
Una paradoja
En el comienzo de la presente semana un nuevo episodio de ciberseguridad encendió las alarmas, o al menos debió haberlo hecho, porque da la impresión que se le bajó mucho el perfil rápidamente. Hablamos de lo acontecido con la página web de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).
Pocas horas después en la página web de Presidencia de la República se publicó una declaración respecto a este incidente indicando que “Actualmente el sitio funciona con normalidad” –como si lo más preocupante del caso fuese que estaba caído el sitio de la Dinacia y no el que allí se hubiera publicado información privada del presidente de la República, nada menos, su teléfono particular, así como una fotografía procedente del Sistema de Gestión de Seguridad Pública–.
Prosigue indicando que tras un análisis exhaustivo realizado por el equipo de ciberseguridad del Ministerio del Interior “no se detectó evidencia de acceso irregular al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP). No hay datos en poder de esta secretaría de Estado que estén comprometidos”. Agrega que, paralelamente, “la Unidad de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) se encuentra indagando acerca del origen de este incidente con el objetivo de identificar responsabilidades”, antes de reiterar su “compromiso con la seguridad de la información y la protección de los sistemas críticos del Estado”.
Sobre esta acción hay algunos detalles destacables, como el mensaje que se publicó en el sitio alternativo, que denota la motivación ideológica detrás de esta intrusión, es decir, que en principio no era una acción motivada por un pedido de rescate o de recompensa, a diferencia de acciones recientes como lo acontecido con una base de datos de Agesic o la información perdida en el episodio ocurrido en la Intendencia de Paysandú.
En un mundo tan digitalizado, problemas de este tipo no solamente van a seguir ocurriendo sino que además se volverán más frecuentes. Por estos días (ayer y hoy, precisamente) se lleva a cabo en Washington DC, Estados Unidos, la Cumbre Digital Mundial 2025 (ver código QR), organizada por el Banco Mundial, con participación de expertos de diferentes países del mundo. El evento se puede seguir en vivo desde la página de la institución, en idioma original inglés, por supuesto. Repasando el programa y los informes que se han adelantado de la jornada se puede hacer un paneo sobre los temas que, vinculados a la tecnología, ocupan la atención de expertos y autoridades. La Inteligencia Artificial ocupa, como no podía ser de otra forma, varios de los casilleros, y respecto a ella hay dos debates, uno es cómo se podría emplear para mejorar la vida de las personas y respecto a su gobernanza (quien tomará las decisiones sobre este desarrollo), pero en el escalón inmediato aparecen los temas relacionados con la seguridad informática. Uno de estos informes se titula Economía de la ciberseguridad para los mercados emergentes y el planteo básicamente es que hay que invertir en protegerse. “A pesar de que la digitalización trae enormes beneficios económicos y sociales, nuestra creciente dependencia de las tecnologías digitales también conlleva importantes riesgos. Este es el caso también para los países en desarrollo, donde el ritmo de la digitalización suele superar a las inversiones necesarias y a la atención requerida para crear resiliencia cibernética, una situación que conlleva consecuencias potencialmente perjudiciales”. Sin ánimo de discutir los avances tecnológicos, pero todo esto debería tener un título que fuese algo así como la paradoja de la digitalización, porque cuanto más estas cosas vienen a nosotros con la intención de simplificar y facilitar la vida de las personas, más terminan generando otros problemas, más complejos y caros de solucionar que los de los sistemas analógicos a los que reemplazó.
Este informe plantea que los ciberincidentes están en aumento en todo el mundo a una tasa de crecimiento anual del 21%. Califican a esta realidad como “alarmante”. Y eso solamente considera los ciberincidentes divulgados, ya que reconoce que hay un subregistro: “más del 40% de los ciberincidentes no suelen denunciarse”. Pero además afirman que esta aceleración “es más intensa en América Latina y el Caribe, y en todos los países de ingreso mediano alto”, con una repercusión económica mayor en los países en desarrollo. Refiere el estudio al caso emblemático de Costa Rica en 2022, que experimentó un ataque masivo “que paralizó a más de 20 organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Hacienda y Seguridad Social. Este incidente, que duró casi dos meses, dio lugar a la primera declaración de emergencia nacional en la historia a causa de un incidente cibernético, que dejó inactivos sistemas clave y representó un costo económico estimado del 2,4% del producto bruto interno bruto (PBI) anual del país”.
Como está plenamente demostrado por la vía de los hechos Uruguay no está libre de este tipo de problemas y, como dijese en su momento el anterior titular de Agesic, no hay forma de asegurarse estar protegidos al 100%. Decididamente habrá que incorporar estrategias y comenzar a considerar estos riesgos dentro del esquema de prevención del país, así como invertir en el desarrollo de protocolos de protección.
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