Mes: julio 2026

Uruguay atraviesa uno de los momentos más preocupantes en materia de seguridad pública de las últimas décadas. La violencia criminal, los homicidios vinculados al narcotráfico, las disputas entre bandas y el crecimiento de los delitos complejos han dejado de ser episodios aislados para convertirse en una realidad cotidiana que condiciona la vida de miles de uruguayos.
La sensación de inseguridad ya no es una percepción: es una experiencia diaria para quienes viven en sus propios hogares detrás de rejas, cámaras y alarmas, modificando sus rutinas por miedo a ser víctimas del delito. Personas mayores que evitan salir de noche —e incluso al empezar a caer la tarde—, comerciantes que invierten cada vez más en seguridad privada y limitan los horarios nocturnos lo más posible, y barrios enteros donde la presencia del crimen organizado impone sus propias reglas reflejan un fenómeno que el Estado no ha logrado revertir. Incluso hay barrios “liberados” por los criminales, en los que las familias de los delincuentes impiden el ingreso de efectivos policiales y desatan pedreas contra agentes y vehículos, mientras desde el Ministerio y la Fiscalía se pone más énfasis en buscar errores en los procedimientos y escrutar el accionar policial que en respaldar los operativos contra los criminales.
El propio ministro del Interior, Carlos Negro, al asumir el cargo, realizó declaraciones que fueron interpretadas como un reconocimiento de la enorme dificultad que representa combatir al narcotráfico, al admitir de antemano que la guerra contra el narcotráfico está perdida. Mientras tanto, la sucesión de homicidios, muchos de ellos producto de ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, parece confirmar que el poder de estas bandas continúa expandiéndose.
Lo que durante años fue considerado un problema concentrado en determinados barrios de Montevideo hoy alcanza también a ciudades del Interior, en forma creciente. Localidades que históricamente se caracterizaban por su tranquilidad comienzan a ser escenario de episodios de violencia criminal, tráfico de drogas y delitos cada vez más sofisticados.
A esta realidad se suma un sistema penitenciario que, lejos de cumplir plenamente con su finalidad de rehabilitación, enfrenta serias carencias estructurales. Diversos informes oficiales y académicos han señalado reiteradamente las dificultades para la reinserción social y la persistencia del control que algunos líderes criminales ejercen sobre sus organizaciones desde el interior de las cárceles. También se han detectado reiteradamente maniobras delictivas organizadas desde establecimientos penitenciarios mediante el uso ilegal de teléfonos celulares, especialmente estafas telefónicas que afectan a ciudadanos de todo el país, las que quedan la mayoría de las veces impunes.
La respuesta penal tampoco logra transmitir una sensación de eficacia. Aunque la legislación prevé penas importantes para numerosos delitos, la ciudadanía percibe que muchos delincuentes reinciden rápidamente y que el sistema judicial no consigue generar un efecto disuasorio suficiente. Esa percepción, alimentada por casos de reincidencia ampliamente difundidos, erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En ese contexto, en los últimos días ha vuelto a instalarse el debate sobre los allanamientos nocturnos. La propuesta, rechazada en el pasado por el Frente Amplio durante el plebiscito constitucional de 2024, con argumentos del mismo tenor que los retorcidos eslóganes del “ser joven no es delito” en el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, reaparece impulsada por sectores de la oposición como una herramienta adicional para combatir al narcotráfico. Más allá de las posiciones jurídicas y constitucionales, el solo hecho de que el tema regrese al centro de la discusión demuestra el nivel de preocupación que existe en la sociedad y la indefensión manifiesta de los ciudadanos, de lo que es también muestra el respaldo popular —incluso entre votantes de izquierda— a la iniciativa del uso de vehículos militares para patrullaje urbano.
La Policía también enfrenta un escenario extremadamente complejo. Sus efectivos deben actuar frente a organizaciones criminales cada vez mejor financiadas y más violentas, mientras desde distintos departamentos del Interior —entre ellos Paysandú— se reclama un mayor despliegue operativo y una presencia más intensa de la Guardia Republicana, cuya actuación ha sido valorada positivamente en numerosos procedimientos de alto riesgo.
El drama humano detrás de las estadísticas es quizás el aspecto más doloroso. En los últimos tiempos, la violencia entre bandas narcotraficantes ha alcanzado incluso a menores de edad, víctimas inocentes de enfrentamientos que jamás debieron formar parte de la realidad uruguaya. Cada homicidio representa una tragedia irreparable, pero cuando las balas alcanzan a niños queda al descubierto el grado de degradación al que ha llegado el fenómeno criminal.
Mientras tanto, las bocas de venta de drogas siguen siendo una preocupación permanente para numerosos barrios. Vecinos denuncian su presencia, reclaman intervenciones más rápidas y sienten que el Estado llega tarde o no logra sostener en el tiempo los resultados de los operativos. Además, cuando se cierra una se abren dos o tres, operadas por los mismos delincuentes que hacen el trasiego.
La inseguridad ha desplazado a la economía como una de las principales preocupaciones de los uruguayos. No es una discusión ideológica, sino una demanda concreta de quienes esperan poder vivir con tranquilidad, caminar por su barrio sin miedo y confiar en que el Estado tiene capacidad para protegerlos.
Los gobiernos pasan, los ministros cambian y las promesas se renuevan, pero la delincuencia continúa adaptándose con una velocidad que parece superar la capacidad de respuesta institucional. Esa es la verdadera alarma: Uruguay necesita mucho más que discursos. Necesita una política de Estado sostenida durante años, con respaldo político amplio, recursos suficientes, inteligencia criminal, fortalecimiento policial, un sistema penitenciario que reduzca efectivamente la reincidencia y una Justicia capaz de responder con firmeza dentro del marco del Estado de derecho.
Porque cuando el delito gana terreno de forma constante y la ciudadanía comienza a resignarse a convivir con el miedo, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad. Empieza a convertirse en una amenaza para la calidad de la democracia y para la libertad cotidiana de todos los uruguayos.

A inicios de la década de 2000 comenzaron a conocerse algunos nombres vinculados a grupos de delincuentes organizados que, hasta el día de hoy, siguen siendo notorios en las crónicas policiales.

Eran conocidos rapiñeros que pasaron a liderar bandas criminales bajo la mirada de las sucesivas autoridades. Comenzaron reclutando entre 20 y 30 personas, hasta conformar verdaderas estructuras que incluso atraen a vecinos de los barrios más conflictivos mediante la compra de su complicidad y la imposición del miedo sobre una amplia zona de influencia.
El mes pasado se cumplieron diez años de la muerte del exdirector nacional de Policía, Julio Guarteche, quien un lustro antes había acuñado el concepto de “feudalización” de la criminalidad para alertar sobre el recrudecimiento de un fenómeno que se gestaba bajo una organización nunca antes vista en el país. Inspiradas en las maras de El Salvador o en el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, estas organizaciones comenzaron a extender sus tentáculos y a comprar voluntades de todo tipo. Solo era cuestión de tiempo para que la realidad lo confirmara.

En el medio, siempre estuvo el discurso político, que tironeó de la realidad para explicarla según su conveniencia. Y, por entonces, con el surgimiento de las redes sociales, la cancha se embarró aún más.
A veces conviene hacer un poco de historia, porque da la impresión de que las discusiones sobre la inseguridad ciudadana comenzaron durante uno o dos períodos de gobierno. En realidad, el fenómeno empezó a crecer mucho antes y se consolidó con el tiempo, alimentado por la marginalidad y la exclusión.

A medida que crecían los asentamientos —particularmente en Montevideo y el área metropolitana— también aumentaba el delito, al amparo de discursos que intentaban explicar el fenómeno, aunque con respuestas limitadas. Mientras las autoridades suponían que el problema permanecería acotado a determinados territorios, ocurría exactamente lo contrario: se expandía hacia otras zonas, creaba nuevas redes y perfeccionaba su capacidad de inteligencia.

Incluso ampliaba los giros del “negocio”. A las transacciones de drogas se sumaban la venta y el alquiler de armas, el sicariato y los asesinatos para dirimir disputas y defender cada territorio.

Hasta el día de hoy persiste el discurso de desarmar a la población y controlar a las armerías, cuando resulta evidente que, desde hace más de dos décadas, los negocios clandestinos funcionan con una fluidez mucho mayor de la que realmente se conoce.
Mientras la delincuencia mejora su poder de fuego, perfecciona su inteligencia y desarrolla nuevas formas de manejar las finanzas para el lavado de activos y el pago de insumos, la legislación limita los montos para los pagos en efectivo de la población en general.

Hace veinte años había poco más de 7.000 personas privadas de libertad en el país. Hoy, el sistema penitenciario uruguayo alberga cerca de 18.000 presos y otras 10.000 personas cumplen medidas sustitutivas. Sin embargo, una mayor prisionización no se traduce necesariamente en una mayor sensación de seguridad ciudadana.
La última estadística contabilizó 195 homicidios durante el primer semestre de 2026. Se trata de un aumento del 6,6 % respecto al mismo período del año pasado y, al menos, un tercio de esos asesinatos está directamente vinculado al tráfico y microtráfico de drogas.
Mientras descendieron los delitos contra la propiedad, como hurtos y rapiñas, aumentaron los crímenes relacionados con las armas de fuego y los ajustes de cuentas. El resultado amerita otra lectura, porque hechos de alto impacto, como el quíntuple homicidio y los ataques atribuidos a clanes familiares, han ocupado los titulares durante semanas.
Luego de un periplo de explicaciones confusas, el viernes comenzó el patrullaje policial con vehículos militares blindados, cedidos por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en los territorios, rastrear las cadenas de venganza que asolan algunos barrios de la capital y frenar el avance de las bandas criminales.
Durante todo este tiempo se han desperdiciado energías en un debate —a esta altura, estéril— entre el endurecimiento de la represión y la atención de los problemas sociales de fondo.
Como sea, las distintas autoridades han reiterado que la Policía, por sí sola, no puede resolver las carencias de los barrios vulnerables donde operan estas organizaciones. Lo cierto es que el poder de los clanes familiares en las zonas urbanas sigue siendo uno de los principales desafíos para la seguridad pública del país.
Y Uruguay no constituye un caso aislado. El narcotráfico en América Latina ha demostrado su capacidad para debilitar las instituciones y generar violencia extrema. Mientras los países reforman sus legislaciones y reabren viejos debates sobre un mismo fenómeno, la producción récord de cocaína, la complicidad financiera global y la creciente capacidad de los cárteles para atravesar fronteras continúan expandiendo su influencia.
Mientras persista la distracción, miles de millones de dólares seguirán infiltrándose en los mercados formales y transformando el posicionamiento de los países dentro del mapa del crimen organizado.
Uruguay es un ejemplo de esa transformación. Pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un centro de acopio. Dejó de ser una ruta secundaria para funcionar como una base logística y de almacenamiento de cargamentos que luego parten con destino a Europa.
Hacia adentro, la historia es conocida. Mientras se mantenga un elevado consumo de pasta base, cocaína y otras drogas sintéticas por habitante, el crimen organizado seguirá demostrando su poder y opacando la capacidad de respuesta de las instituciones.
Eso es, precisamente, lo que quedó expuesto en las últimas semanas: un gobierno obligado a aclarar y explicar cada una de sus acciones frente a una vocinglería permanente, incluso dentro de su propia fuerza política.
Las debilidades históricas en los controles logísticos y portuarios, agravadas por la insuficiencia de escáneres, han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema. A su vez, las discusiones sobre la falta de recursos para incorporar mejor tecnología contribuyen a sostener esa imagen de fragilidad.
Finalmente, el uso político de un problema que afecta a la mayoría de los uruguayos termina reduciendo el debate a un conflicto partidario, cuando debería abordarse como una auténtica política de Estado, sostenida en el tiempo y capaz de trascender a los gobiernos y a las próximas generaciones.