(El Observador)
A pocos días de haber llegado de China, con algunos jerarcas aún sufriendo las consecuencias del jetlag, el presidente de la República, Yamandú Orsi, reunirá hoy al Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva.
La cita está prevista para las diez de la mañana y será la primera vez del 2026 en que los integrantes del gabinete intercambiarán cara a cara.
Tal como había anticipado Presidencia, el encuentro funcionará como un balance de la visita de Estado a Beijing y Shanghái, aunque el canciller Mario Lubetkin ya adelantó que el saldo es “muy positivo”.
A su vez, según supo El Observador por fuentes políticas, en la reunión se pondrá sobre la mesa la situación con el astillero Cardama, contratado por el gobierno para construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.
En octubre, Orsi anunció en conferencia de prensa que había dado la instrucción de iniciar el proceso para rescindir el contrato tras detectar irregularidades en una de las garantías.
Desde entonces, el gobierno y la empresa han tenido un tire y afloje con una mediación frustrada con Gonzalo Fernández como protagonista y dos denuncias cruzadas, una por la vía penal y otra en la órbita civil.
La intención del Poder Ejecutivo es efectivizar la rescisión tomando como insumos dos informes recientes: uno elaborado el viernes 6 por los capitanes de navío Héctor Cardozo e Ismael González que fueron enviados a Vigo como observadores y otro realizado por Bureau Veritas, la empresa belga que fue contratada para hacer una auditoría del proceso de construcción.
Ambos informes dan cuenta de diversos incumplimientos por parte de Cardama, tanto en el desarrollo del proyecto como en su calidad.
El fin de semana, La Diaria informó que una de las conclusiones de la auditora era que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega” porque el contrato que tenía para el suministro de los motores quedó sin efecto.
El documento de Bureau Veritas, al que también accedió El Observador, menciona “deficiencias en el proceso constructivo y en la supervisión de subcontratos que requieren una corrección por parte del astillero para prevenir retrabajos estructurales que impactan en el cronograma y los costes del proyecto, y comprometen la fecha de entrega de los buques”.
También establece que Cardama no tiene cronogramas definitivos actualizados para “ninguna de las dos construcciones”. “Esta ausencia impide validar con certeza las fechas de entrega, verificar los procesos constructivos y gestionar adecuadamente las extensiones de plazo”.
Según la auditora, un 43% del acero del primer buque está construido y montado en grada cuando se esperaba tener construido más de 70% para cumplir los plazos asignados en la planificación de construcción. El atraso es, como mínimo, de unos cinco meses. El plazo previsto para entregar el primer buque es el 23 de agosto con noventa días de tolerancia. El informe de los observadores de la Armada, en tanto, sostiene –tal como informó Búsqueda– que solo una ínfima proporción de los planos que el astillero presentó de las diferentes partes de la primera patrulla han sido aprobados por Lloyd’s, la calificadora contratada por Cardama para evaluar los cumplimientos de los hitos del contrato. Fuentes militares dijeron a El Observador que los planos aprobados son 10 y no están los más importantes.
El miércoles 11, en rueda de prensa, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo que la decisión era política y también tenía “connotaciones jurídicas y técnicas”, mientras que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, agregó en TV Ciudad que el gobierno resolvería “en el momento que entienda oportuno y que por derecho corresponda” porque los procedimientos administrativos tienen garantías, vistas y plazos.
A estos informes, también se suma que la carta de crédito irrevocable que tenía vigente el Banco República caducó y el directorio no fue convocado para renovarla, pero además el director de recursos financieros de Defensa está varado en la Antártida por inclemencias climáticas.
PARO POR CIERRE DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CONAPROLE EN RIVERA
(SUBRAYADO)
El Consejo Nacional de Delegados de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió este jueves realizar un paro de 24 horas a nivel nacional a partir de los turnos de la noche y hasta los nocturnos del viernes 13. La medida sindical es en respuesta a la decisión adoptada por Conaprole de cerrar definitivamente el Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14.
Además, se resolvió convocar a una asamblea general de la AOEC para el jueves 19 para evaluar la situación y analizar futuros pasos a seguir en el marco del conflicto que el gremio mantiene con la empresa.
Por último, se faculta al Consejo Directivo a implementar la medida de no cargar productos ni leche para los departamentos de Rivera y Artigas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) había convocado a todas las partes a una instancia de diálogo junto a los Ministerios de Ganadería e Industria, pero la empresa no se presentó. El MTSS intervino en busca de una solución urgente al conflicto, pero las gestiones no dieron resultado y el sindicato resolvió el paro.
Conaprole indicó al gobierno que la planta de Rivera trabajará hasta hoy como centro de distribución.
La empresa convocó a la prensa para hoy a las 11 de la mañana en Lima y Cuareim para hablar sobre “la situación crítica a la que se enfrenta la cooperativa debido a la intransigencia sindical que sigue negándose a negociar por el bien de los trabajadores y de toda la cadena láctea”, se indicó.
PABLO GONCÁLVEZ SE RADICÓ EN PUNTA DEL ESTE
(FM GENTE)
Según autoridades policiales, Pablo Goncálvez actualmente se encuentra radicado en Punta del Este, cerca de la zona de Los Dedos, donde vive con su madre. Goncálvez permaneció 23 años prisión por tres asesinatos cometidos entre 1992 y 1993. También fue condenado en Paraguay por tenencia de armas y droga.
Fue el primer asesino en serie del Uruguay. En 13 meses cometió el asesinato de tres mujeres. En 1992 asesinó a Ana Luisa Miller y Andrea Castro y en 1993 a María Victoria Williams. Fue condenado a 30 años de prisión y salió en libertad en 2016 tras 23 años en reclusión.
Posterior a su condena, se estableció en Paraguay, país en el que también estuvo preso, en este caso durante dos años por tenencia de drogas y porte de armas. Fue liberado en 2019 y en 2023 volvió a Uruguay.
El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo a FM GENTE que “no existe notificación contra él” y que la información de su paradero le llegó hace un tiempo a la Policía.
