Con la convocatoria a licitación por el llamado 1/2025 para el Gerenciamiento de los Recursos Humanos, la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) reincide en práctica muy cuestionable de incorporar una “agencia de empleo” para la realización de trabajos de competencia municipal. De esta forma utiliza una chicana legal apoyada en vacíos que deja la ley y el ordenamiento jurídico, para contar con un vehículo de contrataciones a gusto del ejecutivo departamental, regido por el derecho privado y cuyo accionar diario está fuera del control de la oposición en la Junta Departamental.
Esta tarea la viene realizando desde 2020 la Fundación A Ganar, cuyo contrato fue extendido 60 días mientras se procede a este nuevo llamado, cuya apertura se realizará el 4 de agosto venidero. La contratación por una “fundación” u oenegé a solicitud de la Intendencia de Paysandú para trabajar a su orden, incluye las áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, así como servicios generales.
Debe tenerse presente que actualmente, la Intendencia de Paysandú contrata a través de la Fundación A Ganar al 30% de su fuerza laboral, desde fines de 2020, cuando tuvo lugar una licitación similar con la consecuente adjudicación a la “fundación”. El entrecomillado nuestro se debe a que, en los hechos, al menos en Paysandú de “fundación” no tiene nada, y actúa como una simple agencia de empleo para un organismo estatal, salteándose por lo tanto aportes patronales que deberían volcarse al BPS si las contrataciones se hicieran directamente por la Intendencia Departamental.
Tanto es así que el llamado publicado en el sitio Compras Estatales establece que el personal que actualmente está al servicio de la Intendencia a través de este tipo de contratación debe ser absorbido por la fundación u onegé que resulte elegida, la que además deberá “contratar de manera inmediata y sin interrupciones al personal actualmente asignado a la ejecución de los programas sociales, culturales, deportivos y educativos objeto de esta licitación”.
La Intendencia abonará a la institución que resulte ganadora de la licitación por la administración general de los recursos humanos, supervisión, talleres de capacitación laboral y, por supuesto, lo que corresponda por salarios del personal contratado. De hecho, será la fundación quien contrate y pague los recursos humanos, pero el personal “recibirá instrucciones directas de quien designe el Ejecutivo Departamental”. A su vez el pago de los trabajadores será con el dinero que deberá entregar la Intendencia.
El llamado de marras es prácticamente un calco del realizado en el año 2020, con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, pero renovable año a año a criterio de la IDP. ¿Y dónde está la supuesta conveniencia de la tarea que realizará la fundación u onegé que resulte elegida en ese llamado? Pues que mediante la contratación de la fundación estos organismos no pagan DGI (una fundación se inscribe como “No Contribuyente”) ni aportes patronales, de los que el BPS exonera a este tipo de instituciones, y tampoco pagan IVA, por lo que la conveniencia para la IDP es evitar el pago de aportes a los organismos a los que aportamos todos los uruguayos, del ámbito de actividad que sea.
Todo parece indicar que este nuevo llamado de la IDP será ganado nuevamente por Fundación A Ganar, la que por gestionar el personal de la Intendencia, entre los años 2021 y 2024 recibió como honorario casi 21 millones de pesos.
Se infiere de este escenario que una tercera parte del funcionariado municipal, embarcado en cumplir tareas de exclusiva competencia de la Intendencia Departamental, se aporta desde una entidad que solo tiene de fundación el rótulo a los efectos legales, pero que implica que funcione una sucursal de gerenciamiento de recursos humanos para la Intendencia, lo que además es efectuado por jerarcas estrechamente vinculados al ejecutivo departamental y al partido de gobierno, en un “paquete” integral de provisión de empleos.
El servicio de la “fundación” comprende la contratación de personal, liquidación de sueldos, inscripción del personal ante los organismos públicos y talleres de capacitación, y se prevé que quien gane la licitación que tendrá la apertura de sobres el 4 del próximo mes de agosto deberá contratar en las mismas condiciones que hasta el momento, al personal que hoy tiene bajo su responsabilidad la Fundación A Ganar.
A números de hoy, se trata de más de 400 funcionarios de la fundación –mentira, en realidad son 100% municipales–, gestionados en forma clientelar, bajo órdenes directas de quien designe el Ejecutivo Departamental a esos efectos, y sobre todo, al margen del control que sí rige para el funcionariado municipal en el marco legal vigente.
Además, expresamente y de antemano, se está haciendo una chicana a la ley que está en discusión en el Parlamento respecto a la limitación de ingresos discrecionales a las intendencias, y este mecanismo aparece por lo tanto como un intento de bypass a lo que se establezca en la normativa.
Y que nadie se llame a engaño o, peque de ingenuo. No es esta la única posibilidad de hacerle un esquive a esta o cualquier otra ley al respecto, porque como es sabido, muchas veces en organismos del Estado, como intendencias de todos los partidos, se hacen los correspondientes llamados a empleo, con anuncios de sorteos posteriores, y resulta que en la decisión final se termina digitando de una u otra manera quien va a ingresar, al parecer o talante de quien ejerce el mando, en base al color político.
Pero este caso es hasta más grosero, pues se trata de una flagrante combinación de clientelismo y no pago de tributos legitimada por la vía de aprovechar vacíos legales para llevar adelante prácticas en las que se burlan los controles que están precisamente para contener desbordes de poder y defender derechos de los más vulnerables.
Si el argumento para defender esta aberración es que de esta forma se cuidan los dineros de los contribuyentes, sería más correcto procurar por las vías políticas una reforma tributaria que exonere a las intendencias de todo tipo de impuestos, pero jamás dar este triste ejemplo de incumplimiento tributario a través de supuestas fundaciones que por otra parte, dejan muy mal parado al ministerio de Cultura, cuya normativa habilita este tipo de maniobras que, de hacerlo un particular cualquiera, sería pasible de severas sanciones administrativas y judiciales. En un departamento que sufre por desempleo, informalidad y precariedad laboral la iniciativa más precarizante es, increíblemente, del más importante ámbito público a nivel local. A través de la Fundación A Ganar (y de la que la suceda que segura y llamativamente será la misma institución) se ha creado una “Intendencia paralela” donde el partido político que ganó las elecciones departamentales uede hacer y deshacer sin controles y sin rendir cuentas.
Y respecto a este último punto, el vacío legal ya quedó expuesto públicamente hace rato; ¿hasta cuándo se permitirá que una fundación actúe como una simple y vulgar agencia de empleos?
