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El Poder Ejecutivo resolvió al comienzo de 2025 un aumento de los aportes de los afiliados activos cuando ya se había registrado un incremento en 2024 que, según la Asociación Civil, generará mayores problemas financieros.
Uno de los tres directores de la Cjppu, Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti, reconoció que cada vez que se instrumentan incrementos, hay más profesionales que se declaran en no ejercicio y dejan de aportar o bajan su categoría. La caja pasó de un 60% de aportantes activos a 37% del total de afiliados y ese incremento “estira la agonía”.

La Asociación propone una reforma institucional, donde los nuevos profesionales dependientes vuelquen sus aportes exclusivamente a la caja en vez del BPS desde junio próximo. De acuerdo al proyecto de ley, quienes trabajen en forma dependiente aportarán un porcentaje igual al que hoy vuelcan al BPS. El aporte patronal también sería vertido por el empleador (público o privado) a la Cjppu y tendrán la facilidad de trabajar como independientes sin tener que aportar nuevamente a la Caja, como deben hacerlo en la actualidad.
Plantea una reestructura de las categorías que pasarían de diez a quince y una disminución de 30% del valor actual del aporte para los nuevos afiliados independientes, con la posibilidad de subir y bajar de categoría en función de su realidad.

En diálogo con EL TELEGRAFO, Rodríguez Sanguinetti señaló que la propuesta fue entregada unos días antes de la asunción presidencial y conversada con el nuevo director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

CAMBIO DE PARADIGMA

La propuesta significa “un cambio de paradigma en la Cjppu que desde hace 70 años ampara exclusivamante a los profesionales universitarios que trabajan en el libre ejercicio de su profesión. De esos, somos cada vez menos. De hecho, la caja tiene 110.000 profesionales que no aportan y declaran no ejercicio y unos 63.000 que aportan a la caja de manera independiente. De este último total, la mitad lo hace en forma voluntaria. Es decir, no dependeríamos de estar al día en la caja para poder trabajar porque lo hacemos en forma dependiente. Por lo tanto, la caja ampara a cerca de 31.000 profesionales que trabajan exclusivamente en forma independiente”.

El resto de los profesionales tiene la doble condición de ser profesionales dependientes tanto del Estado, organizaciones internacionales o empresas. “Proponemos que la caja ampare a todos los profesionales universitarios independientemente de su vínculo laboral. Un software elaborado por una consultora privada con los datos cargados por la caja, establece que de esos 110.000 profesionales que no aportan, el 90% –unos 90.000– trabajan en forma independiente y no lo hacen porque no tienen obligación. Seguramente muchos de ellos figuran como empresas unipersonales”.
Estos aportantes “facturan a su empleador y aportan un ficto al BPS. Ese es el largo proceso por el cual se viene desfinanciando la caja. Primero porque sus fictos son muy altos y los de categoría 10, el ficto es más de 180.000 pesos por ley. Sobre esos valores, que se fijan desde hace muchos años y se actualizan por Índice Medio de Salarios, es que se aporta un porcentaje altísimo. Es el 18,5%”.

En otros casos, “dejan de trabajar en forma independiente o buscan algún subterfugio. Se juntan entre varios y conforman cooperativas de profesionales. O lamentablemente trabajan en forma ilegal, que son los menos pero también hay y todo afecta al normal funcionamiento de la caja”. Aclaró que “la crisis es multicausal y lleva por lo menos 15 años. Hubo varios cambios vinculados al mercado laboral que hoy es tan interdependiente que, además, la seguridad es muy competitiva para los profesionales. Los jóvenes prefieren emplearse y no arriesgarse. Tampoco nos enseña la Universidad de la República –de donde soy egresado– a transformarnos en empresarios”.

TAMBIÉN INFLUYERON LAS REFORMAS

Otro factor es la carga impositiva. “Entre 2006-2007 comienza a caer la caja por efecto de aquella reforma. Se incorpora el IASS a los jubilados de la caja que se descuenta y va a parar al BPS en vez de aportar a la propia caja para su subsistencia. Luego se incorporó el IRPF, el Fonasa, el adicional al Fondo de Solidaridad que pagamos todos los ciudadanos pero en el caso de los profesionales universitarios independientes se desagregaron un montón de cargas que, estén trabajando o no, las tienen que pagar igual”.

Rodríguez Sanguinetti enfatizó que “no hay forma de decirle a la caja que el profesional se encuentra sin trabajo. Entonces, el profesional resuelve bajar de categoría. Este es uno de los grandes temas de su desfinanciamiento. El aportante, por efecto de la ley de 2004, puede bajarse hasta la segunda categoría. Pierde los ahorros que tuvo antes, pero está en regla. Paga la caja, está habilitado a trabajar en forma independiente y paga el mínimo que es la categoría 2”.

A lo largo de los años se retiraron los profesionales que aportaron por las categorías más altas, mientras que hoy aumentan los aportantes de las categorías más bajas. “Eso ha hecho que la caja deba vivir de sus propias fuentes de financiamiento. Primero nos fuimos comiendo los intereses del capital –básicamente en papeles financieros– y ahora nos quedan unos meses para que se termine”.

Aseguró que hasta ahora “se ha solventado con sus propios ahorros de décadas, no tiene deudas y por eso le ha permitido sobrevivir en los últimos 15 años. Pero todo tiene un fin. Y ese fin se producirá en junio, julio o agosto –de acuerdo a los valores de los papeles que se están vendiendo– o si mejoran un poco los ingresos a la caja. Después, tendremos que apelar a que el Estado elabore un proyecto de ley para que lo discuta el Parlamento”.

OTROS EJEMPLOS

Consultado sobre posibles afectaciones de la propuesta sobre el sistema previsional, Rodríguez Sanguinetti precisó que “el BPS nunca estuvo ni estará financiado. Lo financiamos entre todos y lo que pagan trabajadores y empleadores no cubre las jubilaciones ni pensiones de nadie. Por eso hubo que hacer una reforma para disminuir las jubilaciones y aumentar los años de aportes”.

El directivo destacó que la propuesta incluye a unos 4.000 nuevos profesionales por año “que no desfinancian a ningún sistema. Ese es el único argumento en contra que anda en la vuelta y es que desvestimos un santo para vestir otro. Pero eso pasa todos los días en el Estado cuando se financian situaciones privadas, como pasa en la salud habitualmente. Y no ponemos este ejemplo para justificarnos, sino que decimos que el sistema ya está desfinanciado”.

Ejemplificó que “los ciudadanos seguimos subvencionando los servicios de retiros policiales y militares, la caja bancaria en sus dos reformas que implica aportes monetarios directamente del Estado. En la última ley implica dar garantía soberana a papeles de deuda que emita la Caja Bancaria para su funcionamiento. O sea, esto ya se hizo”.
En las cajas bancaria y notarial se incorporaron nuevos aportantes, además de aquellos que lo hacían al BPS. “Por ejemplo, las financieras de un montón de instituciones tanto públicas como privadas pasaron a la Caja Bancaria y en la Notarial, se incorporaron hasta los empleados de los escribanos”.
La Cjppu tiene un presupuesto anual de unos 600 millones de dólares, entre ingresos y egresos, con un costo de funcionamiento en torno a 20 millones de dólares, “que nosotros creemos es excesivo además de tener una burocracia interna que es significativa”.

REDUCCIÓN BUROCRÁTICA

El 40% del déficit corresponde a los costos de funcionamiento. “Proponemos una reducción para dar el ejemplo a aquellos profesionales ‘héroes’ que todavía aportan y disminuir el directorio conformado por 7 miembros que no tiene mucho sentido. Dos representan al Poder Ejecutivo, que básicamente toman las decisiones con los dos de la mayoría por el sublema. Proponemos reducir a uno el representante del Ejecutivo y que, además, su salario lo pague el organismo Ministerio de Trabajo y no la Cjppu”.

La propuesta incluye reducir “la gerencia con sueldos que se han ido votando en todos los períodos. Tampoco se pueden bajar los sueldos así nomás. Pero en algunas empresas privadas está pasando, o cierran o todos hacen el esfuerzo”.

Estos anuncios generaron la inmediata preocupación en países del caribe, al punto que los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Caribeña de Naciones, Caricom, se reunieron para analizar este tema regionalmente “con la esperanza de tener una reunión en un momento no muy lejano, en un nivel apropiado, con el gobierno estadounidense”.

En una hoja informativa a principios de año, el Departamento de Estado afirmó que por estos programas se envían decenas de miles de trabajadores cubanos a todo el mundo en acuerdos de cooperación multianuales negociados con los países que los reciben. La mayoría de estos trabajadores son profesionales médicos y el gobierno cubano recauda entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales por la exportación de sus servicios.
Rubio señaló que el programa de exportación de mano de obra cubana no solo enriquece al régimen cubano, sino que, en el caso de su misión médica en el extranjero, priva a los cubanos de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país, citó Voice of America.

En 2021, más de 1.100 participantes presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional y la ONU. La mayoría reportó que no se ofrecieron como voluntarios para el programa, sino que fueron separados de sus familias a la fuerza, prosigue el artículo en la web la emisora oficial.
Desde el gobierno isleño se respondió a esta ampliación de las restricciones de visas acusando a Rubio de priorizar “su agenda personal” por encima de los intereses de EE.UU. En una publicación en su perfil de X, el canciller cubano Bruno Rodríguez defendió el programa de misiones internacionalistas como una forma de cooperación internacional.

URUGUAY

Aunque en las declaraciones de Rubio no se menciona específicamente a Uruguay, nuestro país tiene vigente un acuerdo con Cuba por el que se lleva adelante la denominada Operación Milagro, por la que desde comienzos de 2008 se han realizado intervenciones quirúrgicas para corregir cataratas, que han permitido recuperar la visión a más de 100.000 uruguayos, pero también se han llevado a cabo otras intervenciones, como cirugías estéticas, corrección de obstrucciones de lacrimales, tumores, miopía, glaucoma, entre otras.
En noviembre del año pasado el BPS decidió “autorizar en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, referente a la Operación Milagro, el gasto de U$S 250.000, con cargo a prestaciones, como aporte económico para el cumplimiento de los fines de dicho acuerdo”. Este aporte económico “cubrirá la actuación integral de la cooperación en curso hasta el 31/12/2025, contemplándose el uso de dichas partidas de forma de asegurar el financiamiento del programa hasta dicha fecha”, establece la Resolución de Directorio (R.D.) N° 37-3/2024.

RECORTES

Por otra parte, Rubio dispuso recortes en la representación de los Estados Unidos en el extranjero. De acuerdo con un reporte del New York Times, el Departamento de Estado planea cerrar misiones diplomáticas y despedir a empleados en el extranjero.
Las reducciones forman parte tanto del recorte amplio del gobierno federal del presidente Trump como de su política exterior de “Estados Unidos primero”. Los planes incluyen el cierre de una decena de consulados en el extranjero antes del verano boreal y están considerando la posibilidad de cerrar muchas más misiones. También tiene previsto despedir muchos ciudadanos locales que trabajan para sus cientos de misiones, los cuales constituyen dos tercios de la plantilla de la agencia, pero que conforman la base del conocimiento que los diplomáticos estadounidenses tienen de las regiones.

El proceso ha sido acelerado por un equipo dirigido por Elon Musk, que se ha infiltrado en organismos públicos a la caza de lo que denomina “despilfarro gubernamental”.
A mediados de febrero, Rubio envió un memorando a los jefes de misión en el que les pedía que se aseguraran de que la dotación de personal en los puestos en el extranjero “se mantuviera en el mínimo necesario para poner en práctica las prioridades de política exterior del presidente” y agregaba que debían suprimirse todos los puestos que quedaran vacantes durante dos años.

Funcionarios del Departamento de Estado han compartido una lista con el Congreso, aunque aún podría cambiar, que incluye consulados en Florencia, Italia; Estrasburgo, Francia; Hamburgo, Alemania, y Ponta Delgada, Portugal. También incluye un consulado en Brasil, según un funcionario estadounidense.

El Comité agregó: “Porque eso eras, querido por todos en tu Paysandú natal. Eras un hombre común: esposo, padre, hermano, trabajador. Pero algo te hacía diferente, eras judío. Y ese fue el motivo que llevó a un fundamentalista asesino a matarte. Tu condición de pensar distinto, de aferrarte a otra fe. Porque esas cosas también ocurren en Uruguay, nuestro país”.

“Recordamos el brutal asesinato y nos comprometemos a continuar alertas ante cualquier acto de terrorismo en el país. Haremos todos nuestros esfuerzos por impedir que el antisemitismo, la judeofobia, el racismo y el odio continúen ganando espacios y pretendan instalarse en nuestro cotidiano vivir”, destacó el CCIU, entidad representativa de la colectividad judía en Uruguay.
El comunicado afirmó al final que “como hace 9 años, todos somos David Fremd y al tiempo que honramos su memoria, velamos por nuestros derechos de ser y pensar de acuerdo a nuestras creencias, en libertad”.

En la víspera, algunos sanduceros, incluyendo a su hermano, colocaron una ofrenda sobre la placa que lo recuerda, en la esquina de avenida España y Guayabos, a metros de donde fue atacado el 8 de marzo de 2016.

Otro de los aspectos que ha marcado a la empresa a lo largo de los años es su capacidad de abastecimiento, recibiendo camiones directamente de fábrica provenientes de Rio Grande del Sur en Brasil, lo que asegura stock permanente y variedad para sus clientes. “Siempre apostamos a estar un paso adelante, tanto en productos como en servicio. Nuestro desafío es mantenernos en la vanguardia y seguir ofreciendo lo mejor a nuestros clientes”, destacó Esponda.
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