Soy una víctima más de la discriminación y del odio. Todos saben de la diferenciación que se hace entre un no vidente y un cojo: uno es un pobre cieguito, el otro es un rengo de mierda. Yo integro este último colectivo, con las dos piernas. Peor aún, como estoy un poquito pasado de peso se me dice que estoy gordo. ¿Y habrán ciudadanos más discriminados, objeto de burla y bullying, relegados y desprotegidos que los gordos y las gordas? Gordo o gorda de mierda es lo menos. Ven, si el senador Da Silvia hubiera ido por ahí, zona desprotegida, el asunto no habría pasado a mayores. Así de simple, todos somos iguales ante la ley pero no tanto: hay algunos y algunas mucho más iguales.

Es desparejo, como el diálogo, una vía muy apelada por el progresismo para dispersar, confundir, tratar de “tapar” cosas feas y para hacer tiempo: Nicolás Maduro es el maestro. Nuestro gobierno habla de continuo de diálogo al tiempo que acusa a la oposición de confrontativa. Pero resulta que en las primeras de cambio, el propio Orsi, sin consultar a blancos y colorados, designa “las dos embajadoras”. Una mojada de oreja –por no decir otra cosa– innecesaria. Tampoco se inscribe en ese espíritu dialoguista la convocatoria sobre seguridad social; en este caso fue rechazada de plano. No correspondía otra: con temas ya laudados por la ciudadanía, se invitaba a un partido amistoso y dialoguista y en cancha grande, con seis jugadores de un lado y unos 16 del oficialismo.

No tengo claro cómo encaja el asado con los intendentes. ¿Otra vez Orsi le moja la oreja a los dos grandes partidos históricos y otra vez éstos se la dejan mojar? No sé: una primera impresión confieso que me hizo acordar a cosa argentina, a kirchnerismo, a esas idas y vueltas con los “gobernadores”.
Pero hoy tampoco eso es lo más preocupante: lo que inquieta son esos variados pellizcos, a veces suaves y otras más fuertes, a la Constitución y las leyes, que implican una peligrosa señal.

Pasa con el contundente respaldo del presidente Orsi al cuestionado presidente de ASSE, Alvaro Danza, en base a “informes jurídicos contundentes”. Se sabe que Danza consultó a un estudio determinado, al que en fuentes coloradas calificaron de “informe de parte”. No se sabe si Presidencia tiene otros informes. Hay interpretaciones de otros juristas, allegados a los colorados, con conclusiones diferentes.

Son más de dos o tres bibliotecas, por lo menos, como es sabido y por ello es que debe primar el sentido común. Y este nos dice que cuando algo es incompatible, significa que no es posible ningún tipo de coexistencia. Lo que se persigue es evitar abusos y tentaciones, aprovecharse de la función pública: en buen romance evitar “jodas”. Es difícil, “estirar” interpretaciones. Parece que el sentido común aconseja ser muy restrictivo. Aún en este caso específico en el que podría haber una consideración, tratándose de un médico consultante, pero no como empleado de dos o tres empresas. También es cierto que aquí la incompatibilidad constitucional está replicada en la propia ley de ASSE y en la ley de anticorrupción y la ley sobre el Código de Ética en la Función Pública. Todo muy contundente.

Y ni que hablar en lo que respecta al tema de Colonización y la compra de la estancia: ahí no puede haber informe que avale: dos más dos es cuatro, como fue demostrado en el Senado.
Se está machucando la Constitución, parecería, y eso es malo. → Leer más

He leído con particular interés vuestra nota (editorial) titulada “Paysandú y su puerto: barco parado no gana flete” y en atención a mi larga vinculación con el Río Uruguay y con Paysandú y recordando mis quince años de integrante de la delegación uruguaya ante la CARU, cuando el cargo era honorario y lo navegado con mi motovelero Bengalí, que mantuve en ese lapso en el Yacht Club de esa ciudad, he considerado del caso el efectuar algunos comentarios al respecto.

A lo largo de mi larga vida, como negociador del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, del Estatuto del Río Uruguay y como profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en la disciplina “Transporte marítimo y régimen portuario”, he incursionado, en el análisis y creo con acierto, en los pronósticos, en proyectos fluviales y marítimos que consideré, en fundadas, como inviables entre las que destaco lo relativo al puerto de aguas profundas promovido por el Presidente Mujica en Rocha, la hidrovía del Río Uruguay que tuvo como impulsor al Presidente Lacalle Pou, el proyecto de Naviport, con sus dos buques Alianza del Plata y Provincias Unidas y el portacontenedores Paysandú, a lo que agrego el puerto de Itapebí, promovido por el intendente Lima de Salto, ubicado en ese arroyo a 6 kilómetros al Norte de la Represa, que se acaba de dejar sin efecto. También sostuve que el dragado a 34 pies de profundidad del canal de navegación del Río Uruguay, promovido por el intendente Lafluf, requería una enorme inversión que no podía justificarse a través de la ecuación costo beneficio.

Comparto el análisis que se efectúa en esa excelente nota del escenario que ofrece el puerto de Paysandú puesto que, en su diagnóstico, existe una casi total coincidencia con los trabajos que realicé al respecto, pero hay una discordancia, puesto que en la misma se afirma que no hay cargas suficientes y que no las habrá para el desarrollo del puerto de Paysandú y yo entiendo que para poder arribar a una conclusión tan categórica sería necesario efectuar un estudio de consultoría que indicara por qué el puerto sanducero ofrece un panorama tan ominoso y si el mismo puede ser revertido.

Cuando observamos que las empresas UPM y Montes del Plata operan desde sus terminales próximas a Fray Bentos en forma regular con barcazas autopropulsadas, que en el caso de Montes del Plata mucha de la madera que transporta es de forestaciones de Paysandú, que en su momento la compañía Murchison operó en el puerto sanducero con frutas, madera y otros productos agropecuarios y dejó de hacerlo, sería bueno saber porque tomó esa decisión, incluso consultando a la Dra. Silvia Etchebarne, Magister en Logística Portuaria, que operó con esa empresa en ese lapso.

Si observamos que Concepción del Uruguay, con las actuales profundidades del río, está operando con éxito incluso cargando, como lo hizo recientemente, 18 mil toneladas de troncos de pino en un buque que luego hizo top off en Ibicuy, no me atrevo a descartar in limine al puerto de Paysandú.
Falta saber qué ventajas tiene el transporte carretero frente al fluvial, falta saber qué tipo de embarcaciones serían las más adecuadas, falta conversar con los exportadores del departamento y áreas adyacentes respecto a las cargas que podrían ser captadas, falta saber que trabas les imponía, las autoridades competentes, a los que cargaban sus productos en buques, que, personalmente, considero inapropiados, las tasas, inspecciones, el papeleo, etcétera que la ANP, servicios veterinarios, aduana, etcétera que entorpecían su operativa.

Incluso falta saber si la instalación y funcionamiento de la planta de producción de hidrógeno verde por parte de la empresa HIF Global, con una inversión estimada en 6 mil millones de dólares, no va a promover el desarrollo exitoso de la terminal portuaria sanducera.
En síntesis: a) La nota es de un excelente nivel técnico por lo que me gustaría conocer al autor para felicitarlo.

b) Coincido con ella en casi la totalidad de la misma, salvo en la conclusión final porque entiendo que para arribar a la misma se requieren estudios complementarios que todavía no se han hecho.

 Dr. Edison González Lapeyre

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La República, y la Democracia Representativa, en el sentido que los que gobiernan a nivel del parlamento (senadores y diputados) son los representantes del pueblo, son “lo más” para la Democracia uruguaya.

Además del presidente que debe tener un apoyo mayoritario. Es así que cada 5 años en Uruguay los ciudadanos votan en las urnas, y así eligen a los representantes, a través de una lista donde están los candidatos a presidente, senador y diputado. Así, ese combo lleva a que se presenten muchos candidatos y finalmente salga el mejor votado de cada Partido que se presenta, para cubrir los 99 diputados y los 30 senadores. Sin embargo en las últimas elecciones se dio un caso paradójico donde un Partido político que obtuvo el 43,8% de los votos emitidos (1.071.826 de un total de 2.443.801 votos), según la Corte Electoral obtuvo el 53,3% de las bancas del Senado, lo que lógicamente no es nada representativo. Es una gran mentira que se ha divulgado como verdad, y se puede afirmar que para la Corte Electoral 43,8% = a 53,3%. Total falta de respeto a la ciudadanía, ya que esto no es representativo.

Vamos a la letra chica

La resolución de la Corte Electoral hecha a través del Acta Nº10.754, de fecha 20/11/24, da la proclamación de la cantidad de senadores, por partido político, de acuerdo al cociente electoral (77.471 votos). Se adjudicaron en forma directa 13 bancas al Partido Frente Amplio, 8 al Partido Nacional y 5 al Partido Colorado. Recordemos la cantidad de votos emitidos a favor de cada partido político: Partido Frente Amplio 1.071.826; Partido Nacional 655.426; Partido Colorado 392.592; Partido Cabildo Abierto 60.549; Partido Independiente 41.618; Partido Ecologista Radical Intransigente 9.281; Partido Asamblea Popular 10.102; Partido Identidad Soberana 65.796; Partido por los Cambios Necesario 3.183; Partido Constitucional Ambientalista 11.865 y Partido Avanzar Republicano 1.909 votos. De la suma de todos los votos a los partidos políticos se divide en 30 senadores, y así se obtiene ese cociente electoral de 77.471 votos para obtener cada banca en el Senado.

Es bueno recordar que también votaron en dicha elección 119.654 ciudadanos que lo hicieron de distinta forma: 34.383 solo votaron por lo menos a un plebiscito, 32.356 lo hicieron “en blanco” (en realidad en blanco -sin candidatos a representantes fueron 66.739), 52.750 habilitados anularon su voto, y hubo 165 votos observados rechazados. Ahora se pone en tela de juicio la representatividad del reparto. Si el reparto fuera proporcional se debería haber optado por adjudicar un senador a los que tuvieran los restos mayores y había que ponerlos en orden, luego del reparto de los coeficientes enteros dados por esa resolución: 13 senadores al Partido Frente Amplio (77.471 x 13 = 1.007.123, saldo 64.703), 8 senadores al Partido Nacional (77.417 x 8 = 619.768, saldo 35.658), y 5 senadores al Partido Colorado (77.471 x 5 = 387.355, saldo 5.237). De acuerdo a la matemática tradicional, y a los saldos mayores, los cuatro restantes cargos en el Senado deberían haber sido por mayor saldo: 1 senador al Partido Identidad Soberana con 65.796; 1 senador al Partido Frente Amplio por el saldo de 64.703; 1 senador al Partido Cabildo Abierto con 60.549 y 1 senador al Partido Independiente con 41.618 votos. Lo escrito anteriormente sería más proporcional que lo adjudicado por parte de la máxima autoridad sobre el tema, la Corte Electoral. Porque en los hechos, le dio 3 senadores al Partido Frente Amplio por 64.703 votos (a razón de 21.568 votos cada uno) y le dio otro senador al Partido Nacional (por 35.658 votos). Mientras que quedaron fuera otros partidos que tuvieron mejores restos. Si ponemos sobre la mesa todos los que votaron, se ve que quedó atrás la representación de los 64.739 ciudadanos que votaron en blanco, y de los 52.750 que votaron anulados. El total de votos en blanco, desglosados en por la Corte Electoral, para diferenciarlos entre en blanco para los Partidos Políticos pero con participación en uno de los plebiscitos (64.739) supera incluso al saldo del Partido Frente Amplio, del Partido Cabildo Abierto y del Partido Independiente. ¿Eso indica que debería haber una banca sin adjudicar? Sí, sería representativo de las urnas. Esto es un debate desde los números, donde la matemática parecería que no funciona para la Corte Electoral. Donde lo adjudicado no es proporcional de acuerdo a la matemática normal, que se enseña en la escuela y en liceo. Ya que las proporcionalidades no se condicen. Ni en las ciencias donde se hacen proyecciones y prototipos a escala.

¿En qué mundo habría concordancia entre el 43,8% de los votos sea igual al 53,3% de las bancas? La reflexión, es para que este sistema mejore. No para la palabra fácil de decir “que construimos Democracia”, sino para que los representantes sean eso: representantes proporcionales de la ciudadanía, que es lo mismo que se diga representantes del pueblo. Acá en Uruguay parece que los representantes son elegidos a criterio exclusivo de los que dicen los 9 ministros de la Corte Electoral. Si se necesitan nueve personas para decidir algo matemáticamente horroroso para cualquier maestra, profesor de matemática, o simplemente a quien deje de creer en la representatividad como la implantan desde dicho lugar de poder. Los números expuestos lo dicen, y son los que la misma Corte Electoral ha difundido. Cuando decimos que 1.071.826 votos es un 43,8% de los votos emitidos (2.443.801), y si se quiere de los votos emitidos exclusivamente a los partidos políticos es un 46,1% (2.324.147). Eso no amerita que tenga 53,3% de los senadores.

Es de destacar que en las elecciones nacionales de octubre 2024 había habilitados 2.727.120 ciudadanos, de los que participaron un 89,6% (2.443.801). Este análisis no va en detrimento de uno u otro partido. Sino que va en detrimento del reconocimiento de las minorías. Este sistema que se utiliza y que sólo 9 ministros conocen, viene a hacer una apología a los Partidos Mayoritarios, cosa que no le hace bien a la República, ni a la Democracia Representativa.

Ricardo Sclavi

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El conflicto sindical en el sector de la pesca viene dejando muchas enseñanzas para nuestro país y de todas ellas es importante sacar debida nota para que el país, si alguna vez se lo propone con verdadera determinación, se enfoque en un camino de crecimiento real, con mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.

Este conflicto pesquero, que se arrastró desde fines de mayo y que acumuló más de 80 días de inactividad, ha terminado con pérdidas que rondan los 50 millones de dólares en exportaciones. Es importante recordar que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) había reclamado la incorporación de un tripulante extra en los barcos costeros para cubrir las guardias del capitán, pero la propuesta respaldada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y aceptada por el gremio en asamblea fue rechazada por las cámaras empresariales. A pesar de contar con un convenio colectivo vigente hasta el año, el sindicato violó la cláusula de paz incluida en el mismo. “De un día para otro pararon los barcos sin negociar. Ese convenio establecía claramente que cualquier asunto debía discutirse con los barcos trabajando. No se cumplió y ahí está el origen del conflicto”, señaló Juan Riva Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras. La medida sindical afectó no solo a los barcos costeros, sino también a los de altura y a toda la cadena de plantas de procesamiento, transporte, hielo y servicios asociados.

La actitud de la denominada “casta sindical” que se cree por encima de las leyes y que, al igual que en Argentina maneja fondos aportados para su propio beneficio y para financiar a los partidos políticos de izquierda (tal como sucede con el Partido Comunista del Uruguay) está convencida de su impunidad absoluta y ello se debe a que no existen en nuestro país jueces o fiscales que tengan el valor de cumplir con sus deberes funcionales y de prestar los servicios que se financian con los impuestos pagados por todos los uruguayos. A modo de ejemplo, resulta interesante que según la página oficial www.gub.uy un Fiscal Letrado Especializado de Montevideo gana una remuneración base de 242.855 pesos uruguayos a lo que debe sumarse 47.620 pesos uruguayos (Compensación especial no sujeta a montepío), así como 22.541 pesos uruguayos (Ley N°19.310 art. 3) y 19.532 pesos uruguayos (Ley 19485 art. 1), lo que totaliza $ 332.548 pesos uruguayos. Nada mal para un país donde el salario mínimo es de $ $23.604 pesos uruguayos y la gran mayoría de los trabajadores ganan $ 25.000 pesos uruguayos o menos. A pesar de estos sueldos astronómicos, los fiscales uruguayos siguen mirando para el costado y faltando a su responsabilidad porque, aunque nadie lo diga, la “casta sindical” es intocable. En nuestro país existen, como en la Dictadura, ciudadanos clase A, B y C y es claro que muchos sindicalistas –los de la “pesada”– son clase A que viven sin trabajar, cobrando horas sindicales y llevan años sin agarrar una pala o una pinza, solo viven de sus sueldos sindicales (los que por otra parte son un secreto bajo siete llaves), en medio de casos de corrupción que han estallado en los últimos meses pero que siempre quedan llamativa y misteriosamente archivados.

Como si fuera poco, el Suntma exigió que solo pudieran subir a los barcos, y por ende trabajar, aquellas personas que estuviesen afiliados el sindicato, una práctica que viola los derechos más elementales de los trabajadores no sindicalizados. Todo esto enmarcado en los clásicos “apretes” que los sindicalistas hacen a quienes quieren trabajar, para lo cual se les agrede físicamente o se les degrada e insulta colocando carteles con nombres y apellidos cerca de los lugares de trabajo donde quienes no hacen paro o no integran el sindicato son calificados de “carneros”. Ahora bien, ¿Cómo finalizó el conflicto de la pesca antes mencionado? De acuerdo con lo informado por Montevideo Portal, “Ante la falta de avances, las patronales lanzaron un portal (Uruguay Pesca) para reclutar tripulantes, con y sin experiencia. Más de 8.400 personas se inscribieron en pocos días, entre ellas unos 400 con libreta de embarque. Para gestionar esa avalancha de solicitudes, recurrieron a un sistema de entrevistas basado en inteligencia artificial: “Se llama PIA, Asistente de Inteligencia Personal. Entrevista a los postulantes, analiza documentos y arma un ranking. Es un proceso transparente y rápido que nos permitirá complementar las tripulaciones con quienes estén habilitados”, explicó Riva Zucchelli”.

Como si todo esto fuera poco, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, realizada el pasado jueves 17 de julio, que “no hay ningún artículo de la ley que impida tener afiliación obligatoria” a los sindicatos. Un disparate de estas características se le podría perdonar a quien no tenga formación en temas legales, pero no a un sindicalista con la experiencia de Castillo que además ocupa el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social. La mentira que Castillo dijo ante la comisión senatorial es fácilmente rebatible por los artículos constitucionales que protegen la libertad de pensamiento, acción y expresión de los trabajadores no afiliados, así como su dignidad y libertad de conciencia. Como si fuera poco, el artículo 72 de nuestra carta magna, el cual dispone que “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Este artículo desmiente totalmente a Castillo, porque establece que en forma expresa que aun cuando no exista una norma específica, los derechos inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno (como no ser obligado a afiliarte a un sindicato para trabajar) están plenamente vigentes y deben ser respetados. A todo ello deben sumarse los tratados internacionales que constituyen normas válidas y vigentes para proteger a los trabajadores que, por cualquier motivo, han decidido no formar parte de un sindicato o han resuelto dejar de formar parte del mismo. Juan Castillo podrá tener el título de ministro y tener un auto oficial con nafta que pagamos todos (inclusive los trabajadores no afiliados a ningún sindicato) pero no es más que un mentiroso, porque es una mentira lo que dijo ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. “No hay más perro que el chocolate”, señor ministro; siga vendiendo humo si quiere, pero sepa que no tiene razón.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra “patota” significa “grupo, normalmente integrado por jóvenes, que suele a darse a provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”. Precisamente en eso se han transformado los sindicalistas en Uruguay: en una patota engrandecida por su propia violencia y apoyada por la impunidad de que goza gracias a la inacción de jueces y fiscales. Si a esto le sumamos la corrupción en el uso de los dineros sindicales aportados por los trabajadores, la tormenta perfecta está formada. Mientras tanto, Uruguay y los trabajadores no sindicalizados siguen arrodillados frente al lamentable accionar de los sindicalistas, una patota desbocada que ataca y agrede a todos los que no piensan como ellos. → Leer más