Mes: marzo 2026

El Índice de Conflictividad Laboral (ICL), elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), cumplió 30 años y, en ese contexto, con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, tuvo lugar la presentación del informe titulado “Conflictividad Laboral en el Primer Año de Gobierno”.
Allí el ministro destacó el aporte que significa este índice elaborado por la casa universitaria, que, con una acumulación de tres décadas, permite ya trazar un perfil muy claro sobre las relaciones laborales de nuestro país, así como entender la dinámica de conflictos y acuerdos.

También señaló —y le asiste razón— que los conflictos suelen tener mayor visibilidad pública que los acuerdos alcanzados en los procesos de negociación colectiva, aunque la lógica es aquella tan manida de la mordida del perro al hombre y viceversa, de la que se ve que Castillo no es partidario. Argumentó que “si hay conflictos, después dejan de serlo porque hay acuerdos” y que “los consensos y los acuerdos no venden para la prensa”. Proviniendo, como dice, del ámbito sindical, no debería sorprenderse de que el éxito de los paros y medidas sindicales nazca, justamente, de la distorsión que generan en la vida de las demás personas.

Cuando hay paro del transporte, la preocupación del ciudadano de a pie no es si los choferes consiguen un ajuste por encima de la inflación, sino saber que ese día no va a tener ómnibus y que tendrá que arreglárselas para ir a trabajar o para ir a buscar a los gurises a la salida de la escuela. Entonces, cuando hay un paro, lo importante es que no habrá determinado servicio; cuando se restablece, todo vuelve a la normalidad. Es decir, es una no-noticia. No es más que eso. No es que la prensa sea mala y no quiera difundir los acuerdos, sino que el ministro no está entendiendo la lógica de la dinámica informativa.
Castillo destacó, además, la importancia de la negociación colectiva, el diálogo social y los ámbitos tripartitos como mecanismos para canalizar las diferencias y construir acuerdos. En ese sentido, valoró que el rol del Ministerio de Trabajo “no es meramente fiscalizador, ni siquiera el de ponerse como juez. Nosotros somos gestores del ámbito de relaciones laborales y tratamos de mediar y buscar acuerdos”. Agregó que este sistema ha permitido que Uruguay tenga interlocutores sólidos “tanto del lado empresarial como del sindical, lo que contribuye a fortalecer los procesos de negociación y a generar condiciones de previsibilidad para el desarrollo de la actividad económica”.

Pero, como se señalaba, en el marco de esta ceremonia se presentó el informe correspondiente a la conflictividad laboral de 2025, el primer año del actual gobierno. Según el informe, comparado con los primeros años de gobierno desde 2005, el nivel de conflictividad del primer año de Yamandú Orsi estuvo “en una posición intermedia”. Se registraron valores de las variables por debajo de los máximos de 2010 y 2015, pero superiores a los observados en 2005 y 2020, lo que permite caracterizar el período como de intensidad moderada.
Además, el análisis histórico demostró “que la evolución de la conflictividad en Uruguay responde más a ciclos asociados a coyunturas específicas que a una tendencia lineal de crecimiento o descenso sostenido”, según mencionó el Ministerio de Trabajo en la nota publicada en su página web. “El comportamiento del índice en 2025 se inscribe dentro de las lógicas históricas del sistema de relaciones laborales del país”.
Usualmente, el primer año de cualquier gobierno es el que tiene un mayor grado de conflictos debido a que se elabora el presupuesto quinquenal, donde se decide la suerte salarial de los trabajadores del sector público. Lo que no se obtiene allí difícilmente pueda “pelearse” después en alguna de las rendiciones de cuentas que se realizan anualmente. Pero, además, el año pasado hubo rondas de negociación colectiva en el sector privado. Aunque la mayoría llegó rápidamente a acuerdos, hubo otros sectores que no.

Dos sectores, en especial, tuvieron durante el año pasado conflictos sumamente distorsivos, tanto para su propia actividad como por su afectación a terceros. El conflicto en la pesca fue particularmente singular, porque llegó a una instancia en la que los patrones terminaron convocando a nuevos trabajadores que quisieran incorporarse al sector, desconociendo a la organización sindical, que tradicionalmente repartía la baraja entre los trabajadores al asignar los puestos de trabajo en las embarcaciones de pesca. Sin estar afiliado, no se trabajaba. Esa lógica se quebró el año pasado, aunque las discusiones han continuado.
El otro gran conflicto en el sector privado el año pasado fue con los trabajadores del Puerto de Montevideo, en la terminal especializada en contenedores, cuyo sindicato se opuso con firmeza a la incorporación de un software de gestión, bajo el argumento de que, en el largo plazo, terminaría provocando pérdida de puestos de trabajo.

Ese conflicto en particular —el del puerto— ocasionó un impacto significativo en la economía y en la reputación del país, llevando a que las empresas navieras decidieran saltarse el puerto capitalino en sus itinerarios. Esto provocó pérdida de tiempo y sobrecostos para los usuarios, además de una afectación lateral en las cadenas logísticas, que se vieron estresadas por los paros reiterados.
Entonces sí: es cierto que fue un primer año con menos conflictividad que en otros gobiernos, pero la situación ameritaría además un análisis cualitativo de los conflictos que tuvieron lugar y de sus repercusiones.

Uno de los mayores problemas que enfrenta el país al momento de salir a competir con nuestros en el exterior es que Uruguay es caro para producir. Esto se debe a una diversidad de factores, pero sin dudas que los determinantes son el costo de la energía, los combustibles, los costos logísticos –entre ellos el puerto de Montevideo–, salarios muy altos en dólares, y los por supuesto, la alta carga de impuestos que deben soportar las empresas.

Pero no solo las empresas sufren las consecuencias del “costo país”, también la población de a pie, los ciudadanos que también pagan impuestos, tasas y servicios a valores del primer mundo, pero ganan como lo que somos, el tercer mundo.

Pero no hay solo impuestos nacionales, sino que también están los que aplican los gobiernos departamentales, que por regla general son menos gravosos en la estimación de gastos de un hogar y de las empresas, porque solo aplican sobre bienes inmuebles y patente de rodados, además de diversas tasas, y por lo tanto pueden aparecer como más disimulado en la vorágine de incrementos.
Lamentablemente, este no es el caso de hoy en Paysandú, donde por la vía del nuevo presupuesto quinquenal, que ha ingresado para su consideración por la Junta Departamental de Paysandú, ya los sanduceros, en mayor o menor grado, estamos sufriendo una suba desmesurada de los impuestos municipales, como es el caso concreto de la Contribución Inmobiliaria, con mayor énfasis en algunas zonas que en otras, –en la zona céntrica, particularmente, donde se afecta a los locales comerciales en forma desmedida pero también a familias que han residido por muchos años– con el común denominador de situarse por encima de la inflación, lo que implica que además del ajuste nominal, se aplica un incremento real sobre los bolsillos de los ciudadanos.

El economista Gastón Núñez, exdirector de Administración durante la administración de Guillermo Caraballo, sostiene en un informe sobre el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia Departamental de Paysandú que lo que se aplica en realidad a los sanduceros es un “fiscalazo” de un contexto ya de mayor recaudación histórica por partidas nacionales.
Naturalmente, cuando están de por medio consideraciones desde visiones político partidarias y hasta ideológicas, podría decirse que hay tanta espuma como sustancia en este tipo de análisis, pero cuando se presentan cifras en respaldo de lo que se afirma, estamos ante harina de otro costal, y corresponde prestar atención a los datos concretos, porque aunque siempre hay un contexto a tener en cuenta, la realidad que hoy viven los contribuyentes sanduceros no puede disfrazarse por mejor maquillaje que se ensaye.

Uno de los aspectos que maneja este profesional refiere a que se ha utilizado como referencia en la estimación el promedio de rango meta de inflación del Banco Central del Uruguay, cuando ya se contaba con el dato anual de que efectivamente la inflación ha bajado al 3,6 por ciento en el período.
Ergo, al comparar ingresos del presupuesto anterior con el previsto para el que está en consideración, a valores constantes se está ante un incremento en valores reales del 19 por ciento, por encima de la actualización nominal por inflación.

Una demostración –indica– es el cambio de la tendencia histórica, por cuanto en el quinquenio 2026- 2030 el 53 por ciento de los ingresos será de origen nacional y el 47 por ciento departamental, cuando hasta ahora la relación había sido a la inversa a la vez que entre otros conceptos se menciona que el eje del cambio es la creación del denominado Catastro Departamental, en el que se apoyan las nuevas cifras de Contribución, por cierto.

Y es este es el punto sustancial: ya los sanduceros estamos recibiendo el mazazo de los nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria, con incrementos como nunca antes había ocurrido, como bien se refleja en los reclamos a través de Cortocircuitos Ciudadanos en nuestras páginas y notas Solicitadas enviadas a nuestra redacción, por ciudadanos que de un año a otro denuncian incrementos de hasta un 40 por ciento en algunos casos, en porcentajes que nada tienen que ver con la inflación ni con los valores inmobiliarios.
Y un “fiscalazo” del gobierno departamental, nada menos, es lo que menos necesitamos los sanduceros en esta encrucijada que vivimos, con cientos de trabajadores en el Seguro por Desempleo y numerosos despidos, con una actividad económica muy disminuida, empresas con números rojos en muchos casos o apenas subsistiendo, a lo que se agrega ahora el costo adicional de la tributación departamental para hacer a esta altura una “tormenta perfecta” que se abate sobre el sufrido contribuyente.

Además, la situación comprometida de Paysandú la ha denunciado –y con razón– el propio intendente departamental Nicolás Olivera en cuanto ámbito ha tenido a su alcance, donde ha responsabilizado en gran medida por esta situación a la falta de políticas descentralizadoras y diferenciales en las que se tenga en cuenta la problemática de los departamentos del norte del río Negro, fundamentalmente, sometidos a una alta tributación nacional sin tener en cuenta los problemas adicionales de la lejanía con Montevideo, como es el costo logístico, entre otros aspectos. Como él mismo argumenta, Paysandú no soporta un despido más por cierre o reducción de empresas, tras la situación de miles de citricultores, de empresa como Paycueros, Fricasa, AmBev, etcétera, y que disparan el desempleo a los más altos del país. Incluso el comercio local está en una situación extremadamente delicada debido a los años en que Argentina estaba “regalada” y también hoy, que sigue siendo atractiva para ir a comprar a la vecina orilla. Es por esto que políticos de todos los partidos y la Junta Departamental en pleno reclamó medidas especiales para mitigar el impacto de la diferencia de precios en la frontera.

Es un contrasentido y negativo por donde se lo mire, consecuentemente, que se aplique un mazazo tributario desde el gobierno departamental a un departamento que está atravesando una crisis que se arrastra desde hace años y que en lugar de mitigarse, se ha venido agravando. Lo que menos necesitamos los sanduceros es más impuestos, del lado del que sea, y sí un alivio tributario para poder hacer pie durante un tiempo en estas aguas turbulentas, para que el remolino no nos siga arrastrando hacia el fondo.
Y el gobierno departamental debería liderar esta cruzada a través del ejemplo, en lugar de ser parte del problema.