El edil frenteamplista Jorge Dighiero expuso críticas al contenido de la Ley de Urgente Consideración (LUC), sobre todo en temas como la seguridad, incluyendo aspectos inherentes a la legítima defensa en el caso del personal policial.
Expresó el representante de la coalición de izquierdas en la Junta Departamental que “quienes tuvimos el privilegio de conocer la vieja Guardia Civil, que hacia que el mejor informante fuera el policía del barrio, y luego padecimos la militarización de la Policía impuesta por la dictadura, tuvimos, además, la sana expectativa de ver como desde fines del 90, y sobre todo desde el 2005, se fue moldeando la nueva Policía. Ahora vemos con preocupación el retroceso que significa la propuesta de seguridad de la Ley de Urgente Consideración”.
A su juicio esta propuesta, “que abarca el 25% del articulado total, privilegia una orientación punitivista. Como innovación tiene un solo aspecto positivo, que es la creación de un consejo de policía criminal, aunque se critica que el mismo no incluya un conjunto de actores relevantes además de la sociedad civil y de ministerios de gobierno”.
“Hoy Uruguay es uno de los 30 países del mundo con mayor tasa de prisionización por cada 100.000 habitantes y es el segundo en prisionización en América Latina, con 328 prisioneros cada 100. 000 habitantes”, sostuvo.
Acotó que “en cuanto a las garantías de derechos, tanto de ciudadanos, como de colectivos organizados y de los prisioneros en el sistema penal, se verán claramente deterioradas por las modificaciones al Código Penal y al procedimiento penal, que miembros de la propia Justicia tratan de modificar. Ésto, sumado al aumento de las penas, habrá de generar una importante sobrepoblación del sistema carcelario”.
Evaluó asimismo que la presunción de legítima defensa policial “genera una peligrosa discrecionalidad en las actuaciones que puede llevar a que aquellas actuaciones policiales violatorias de la ley o de los procedimientos policiales, encuentren en estos cambios una modalidad de legitimación inadecuada. Si, como se dice, lo que se busca es aumentar el respeto a la autoridad, el camino es incrementar la profesionalización y el equipamiento policial, a los efectos de reducir al mínimo el accionar reactivo, sustituyéndolo por el accionar preventivo”.
Por otro lado “la ley de derribo, cuya aplicación no obedecerá a una decisión jurídica, sino a una orden del presidente, es, en los hechos, una pena de muerte administrativa. Como va dirigida, sobre todo, a traficantes de droga, no debe perderse de vista la presión a la que pueden estar sometidos los pilotos. En lo relativo a la adolescencia infractora, el manejo racional de los datos permitió demostrar la poca relevancia de la participación de adolescentes en los delitos de homicidios, y dejar en claro la reducción sostenida en el tiempo de su participación”, apuntó.
Aclaró que “afortunadamente, esto ha llevado al retiro de los artículos. La experiencia mundial ha demostrado que el camino pasa por una mayor capacidad de inversión y de adopción mayoritaria de medidas alternativas a la privación de libertad. Está debidamente comprobado, a nivel mundial, que el punitivismo potencia todas las violencias, y, en primer lugar, las violencias institucionales”. Igualmente, evaluó que en su tratamiento legislativo la ley se ha venido “destiñendo, pero todavía tiene –como acabamos de demostrar– una cantidad de artículos que son enormemente peligrosos para un país que venía avanzando considerablemente. Espero que todos los actores políticos que pueden involucrarse con ella morigeren estos detalles que no conducen a nada y, que además, la ciudadanía, al no apoyar la reforma constitucional de la seguridad, reprobó. No metamos por la ley algo que la ciudadanía no quiso en una reforma plebiscitaria”.
