En las últimas horas se ha abierto un nuevo frente de conflicto dentro de la Unión Europea que amenaza con torpedear la fecha del 20 de diciembre para la firma del acuerdo con el Mercosur.
Es que hay diferencias en intereses dentro de un bloque heterogéneo en cuanto a las realidades y prioridades en cada país, y a la hora de la verdad, cuando se debe afrontar los hechos, aparecen intentos de último momento por salvar crisis y tirar la pelota afuera, a la espera de que se dilaten los plazos para calmar las aguas y seguir negociando.
Ahora el problema se centra en el cumplimiento de la agenda verde, para lo que había un plazo en lo que respecta al cese de la fabricación de vehículos impulsados por motores a combustión. Ocurre que la realidad ha sacudido nuevamente lo programado en el viejo Mundo y ahora las presiones se han vuelto insostenibles para quienes quieren cumplir a rajatabla con los plazos establecidos.
El punto es que la Unión Europea flexibilizó este martes la prohibición de vender autos nuevos de gasolina o diésel a partir de 2035, en un intento de apoyar a los fabricantes europeos en dificultades. Tras esa fecha, los fabricantes podrán seguir vendiendo un número limitado de vehículos nuevos con motores térmicos o híbridos, siempre que cumplan una serie de condiciones, como compensar las emisiones de CO2, precisó la Comisión Europea. Según el comisario Stéphane Séjourné, la UE no renuncia a sus ambiciones climáticas, sino que adopta un enfoque “pragmático” ante las dificultades que atraviesa la industria automovilística: “El objetivo sigue siendo el mismo, la flexibilidad es una realidad pragmática que tiene en cuenta la aceptación de los consumidores y la dificultad de los fabricantes para ofrecer en el mercado vehículos 100% eléctricos para 2035”, afirmó.
Esta prohibición era una medida emblemática del llamado Pacto Verde Europeo y fue adoptada durante el primer mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, en el marco del compromiso de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.
Sin embargo, ante la competencia de China y las tensiones comerciales con Estados Unidos, la UE ha aplazado o recortado en los últimos meses varias medidas medioambientales, por lo que se ha priorizado el mantenimiento de los empleos, aceptando una realidad compleja que no se puede cambiar simplemente con voluntarismo a través de decretos o regulaciones medioambientales, por mejor intención que se tenga.
Es así que en lugar de la prohibición inicial, los fabricantes deberán reducir a partir de 2035 un 90% las emisiones de CO2 de sus ventas respecto a los niveles de 2021 y compensar el 10% restante. Bruselas asegura así que el sector estará completamente descarbonizado en esa fecha, aunque aún estos objetivos posiblemente resulten inalcanzables al final del plazo. Los fabricantes europeos llevaban meses reclamando “flexibilidad” en un contexto de caída de sus ventas, mientras que sus rivales chinos, entre ellos BYD, disparan sus cuotas de mercado con modelos eléctricos a precios competitivos.
La Comisión y los Estados miembros han negociado intensamente en las últimas semanas. Tras el anuncio, Friedrich Merz, el jefe del Gobierno alemán, el país europeo con la mayor industria automotriz, afirmó que la medida va “por el buen camino”. Por el contrario Francia lamentó la medida y dijo que hará “todo lo posible” por revertirla, dijo la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut.
Por su parte, Greenpeace criticó el “cambio de rumbo” europeo. “Esta política industrial regresiva es una mala noticia para el empleo, la calidad del aire y el clima, y ralentizaría la oferta de coches eléctricos asequibles”, declaró Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania. La Comisión anunció el martes, además de la revisión del objetivo de 2035, nuevas medidas para apoyar a este sector incipiente y un plan para hacer que las flotas profesionales sean más “ecológicas”. El comisario Séjourné también confirmó la instauración de la “preferencia europea” en el sector del automóvil, es decir, la obligación de que los fabricantes que reciban financiación pública se abastezcan de componentes hechos en Europa.
Por otro lado la Comisión también quiere fomentar el desarrollo de pequeños vehículos eléctricos con precios “asequibles”, un proyecto anunciado en setiembre por Ursula von der Leyen “para no dejar que China y otros conquisten este mercado”.
Hay muchos aspectos que influyen en este escenario, porque sin dudas la incorporación de vehículos cien por ciento eléctricos en el mercado se ha hecho a través de fuertes subsidios para impulsar estos sectores, lo que disfraza el mayor costo de fabricación de estos vehículos, en aras de cumplir la agenda medioambiental. Es que más allá de la contaminación que generan los gases de combustión, en la fabricación de vehículos eléctricos no se puede afirmar que no se afecta significativamente el medio ambiente, como así tampoco en lo que refiere a la obtención de los materiales para su fabricación, sobre todo en el caso de las baterías, entre otros elementos.
En este cambio de figuritas por figuritas, a ver quien perjudica menos el ecosistema, el convidado de piedra ha sido el gigante asiático China, que fabrica vehículos eléctricos a menor costo, y afecta así la economía de varios países fabricantes tradicionales de automóviles, como Alemania e incluso Italia, que han presionado para “estirar” los pasos, y han logrado esta postura “pragmática”.
Las oenegés ambientales –a las cuales no les importa nada si media Europa se queda sin trabajo– advierten que retroceder en esta medida perjudicará los objetivos climáticos de la UE y dejará a los fabricantes europeos rezagados frente a sus rivales chinos en vehículos eléctricos. Por otro lado, los fabricantes tradicionales argumentan que necesitan más tiempo, ya que la demanda de los consumidores y las redes de carga crecen más lentamente de lo previsto.
Los choques de intereses, pero sobre todo la realidad que condiciona como siempre la velocidad de los cambios que se pretende en los papeles, son el eje de la cuestión, y no sería extraño que este pragmatismo también lleve a más dilaciones y negociaciones a medida que se acerquen los plazos.
Es que hay por un lado actores motivados supuestamente por buena disposición –y oportunismo político-– como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien lamentó “lo que ayer se aprobó en la Comisión Europa; es un error histórico de Europa. La competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad”.
Pero por otro están quienes entienden que debe hacerse la “descarbonización sí, pero con realismo. Los objetivos climáticos deben acompasarse al ritmo de la tecnología, la economía y la sociedad, no imponerse por decreto a costa del empleo industrial y del bolsillo de las familias. Neutralidad tecnológica y competitividad, esa es la vía”.
Y no hay dudas que entre la realidad y las posturas voluntaristas de cerrar los ojos, no hay mucho margen para seguir indeciso, como bien lo han asumido los integrantes de la Comisión Europea.
