El reciente atentado sufrido por la fiscal Mónica Ferrero ha sido, sin lugar a dudas, un duro despertar a una realidad que nuestro país viene atravesando desde hace décadas, pero respecto de la cual todos –o casi todos– los responsables han hecho caso omiso a la misma y por ende tienen una gran cuota de responsabilidad en ese resultado. A partir del 27 de setiembre de 2025 hemos dejado de ser “la Suiza de América” (una descripción curiosa para un país que tiene niveles de pobreza y de infancia en riesgo que nos colocan más cerca de un país africano que de la tierra de los relojes y los chocolates) o “la penillanura suavemente ondulada” (tan suavemente ondulada que los aviones de los narcos pueden aterrizar en casi todo su territorio con su letal carga). Tal vez la única de las descripciones que podría permanecer inalterable sería aquella que “todo tarda 20 años en llegar a Uruguay”. En este caso se trata de eso mismo: del límite que el narcotráfico ha cruzado hace unos días, atacando el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad uruguaya; por eso mismo nuestro país no volverá a ser el mismo.
En un editorial el EL TELEGRAFO del pasado mes de mayo, formulábamos las siguientes reflexiones: “En varias ocasiones nuestra página editorial se ha referido a la problemática del narcotráfico y la forma en que esta modalidad delictiva penetra el tejido social y lo corrompe, en gran parte debido a su poder económico que comprende todos los niveles socioeconómicos sin excepciones. Todos los días (y cada día sin excepción) la delincuencia ligada a los narcotraficantes avanza sobre nuevas áreas de la sociedad y actualiza sus modalidades operativas para ser más eficientes, más eficaces e invariablemente más mortales. Si para muestra basta un botón recordemos el año 2007 cuando el entonces fiscal de la Nación Jorge Díaz (hoy prosecretario de la Presidencia de la República) advertía sobre la posibilidad de que en Uruguay se instalara el delito de sicariato, hasta entonces inexistente ‘porque no se había juntado la oferta con la demanda’. ‘En aquella instancia se nos trató de alarmistas, de que queríamos la autoprofecía cumplida. Pero la realidad es que poco tiempo después el sicariato se instaló en Uruguay’, remarcó el fiscal general. Agregó que en su momento también había advertido que se incrementaría la violencia con enfrentamientos entre bandas criminales, y que ‘la dirección de la violencia de estos grupos iría hacia los funcionarios policías’, extremos que se cumplieron. (…) ¿En una ciudad como Paysandú, donde todos nos conocemos, de verdad la policía o los punteros políticos sanduceros no saben quiénes son los narcotraficantes, cómo están integrados sus clanes o dónde se encuentran las ‘bocas’ que comercializan la droga? (…) Y finalmente, una pregunta que nadie puede contestar con total certeza: ¿cómo sabemos que quienes hoy aspiran a ser votados como intendentes, ediles, alcaldes o concejales en nuestro departamento no financiaron sus campañas con dinero del narcotráfico? Es hora de enfrentar esta interrogante de una vez por todas. No podemos, como sociedad, seguir barriendo debajo de la alfombra”.
Resulta evidente que con este atentado los narcos han querido dar un mensaje muy claro a la población: nadie está a salvo del poder de la droga. Si la principal fiscal del país (máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación) no está a salvo de ataques contra su vida y la de su familia, ¿que pueden esperar los ciudadanos comunes, o los policías (la eterna carne de cañón que entrega su vida en el cumplimiento de su deber y que en forma instantánea es olvidada por los políticos de todos los partidos)? ¿Quién protegerá a las familias que son expulsadas por los narcotraficantes de sus propias casas para abrir en ella una boca de drogas? ¿Quién defenderá los derechos de los ciudadanos que deben convivir con los narcotraficantes, guardando silencio a riesgo de su propia vida si presentan una simple denuncia? ¿Dónde están los políticos que una y otra vez pasan en campaña electoral por los rancheríos carcomidos por la droga mientras prometen cosas que luego no cumplen?
Como parte de un gran show mediático, los partidos políticos y sus integrante formulan por estos días largas declaraciones condenando el atentado a Ferrero, utilizando palabras bonitas pero la realidad es que han hecho muy poco para combatir el narcotráfico, tal como sucede con el proyecto de ley para combatir el lavado de activos y que no ha sido aprobado en el Parlamento pese al pedido expreso del presidente Yamandú Orsi, o el correcto funcionamiento de la Junta de Trasparencia y Ética Pública (Jutep) cuya integración aún está pendiente y a la cual muchos políticos ignoran ya que no le remiten la información que dicho organismo les solicita. A modo de ejemplo, en las elecciones departamentales del pasado mes de mayo los candidatos a intendentes que no habían presentado sus declaraciones a la Jutep incluían a candidatos del Partido Nacional (Diego Irrazabal y Armando Castaingdebat, ambos de Flores), Frente Amplio (Álvaro Lima de Salto y Ricardo Estévez de Rivera), Partido Colorado (Ana Hunter de Durazno y Claudio Aguilar de Flores) de Cabildo Abierto (Horacio Labadie de Río Negro y Rafael Rivero de Cerro Largo).
Como siempre, los políticos son muy eficientes para ponerle obligaciones a los ciudadanos de a pie, pero muy perezosos cuando les toca a ellos cumplir con alguno de sus deberes ciudadanos. Resulta irónico que los políticos llamen a cerrar filas en torno a la Fiscalía de la Nación para protegerla, cuando han sido ellos mismos que han desprestigiado a esa institución utilizándola como campo de batalla para venganzas y chantajes políticos de todo tipo, motivo y color. Si tanto valoran y apoyan la existencia y el trabajo de la Fiscalía, ¿por qué no son capaces de dejar de lado por un momento sus ambiciones y sus “chacritas” para lograr un gran acuerdo nacional en materia de seguridad y que el combate contra el narcotráfico se transforme en una verdadera política de Estado que pueda trascender los distintos períodos presidenciales? ¿Acaso no es eso lo que necesita el país? ¿Si somos efectivamente la “Suiza de América” no contamos con la madurez y grandeza necesaria por parte de nuestros políticos para que se acuerde y ponga en marcha un plan de estas características? ¿Contra quién más deben atentar los narcotraficantes para que los políticos uruguayos entiendan la gravedad de esta situación?
En declaraciones recientes a Montevideo Portal, la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, fue clara al respecto: “reconoció que ella y sus colegas venían pidiendo hasta que los rescataran. Teníamos algunos indicadores que nos mostraban que –tal vez no con esta virulencia– algo iba a ocurrir porque los indicadores iban in crescendo; la cosa no venía igual. No fuimos oídos y nada se hizo. Morales dijo que los fiscales se ‘acostumbraron’ a ‘vivir’ con este tipo de situaciones. Siempre vemos todo como a la uruguaya”. Tenemos todos un chip que dice que acá no pasó nada, por más que veamos señales”.
Los uruguayos (y también los sanduceros) tenemos dos opciones: o sumamos nuestros esfuerzos para frenar el poder y la violencia –Paysandú es, desde hace muchos años, un punto fuerte del narcotráfico, con cabezas a las que todos señalan pero que rara vez aparecen en las páginas policiales– o veremos cómo, más temprano que tarde, nuestro país y nuestro departamento serán esclavos de esa violencia extrema. Violencia que, como en las épocas del zar colombiano Pablo Escobar se reducirá a una sola disyuntiva: “plata o plomo”.
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