Se ha normalizado que los caballos circulen sueltos por la vía pública, hasta que ocurre un accidente grave o fatal. Recién entonces, el tema —que genera alarma social— se convierte en objeto de disquisiciones y polémicas. Sin embargo, los caballos siguen sueltos, en las mismas zonas de cualquier ciudad del país.
En el caso de Paysandú, ni siquiera es necesario detallar los lugares críticos donde se intensifica el tránsito vecinal: los pobladores saben quiénes son los tenedores de esos animales. Pero estos caballos no tienen marcas, guías de propiedad ni documentación de tránsito. Y no las tienen adrede, para eludir sanciones económicas y administrativas. No penales, porque Uruguay aún no contempla sanciones de este tipo ante el maltrato o la tenencia irresponsable de animales.
El reclamo popular apunta a las autoridades ministeriales y municipales, así como a las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, estas últimas están integradas por voluntarios que no poseen potestades legales para intervenir, y los fondos que reciben del Estado están destinados exclusivamente a campañas de castración de animales de compañía. Durante el resto del año, concentran sus esfuerzos en redes sociales, promoviendo la tenencia responsable de animales, tanto domésticos como de producción.
El Ministerio de Ganadería, el Ministerio del Interior —ambos mencionados en decretos presidenciales aprobados en la administración anterior— y las intendencias, como responsables de los espacios públicos urbanos, deben garantizar la seguridad de la población en el tránsito. Hay zonas en Paysandú, como en muchas otras ciudades, donde los caballos deambulan libremente como si se tratara del campo.
Circulan junto a los automóviles, cuyos conductores sí son fiscalizados y sancionados por exceso de velocidad, falta de documentación u otras infracciones. En contraste, los carros tirados por caballos y los tenedores de equinos sueltos parecen estar exentos de toda responsabilidad, sea esta social, civil o penal.
Desde nuestras páginas hemos informado sobre la normativa que habilita la incautación de animales sueltos en la vía pública. El Decreto 233/022 permite el decomiso, venta, donación o faena de bovinos, ovinos, porcinos o equinos no reclamados en un plazo de 72 horas.
En 2022 se reglamentó un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que autoriza al Poder Ejecutivo a comercializar los animales decomisados. Esta misma ley creó el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), organismo responsable de planificar y ejecutar programas de protección, promoción y concientización sobre la tenencia responsable de animales.
Sin embargo, los resultados —a lo largo y ancho del país— son visibles en las calles y espacios públicos: los caballos sueltos continúan provocando siniestros graves y fatales. Todo ocurre como si no existiera una legislación clara que define responsabilidades, competencias e incumbencias.
Respecto a los animales de compañía, el censo realizado en 2023 reveló la existencia de 1.448.224 perros y 691.844 gatos, totalizando 2.140.066 animales en hogares particulares con residentes presentes. Esto evidencia un subregistro considerable: la presencia real de animales domésticos es mucho mayor. Una encuesta de Equipos Consultores previa al censo estimaba 1.800.000 perros y más de 900.000 gatos, alcanzando un total de aproximadamente 2.700.000 animales de compañía en el país. La empresa aclaró: “La población total de estos animales seguramente es mayor, debido a la cantidad de perros y gatos callejeros, cuya estimación es muy difícil de realizar (y no es posible a través de encuestas)”.
Equipos también indagó sobre el respaldo ciudadano a las políticas de control poblacional y castración obligatoria, revelando que un 85 % de la población está de acuerdo con la regulación y el involucramiento estatal.
Pero está claro: tenencia responsable no es lo mismo que bienestar animal. Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública registraron entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 unas 3.400 mordeduras de perros a personas. Este dato también está subregistrado, a pesar de tratarse de un evento de notificación obligatoria por el riesgo de transmisión de rabia. De ese total, 267 casos se produjeron en Paysandú, que ocupa el quinto lugar en el país detrás de Montevideo, Salto, Canelones y Colonia.
Los casos más mediáticos han sido los fatales o graves, ocurridos en los primeros meses del año en Tacuarembó, Rivera y Montevideo, e involucraron a perros de razas específicas.
Estos hechos no solo evidencian la subestimación por parte de algunos responsables hacia la tenencia responsable, sino también un flagrante incumplimiento de la normativa vigente.
En Rivera, por ejemplo, el problema ha alcanzado tal magnitud que las autoridades municipales colaboran con protectoras en la ampliación de caniles, aunque estas no logran cubrir la demanda. La situación se agrava debido a que algunas personas concurren a fiestas criollas acompañadas de varios perros, que luego abandonan en la ciudad. Por eso es común ver animales vagando en el centro, la terminal de ómnibus o en las plazas. En uno de estos lugares se registró un caso de mordedura a dos personas por el mismo perro, que permanece en “carcelaje de resguardo” en la Seccional 10.ª, ya que el INBA no cuenta con referentes ni oficinas en ese departamento.
La fiscalía a cargo, tras recibir respuesta del instituto, dejó la resolución del caso a “criterio policial”. La Policía recurrió al equipo K9 para trasladar al animal a una dependencia del Ministerio del Interior.
Así, situaciones que deberían estar resueltas en pleno siglo XXI transitan por caminos burocráticos y lentos, sin soluciones visibles.
Porque los caballos no deberían transitar sueltos por avenidas, caminos vecinales o espacios urbanos sin que nada suceda. Y sin embargo, lo hacen, ante la inacción de quienes tienen responsabilidades institucionales. Es vergonzoso que nadie dé respuestas a un problema que ya ha costado vidas y dejado a personas con discapacidades graves.