Cuando han transcurrido más de cinco meses desde las elecciones presidenciales en Venezuela, y sin haber presentado siquiera un acta del escrutinio, este 10 de enero, Nicolás Maduro tomará posesión como presidente de la nación caribeña para un tercer mandato, continuando la senda marcada por su mentor Hugo Chávez, mientras que quien es considerado como el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, exiliado desde setiembre y candidato por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD, coalición opositora liberal), reivindica el cargo, solo que legítimamente sustentado sobre la marea de votos que lo respaldaron en las urnas.
En Venezuela ha tenido lugar “el fraude electoral estructural más grotesco en la historia contemporánea” de la región, según coinciden voceros de organizaciones como Transparencia Electoral, pero con un caradurismo y cinismo inigualables, el régimen, con su Consejo Nacional Electoral, integrado por conspicuas figuras del chavismo e incondicionales del régimen, dijo que ganó con el 51,95% de los votos emitidos, frente al 43,18% de su adversario, sin haber presentado una sola prueba de ello, en tanto, según los resultados detallados publicados en línea por la oposición liberal, Edmundo González obtuvo el 67,08% de los votos emitidos, frente al 30,46% de Nicolás Maduro.
Nadie tiene dudas de que Edmundo González ganó las elecciones, dada la validación de las actas reveladas por la oposición liberal por parte de la Fundación Carter, que lleva dos décadas observando las elecciones en Venezuela, y la ausencia de resultados detallados publicados por el bando de Maduro.
Los pocos que reconocen el “triunfo” de Maduro, son regímenes con muy poco apego a la democracia –por decir lo menos– como Irán, China, Rusia, Corea del Norte, pero son también los que saben además que se trata de un fraude descarado, solo que no lo dicen por razones geopolíticas e ideológicas.
En el concierto internacional, pese a que en las últimos días, a medida que se aproximaba la fecha del 10 de enero, ha crecido el cuestionamiento al nuevo atropello de la dictadura chavista, hay pocas dudas de que el jefe de Estado se mantendrá en el poder apoyado en las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado venezolano (judicial, constitucional y, sobre todo, militar), comandadas por incondicionales de Maduro y el chavismo.
Además de la manipulación de los resultados electorales, todo el proceso electoral evidencia la atropellada autoritaria de Nicolás Maduro con el paso de los meses, que como bien ha expresado el presidente Luis Lacalle Pou, está “lanzando patadas” hacia todos lados, para encubrir sus desplantes autoritarios, que han alcanzado incluso lo que es señalado inequívocamente como toma de rehenes de ciudadanos de otros países latinoamericanos –de casualmente los que están contra su dictadura– acusándolos de espías, mercenarios y de “terroristas”, nada menos.
Maduro ordenó el martes el despliegue de militares y policías en todo el país, el “Órgano de Defensa Integral de Venezuela”, mientras denuncia supuestos planes de la oposición para impedir que jure un tercer mandato este 10 de enero.
Es cierto que teniendo en cuenta los antecedentes de Maduro y el régimen chavista, era poco probable que el tirano caribeño entregara el poder pese a un resultado adverso en los comicios, pero tampoco era muy descabellado pensar que con una arrolladora votación en contra, como efectivamente ocurrió, tuviera por lo menos algún prurito para aferrarse al poder con semejante desenfado y desafío. Pero el problema en Venezuela va mucho más allá de Maduro, que en realidad es un títere de la corrupción militar. Es por eso que lo que diga o haga Maduro tiene poca importancia, así sea que habla con un pajarito, que ve a Chávez en una roca, o se enfrente a Elon Musk acusándolo de cualquier cosa que se le ocurra. Sólo así se justifica que siga en el poder; pero si por alguna razón “tiene” que caer, lo que llegue después no será muy diferente, porque las riendas del poder seguirán siendo de la cúpula de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Y de eso se trata, de un narcoestado que se ha mantenido desde las elecciones de julio detenciones de más de 2.400 personas, y de muchos otros miles más según datos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, lo que demuestra una voluntad de aterrorizar a la población y disuadirla de cualquier protesta.
Más recientemente, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos publicó un informe en el que cuestiona el uso de la tortura y la violación sistemática de los derechos fundamentales de los presos políticos.
Según los observadores internacionales, en este verano la implacable represión de las fuerzas chavistas ha disuadido cualquier atisbo de protesta y hace improbable un levantamiento popular, aunque la impopularidad del gobierno sigue siendo total, como demuestran los resultados de las elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela del 15 de noviembre, en las que los partidarios del gobierno obtuvieron sólo el 1% de los votos emitidos.
Pero en todos estos meses, tratando de capear el temporal hasta llegar al 10 de enero, el régimen de Maduro, ha apelado, como toda dictadura, a una burda maniobra política con apoyo de dictaduras de países “amigos” como China, Rusia, Qatar, Irán, Cuba, Siria, Bolivia, Nicaragua y Honduras, entre otros con intereses económicos e ideológicos compartidos, en tanto también le han dado aire algunos regímenes de izquierda solidarios como los de Brasil y México e incluso de nuestro país, con posición ambivalente, entre otras posturas ambiguas que apuntaban a que Maduro ganara tiempo en la cada vez más utópica hipótesis de que aparecieran las actas.
Pero el paso del tiempo y la imposibilidad material de Maduro de demostrar la legitimidad del proceso electoral que lo “reeligió” ha dejado en evidencia a estos apoyos y dado la pauta de que de lo que se trata es de solidaridad ideológica, sin ningún respeto por la democracia y la voluntad popular, de justificar dictaduras solo porque son regímenes de izquierda, por más terrorismo de Estado que haya, violación de derechos humanos o narcotráfico en manos de la narcobanda en el poder.