La decisión del gobierno de revisar el régimen de beneficios tributarios para los vehículos eléctricos de alta gama constituye una medida razonable, tanto desde el punto de vista de la equidad fiscal como de una necesaria dosis de sentido común en el manejo de los recursos públicos. De acuerdo con lo expresado por las autoridades del Poder Ejecutivo, el objetivo es reducir el denominado “costo fiscal” que implican estas exoneraciones y destinar esos recursos al financiamiento del incremento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas.
La medida supone que los automóviles eléctricos de mayor valor dejarán de beneficiarse con tasa de Imesi del 0%, estableciéndose nuevas franjas impositivas. En cambio, los vehículos eléctricos de menor precio conservarán intactos los beneficios fiscales, manteniéndose así el estímulo para aquellos segmentos donde el incentivo sigue siendo necesario para consolidar la transición hacia la movilidad eléctrica.
Se trata de una decisión que probablemente cuente con un amplio respaldo ciudadano. Durante años, quienes utilizan vehículos impulsados por combustibles tradicionales han soportado una elevada carga tributaria que financia buena parte del funcionamiento del Estado, mientras observaban cómo compradores de automóviles de lujo eléctricos accedían a importantes exoneraciones fiscales. Esa situación generó una evidente sensación de injusticia, ya que la mayoría de la población terminaba subsidiando la adquisición de bienes de consumo destinados a sectores de alto poder adquisitivo.
El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, explicó que esta modificación responde a un criterio estrictamente fiscal. El gobierno procura disminuir la resignación fiscal en aquellos sectores donde considera que el mercado ya alcanzó un nivel de desarrollo suficiente y que los incentivos dejaron de ser imprescindibles. Según adelantó, aproximadamente la mitad del incremento del gasto público previsto —unos 15,5 millones de dólares— será financiada mediante la mayor recaudación proveniente de estas nuevas franjas impositivas.
No obstante, la iniciativa no genera unanimidad dentro del propio gobierno. Mientras el Ministerio de Economía y centros de estudios como Ceres respaldan la eliminación gradual de estos beneficios, el Ministerio de Industria, Energía y Minería entiende que reducir los incentivos podría desacelerar el proceso de electrificación del parque automotor y afectar la estrategia nacional de reducción de emisiones contaminantes. Ambas posiciones no son necesariamente incompatibles. Es perfectamente posible continuar promoviendo la movilidad eléctrica sin mantener subsidios destinados a vehículos cuyo precio los convierte en bienes de lujo. El verdadero desafío consiste en orientar los recursos públicos hacia donde produzcan un mayor beneficio social y ambiental.
Precisamente ese parece ser el camino que procura recorrer el gobierno. Paralelamente a la revisión del Imesi para los automóviles eléctricos de mayor valor, también se analiza una futura reducción de las bonificaciones en los cargadores públicos, buscando un equilibrio entre la promoción de las energías limpias y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Los argumentos a favor de esta modificación no se limitan únicamente al plano fiscal. Diversos economistas sostienen que la resignación tributaria debería concentrarse en atender necesidades mucho más urgentes, como las políticas para la primera infancia, la atención de personas en situación de calle, el fortalecimiento de la seguridad pública o la mejora de los servicios esenciales. En un contexto de restricciones presupuestales, resulta difícil justificar que importantes recursos del Estado continúen destinándose a facilitar la compra de vehículos cuyo valor solo está al alcance de una minoría.
Debe recordarse que el crecimiento de los vehículos eléctricos en Uruguay fue posible gracias a una política deliberada de incentivos. Durante años, las exoneraciones tributarias cumplieron el objetivo de introducir una nueva tecnología en un mercado dominado por los motores de combustión, que son más baratos. Ese impulso inicial fue necesario y produjo resultados visibles. Hoy el parque automotor eléctrico crece sostenidamente y las ventas de modelos eléctricos e híbridos incluso han superado a las de vehículos tradicionales en determinados períodos. El propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló recientemente que ese éxito demuestra precisamente que los estímulos funcionaron y que, cuando un producto logra consolidarse en el mercado, corresponde revisar la magnitud de los beneficios fiscales que recibe. Mantener subsidios permanentes para un sector que ya alcanzó competitividad termina desnaturalizando el objetivo original de la política pública.
En este sentido, desde hace tiempo los estacioneros –principalmente propietarios de estaciones ubicadas en barrios habitados por una población de alto poder adquisitivo de Montevideo y Canelones– vienen observando una disminución del consumo de combustibles. Según la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), una de las principales motivaciones para adquirir vehículos eléctricos ha sido precisamente la exoneración del Imesi y otros beneficios asociados, como la tasa arancelaria preferencial, menores costos de patente y tarifas subsidiadas para la recarga.
Su presidente, Daniel Sanguinetti, reconoció que el régimen cumplió su función durante la etapa inicial de desarrollo del mercado, pero entiende que ese objetivo ya fue alcanzado. De mantenerse las actuales exoneraciones durante todo el quinquenio, la resignación fiscal podría superar los 1.600 millones de dólares, una cifra que inevitablemente repercute sobre las finanzas públicas y genera distorsiones competitivas dentro del propio mercado automotor.
La transición energética continúa siendo un objetivo estratégico para Uruguay y nadie discute la necesidad de avanzar hacia tecnologías menos contaminantes. Sin embargo, esa transición debe realizarse con criterios de eficiencia y justicia distributiva. Resulta mucho más razonable concentrar los incentivos en el transporte público eléctrico, en las flotas utilitarias y en aquellos vehículos accesibles para amplios sectores de la población, donde el beneficio ambiental tiene un impacto colectivo mucho mayor.
Subvencionar la compra de automóviles eléctricos de alta gama difícilmente pueda justificarse cuando existen demandas sociales apremiantes. La política pública debe priorizar el interés general antes que favorecer consumos individuales de lujo. En ese sentido, la decisión del gobierno no implica abandonar la movilidad eléctrica —en tanto la promoción de tecnologías limpias seguirá siendo necesaria—, pero ello no significa que el Estado deba continuar financiando beneficios para quienes cuentan con capacidad económica suficiente para adquirir vehículos de elevado valor sin necesidad de subsidios.
Es decir, de lo que se trata es de administrar con responsabilidad los recursos públicos y evitar que el ciudadano común continúe financiando privilegios sin ninguna justificación económica ni social.
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