La decisión del Poder Ejecutivo de impulsar la denominada Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida constituye una señal política alentadora. No tanto por el alcance inmediato de las medidas propuestas, sino porque vuelve a colocar en la agenda pública un tema que Uruguay ha postergado durante décadas: la necesidad de revisar estructuras estatales, costos internos y mecanismos que condicionan la capacidad del país para producir, invertir y exportar en condiciones competitivas.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, definió la iniciativa como una “modesta pero importante reforma del Estado”. La expresión parece acertada. Modesta, porque difícilmente sus efectos logren revertir en el corto plazo problemas acumulados a lo largo de muchos años. Importante, porque implica reconocer una realidad que durante demasiado tiempo fue administrada sin atacar sus causas estructurales.
En ese contexto adquiere especial relevancia el reciente pronunciamiento de la Federación Rural, que volvió a poner sobre la mesa una serie de reclamos vinculados a los costos de producción, la evolución del tipo de cambio y el precio de los combustibles. No se trata de planteos novedosos. Por el contrario, son observaciones reiteradas que reflejan las crecientes dificultades que enfrentan quienes producen bienes destinados a competir en los mercados internacionales.
La gremial sostiene que los productores continúan absorbiendo costos que reducen la rentabilidad, limitan las inversiones y restringen las posibilidades de crecimiento. El caso del gasoil resulta ilustrativo. Mientras la cotización internacional del petróleo registra descensos, los precios locales siguen ubicándose por encima de los de varios países competidores. Para un sector en el que el combustible constituye un insumo estratégico, esa diferencia no es un detalle menor, sino un factor determinante para la ecuación económica de miles de empresas.
La federación afirma que “los costos que enfrentan los productores uruguayos continúan muy por encima de los de nuestros competidores” y advierte que el gasoil representa un insumo estratégico para el agro, el transporte y toda la cadena productiva nacional.
Según los datos que presenta la gremial, el precio del gasoil 50S pasó de $ 48,90 por litro en febrero a $ 61,76 desde el 1.º de junio, lo que representa un incremento de 26,3 % en apenas tres meses. A su juicio, el valor debería ubicarse en niveles cercanos a los registrados en abril de 2026, cuando alcanzaba los $ 50,63 por litro.
Sin embargo, el combustible es apenas una manifestación visible de un problema mucho más amplio. La competitividad uruguaya está condicionada por una combinación de factores que incluye costos laborales, tarifas públicas, presión fiscal, carga regulatoria y una evolución cambiaria que desde hace tiempo genera crecientes tensiones entre los ingresos y los costos de los sectores exportadores.
La advertencia sobre el atraso cambiario tampoco es nueva. Mientras los costos internos aumentan de forma sostenida, el valor del dólar permanece relativamente estable, haciendo que producir en Uruguay resulte cada vez más caro en términos internacionales. Para quienes exportan, la consecuencia es directa: reciben ingresos en una moneda cuya capacidad para cubrir costos medidos en pesos se reduce de manera constante.
Los datos presentados recientemente por el economista Jorge Caumont en el suplemento Economía y Mercado del diario El País ayudan a dimensionar el fenómeno. Al comparar la evolución de los precios internos y de los salarios respecto al dólar desde fines de 2019, se observa un incremento significativo de ambos indicadores medidos en moneda estadounidense. En otras palabras, Uruguay se ha encarecido. Y cuando un país aumenta sus costos más rápido que sus competidores, inevitablemente reduce sus márgenes de rentabilidad, desalienta las inversiones y pierde capacidad para generar nuevos emprendimientos productivos.
Caumont señala que “comparando la relación en la evolución del índice de precios al consumo con la del tipo de cambio y la relación entre el índice medio de salarios con la del tipo de cambio desde diciembre de 2019 —solo como ejemplo— vemos que tanto el aumento de los precios internos en dólares como el incremento de los salarios locales en dólares son importantes y achican su diferencia con los ingresos por ventas. En el primero de los casos, los precios aumentaron 39,2 sobre el dólar y en el segundo, los salarios aumentaron 48,4 por ciento más que el dólar, por lo que la tasa de ganancia se contrae y por eso la inversión en el país no reacciona. Los registros señalados se pueden atenuar algo por el aumento de los precios internacionales en el lapso indicado”.
La paradoja es que esta situación no surgió de manera abrupta. Es el resultado de un proceso gradual y persistente que distintos gobiernos, con diferentes orientaciones políticas, sostuvieron a lo largo del tiempo. La prioridad de contener la inflación llevó a mantener políticas que favorecieron una apreciación relativa del peso, fortaleciendo el poder adquisitivo de salarios y prestaciones medidos en dólares. Esa estrategia generó beneficios visibles para amplios sectores de la población, pero también produjo costos menos evidentes que hoy se hacen sentir con fuerza.
El resultado es un país en el que muchas actividades productivas enfrentan costos similares a los de economías desarrolladas, pero sin contar con los mismos niveles de productividad, innovación tecnológica, infraestructura o generación de valor agregado. La consecuencia es una pérdida gradual de competitividad que termina afectando especialmente al interior productivo, las exportaciones y las inversiones de largo plazo.
Lo más preocupante es que el diagnóstico goza de amplio consenso. Empresarios, productores, economistas e incluso dirigentes políticos coinciden en identificar buena parte de las causas del problema. Sin embargo, las soluciones continúan siendo esquivas. La razón es sencilla: corregir distorsiones estructurales implica asumir costos políticos que ningún gobierno ha estado dispuesto a afrontar plenamente.
Reducir el gasto, revisar privilegios, reformar estructuras estatales o corregir desajustes cambiarios supone afectar intereses concretos. Y toda corrección genera ganadores y perdedores, al menos en una primera etapa. Pretender que una transformación profunda pueda realizarse sin costos equivale a desconocer el funcionamiento de las economías reales.
Por eso, aunque la reforma impulsada por el Ministerio de Economía representa un paso en la dirección correcta, resulta difícil pensar que, por sí sola, alcance para revertir desequilibrios acumulados durante décadas. Sus efectos, en el mejor de los casos, comenzarán a percibirse en el mediano y largo plazo. Mientras tanto, los problemas de competitividad seguirán condicionando el desempeño de numerosos sectores productivos.
Uruguay enfrenta una encerrona que no admite soluciones mágicas. Seguir postergando las reformas necesarias solo profundiza los desequilibrios y eleva el costo futuro de las correcciones. El desafío para el sistema político consiste en transformar un diagnóstico ampliamente compartido en decisiones concretas. Porque el verdadero problema ya no es identificar las causas de la pérdida de competitividad, sino reunir la voluntad política necesaria para enfrentarlas.
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