Mes: febrero 2025

“Si el fiscal lo estima del caso puede pedir su desafuero”, reafirmó. “Ahí la Cámara de Representantes debe decidir si hace lugar o no a su desafuero. El fiscal puede instruir la denuncia y pedir formalización y desafuero, ahí dependerá de los legisladores lo que pase. Asimismo, a diferencia de la legislación anterior, el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 267 prevé que el pedido de formalización suspende la prescripción del delito”, agregó. Estableció así que para el caso que la Justicia establezca su responsabilidad, deberá enfrentar los cargos si pierde los fueros.
No obstante, el artículo 114 de la Constitución de la República establece que “ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.
El artículo 93 indica la competencia de Cámara de Representantes de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, “por violación de la Constitución u otros delitos graves”.

LA DENUNCIA PENAL

Álvarez Petraglia establece que “desde el día 3 de marzo del 2022 el señor Farinha pasó a cobrar dos remuneraciones simultáneamente, de dos órganos púbicos distintos, una como Secretario General de la IDP y otra como asesor del Congreso Nacional de Intendentes”.
“Resulta muy claro entonces que el señor Farinha en tal situación está violando abiertamente la normativa vigente”, como lo expresa en el artículo 32 de la ley 11.923, que establece que ‘ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados ni percibir más de una remuneración con cargo a fondos públicos ya dependan de la Administración Nacional, ya de la Municipal, ya de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados u otros servicios de naturaleza estatal creados por ley, ya de una y otros, quedando en consecuencia prohibida la acumulación de sueldos en una misma persona sea con este título o con el de dieta, gratificación, pensión, emolumento u honorarios o cualquier otro título o concepto’”.
“Además el señor Farinha en su calidad de cargo de confianza política, debía, de acuerdo al artículo 11 de la ley 17.060 realizar la correspondiente declaración de bienes e ingresos, siendo su obligación la de incluir todos sus ingresos. Al respecto, llama la atención que en la respuesta al acceso a la información formulado por este denunciante recientemente, la Intendencia, a través del propio Farinha, sin aportar los recibos de sueldo, igualmente reconoce percibir mensualmente como ingreso líquido, no solo lo que declara ante la Jutep, sino que, aquí, también incluye el sueldo que percibe de parte del Congreso de Intendentes”, explicó Álvarez Petraglia en su presentación judicial.

Indicó que “si se observa la declaración jurada del año 2023 (setiembre de ese año) se puede observar que la misma solo incluye como sus ingresos 151.058 pesos como Secretario General de la Intendencia de Paysandú y 18.754 pesos por ser docente de la UdelaR, no diciendo una palabra de la remuneración que desde marzo del año 2022 percibe como asesor del Congreso Nacional de Intendentes de 79.480 pesos”.
“No solo demuestra un acto ilegal de aceptar cobrar dos remuneraciones de órganos públicos diferentes, sino que además al no declarar tal ingreso en su declaración jurada ante la Jutep, ha incurrido en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal (Falsificación ideológica por un particular)”, que prevé una pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

“Resulta evidente para esta parte que el funcionario en cuestión ha incurrido en el delito descripto, pues al formular su declaración jurada de bienes e ingresos ha omitido deliberadamente el ingreso que tenía como asesor del Congreso Nacional de Intendentes”, estableció más adelante.
Aseguró que “Farinha no puede alegar desconocimiento o ignorancia de los hechos imputados, estamos hablando de un profesional del derecho, que sirvió durante años en el Tribunal de Cuentas de la República, docente de Derecho Administrativo, lo que lleva a la convicción que la imputación es claramente a título intencional, es decir, dolosa”.

Aseguró que se propone “llevar al Parlamento la voz de los sanduceros, pero también la mirada de la región, no solamente del departamento y del interior. Una mirada regional que se convierte en binacional. Esa será nuestra línea de trabajo”.
Destacó que “los legisladores del interior tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro territorio, con nuestros habitantes. Eso es parte de nuestro plan de trabajo. Por un lado el trabajo legislativo, por otro lado trabajo de diputación, de debate, de intercambio de ideas. Y además el trabajo en el territorio, para poder llevar la voz de los conciudadanos al Parlamento y a la vez poder construir colectivamente proyectos que beneficien a la gente”.

TRABAJO DESDE LA FRONTERA

En relación a su concepto de visión binacional, dijo que “integraré la Comisión Especial de Frontera, ya está acordado con la bancada del Frente Amplio y también la interpartidaria”.

“El trabajo de frontera tiene que ver con todas las políticas desde el punto de vista del desarrollo regional, productivo, la seguridad pública, defensa nacional, políticas sociales, de salud, de deporte. Una serie de políticas que se tienen que desarrollar en la región con una mirada binacional”, explicó Gorosterrazú.

Integra el Comité de la Cuenca del Río Uruguay desde 2011 y en 2013 asumió la Dirección Departamental de Salud. Ha realizado también trabajos para la Organización Panamericana de la Salud como consultor en políticas de salud de frontera en el río Uruguay.

“Así que en políticas de salud, de educación, de desarrollo productivo, con el río, con los puertos, con la complementación de puertos y de la producción que hay en la región, todo lo que sin duda requiere de una mirada de frontera, estaré trabajando al máximo de mis capacidades”.

“HAY CONDICIONES” PARA LA PAYBANCADA

En referencia a la posibilidad de reeditar la Paybancada, estuvo de acuerdo. “Creo que hay condiciones para poder trabajar sobre temas importantes que requiera la sociedad de Paysandú. Es necesario tener una Paybancada fuerte, que plantee los temas regionales y los temas departamentales. En eso creo que no va a haber inconveniente de unirnos para el beneficio de la gente”.

“IMPULSAR EL DIÁLOGO SOCIAL”

Por otra parte, dijo que continuará trabajando en temas que vienen del periodo que culmina. “Uno de los temas centrales va a ser el empleo y el trabajo. La idea es impulsar el diálogo social por el empleo. Me parece fundamental el diálogo social por el empleo desde el gobierno departamental, la Intendencia, la Junta Departamental. Pero también la academia, los centros comerciales, el Pit Cnt, la Intersocial, emprendimientos productivos, y las industrias que hay en el departamento”.

LA SALUD, “UNA ENORME PREOCUPACIÓN”

Dada su experiencia, también trabajará “en el tema de la salud, que es una enorme preocupación. De hecho está sin directora y sin subdirector el hospital de Paysandú. Una ausencia temporal, pero que realmente preocupa que no asuman esa responsabilidad, en un barco que tiene que seguir funcionando, porque las personas siguen con sus problemas”.

También pondrá énfasis “en articular las políticas sociales en el departamento, con el rol también de ser diputado oficialista”.

Finalmente, Juan Gorosterrazú subrayó que asumir la banca de diputado le provoca “emoción” y resulta “una responsabilidad y un honor muy grande representar a los sanduceros”.

Uno de los grupos que se manifestó en contra la instalación de este emprendimiento es “Paysandú por un Uruguay Soberano”, también conocido como “UPM2 NO”, que desde hace cuatro años lucha contra el extractivismo y la expansión de megaproyectos industriales. Leonardo Belassi, integrante del colectivo, explicó los motivos de su oposición a la planta y denunció la falta de transparencia en el acuerdo entre el gobierno y la empresa.

“Un contrato secreto”

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la falta de acceso a la información. “En febrero del año pasado se firmó un memorándum entre el Poder Ejecutivo y la empresa HIF Global en Montevideo. Se solicitó acceso a la información y, en un principio, se negó. Luego se entregó un borrador con hojas tachadas”, denunció Belassi a EL TELEGRAFO. Como resultado, el Movimiento Uruguay Sustentable recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó a Uruguay con una multa de 500 dólares diarios –que paga el Estado uruguayo– por no brindar información completa a la ciudadanía.

“Estos contratos secretos lo firma el Poder Ejecutivo directamente con una multinacional sin debate parlamentario. Sólo se aprueba determinados reglamentos o pasos como la recategorización del suelo o impacto ambiental, pero no necesita aprobación parlamentaria. Por eso estamos en contra. Se aprueba de espalda al Parlamento y al pueblo, porque no hay discusión. Y lo hemos comprobado en Paysandú, que más del 90% de la población no está informada sobre esto”, detalló.

El colectivo también alerta sobre los efectos ambientales de la planta. “Va a tener cuatro chimeneas funcionando las 24 horas, emitiendo sustancias como metano, benceno y dióxido de azufre. Esto afectará la calidad del aire y las playas de Colón (Entre Ríos), que dependen del turismo”, sostuvo Belassi.

Según el activista, la instalación de la planta en Constancia traerá problemas similares a los generados por la planta de UPM en Paso de los Toros. “El turismo en esa zona desapareció por el olor y la contaminación. Algo similar podría ocurrir en Paysandú y Colón”, advirtió.

“Estamos en coordinación con la multisectorial Somos Ambiente de Colón. Cada 15 días nos reunimos con ellos, tanto allá como acá, para seguir planificando estrategias de cómo impedir que esta planta se instale”, comentó. “Porque ellos tendrán una planta con cuatro chimeneas, humeando las 24 horas, bien frente a la playa, con sustancias químicas contaminantes que saldrán al aire, y Colón, que vive casi el 100% del turismo, se afectará totalmente. Están en la postura de la relocalización, la cual nosotros respetamos”.

Dudas sobre los beneficios económicos

Si bien la planta fue presentada como una oportunidad para la generación de empleo, Belassi señala que este tipo de proyectos suelen traer beneficios limitados para la población local. “Se habla de 3.000 puestos de trabajo, pero en realidad son temporales. Una vez terminada la construcción, quedarán sólo unos pocos empleos estables. Es lo mismo que pasó con UPM”, criticó.

No obstante, el proyecto “más dañino”, a cargo de la empresa Energy, “no es el que se va a instalar acá, sino el que estará en Tambores, donde sabemos que irán directamente al agua dulce, que está casi subterránea, casi a la altura del nivel del suelo”, explicó el activista.

Todo esto “es más extranjerización de la tierra, más expulsión de pequeños y medianos productores en la zona de alimentos, también menos flora nativa y, como corolario, había un proyecto que planteaba la inclusión de las islas del Queguay en el Sistema de Áreas Protegidas, el SNAP, que se aprobó, pero con una modificación. Se le sacó tierra para entregarla al proyecto de HIF Global y se le da más agua. O sea, se modificó un proyecto de Área Protegida para beneficiar a una multinacional”, se lamentó.

Además, cuestionó los beneficios fiscales otorgados a la empresa y el impacto en la economía nacional. “Si, como en el caso de UPM, les exoneran impuestos y el Estado les subsidia la energía, al final nos terminamos perjudicando todos”, dijo. “Porque si le vamos a dar exoneraciones fiscales como UPM, si le vamos a dar determinados beneficios, esos puestos de trabajo terminan siendo carísimos para nosotros”.

“Esto no es hidrógeno verde”

Según el colectivo, la información presentada sobre el proyecto es engañosa. “Se habla de hidrógeno verde, pero en realidad es una refinería de combustibles sintéticos y metanol para exportar a Europa. Uruguay no se beneficiará en nada”, enfatizó Belassi. A su vez, criticó la falta de un plan para desarrollar industrias más sostenibles y generadoras de empleo duradero, como la producción de alimentos orgánicos.

Otro de los puntos sensibles es la posible reacción de Argentina. “La cámara inmobiliaria y los empresarios turísticos de Colón ya manifestaron su preocupación. Esto puede generar un nuevo conflicto ambiental con nuestros vecinos”, subrayó Belassi, recordando los enfrentamientos que se dieron en el pasado por la instalación de UPM en Fray Bentos.

El colectivo “Paysandú por un Uruguay Soberano” continúa reuniéndose con organizaciones ambientales de Argentina y planea movilizaciones para impedir la instalación de la planta. “La gente está desesperada por trabajo, pero no podemos hipotecar nuestro futuro por soluciones a corto plazo. Necesitamos inversiones que cuiden el medio ambiente y generen empleo sustentable”, concluyó Belassi.

Por otra parte, este sábado 22, en su reunión mensual a llevarse a cabo en Camino de las Canteras 3902 (al Este de bulevar Artigas, pasando Avenida de las Américas) desde las 18.00, el colectivo decidirá si comienza una iniciativa popular de juntar el 15% de los habilitados en Paysandú para llevar este asunto a votación.