Opinión
Una mala señal del gobierno departamental
La Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) ha sido condenada por no suministrar en tiempo y forma la información solicitada en virtud del procedimiento establecido por la ley N°18.381 del 17 de octubre de 2008 la cual tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. La norma mencionada reconoce que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. En uno de esos casos la Justicia impuso una multa diaria (astreintes) a la Intendencia por su demora voluntaria en brindar la información solicitada que le costaron a los sanduceros la friolera de 299.000 pesos uruguayos. Para los gobernantes de turno, lamentablemente no importa la gravedad de la sentencia: Juan Pueblo “agacha el lomo” y paga. Con la plata de los otros todos podemos ser buenos pagadores y sacar el pecho en lugar de cumplir con los fallos de la Justicia.
La norma no es antojadiza, su espíritu es facilitar al ciudadano común el acceso a información que antiguamente se suministraba a discreción del político o gobernante, en función de sus intereses y en detrimento de la necesaria transparencia que debe regir en cualquier gobierno donde rija la democracia plena.
Tan convencidos estamos de ello que desde 2006 la Organización de la Prensa del Interior –de la cual EL TELEGRAFO forma parte–, junto a la Asociación de la Prensa del Uruguay participó en las instancias que determinaron la redacción de la ley e hizo aportes, por entenderla fundamental para la libertad de expresión y transparencia. De hecho una de las objeciones que planteó OPI a la redacción original es que no tenía sanción, y que por lo tanto sería letra muerta. Finalmente eso fue solucionado en redacciones posteriores. Aún así, a la actual administración municipal parece no importarle el daño al erario público que supone no responder en tiempo y forma a la solicitud formal de información que le hicieran dos ciudadanos, y llamativamente prefiere desafiar a la Justicia haciendo lo que quiere y pagando una buena suma por su actitud.
El acceso a la información pública es un tema de alta sensibilidad ciudadana en la medida que supone el ejercicio de un derecho que constituye uno de los pilares fundamentales de la vida democrática (derecho a la información), lo que se refuerza si consideramos que al fin y al cabo los gobernantes son única (y afortunadamente) aves de paso que ocupan cargos políticos en nombre y representación de la Nación, ya que “la soberanía en toda su plenitud radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes”, tal como lo reconoce el artículo 4 de nuestra Constitución Nacional. A pesar de que a muchos gobernantes parece que les cuesta entenderlo, esa información pertenece a la Nación, no a quienes transitoriamente la representan.
En palabras del académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Uvalle Berrones, “el acceso a lo público del Estado es una demanda que no cesa en el afán de que los gobernados no se sientan ajenos al curso de los asuntos colectivos. El acceso a lo público del Estado se fundamenta en el gobierno de los ciudadanos, el cual recibe con el voto universal el mandato de cumplir las normas y de responder en todo momento a los ciudadanos, quienes son los que confieren la autoridad que poseen. (…) Como política pública, la transparencia es parte de las nuevas condiciones de la gobernabilidad democrática. (…) La transparencia es el camino que permite que el poder no sea inaccesible a los gobernados y es, al mismo tiempo, fórmula institucional que combina la administración de la información de carácter público, la cual está a cargo de los cuerpos burocráticos y la vigencia del derecho a la información que invocan los ciudadanos en las democracias modernas. En este sentido, la nueva gobernabilidad de la cual es parte medular la transparencia, da sentido a la reconstrucción institucional del Estado para asegurar el ejercicio democrático de la gestión pública. (…) El derecho a la información no lo conceden los príncipes —gobernantes—, sino que se explica de acuerdo con la transformación democrática del Estado, la cual tiene su origen en las exigencias cada vez más intensas de la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas”.
Así las cosas, el acceso a la información pública constituye un pilar fundamental de la gobernanza democrática, ya que supone la existencia de un gobierno transparente, que no tenga temor a difundir sus actuaciones ya sea en forma voluntaria (a través de los medios de prensa, de su página web o de redes sociales). Si bien vivimos en países en los cuales muchas veces los caudillismos políticos están por encima de los derechos y expectativas de los ciudadanos comunes, lo cierto es que no se puede permitir que lo político esté encima de lo jurídico.
La práctica de la Intendencia Departamental de Paysandú de negarse a cumplir con los pedidos de acceso a la información perjudica la calidad democrática de ese nivel de gobierno, así como su propia imagen y la de los políticos en general, pertenezcan o no al partido que actualmente gobierna Paysandú. Con este tipo de conductas resulta fácil entender por qué tantas personas tienen una visión negativa de ellos.
La norma no es antojadiza, su espíritu es facilitar al ciudadano común el acceso a información que antiguamente se suministraba a discreción del político o gobernante, en función de sus intereses y en detrimento de la necesaria transparencia que debe regir en cualquier gobierno donde rija la democracia plena.
Tan convencidos estamos de ello que desde 2006 la Organización de la Prensa del Interior –de la cual EL TELEGRAFO forma parte–, junto a la Asociación de la Prensa del Uruguay participó en las instancias que determinaron la redacción de la ley e hizo aportes, por entenderla fundamental para la libertad de expresión y transparencia. De hecho una de las objeciones que planteó OPI a la redacción original es que no tenía sanción, y que por lo tanto sería letra muerta. Finalmente eso fue solucionado en redacciones posteriores. Aún así, a la actual administración municipal parece no importarle el daño al erario público que supone no responder en tiempo y forma a la solicitud formal de información que le hicieran dos ciudadanos, y llamativamente prefiere desafiar a la Justicia haciendo lo que quiere y pagando una buena suma por su actitud.
El acceso a la información pública es un tema de alta sensibilidad ciudadana en la medida que supone el ejercicio de un derecho que constituye uno de los pilares fundamentales de la vida democrática (derecho a la información), lo que se refuerza si consideramos que al fin y al cabo los gobernantes son única (y afortunadamente) aves de paso que ocupan cargos políticos en nombre y representación de la Nación, ya que “la soberanía en toda su plenitud radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes”, tal como lo reconoce el artículo 4 de nuestra Constitución Nacional. A pesar de que a muchos gobernantes parece que les cuesta entenderlo, esa información pertenece a la Nación, no a quienes transitoriamente la representan.
En palabras del académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Uvalle Berrones, “el acceso a lo público del Estado es una demanda que no cesa en el afán de que los gobernados no se sientan ajenos al curso de los asuntos colectivos. El acceso a lo público del Estado se fundamenta en el gobierno de los ciudadanos, el cual recibe con el voto universal el mandato de cumplir las normas y de responder en todo momento a los ciudadanos, quienes son los que confieren la autoridad que poseen. (…) Como política pública, la transparencia es parte de las nuevas condiciones de la gobernabilidad democrática. (…) La transparencia es el camino que permite que el poder no sea inaccesible a los gobernados y es, al mismo tiempo, fórmula institucional que combina la administración de la información de carácter público, la cual está a cargo de los cuerpos burocráticos y la vigencia del derecho a la información que invocan los ciudadanos en las democracias modernas. En este sentido, la nueva gobernabilidad de la cual es parte medular la transparencia, da sentido a la reconstrucción institucional del Estado para asegurar el ejercicio democrático de la gestión pública. (…) El derecho a la información no lo conceden los príncipes —gobernantes—, sino que se explica de acuerdo con la transformación democrática del Estado, la cual tiene su origen en las exigencias cada vez más intensas de la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas”.
Así las cosas, el acceso a la información pública constituye un pilar fundamental de la gobernanza democrática, ya que supone la existencia de un gobierno transparente, que no tenga temor a difundir sus actuaciones ya sea en forma voluntaria (a través de los medios de prensa, de su página web o de redes sociales). Si bien vivimos en países en los cuales muchas veces los caudillismos políticos están por encima de los derechos y expectativas de los ciudadanos comunes, lo cierto es que no se puede permitir que lo político esté encima de lo jurídico.
La práctica de la Intendencia Departamental de Paysandú de negarse a cumplir con los pedidos de acceso a la información perjudica la calidad democrática de ese nivel de gobierno, así como su propia imagen y la de los políticos en general, pertenezcan o no al partido que actualmente gobierna Paysandú. Con este tipo de conductas resulta fácil entender por qué tantas personas tienen una visión negativa de ellos.
Un hombre de 26 años fue imputado luego de varias denuncias de sus familiares por ejercer hechos de violencia debido a su consumo de drogas, además de violar las medidas impuestas de no acercamiento.
La edila del Frente Amplio Natalia Martínez formuló un planteo en la Junta Departamental de Paysandú con el objetivo de que se remita un pedido de informes al intendente Dr. Nicolás Olivera respecto a las causas y eventuales medidas ante los incendios que se vienen registrando en forma recurrente en el Vertedero Municipal.
El ingeniero agrónomo Esteban Montes, técnico del Instituto Plan Agropecuario, analizó el comportamiento del mercado internacional de la carne y su influencia en las exportaciones de carne bovina uruguaya, así como también la evolución de los precios y su afectación en la ganadería uruguaya.
La Justicia imputó a un hombre de 36 años al ser detenido y vinculado con al menos tres hurtos cometidos. De acuerdo a la información brindada por Jefatura, mediante un trabajo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía se logró identificarlo y vincularlo al robo denunciado el pasado miércoles del interior de una camioneta estacionada, de donde se llevó una soldadora, dos cajas de herramientas, un manómetro, una bomba de vacío, una manguera de alta presión, pinzas, tenazas, llaves, dos tornilladoras, todo lo que fue valuado en 2.000 dólares.
En Paysandú, el alquiler promedio de casa-habitación en noviembre de 2024 –último registro procesado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)– se sitúa promedialmente en 15.243 pesos, en tanto que para todo el país este promedio es de 20.048 pesos.
En conferencia de prensa realizada en la sala de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), autoridades de la Intendencia de Paysandú y de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) anunciaron la implementación de un curso de manipulación de alimentos en formato online, desarrollado como un curso masivo abierto en línea (MOOC).