Día: 2 de abril de 2025

Uno de los temas que se instaló con más fuerza en la discusión durante la última campaña electoral fue el de la salud mental, del mismo modo que la ministra Cristina Lustemberg ha asumido como una de las prioridades de su gestión. Y no es para menos, porque Uruguay tiene un problema muy serio en la materia que se evidencia en los números impresionantes de la tasa de suicidios e intentos de autoeliminación. Sin ir más lejos, a comienzos de esta semana en una entrevista con la integrante de la Fundación ClaraMente, Carla Manrique, publicaba EL TELEGRAFO algunos datos surgidos del Sistema Nacional de Vigilancia en Tiempo Real de Intentos de Suicidios en Uruguay, establecido en 2023, que presentó sus datos sobre el primer año de seguimiento del fenómeno, que fue 2024. “Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año pasado, el sistema registró 4.723 intentos de suicidios que involucraron a 4.274 personas. Son 13 casos por día o 6,4 intentos por cada suicidio en Uruguay, cuando el promedio internacional se ubica en 20 intentos por cada autoeliminación”. Este dato evidencia que existe un subregistro importante, en la medida que es elevada la cantidad de intentos que no llegan a los servicios de asistencia para un tratamiento médico. “De los datos del sistema surge que el 50,6% de los pacientes había intentado autoeliminarse previamente con una mediana de tiempo hasta la primera repetición de 54 días. El 69% del total estaba bajo tratamiento de salud mental y el 100% de los casos fue monitoreado por un equipo técnico del Ministerio de Salud Pública. Seis de cada diez personas contaba con un prestador privado de salud y el resto con la cobertura pública”.
En un artículo titulado “Salud mental en Uruguay. Ley 19.529 desde su implementación hasta la actualidad”, publicado en el volumen 19 de la Revista Uruguaya de Enfermería, el año pasado, Gabriela Dotti, licenciada en enfermería, magister en salud mental y especialista en Salud Mental y Psiquiatría, analizó a partir de una serie de publicaciones en medios de comunicación, la evolución de la atención a la salud mental en el país a partir de la aprobación de la referida norma.

En sus conclusiones la profesional indica que estos artículos seleccionados “contribuyeron para describir el contexto de los trastornos mentales en el país”, así como le permitieron destacar dos aspectos importantes: “la realidad de la población con este tipo de padecimientos en relación a un Estado que debería garantizar una atención idónea bajo el enfoque de derechos humanos y un aumento alarmante de la tasa de suicidio y de casos de trastornos mentales en niños y adolescentes”.

Plantea Dotti que aunque es importante la difusión, en realidad se podría estar aportando algo más en cuanto a la difusión de la misma Ley de Salud Mental “como instrumento para que la población esté al tanto de su alcance y lineamientos generales”. Sintetiza que en los 20 artículos analizados “se manifiesta la preocupación del Estado por el aumento de la tasa de suicidio y los trastornos mentales. También se hace referencia a la importancia de la asistencia en los niños y jóvenes, se mencionan montos de inversiones, pero no se explican las medidas, ni acciones concretas como: líneas telefónicas gratuitas 24 horas para la prevención del suicidio, programas de educación sobre salud mental para profesionales de la salud o talleres de habilidades sociales para evitar el acoso escolar”.

Esta normativa, recuerda Dotti, “se fundamenta en los principios que dictan los organismos internacionales como la OMS y la OPS, que consideran a la salud mental comunitaria y no individual”. Así, supone “que las personas con estos padecimientos deben desarrollarse con autonomía en base a sus capacidades dentro la sociedad. Para que la población se involucre y ayude en la rehabilitación de los pacientes con enfermedades mentales necesita estar al tanto de la ley”. Con respecto a la aplicación efectiva de la Ley, señala que si bien hubo “ciertos avances en gestión pública sobre el tema”, así como aportes desde la comunidad médica y consideraciones sobre los estándares de derechos humanos, para la autora, entre las principales contribuciones de la implementación de la ley se sitúa el “dar a conocer las causas principales de los trastornos de salud mental en la población uruguaya”. Entre ellas menciona “la pérdida de lazos afectivos, el desgaste físico, problemas económicos y la aparición de enfermedades crónicas (en el ámbito privado) y el efecto generado por el aislamiento y el distanciamiento social, el cambio de modalidades en el contexto laboral y educativo”, a estos dos últimos los relaciona específicamente con las secuelas de la pandemia.

Pasando raya, para Dotti resulta evidente la existencia de una brecha “entre lo que el gobierno promueve a través de sus políticas públicas en materia de salud mental y lo que las personas con este tipo de padecimiento reciben” y comenta que “aun cuando se ha dictado una ley en materia de salud mental y su instrumento de aplicación, esta no responde a los verdaderos problemas que padecen los enfermos. Evidenciándose en varios artículos de prensa las deficiencias del sistema sanitario e instituciones psiquiátricas uruguayas”. Al artículo completo se puede acceder en forma gratuita ingresando por medio del código QR en esta página.

Y a todo esto, en los últimos días la la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó sus nuevas directrices “para ayudar a todos los países a reestructurar y afianzar sus políticas y sistemas de salud mental”, con las que reclama “transformar urgentemente las políticas de salud mental” bajo la advertencia de que “los servicios de salud mental de todo el mundo continúan sin recibir suficiente financiación y presentan carencias importantes que afectan tanto a su calidad como al acceso a ellos”. De hecho menciona que hay casos en los que el 905 de las personas con enfermedades mentales graves no recibe ningún tipo de atención y muchos de los servicios obedecen a modelos institucionales obsoletos. No es precisamente el caso de Uruguay, donde se han registrado avances, pero todavía queda mucho terreno por avanzar.