en general, los consumidores problemáticos de pasta base son más propensos a pedir ayuda que aquellos que abusan del alcohol o la cocaína. Un 73% de los consultados acudió a un tratamiento de manera voluntaria, y el 40% de los que nunca se sometieron a un tratamiento admitieron que, en algún momento, consideraron que lo necesitaban.
En el contexto de la campaña electoral hacia las elecciones del 27 de octubre, el Frente Amplio planteó en su programa de gobierno la necesidad de “analizar y promover estrategias de regulación de los mercados”, propuesta que fue rechazada de plano por Cabildo Abierto. Durante la elaboración del programa común de la coalición republicana, fueron incluidos 12 puntos propuestos por Cabildo Abierto, que hacen hincapié en la necesidad de “educar a la población sobre los daños y riesgos del consumo de drogas” y en la realización de “análisis de los centros de tratamiento”, tanto públicos como privados, para evaluar su efectividad y cobertura.
Además, la coalición propone implementar el modelo islandés de prevención de adicciones, conocido como Planet Youth, impulsado por el Ministerio de Salud Pública. Este modelo busca prevenir el consumo de sustancias entre adolescentes, haciendo foco en el fortalecimiento de la comunidad y la promoción de hábitos saludables.
El Partido Nacional, por su parte, propone la creación de espacios de tratamiento para adolescentes, mientras que el Frente Amplio aboga por “analizar y promover estrategias de regulación de los mercados” como instrumentos para luchar contra el narcotráfico, aprendiendo de las experiencias fallidas de la “guerra contra las drogas”. Esta idea también ha sido respaldada por el Partido Independiente, que ha planteado la necesidad de regular el mercado de cannabis, como lo ha expresado uno de sus dirigentes, el Dr. Daniel Radío, secretario de la JND.
De hecho, incluso en medio de la campaña electoral, el gobierno resolvió autorizar la venta en farmacias de una variedad de cannabis denominada Épsilon, con un índice de THC superior al de otras variedades, lo que ha generado debate sobre las políticas de acceso a esta sustancia.
En términos generales, la creación de centros de tratamiento con un incremento en las camas de internación es una propuesta común a todos los sectores, aunque con diferencias en cuanto a las articulaciones institucionales para promover la inclusión laboral y ofrecer soluciones habitacionales para las personas en situación de consumo problemático.
A medida que avanza la década desde la legalización de la marihuana en Uruguay, es evidente que ha aumentado la accesibilidad a las sustancias y se ha legitimado el consumo de algunas sobre otras. En particular, el alcohol sigue siendo un factor de gran preocupación, ya que está fuertemente presente en el entorno familiar y social, sin que haya una adecuada conciencia sobre sus riesgos.
No obstante, a diez años de la apertura de la venta legal de marihuana, no se ha cumplido con uno de los argumentos iniciales: el objetivo de disminuir el poder del narcotráfico. Por el contrario, las incautaciones de droga a cargo de las autoridades han aumentado, lo que demuestra que las redes de tráfico han encontrado nuevas formas de ingresar sustancias al país, ya sea a través de las fronteras o por el puerto.
En resumen, Uruguay enfrenta dos escenarios complejos: por un lado, una población con un alto consumo problemático de alcohol y, por otro, una situación de creciente inseguridad, derivada de la criminalidad y la violencia entre bandas. La iniciativa de la venta legal de marihuana, impulsada durante el gobierno de José Mujica, ha generado un debate en el que las soluciones propuestas aún no han logrado cumplir con las expectativas puestas en su implementación, lo que implica un gran desafío para el Estado en términos de recursos y políticas públicas eficaces.