En 2025 el Banco de Previsión Social suspendió 745 asignaciones familiares por inasistencia escolar. Esa cifra es superior a la del año pasado, aunque resulta inferior en la comparación con años anteriores.
La discusión sobre esta resolución es de larga data. La Ley 18.227, aprobada en 2007 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, transformó el beneficio para las familias más vulnerables, pero condicionó las Asignaciones Familiares al cumplimiento de obligaciones en educación y salud. La norma comenzó a aplicarse durante el gobierno de José Mujica, a partir de 2013, y en los sucesivos gobiernos frenteamplistas hubo voces críticas respecto de la medida.
En 2017, durante la segunda presidencia de Vázquez, la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, planteó que no se exigieran contraprestaciones, lo que le valió críticas incluso desde su propio partido. Con la instalación del Diálogo Social en marzo de 2025, el tema volvió al centro del debate.
Cuando Yamandú Orsi era candidato a la presidencia en 2024, se había comprometido a eliminar la exigencia de asistir a un centro educativo como requisito para recibir esta prestación.
“No hay forma, porque se te descalza una parte de la población. No le pidas algo que no te puede dar. Hay una parte de la población que no lo va a poder hacer. En Europa hablan de la renta básica. A Batlle y Ordóñez, cuando se debatía la pensión por la vejez, lo criticaban diciéndole: ‘Usted le va a dar plata a alguien que nunca hizo nada, solo por llegar a viejo’. Y él les respondió: ‘Es bien simple: usted lo deja morir y yo no’”, dijo Orsi entonces.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, comparte esa visión. Las transferencias “no condicionadas” están orientadas a atacar los problemas de la pobreza infantil y adolescente, y se aplican incluso en países con altos niveles de ingreso, según ha señalado el economista.
El exdirector de Primaria durante los gobiernos frenteamplistas, Héctor Florit, sostiene lo contrario. Considera que debe existir un sistema de incentivos y sanciones para promover la escolarización, ya que el país atraviesa el peor nivel de ausentismo de los últimos treinta o cuarenta años.
Desde la oposición se destacan las voces del exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien entiende que revertir lo que establece la ley sería un “retroceso brutal”, y del exdirector nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, quien apuntó a la reinserción educativa como una medida “clave” prevista en la normativa vigente.
El actual director de esa repartición ministerial, Juan Martín Fernández Vallo, coincide con Orsi y Oddone. “Está bastante estudiado que quitarle la prestación a una persona que está faltando no debería ser la respuesta del Estado frente a una inasistencia”, indicó. En la misma línea, el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP señalan que es necesario aplicar otras medidas para mejorar la asistencia.
Unicef ha propuesto en varios países, particularmente en Uruguay, una Prestación Universal por Crianza. Se trata de un sistema de transferencia monetaria unificado para todos los niños y adolescentes, que reemplace los programas existentes. La propuesta contempla el otorgamiento de un monto fijo por cada menor, independientemente del ingreso familiar. En el Diálogo Social existe el compromiso de debatir el sistema de asignaciones familiares a partir de febrero. El decreto que instaló este mecanismo de diálogo habilita un plazo de discusión hasta abril de 2026, aunque algunas voces ya hablan de una posible extensión.
En pleno siglo XXI aún se discute la matriz de protección social como forma de garantizar el bienestar de la población más vulnerable. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se creó la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, con el objetivo de coordinar de manera transversal las políticas sociales y la implementación del diálogo.
El titular de la OPP, Rodrigo Arim, aseguró que esta sectorial está pensada para discutir aspectos vinculados a la protección social. Sin embargo, el debate parece no llegar al trasfondo de la cuestión: por qué niños y adolescentes dejan de vincularse con sus centros educativos; qué se rompió en la matriz familiar; cuándo dejó de ser importante asistir a la escuela o al liceo, aun a costa de perder beneficios y otras protecciones sociales que no se limitan únicamente a las transferencias monetarias.
Arim plantea una de las posibles decisiones que deberá tomar el gobierno a partir de 2026, con el presupuesto ya en funcionamiento. El jerarca habla de unificar algunos instrumentos de protección social en la infancia para mejorar su potencialidad. Propone que el sistema de cuidados “dialogue” con las transferencias de ingresos, o analizar “cómo dialogan” los sistemas de becas con las asignaciones familiares.
Sin embargo, habrá que esperar para saber si estos instrumentos estarán atados a la concurrencia a centros educativos y, fundamentalmente, si serán sustentables. La sostenibilidad financiera deberá exponerse con transparencia ante una sociedad que contribuye con sus recursos, y el Estado tendrá que mostrar con claridad las estrategias para llevar adelante estas ideas.
Las medidas serán viables si demuestran que pueden sostenerse en el tiempo. De lo contrario, nada cambiará. El buque insignia del gobierno es una mayor inversión en seguridad social, particularmente en la infancia, y ese consenso parece provenir de todos los sectores.
Ahora deberán explicar cuánta inversión se requiere en el futuro inmediato para las distintas franjas etarias. Porque será necesario incluir un tramo importante de la adolescencia, hasta los 17 años, dentro de una población que continúa siendo vulnerable, más allá de los cambios partidarios, y en el marco de un mecanismo de debate cada vez más afianzado en la sociedad.
