Mes: julio 2025

En el último congreso de delegados del Pit Cnt quedó confirmado el peso de los sindicatos estatales y una sobrerrepresentación de Montevideo y Canelones. La información surge de una encuesta elaborada por cuarta vez entre el Instituto Cuesta Duarte y un equipo de técnicos de la Facultad de Psicología, cuyo documento se encuentra disponible en la página web de la central sindical.
El estudio aclara que los resultados no constituyen un análisis del conjunto del movimiento sindical. Sin embargo, los datos revelados hablan por sí mismos.
En los últimos años se registró una renovación de los delegados sindicales, que puede interpretarse tanto como un elemento positivo –por el incremento de mujeres–, como también por las dificultades de los participantes para sostener la militancia sindical.
Por otro lado, sube el promedio de edad de los asistentes, que en esta ocasión se ubicó en 46 años, algo más alto que en congresos anteriores. Asimismo, mejora el nivel educativo, aunque se observa una fuerte caída en la formación técnica: apenas el 8,4% de los presentes la posee. El 38% finalizó la educación secundaria y el 49% cuenta con formación terciaria o superior.
Desde hace una década cae el concepto de “obrero”, que hoy se expresa en solo el 17% del total, cuando hace más de treinta años representaba el 35% de los consultados.

Entre el 40% y el 50%, con tendencia creciente, se definen como empleados, funcionarios o administrativos. Aunque se trata de una autodefinición —posiblemente vinculada a la relación contractual—, el estudio indica que “podría habilitar una discusión interesante” sobre la participación en las cadenas de valor y el uso del término “obrero”.

La mayoría de los asistentes son delegados de base; la mitad participa en mesas de negociación colectiva y más del 80% fue designado mediante “mecanismos institucionales previstos”. Solo el 4% fue electo por voto secreto de sus afiliados, y el 5% mediante voto en asamblea a mano alzada, mecanismos que pierden peso respecto a congresos anteriores.
La gráfica del informe expone que 526 delegados provienen del sector estatal y 530 del ámbito privado: un virtual empate técnico. Se destacan la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), con 135; COFE, con 125; Sunca, con 125; FUM, con 120; Fuecys, con 75; y AEBU, con 57.
Otros sindicatos industriales hoy en conflicto presentaron números menores: la Foica (industria cárnica), 23; FTIL (lácteos), 12; FOEB (bebida), 15; y Untmra (metalúrgicos), 35.

El estudio señala que el sindicalismo uruguayo mantiene su incidencia en el sector público, “perdiendo la misma en relación al capital privado”.
Por regiones, el 12% asistió desde el norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó). Montevideo aportó el 50% de los delegados, aunque concentra el 40% del empleo total del país, lo que explica la sobrerrepresentación en estos ámbitos.
Cuando se consulta por los logros sindicales, los delegados se remiten al período anterior a 2020. En los últimos cinco años destacan la capacidad de resistir y defender lo conquistado. Pese a los resultados adversos en las campañas contra la LUC o la reforma jubilatoria, valoran haber logrado marcar agenda.
Ambas campañas contaron con el apoyo de diversas organizaciones sociales. No obstante, “apenas hubo una mención a fortalecer la Intersocial”, señala el documento.

Los delegados expusieron, en tono preocupado o defensivo, los desafíos que enfrenta el sindicalismo: empleo, condiciones laborales, salarios y seguridad social. Resulta llamativo que “apenas ocupan lugar” las menciones a la precarización o informalidad laboral.
Si se coteja con los datos del Instituto Nacional de Estadística, se advierte una desigualdad territorial: el desempleo y la informalidad golpean con más fuerza fuera de la capital, sobre todo al norte del río Negro. Por ejemplo, el último boletín señala que Paysandú tiene un 12,3% de desempleo y 28% de informalidad, cuando el promedio nacional de este último indicador es 21,7%.
La brecha territorial no aparece solo en las estadísticas, sino también en las miradas políticas y gremiales. Aunque Montevideo concentra el 40% del empleo nacional, tuvo mayor representatividad y prioridades distintas: nuevas conquistas frente a la defensa de lo básico en el Interior.

A este escenario debe sumarse el subempleo, que afecta al 10% y refiere a quienes trabajan menos horas de las deseadas o en tareas que no cumplen sus expectativas. Además, el 22% de los ocupados no está registrado en la seguridad social por su trabajo principal. Mientras el movimiento sindical reclama una reducción de la jornada laboral, el promedio actual de trabajo efectivo es de 35,3 horas semanales.
En el resto del país, la preocupación sigue siendo la informalidad y el subempleo. Aun si mejora su representatividad en otros espacios, será la inversión privada la que permita revertir los indicadores más críticos.
Mientras tanto, el sindicalismo uruguayo mantiene su incidencia en el Estado y en la zona metropolitana. Es la visión de dos países: uno que se concentra al sur, y otro que, lentamente, se encoge al norte del río Negro.

Para explicarle a sus lectores lo que significaban las recientes agresiones del presidente Donald Trump hacia México, el diario Excelsior hizo una aproximación a los conceptos en disputa y también al alcance de si las amenazas se fueran cumpliendo parcial o totalmente, lo que habrá de depender de muchos factores, entre otros, de la imprevisible volubilidad de Trump.

El Excelsior lo establece de manera directa y sencilla: “De manera sencilla, los aranceles son impuestos por los gobiernos que establecen generalmente sobre los productos importados, es decir, aquellos que son producidos en un país extranjero que ingresan al territorio nacional para ser comercializados”. Es cierto que existen aranceles de importación y de exportación, aunque estos últimos han caído en desuso y su imposición tiene más que ver con cuestiones estratégicas de muy corto aliento.

Pero estará correcto si asumimos que un arancel o derecho de aduana, es un impuesto que se ejecuta sobre las mercancías cuando cruzan una frontera. Es decir, esas mercancías pagan su “introducción” al territorio nacional. Al pagar ese arancel, se encarece el precio de dicha mercancía y así se beneficia a los productos producidos internamente. Dicho de otra manera, toda vez que un país impone aranceles a las importaciones la consecuencia es que aumenta el costo de los bienes extranjeros, lo que puede hacer que los productos nacionales sean más competitivos en el mercado interno. Así, el gobierno nacional busca beneficiar a las empresas locales al imponer de manera obligatoria una ventaja económica sobre los productos importados. Visto desde otro ángulo, se obliga para su comercialización a un adicional, por esta vía se produce un aumento de los precios para los consumidores.

En resumen, los aranceles son una herramienta de política comercial a la que pueden apelar los gobiernos para alcanzar diversos objetivos económicos y comerciales. Usualmente son resultado de negociaciones entre países que se pactan y plasman en los diferentes acuerdos, Escribe Ernesto Kreimerman Sí, obvio, los aranceles son impuestos los que bien pueden ser multilaterales, regionales o binacionales. Su aplicación, alícuota y procedimientos, también son parte de la política económica de cada país y las condiciones particulares del comercio internacional en un momento dado. En términos generales, los procesos de negociación de dichos acuerdos comerciales buscan canalizar los flujos comerciales, fijar estándares y equilibrar aquellos casos de asimetrías.

Antecedentes

Historiadores de las políticas tributarias ubican el origen de los aranceles bien atrás en el tiempo, hacia el II milenio AC, en Mesopotamia, y se habría implementado bajo la forma de peajes o derechos de paso.

No obstante, con más elementos y consistencia, otros historiadores ubican el primer arancel del que se tienen pruebas escritas en Palmira, Siria, allá por el año 137 DC. Eran tiempos del Imperio Romano. Por entonces, se trataba de un centro comercial de intensa actividad, que por su ubicación resultaba un conveniente nexo entre Oriente y el Mediterráneo. Aquella primera experiencia arancelaria, se instrumentó bajo la modalidad de un conjunto de tarifas diferentes, sistematizadas y escritas, que debían pagar los comerciantes para circular y trasladarse por un territorio definido.

Consecuencias

Los aranceles se aplican buscando ciertas consecuencias; una enumeración breve: protección a la industria nacional; generación de ingresos fiscales; corrección de desequilibrios comerciales. Pueden leerse como elementos de una política comercial. En particular, los productos nacionales se beneficiarán pues los productos importados tendrán que asumir el impacto del sobrecosto arancelario. Los nuevos acuerdos, ¡no, gracias! En un cuidado análisis técnico realizado por el Consejo Editorial del diario The Washington Post se concluye que “la imposición de aranceles a los aliados estadounidenses en Asia no construirá cadenas de suministro resistentes para contrarrestar a China”. Y lo remata así: “Los últimos acuerdos comerciales de Trump no fortalecen a Estados Unidos”. Pero Trump, no sé si por improvisado o simplemente porque no es un experto en el tema, no ha dado señales claras… más bien confusas y (como tanto le gustan…) por el simple hecho que las resolvió él. No obstante ello, ya tres de los aliados más importante de Estados Unidos de la zona Asia van avanzando. A saber, Japón, Indonesia y Filipinas. Estados Unidos anunció imposiciones arancelarias con Indonesia, Filipinas, y también Japón. A cambio, al menos en principio, se justifica en la pretensión de facilitar a las empresas estadounidenses la venta de productos en sus propios mercados.

En tal caso, la administración Trump ha ido oscilando en referencia a cuánto sería el nivel o los niveles arancelarios, muchos de los cuales entrarían en vigor a partir del 1º de agosto y otros en los meses sucesivos.

¿Quién paga?

Hacia inicios de 2025, Donald Trump anunciaba la reactivación de su política de aranceles generalizados, aplicando un arancel base del 10% a casi todas las importaciones, como parte de su estrategia de “reciprocidad comercial”. También se informó de otras tarifas arancelarias por cada país, que involucran fundamentalmente a economías asiáticas y emergentes, pero aún todas sujetas a algún que otro cambio imprevisto. Tal los casos de China con un arancel del 34%, Japón del 25%, India del 26%, y Vietnam hasta un 46%. Países aliados como Corea del Sur (25%), Taiwán (32%) o Filipinas (20%). Jugó fuerte con Brasil y respondió anunciando un arancel del 50% como represalia política, mientras que México y Canadá redefinen sus tarifas del 25%, exceptuando los productos energéticos (10%).

Por otra parte, la Unión Europea se ve afectada con un arancel del 20%, en lo que muchos interpretan como una presión geopolítica más que económica. Además, naciones como Suiza, Indonesia, Tailandia, Irak y Moldavia también están sujetas a aranceles entre el 25% y el 36%. La entrada en vigor de estas medidas está prevista para el 1º de agosto de 2025, sin posibilidad de prórrogas, según ha advertido el propio Trump. Esta política ha generado inquietud global por su posible impacto en el comercio internacional, el crecimiento económico y la estabilidad de alianzas tradicionales. Como ya fue referido anteriormente, hay dos objetivos para la imposición de aranceles: el sentido estrictamente fiscal, y un sentido radicalmente proteccionista. Dicho de manera directa y clara: el arancel fiscal tiene un propósito 100% recaudatorio; es decir, se resuelve su implementación para generar nuevos ingresos para el Estado, cuyo volumen se puede razonablemente proyectar a partir de la elasticidad (¿o no?) del consumo del producto en cuestión.

El segundo propósito, dijimos que era el del arancel proteccionista. Para el mejor cumplimiento de este propósito, se busca encarecer un producto extranjero para favorecer los productos locales. Ese encarecimiento es el que resulta de la aplicación del referido arancel. Por una u otra vía, quienes deberán hacerse cargo del pago de los aranceles siempre son los consumidores finales, los ciudadanos estadounidenses. Por ello, muchos expertos ratifican este punto de vista conceptual y práctico: quien paga es el ciudadano-consumidor, y lo paga vía precio en góndola, inequívocamente. Cuesta creer que algo tan sencillo como esto genere la fantasía de que otro y no el consumidor, se hará cargo del arancel de importación. No hay chance.