Mañana domingo se pone en marcha el segundo período de sesiones ordinarias de la legislatura en el Parlamento. El lunes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, concurrirá a la Asamblea General para dejar un mensaje en el que hará un repaso del primer año de gestión y expondrá cómo proyecta el Gobierno los años venideros, continuando con una práctica instaurada por Luis Lacalle Pou. Aunque en nuestra legislación los artículos 168 (numeral 5º) y 177 de la Constitución de la República establecen el deber del Presidente de informar anualmente a la Asamblea General sobre el estado del país y la obligación del Poder Ejecutivo de presentar el presupuesto nacional, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia financiera, en realidad no disponen que deba concurrir personalmente a realizar tal presentación. En los últimos años, sin embargo, se ha vuelto una práctica habitual, saludable y digna de reconocimiento.
Pero la semana no comenzó con ese clima; muy por el contrario. Las discusiones originadas en torno al tema de la adquisición y la rescisión del contrato por las patrullas oceánicas (OPV) ocuparon el centro de la escena, llegando al inédito extremo de plantearse, en forma simultánea, la creación de dos comisiones investigadoras —una en cada cámara— para indagar en este proceso. Finalmente primó la cordura y se acordó la instalación de una sola comisión especial con fines de investigación en el ámbito de la Asamblea General. No obstante, no parece estar todo dicho: existe una solicitud de informe técnico respecto de las potestades de una comisión de estas características, que nunca antes se había creado. Se trata, sin duda, de un hito que marca la relevancia del asunto, al menos para los partidos políticos.
En medio de ese clima, el senador Sebastián Da Silva realizó una valoración en la que describió la situación como “espesa”, atribuyéndolo a que “nos metieron tres ajustes fiscales a fin de año, porque hicieron la ‘bobada’ esta de Cardama; o sea, está espeso, el tema está espeso, pero siempre poniendo los intereses del país por encima de las chicanas políticas”. Ante la pregunta de un periodista parlamentario sobre la existencia de una brecha en la casa de las leyes, el senador afirmó que “este es un año donde estamos todos con la cara pintada para la guerra”.
Sin embargo, esa misma semana ocurrió un hecho significativo: el presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou se saludaron en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea. No hubo abrazos ni gestos efusivos; apenas un apretón de manos, sin intercambio de palabras. Pero no son muchos los países de la región —y aun más allá de ella— donde una escena así resulta posible.
A ese acto concurrió, por supuesto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, pero también quienes la antecedieron en el cargo, Armando Castaingdebat y Javier García, todos protagonistas del tenso debate por las patrulleras oceánicas. Más allá de algún comentario al respecto, no hubo caras largas ni “caras pintadas para la guerra”, aun dentro de una instalación militar.
La semana prosiguió con la aprobación, en ambas cámaras y casi por unanimidad —solo faltaron los votos de los diputados de Identidad Soberana—, del informe de la comisión que entendió en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Uruguay no solo lo ratificó, sino que fue el único país en el que el proceso parlamentario recibió delegaciones para que se expresaran sobre la conveniencia o no del acuerdo. El trámite no preveía la posibilidad de introducir modificaciones o anexos: simplemente se trataba de ratificar o no lo suscrito entre los dos bloques tras más de 25 años de negociaciones, y así se hizo. Sin embargo, los insumos generados por la comparecencia de actores interesados constituirán la base de discusiones posteriores y de decisiones internas que busquen compensar, de algún modo, a los sectores que puedan verse perjudicados, en primera instancia el sector lácteo y la industria manufacturera, aunque a largo plazo podrían aparecer otras consecuencias.
Y como si esto fuera poco, el jueves se celebraron los 15 años del Cudim, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, un instituto que se ha convertido en referencia regional y que ha contado con el respaldo de todo el espectro político, más allá de algunas discusiones iniciales. El camino recorrido ha ratificado las decisiones adoptadas años atrás, así como gestos como el del extinto intendente de Treinta y Tres, Wilson Elso, quien a comienzos de 2009, tras detectársele un cáncer, decidió hacer pública su condición y anunciar que se sometería a un diagnóstico PET en el exterior, con la esperanza de que en el futuro todos los uruguayos pudieran acceder a un procedimiento de ese tipo. Esa aspiración se concretó luego, precisamente, con la creación del Cudim. En ese acto estuvieron presentes autoridades actuales y exjerarcas del gobierno anterior, como el ministro Daniel Salinas, el exsubsecretario José Luis Satdjián y el impulsor histórico y primer director del centro, Henry Engler, quien siguió la ceremonia en forma virtual desde el exterior.
Es cierto y notorio que la relación entre el partido de gobierno y, en particular, el Partido Nacional se ha tensado. Pero no es menos cierto que, pese a todo, el diálogo y las señales continúan siendo los de una democracia sólida, empeñada en avanzar más allá de las desavenencias. Esa es la base que no podemos perder.
