Opinión

Esto no es nuevo del todo; ya lo hemos comentado incluso en esta misma página, y no es para menos, porque la preocupación por la baja natalidad y las inquietantes proyecciones demográficas del Uruguay para el resto de este siglo deberían estar entre los primeros lugares de la agenda, pero no de ahora: podríamos decir incluso que venimos llegando tarde, a la vista está. De todos modos, es oportuno refrescar algunos datos para entender de qué estamos hablando. De acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la actualización de datos realizada a instancias del Censo 2023, Uruguay ya alcanzó su población máxima en 2020 con 3.510.305 personas, y desde ese año inició un proceso de gradual reducción. La estimación es que para 2045 habrá 3,4 millones de habitantes y que para 2070 volveremos a ser aquellos tres millones. Tal disminución obedece a un “crecimiento natural negativo sostenido, producto del descenso en la natalidad y el aumento de las defunciones”, y se calcula bajo el supuesto de un saldo migratorio exterior nulo, es decir, que tendremos tantos extranjeros radicados en Uruguay como orientales que abandonan el país en busca de nuevos rumbos, o una cifra similar. De la mano de esto, el informe advirtió un envejecimiento acelerado de la población. Para 2070, el 32,5% de los uruguayos tendrá 65 años o más, el doble que en la actualidad (15,8%) y, en contraste, los menores de 15 años serán solo el 11,5% de la población. El promedio de edad aumentará de 39 a casi 50 años, y los niveles de fecundidad continuarán siendo los más bajos de la historia del país. Eso a su vez se retroalimentará, porque en las futuras generaciones habrá menos vientres y por supuesto menos niños. Esta reducción demográfica ya está teniendo consecuencias. En los últimos meses venimos escuchando a las autoridades de la educación sobre este escenario y sus derivaciones. En los niveles de Inicial y Primaria ya se empieza a notar una matrícula en franco descenso, lo que, sin dejar de ser un problema país en el mediano y largo plazo, en lo inmediato es incluso una oportunidad para mejorar la calidad del acceso al conocimiento que se ofrece a esos menos alumnos orientales que llegan a las aulas. Referimos a la situación uruguaya, pero es un problema regional y hasta global, que tiene sus explicaciones y que no vendría al caso analizar ahora en detalle.
Martín Scasso, especialista en información educativa de la Unesco en Santiago de Chile, afirmó en un evento regional en octubre del año pasado que no existe otra región del mundo donde haya descendido de manera tan acelerada la natalidad como en América Latina y el Caribe, y que esta tendencia “está cambiando la fisonomía de los sistemas educativos de la región”. Entre las posibles situaciones derivadas de la carencia de planificación, mencionó la posibilidad de estructuras educativas sobredimensionadas, cierre de escuelas, construcción de nuevos centros educativos a contrapelo de una matrícula en descenso, distribución inequitativa de recursos, competencia entre centros para captar una demanda reducida y docentes sin oportunidades laborales, entre otras. Pero, en contrapartida, llamó a apreciar este contexto como una oportunidad para avanzar en innovaciones, “con un esfuerzo quizás menor del que podría requerirse en otros escenarios”.
El director de Planeamiento Educativo de la ANEP, Andrés Peri, expuso sobre la situación uruguaya. Afirmó que la proyección de la población en edad escolar constituye una dimensión clave del planeamiento educativo, ya que permite estimar con cierta precisión la población futura a escolarizar. Peri señaló que en Uruguay, en la década de los ochenta, se registraban alrededor de 55.000 nacimientos anuales, mientras que en 2024 fueron casi 30.000. La cantidad de estudiantes de tres a 17 años en 1996 era del orden de los 800.000, mientras que en la actualidad ronda los 673.000, cifra que se reduciría a la mitad para 2070.
Ahora hablemos de fútbol. El profesor Esteban Gesto es un conocido profesional en el ámbito del fútbol, preparador físico de selecciones celestes y de equipos uruguayos que han sabido levantar copas internacionales. Durante su participación en el reciente Summit AUF 2026, organizado por la institución rectora del fútbol uruguayo, ofreció una ponencia centrada en la modernización de la competencia y el desarrollo integral de las divisiones formativas. Abarcó ejes clave como la necesidad de modernizar los torneos, planteó estrategias para optimizar y elevar el nivel competitivo de los juveniles, enfatizó la necesidad de avanzar en una formación integral de los jugadores y remarcó que los aspectos técnicos siguen siendo decisivos, por más que el fútbol es cada vez un deporte más atletizado, es decir, en el que la base física no ha dejado de elevarse.
Pero lo que nos viene al caso de su exposición es lo que refirió respecto a esta reducción de población en el país, que ya está afectando, dijo, la base, la cantidad de jugadores entre los que se seleccionarán a los futuros defensores de las selecciones uruguayas. No se trata de que no lleguemos en el futuro a juntar once jugadores en condiciones de saltar a la cancha; sin embargo, cuanto menor es la cantidad “bruta” de jugadores, menor la chance de contar con talentos. El país ha tenido históricamente una buena red de captación de esos talentos y eso seguirá estando, pero los demás han venido perfeccionando las suyas también, y nuestra competencia es con auténticos gigantes como Brasil y Argentina, con quienes hemos compartido podio en general. Gesto considera que en lo que queda del siglo está en riesgo ese tercer puesto frente a selecciones que han crecido mucho en sus inferiores, como Ecuador y Colombia. Frente a eso, hay estrategias que ya han empezado a adoptarse, y no solo por Uruguay, como seguir trabajando en captar talentos tanto en el interior como, sobre todo, en el exterior del país: hijos de uruguayos a los que se pueda vestir de celeste. El tiempo dirá si es suficiente para compensar.
Ahora bien, lo que nos pasará en el fútbol es de suponer que en alguna medida también nos ocurra en otras disciplinas, aunque quizás los efectos no sean tan visibles: en las diferentes profesiones, en las artes, en la política, en las fuerzas de seguridad, y hasta en el carnaval, por qué no decirlo.

En el marco de un proceso de expansión de la conectividad en todo el país, Antel inauguró recientemente el servicio de fibra óptica en la localidad de pueblo Porvenir, completando la provisión de esta tecnología en todas las ciudades de más de 1.000 habitantes, un hito que consolida a Uruguay como el país mejor conectado de América Latina. Se trata de un logro que trasciende la ingeniería de telecomunicaciones, debido a su impacto social con una cobertura del 96% de la población.

No es que Uruguay sea una “isla” en un continente marcado por la desigualdad y las exclusiones, pero el hecho de que un vecino de Porvenir o cualquier otra pequeña localidad del interior cuente con las mismas posibilidades de transmisión de datos que un residente en el centro de las capitales departamentales o Montevideo representa un avance que no puede pasar desapercibido.

Si bien este despliegue en el territorio es un desarrollo de infraestructura, también tiene valor como política social de gran escala para las nuevas generaciones, algo que quizás próximamente sea incluido como un indicador de bienestar o calidad de vida.

Hoy en día la conectividad condiciona el ejercicio de derechos fundamentales del ser humano, porque el derecho a la educación, la cultura y el acceso a la información nos alcanzan a todos desde el texto de las declaraciones y las leyes, pero no siempre pueden ejercerse en la vida cotidiana de los habitantes del país. Por ejemplo, un joven sin internet en una localidad de contexto rural es un ciudadano con acceso limitado a la educación superior, a la capacitación técnica o la inserción laboral global. En este sentido, la llegada de la fibra óptica cambia las reglas de juego y elimina una barrera al desarrollo que hasta hace muy poco era invisible pero insalvable.

Se trata ni más ni menos que de una herramienta de justicia territorial que podría ayudar a combatir el desarraigo al garantizar las mismas condiciones de conectividad que en los centros urbanos, permitiendo, por ejemplo, optar por estudiar o trabajar a distancia y decidir permanecer en el lugar de residencia sin renunciar a un futuro profesional.

Sin embargo, la democratización del acceso no garantiza la igualdad de oportunidades, y la experiencia internacional advierte que la fibra óptica por sí misma no es suficiente y que servirá de poco si no va acompañada de una estrategia que impacte efectivamente en el territorio.

A pesar del despliegue, tienden a subsistir tres brechas. La primera es la de habilidades o competencias, dado que tener la herramienta no implica necesariamente saber usarla para generar riqueza. En ese sentido, habría que pensar en dinamizar —o crear— los espacios culturales de los pueblos adecuados para desarrollar programas de entrenamiento o reconversión laboral que permitan que la población pueda acceder a mercados más amplios que su propia comarca, a nivel nacional o global, o a empleo en servicios remotos. En Escocia, por ejemplo, el programa Reaching 100% (R100) invirtió 600 millones de libras para conectar al 100% de la población rural. Sin embargo, las evaluaciones de 2025 mostraron que si bien más del 70% de las empresas conectadas mejoraron su productividad, el impacto real fue condicionado por la falta de programas de capacitación. Sin formación en habilidades digitales, la brecha de apropiación persiste.

La segunda brecha tiene que ver con el llamado capital social: la fibra óptica facilita la creación de cooperativas digitales y centros de innovación local, nodos de trabajo compartido donde la comunidad se reúna para innovar, de forma de evitar la fragmentación de los usos individuales y pasivos de la tecnología. La tercera brecha es la de los servicios públicos: incorporar la digitalización de la gestión pública local, porque si un trámite exige el traslado a la capital departamental se está desperdiciando la potencialidad de la red.

Esto implica avanzar en algo que Uruguay ya está implementando con bastante éxito: la digitalización del Estado. En este sentido, la conectividad debe ir acompañada del desarrollo de una identidad digital que permita gestionar trámites, impuestos y hasta servicios de salud telemáticos desde cualquier punto del país. Por otra parte, considerando otros aspectos del cruce entre tecnología y sociedad, habría que tener en cuenta que el despliegue de infraestructura de fibra óptica no puede analizarse ignorando las alarmas que resuenan en el sistema sanitario. Recientemente el Ministerio de Salud Pública ha puesto el foco en la urgencia de estudiar el impacto del consumo digital en menores. Al respecto, existe una preocupación creciente sobre cómo la exposición temprana a pantallas está incidiendo en el desarrollo cognitivo, los patrones de sueño y la estabilidad socioemocional de los niños y adolescentes. Se trata de una faceta que no debería ignorarse: ¿de qué sirve garantizar el acceso universal si no se capacita a las familias y al sistema educativo para gestionar esos riesgos?

Ahora que la conectividad está llegando incluso a los lugares más remotos del país, es necesario educar para promover un uso que no desplace actividades fundamentales para el desarrollo humano, como el juego presencial y la interacción cara a cara. La soberanía digital también implica la protección de nuestras infancias frente a algoritmos diseñados para capturar la atención.

Asimismo, sería interesante y productivo comenzar a ver las localidades rurales como nodos de producción especializada donde el trabajo remoto y las industrias creativas constituyen oportunidades para atraer empresas que busquen entornos de vida equilibrados con la naturaleza, con menores costos e igual conectividad. Ahí el Estado debe otorgar incentivos y programas de capacitación que logren que el talento humano local sea una ventaja competitiva.

Por todo esto, la fibra óptica es apenas una base, un piso para cimentar un protagonismo local y una verdadera descentralización digital, en lugar de trasladar a las pequeñas comunidades rurales nuevas formas de consumo digital y ocio dejando intactas las desigualdades estructurales. Ahora que la fibra óptica fue inaugurada, se hizo la foto y la noticia estuvo en titulares, los municipios, las intendencias, el sector privado y los propios ciudadanos deberán demostrar en el corto plazo su capacidad para que esta autopista digital que corre en los laterales de nuestros caminos vecinales sea también una ruta segura hacia el desarrollo local.

Las cifras oficiales de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas indican que 2025 cerró con más de 677 millones de dólares en apuestas deportivas, loterías y quinielas. Esa cifra representa un crecimiento significativo respecto a 2024, cuando se registraron unos 614 millones de dólares. En el desglose por cada juego oficial, todos muestran un incremento sostenido de las apuestas. La respuesta del público consolidó el escenario regulado por el Estado y evidencia una creciente digitalización, particularmente en las apuestas instantáneas y deportivas. No obstante, el 60 % de los apostadores aún realiza sus apuestas en puestos de venta físicos.
La Rendición de Cuentas de 2017 (Ley 19.535) declaró ilegales las apuestas, los juegos de casino y las plataformas en línea que no cuenten con la autorización expresa de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ). Asimismo, la norma facultó la adopción de medidas directas para erradicar el juego no autorizado.
Como resultado de un acuerdo con la empresa Meta, al cierre del año pasado la DNLQ había bloqueado 1.654 sitios internacionales, eliminado 51 cuentas y aplicado cuatro medidas sancionatorias a medios de comunicación, entre intimaciones y multas económicas. En este contexto, más de un centenar de páginas son dadas de baja cada mes. Uruguay no cuenta con estudios estadísticos sobre la ludopatía ni sobre las franjas etarias involucradas en esta problemática. La DNLQ comenzó a realizar encuestas para sistematizar esa información. La percepción general indica que, en Uruguay, el fenómeno no alcanza los niveles observados en otros países de la región. Sin embargo, se estima que unas 35.000 personas padecen adicción al juego.
En el Parlamento no prosperaron los proyectos de ley presentados durante el período anterior. En 2021, el Ministerio de Economía impulsó una iniciativa y, al año siguiente, hizo lo propio la entonces oposición.
Al comienzo de esta administración, el senador Felipe Carballo presentó un proyecto de ley con el objetivo de regular el juego en línea mediante un sistema operado por el Estado en conjunto con privados y bajo supervisión estatal.
El legislador propone la creación de una Plataforma Estatal de Juego en Línea, dependiente de la DNLQ, así como de una Agencia Nacional de Regulación del Juego Online, que tendría autonomía para otorgar licencias, auditar plataformas, controlar transacciones y sancionar incumplimientos. Una vez aprobada la inscripción del usuario, el apostador estaría obligado a registrarse con límites personalizados de gasto y mecanismos de trazabilidad financiera. De acuerdo con el proyecto, operar sin licencia constituiría un delito.
En cada nuevo período de gobierno se percibe interés por ampliar las regulaciones, pero diversos intereses obstaculizan la continuidad de los proyectos. Lo cierto es que cualquier persona con un celular, acceso a internet y una tarjeta de crédito puede apostar. A comienzos de marzo, Carballo declaró a EL TELEGRAFO que existen dificultades vinculadas a la salud mental derivadas de la ludopatía y a la falta de controles sobre las apuestas realizadas por menores de edad. “Todo ese espacio vinculado al juego le pertenece al Estado uruguayo, que lo único que ha hecho es dar en concesión a la banca privada para su explotación”.
Sin embargo, cada día ingresan nuevos apostadores a través de internet y el Estado debe avanzar en los controles mediante una plataforma propia. “Los concesionarios deben aportar por hacer uso de ese espacio y eso no sucede porque el aporte lo hace únicamente la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas”, afirmó el legislador.
El bloqueo diario de páginas ilegales demuestra que se trata de un negocio rentable y, en ese sentido, el Estado, como titular de todos los juegos, debería percibir un aporte económico significativo.
Los juegos en línea no han sido discutidos en profundidad y la legislación vigente responde a otras épocas y modalidades de apuesta. Por otra parte, la DNLQ presentó un proyecto orientado a modificar la distribución del IVA generado por el juego deportivo bajo su supervisión, Supermatch, e incorporar como beneficiarios a la Secretaría Nacional del Deporte y al Comité Olímpico. Asimismo, impulsa otra iniciativa destinada a modernizar la normativa vigente sobre rifas, que no ha sido modificada desde la década de 1970. Al finalizar el primer año de gestión, el Poder Ejecutivo señaló en su memoria que, durante 2025, la DNLQ incrementó las fiscalizaciones y logró “una mejora en el funcionamiento en cada uno de los lugares inspeccionados”. Incluso anunció que, desde este año, establecerá una “regionalización con rotación de inspectores para el interior del país”.
A pesar del monopolio estatal, el Estado se encuentra en desventaja frente a un mercado globalizado, y allí radica una de las principales contradicciones. El marco legal uruguayo es uno de los más restrictivos de la región, pero carece de una regulación específica para el juego digital. Además, cada período legislativo concluye con el archivo de alguna propuesta que vuelve a surgir en la legislatura siguiente.
Por ahora, el único dato disponible proviene de un relevamiento realizado en Montevideo en distintas instituciones educativas, según el cual el 27 % de los estudiantes de entre 12 y 18 años realiza apuestas en línea todos los días. La edad de inicio no es un dato menor ni una simple referencia estadística: constituye una señal preocupante sobre un futuro incierto en un país donde la salud mental continúa siendo una cuenta pendiente.

¿No les da esa sensación? Además, mucho fuego amigo. ¿Amigo? Dicen que el problema es que el gobierno no comunica bien. La comunicación es importante, sí, pero no lo es todo. Por supuesto que es clave saber decir, saber contar, pero es básico tener algo para decir, algo para contar.

Los comunicadores no hacen milagros. Pueden entonar algunas canciones, por un ratito; dura poco, no se puede engañar “a todos todo el tiempo”. Solo las religiones y eso ha llevado mucho tiempo, hacen creer a la gente en algo que nunca vieron. Los milagros ahora cuestan mucho más.

El principal problema del gobierno de José Mujica –fue de los peores–, era que estaba dividido en chacras autónomas y en cada una el mandamás local o de turno hacía lo que quería, y se llevaba o derrochaba lo que quería. Una contradicción tras otra. Es decir: ¡un despelote!

Pocos he conocido que sintieran como Mujica tanta aversión por la “burocracia” –esto es, por los vagos que viven del trabajo de los demás y además le dificultan la tarea–. Hablaba mal de la burocracia, de los funcionarios públicos demasiado amontonados, y lo hacía con base a buenos y abundantes fundamentos. Sin embargo fue el período en que más creció la burocracia, en el que entraron más funcionarios. Y si aquel gobierno era de chacras, este es de quintitas. Son muchas más y muchos más los que te dan clase, te censuran, te condenan o te dan un cargo o algún tipo de prebenda. Y todos hablan y pontifican, y el ruido es mucho: y así ¿cómo alguien pretende que haya una buena comunicación?

Todos hablan, nadie escucha y nadie calma las aguas. Lo que pasa es que el gobierno no tiene rumbo, dicen desde la oposición.

Y algo de eso hay. Con tantos y cada cual tirando para su lado y solo los bolches son los únicos organizados, es para estar atentos; y más: preocupados y alarmados.

Basta mirar lo que pasa con la Fiscalía, o con las performances de la Jutep. O en Salud Pública o en RREE o en T y SS y el Pit Cnt. Parecería que el único capital que le resta al presidente no es propio. Es como subsidiario: lo sostiene la vicepresidenta Carolina Cosse. No es porque ella tenga una gran fuerza política –más allá de la que le presta transitoria y oportunamente el PCU– y menos apoyo popular: precisamente el alto nivel de rechazo que su figura genera es la savia que aún alimenta a Orsi, una plantita que se va marchitando. A Orsi hay que cuidarlo se repite, porque si él cae viene Carolina y ahí si orientales que “agarrate Catalina (así dice el original, pero puede cambiar) que vamos a galopar”. Todo ello pesa pero no es eterno.

lega un momento que la gente se desmoraliza, se desilusiona, se calienta y despavorida sale a clamar por un “hombre fuerte”. Pasa y ha pasado; en este caso específico sería una “mujer fuerte”. Hay cosas que están cantadas.

¿Por qué el presidente no propone a Ferrero como fiscal titular? ¿Por qué no les pide la renuncia a los miembros de la Jutep? Por supuesto que con ello ya hubiera terminado con el ruido de “la camioneta”, pero lo que importa es que pondría fin a situaciones pendientes que constituyen amenazas serias para nuestras garantías, nuestros derechos y nuestras libertades. ¿Por qué no lo hace? ¿Quién o quiénes no lo dejan?

La gente se aburre, se cansa y al final lo único que le sirve es que “se vayan todos”, lo que bien traducido es que venga alguien que mande y ponga orden. Y todo ello suena muy feo.

Siguiendo con el análisis de la realidad del proceso penal que hoy día tenemos y cuya reforma se encuentra en ciernes, hay que insistir en que las modificaciones propuestas no llenan las expectativas centradas en un proceso justo, público y democrático. En este caso el tema a tratar es el del proceso abreviado, que lamentablemente representa más del 97% del total de los juicios que bajo este nuevo código se llevan adelante en nuestro país. Dice la Constitución de la República en su artículo 12: “Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal”.

Pues, la población tiene que saber que el proceso abreviado técnicamente es un trámite, ni siquiera puede ser llamado proceso, pues es una instancia donde el Fiscal y la Defensa del imputado negocian fuera del juzgado en función de los hechos, la calificación jurídica y la pena a aplicar al caso en concreto, sin que exista intervención del juez –que en la mayoría de los casos es el juez de Garantías–; el juez no ve pruebas, no interroga testigos, no es necesario acreditar absolutamente ningún aspecto de la pretensión punitiva del Estado, basta llegar al mismo con un acuerdo cerrado, que el imputado preste su consentimiento y que los hechos que se relatan no sean un disparate jurídico, acto seguido se emite una sentencia de condena.

Ahora bien, ¿es posible sostener que se respeta el art. 12 de la Constitución, cuando el juez que dicta la sentencia no valoró absolutamente ninguna prueba de cargo, cuando el juez no puede acceder a la carpeta investigativa para decidir si está o no de acuerdo con lo que se le pide? ¿Es ese el proceso pensado por el Constituyente, el de un juez que solo sea espectador de un debate en el que no participa?
Nosotros creemos que esto es realmente un dislate, que nuestros legisladores han copiado de modelos que nada tienen que ver con nuestra tradición jurídica y constitucional. Repare el lector que, según la Constitución, para poder detener a una persona sospechosa de delito es necesaria la semiplena prueba de su participación en un hecho delictivo (art. 15 de la Constitución), con más razón debería ser necesaria la plena prueba para disponer su condena y que pase a cumplir pena en una cárcel, por así ordenarlo el órgano del Estado cuya competencia es esa. Entonces, ¿qué es lo que está mal en este punto? ¿Dónde ha quedado aquello de que la jurisdicción es juzgar y ejecutar lo juzgado? ¿Qué es lo que realmente se juzga en estas estructuras? Para cambiar en algo esta realidad, en lo primero que debemos centrarnos es en remodelar la función del juez, no es posible que siga siendo un mero espectador de lo que le traen las partes y se le impida valorar las evidencias que se han recogido para llegar a pedir la condena de tal persona por determinado hecho punible. ¿Cómo se logra eso?, pues con el deber preceptivo de acceso a la carpeta fiscal por parte del juez, donde éste controle la existencia de las evidencias con las que se dice contar y las pueda mínimamente valorar. Para ello es necesario reformular por un lado el art. 273 del Código del Proceso Penal (CPP), exigiendo el acceso del juez a la carpeta de la Fiscalía, y el art. 142.3 del CPP, que establece que no es necesario que el juez para dictar sentencia de condena tenga que tener certeza sobre la existencia del hecho punible, un adefesio jurídico si lo hay.

En nuestra opinión, no es posible sostener que nuestro proceso penal está estructurado respetando las garantías mínimas, cuando el 97% de las causas se resuelven en 24 horas, cuando el juez de garantías no controla ni valora más que formalidades, cuando la sentencia que dicta el Estado no se funda en la valoración de hechos ni de pruebas porque el juez no puede ingresar a valorar hechos y pruebas, en definitiva, cuando estrictamente no tenemos un proceso ni una sentencia real sino un sinónimo legal.

Siempre hemos entendido que una sentencia, y máxime una sentencia penal, es aquella que valora las pruebas que se allegan al juicio y en función de eso termina, o no, limitando el bien jurídico de la libertad del conciudadano, pues bien, lo que vemos en nuestro proceso penal hoy es una realidad absolutamente distinta, ajena a ese programa constitucional. Lo que más extraña de todo este proceso es que se diga que si las cosas no son así el modelo explota, que sería imposible otro diseño por falta de fiscales, de recursos, etcétera. Pues bien, es hora de pensar que no podemos llevar a cabo reformas sin los recursos necesarios, pero mucho menos llevarlas a cabo subvirtiendo el sistema de garantías mínimas. Lo del título: ¿Hasta dónde queremos llegar?

Dr. Federico Álvarez Petraglia

El caso del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, es un ejemplo claro. Puede tener gestión local, puede tener presencia departamental, pero la política nacional exige otra estatura, otra capacidad de síntesis, otra densidad política. Y eso, hoy, no se ve.

A su lado, figuras como Carmelo Vidalín, con una postura crítica del rumbo actual, marcan algo que es real: hay incomodidad interna. Pero la crítica, si no se transforma en alternativa, queda en gesto.
Y después están las contradicciones que erosionan la credibilidad.

El caso de él es paradigmático. Se lo convoca a asumir una suplencia en el Senado, se posiciona, pero al mismo tiempo no termina de dar el paso ni de correrse del todo. Entonces la pregunta es inevitable: si no está de acuerdo con el rumbo, ¿por qué no renunciar y generar un gesto político claro? En política, los gestos importan. Y mucho.

Porque lo que hoy transmite el Partido Nacional no es debate interno saludable, sino confusión. No es diversidad de liderazgos, sino dispersión. No es renovación, sino falta de conducción.
Y eso tiene consecuencias.

Un partido sin liderazgo claro no solo pierde rumbo: pierde futuro.

Lo más duro de todo esto es que quienes dimos un paso al costado –como en mi caso después de haber sido diputado, intendente y representante en la Comisión Administradora del Río Uruguay– lo hicimos, en parte, porque dejamos de reconocernos en ese espacio. Y cuando alguien con trayectoria dice “ya no tengo partido”, no es una frase más: es un síntoma grave.

Porque los partidos políticos no son sellos electorales. Son comunidades de valores, de historia, de identidad.

Si eso se pierde, todo lo demás es secundario.

El Partido Nacional todavía está a tiempo. Pero el tiempo no es infinito. O aparece un liderazgo que ordene, que convoque, que recupere el espíritu wilsonista en serio –no como consigna vacía–, o el partido seguirá desdibujándose lentamente, atrapado entre el poder coyuntural y la falta de alma.
Y en política, cuando se pierde el alma… lo demás tarde o temprano también se pierde.

Ing. Agrim. David Doti

Hoy se cumplen 6 meses de la tragedia que cambió para siempre nuestras vidas. Han sido seis meses de dolor, de ausencia y de intentar seguir adelante con un vacío imposible de llenar. Como familia, seguimos esperando respuestas y la justicia que aún no llega. Mientras el tiempo pasa, nuestra herida sigue abierta y la necesidad de conocer toda la verdad permanece intacta. A este dolor se suma la falta de empatía y de responsabilidad demostrada por quien provocó esta tragedia, así como la falta de claridad y seriedad con la que se ha manejado la investigación. Sentimos que, después de seis meses, seguimos sin obtener las respuestas que merecemos.

No vamos a resignarnos al silencio ni a la indiferencia. Seguiremos reclamando verdad y justicia por todos los medios necesarios, y si es necesario nos movilizaremos para que nuestra voz sea escuchada. Porque detrás de cada expediente hay una familia que sigue sufriendo y una ausencia que nunca podrá repararse.
Pedimos justicia por José Méndez. 18/07/1964 – 13/12/2025.

Familiares y amigos

La comunicación política en 2026 se desarrolla en un ecosistema profundamente transformado por la convergencia entre tecnologías digitales, concentración económica y mutaciones culturales que han erosionado las mediaciones tradicionales, y han devaluado los términos de intercambio sustentados en valores democráticos. En este escenario, la mentira y el insulto se han convertido en herramientas estandarizadas de la competencia política, no como anomalías sino como síntomas de un sistema comunicacional que premia la agresividad, la simplificación y la emocionalización extrema. Como advirtió Manuel Castells en Communication Power (2009), el poder contemporáneo se ejerce en gran medida mediante la capacidad de construir marcos interpretativos que circulan en redes descentralizadas, donde la veracidad es menos relevante que la capacidad de generar adhesión afectiva inmediata.

La arquitectura de las plataformas digitales diseñada para maximizar tiempo de exposición y monetización publicitaria, favorece contenidos polarizantes, breves y disruptivos. La mentira, en este contexto, no es un accidente: es un recurso funcional. Como mostró Shoshana Zuboff en The Age of Surveillance Capitalism (2019), la economía digital se sostiene sobre la extracción de datos y la modulación del comportamiento, lo que convierte a la política en un terreno fértil para la manipulación algorítmica. La viralidad opera como criterio de verdad. La indignación, como forma de participación. El insulto, por su parte, se ha normalizado como dispositivo de diferenciación identitaria. Pierre Bourdieu ya había advertido en La distinción (1979) que los estilos de habla son marcadores de posición social; en la política digital, el insulto funciona como un marcador de pertenencia tribal. No se insulta para convencer: se insulta para demostrar lealtad. La comunicación deja de ser un puente y se convierte en un arma, en un abismo.

A esta dinámica se suma la existencia de un mercado lucrativo de insumos difusos, donde operan consultoras, agencias de microsegmentación, proveedores de datos, influencers y operadores anónimos que producen contenidos “admitidos pero opacos”. La frase “todos tienen un muerto en el clóset” sintetiza la lógica de este mercado: la circulación de información comprometedora —real, exagerada o fabricada— se vuelve moneda corriente. La política se precariza porque la reputación se vuelve un bien volátil, fácilmente erosionable por actores sin responsabilidad pública. Como señaló Daniel Hallin en The Uncensored War (1986), la pérdida de control sobre los marcos informativos debilita la capacidad de los sistemas políticos para sostener consensos mínimos.

Esta realidad no puede comprenderse sin atender a la concentración de la riqueza y del poder. La “financiarización” de la economía, la precarización laboral y la erosión de la clase media —fenómenos ampliamente estudiados por Thomas Piketty en Capital et idéologie (2019)— han generado sociedades más desiguales y más vulnerables a discursos autoritarios. La comunicación política se vuelve entonces un campo donde se expresa la disputa por la legitimidad en un contexto de incertidumbre estructural. La mentira prospera cuando la experiencia cotidiana desmiente las promesas del progreso. El insulto prospera cuando la frustración busca un destinatario. En este marco, diversos autores han advertido sobre la fascistización difusa de la sociedad contemporánea. No se trata del retorno mecánico de los fascismos históricos, sino de la proliferación de prácticas, lenguajes y afectos autoritarios que se naturalizan en la vida pública. Jason Stanley, en How Fascism Works (2018), describe cómo la política del resentimiento, la glorificación de la fuerza y la deslegitimación del adversario como enemigo interno se expanden en sociedades donde la movilidad social se estanca y la clase media pierde su función estabilizadora.
La desaparición de esa clase media, no como categoría estadística sino como experiencia vital de seguridad y horizonte, abre espacio para identidades políticas basadas en el miedo y la exclusión.

Frente a este panorama, la comunicación política no puede ser entendida como un accesorio técnico ni como un ejercicio de creatividad espontánea. Es parte constitutiva de la acción política. Como sostiene Niklas Luhmann en La realidad de los medios de masas (1996), los sistemas políticos solo existen en la medida en que logran producir sentido públicamente. La planificación estratégica de la comunicación es, por tanto, planificación de la política misma: definir qué se dice, cuándo se dice y desde qué legitimidad institucional se dice es inseparable de la toma de decisiones. La improvisación comunicacional no es un error táctico: es una renuncia a la conducción.

La tarea democrática exige reconstruir mediaciones, fortalecer instituciones y recuperar la centralidad de la verdad como bien público. Esto no implica ingenuidad ni nostalgia, sino la convicción de que la política democrática solo puede sostenerse si se funda en principios éticos que orienten la acción y en prácticas comunicacionales que no renuncien a la complejidad. Como recuerda Jürgen Habermas en Faktizität und Geltung (1992), la legitimidad democrática depende de la posibilidad de un espacio público donde los argumentos puedan circular sin ser devorados por la lógica del espectáculo.

Y, sin embargo, hay razones para el optimismo. La historia demuestra que los ciclos de degradación política no son irreversibles. Allí donde la mentira se vuelve norma, la verdad debe recuperar valor. Allí donde el insulto se vuelve rutina, la dignidad se vuelve bandera. Las sociedades que han atravesado momentos de oscuridad han encontrado, una y otra vez, en los principios éticos y democráticos la base para reconstruir confianza y comunidad. La defensa de esos principios no es un gesto retórico: es una práctica cotidiana que, cuando se sostiene con coherencia, termina imponiéndose. Porque incluso en un ecosistema saturado de ruido, la palabra responsable conserva su potencia transformadora.

Concluyendo…

La afirmación “no todo comunica, pero todo significa” adquiere materialidad cuando se incorpora la noción contemporánea de semiosis. En términos estrictos, semiosis es el proceso por el cual algo, cualquier cosa, un gesto, un objeto, un silencio, un algoritmo, entra en una cadena de interpretación y produce un efecto de sentido en un intérprete. Desde esta perspectiva, la frase revela una asimetría decisiva: la comunicación requiere intención, pero la significación no. Umberto Eco lo expresa con precisión en Kant y el ornitorrinco (1997) cuando afirma que “la semiosis no se detiene jamás”; incluso aquello que no fue producido para comunicar queda disponible para ser leído, atribuido, reinterpretado, incluido el silencio y las omisiones.

Por ello, no todo comunica pero todo significa.

Las medidas adoptadas en los últimos días por el sector transportista de carga de nuestro país han marcado un antes y un después en materia de descontento por la forma en que el país ahoga a esa importante columna del tantas veces invocado “Uruguay productivo”.

Las medidas se tomaron en el marco de una movilización de varios días en protesta por el aumento del precio de los combustibles y en rechazo a la guía de carga que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se propone implementar a través de una aplicación para teléfonos celulares. De acuerdo con lo informado por el portal de noticias Subrayado, “la movilización la realizan desde hace varios días camioneros y transportistas que se identifican como ‘autoconvocados’, esto es, por fuera de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC). Los transportistas agremiados en la ITPC mantienen reuniones con el Ministerio de Transporte para intentar llegar a un acuerdo sobre la aplicación de la guía de carga. Mientras, los autoconvocados dicen no sentirse representados por la gremial empresarial y llevan adelante varias movilizaciones y concentraciones en rutas nacionales, con enlentecimiento del tránsito para entregar volantes”. El Estado, ese “Gran Hermano” que vulnera nuestras libertades y derechos más elementales, quiere controlar todo lo que hacemos: desde cuánto dinero gastamos hasta obligarnos a pagar por transferencia e incluso la famosa tarjeta de débito, que ha hecho desaparecer el dinero en efectivo. El motivo no es casual: cuanto más se utilicen los medios electrónicos de pago, más y mejor control tendrá sobre nosotros. Y esos controles solo tienen una finalidad: cobrarnos más impuestos, recaudar más y asegurarse de que podrán crear puestos de trabajo para sus amigos y familiares, con sueldos exorbitantes.

No seamos inocentes: el Estado no quiere mayores controles para mejorar la gestión de las rutas nacionales o de las cargas que transitan por ellas. Lo único que quiere es poder recaudar más y lograr mayor control, porque mantener a la casta política “no es changa”, máxime cuando estamos hablando de muchas figuras que en su vida nunca trabajaron ocho horas por día. Asimismo, resulta oportuno destacar que no se trata de la primera vez que este sector sale a las rutas a protestar contra la mencionada guía de carga, lo que ya ocurrió en los años 2018 y 2023 —durante el gobierno de Lacalle Pou— y ahora en 2026. Se trató y se trata de un reclamo que se ha formulado contra gobiernos del Frente Amplio y del Partido Nacional, por lo que resultan ridículas las afirmaciones de distintos políticos del Frente Amplio y organizaciones sociales de izquierda que pretenden darle a los “autoconvocados” un color político partidario que no poseen. Acá el reclamo es para poder trabajar y contra el ahorcamiento fiscal y burocrático que el gobierno de Orsi —pero también el de Lacalle Pou— ha querido imponer a este sector, responsable de movilizar mercaderías a lo largo y ancho del país con lluvia, viento, niebla o sol.

Por otra parte, y de acuerdo con el semanario Caras y Caretas, “el Pit Cnt se expresó a favor del monitoreo en los transportes de carga que impulsa el Poder Ejecutivo y cuestionó la reciente movilización de las patronales contra la instalación del nuevo sistema. El presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, sostuvo que el debate debe centrarse en la necesidad de transparentar un sector que, a juicio del movimiento sindical, presenta importantes niveles de informalidad (…) Todos tenemos responsabilidades tributarias y no está bueno que un sector tenga tan alto nivel de evasión”. Es tal vez por eso que el Pit Cnt y el Sindicato Único del Transporte de Cargas y Ramas Afines (Suctra) realizaron una campaña contra el paro de los autoconvocados, afirmando que “el paro es mentira. Es una maniobra de los patrones incumplidores. El Suctra no para”. Lo cierto es que los trabajadores del transporte pararon, demostrando una vez más que la mayoría de ellos no está afiliada al Suctra y que tampoco se trató de un “paro de patrones” como quisieron pintarlo los eternos defensores e impulsores de la lucha de clases. Mal que le duela al Pit Cnt, la mayoría de los trabajadores no está afiliada a ningún sindicato, y ello es una muestra de que no pueden ni deben hablar en nombre de los trabajadores en general, por el simple motivo de que no los representan. Además, ni el gobierno ni los sindicatos pueden entender que hay “patrones” que también son “trabajadores”, que están pelándola todos los días codo a codo con sus empleados, quienes saben muy bien la situación en la que se encuentran; donde la diferencia entre el consumo de combustible de un camión de hace apenas diez años y uno de 2026 puede hacer la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que muere. Claro que un camión nuevo vale decenas de miles de dólares, tanto o más que la 4×4 que se compró el presidente para ir a la Torre Ejecutiva cómodamente, y para los empresarios chicos los números no dan para modernizarse. Lo llamativo es que cuando el Suctra y el Pit Cnt hablan de informalidad del sector transportista y de empresarios evasores no se refieran nunca a la casa que el senador comunista Óscar Andrade se construyó evadiendo los aportes y permisos al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tampoco mencionan el caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, quien admitió que nunca declaró a la Dirección Nacional de Catastro la casa que construyó en un terreno de su propiedad en Pajas Blancas hace más de 30 años. Quizás ahí también faltó una “guía”. La memoria es muy selectiva para algunos, pero los hechos son los hechos.

La guía de control para el sector del transporte de carga es tan solo la punta de un iceberg cuya superficie y profundidad resulta imposible de adivinar en este momento. No se trata de una iniciativa que se agota con su implementación, sino de una verdadera “caja de Pandora” que aspira a controlar todos los movimientos que hagan los transportistas de carga para poder recaudar más dinero. Ese es el verdadero motivo de la famosa “guía de carga”. En un país hundido por sus altos costos, las regulaciones estatales excesivas, la falta de productividad y la alta carga impositiva, resulta más barato importar que producir. En ese escenario, el transporte de carga constituye un sector cuyos márgenes de ganancia son cada día peores y el destino de los transportistas no parece nada prometedor.

Paradójicamente, todo el sector político reconoce que Uruguay es un país caro para producir, exportar, trabajar y vivir. Y gran parte del costo está en que la logística es extremadamente cara, principalmente por el precio del transporte carretero. ¿Y qué piensa hacer el gobierno, picaneado por el Pit Cnt y la izquierda radical? Aumentar burocracia y costos del transporte. El argumento que manejan es que los grandes beneficiados con la informalidad son los dueños de las cargas, que tampoco compiten con sus productos en el exterior, precisamente porque este país es inviable. ¿Y cuando aumenten los costos, quién va a terminar pagando la fiesta? Pues el consumidor final: el que compra en el almacén de la esquina productos más caros; el que adquiere un electrodoméstico en un comercio local; el que busca precios en Mercado Libre y recibe el paquete en su casa; o el que envía la heladera vieja o una bicicleta a su hijo que está estudiando en otra ciudad. Todos van a pagar más. ¿Esa es la forma de abaratar el costo país que tiene este gobierno? Como en tantas áreas productivas del país, al transporte de cargas se le aplica aquella famosa frase del primer ministro Winston Churchill: “Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un balde, tratando de levantarse tirando del asa”.

Termas busca elevar el gasto turístico. Esa afirmación forma parte del título de la nota en EL TELEGRAFO que da cuenta de la reciente visita del ministro de Turismo Pablo Menoni a la ciudad, durante la que aludió al destino turístico Termas y los desafíos que enfrenta hacia las próximas vacaciones de julio.
La expectativa es que en ese asueto, que será de una semana en los diferentes sistemas educativos, se registre un movimiento similar al del año pasado, en función de los niveles de reservas observados hasta el momento. No obstante, el gran desafío que enfrenta el sector es tratar de incrementar el gasto diario de los visitantes, y fue en este apartado donde surgieron datos interesantes: mientras en la región termal se ubica en el entorno de los 49 dólares por persona, el promedio en el resto del país turístico alcanza cerca de los 94 dólares, según datos que presentó el ministro Menoni.

Ahora bien, ¿cómo se hace para aumentar el nivel de gasto de los visitantes en un destino turístico? Bueno, hay recetas, por supuesto, modelos a seguir, casos de éxito y, como dijo Toni Puig cuando vino a Paysandú en referencia a Barcelona, de muerte de éxito por turismo.

Varias cosas definen el nivel de gasto en un destino turístico; una de ellas es la oferta. En una playa agreste del departamento de Colonia, pongamos por caso, en la que no haya servicios ni de guardavidas ni de nada, hay un problema de oferta. Quien llegue por ahí deberá llevar lo que tenga pensado consumir a lo largo del día y, al final de la jornada, como no hay alojamiento, deberá marcharse a otro lugar. Hasta podríamos decir que no hubo allí ningún acto turístico. Si no hay en qué gastar, difícilmente se podrá gastar.

Este problema en cierta forma existe en los centros termales de Paysandú. Por más que ha mejorado la oferta, tanto gastronómica como de alojamientos, todavía queda mucho por hacer. El otro aspecto que incide son las posibilidades económicas de los clientes, de los turistas a los que convocan hoy los centros termales. Y aquí hay claramente una diferencia histórica en el camino que han seguido los departamentos de Salto y Paysandú en la apuesta turística que han realizado. En Arapey funcionan dos hoteles cinco estrellas y hay otro de cuatro estrellas y media, el Horacio Quiroga, también con piscinas termales. El Salinas del Almirón, en las termas de ese nombre, fue un avance importante en la mejora de la oferta y en tratar de llegar a un público de mayor poder adquisitivo del que reciben tradicionalmente las termas sanduceras. Lamentablemente los proyectos que se han planteado en el mismo sentido en Guaviyú no han cuajado, pero vaya si se hace necesario que ese centro termal dé también un salto de calidad en busca de captar otros segmentos de público.

Eso sí, entendámonos: en esto no hay nada gratis ni siquiera barato. En turismo hay que invertir para ver resultados, y ni siquiera así están garantizados. Hay un perfil de público que es el que captan hoy las termas: un público fiel, que suele regresar a los lugares que conoce, que sabe qué va a encontrar y qué no, y que gasta lo que le permite su condición económica. Pero eso sí, es “gasolero”; de muy poco gasto, y que por lo tanto deja muy poco por los recursos que insumen.

Con las condiciones que los centros termales conquistan a ese segmento de público no van a poder conquistar al del segmento inmediato superior, que tendrá mayores exigencias y que de pronto no se ajustará el cinto, saldrá con disposición a gastar lo que su confort requiera, pero exigirá una calidad acorde a sus pretensiones.

Pretender atraer a este último segmento de público y ofrecerle las condiciones pensadas para el primero puede ser hasta contraproducente, porque si hay un sector de la actividad económica en el que difícilmente haya segundas oportunidades, ese es el turismo. Nadie va a volver pronto a un lugar que no colmó sus expectativas, y mucho menos recomendarlo. Acaso todo lo contrario.

Así las cosas, lo primero que hay que pensar en hacer es mejorar, elevar el nivel general de los centros termales. En el período pasado se sentaron las bases de una mejora importante, pero insuficiente. Aun haciendo las inversiones y mejorando los servicios, el éxito no está garantizado, porque el público de ese nuevo estándar ya tiene sus lugares de preferencia, con los que se deberá empezar a competir por su atención.

Es un salto muy grande pasar de tener un público que gasta menos de 50 dólares por día a uno que está dispuesto a desembolsar cien. Y eso considerando que 50 dólares es el promedio de gasto del turista del corredor termal; está claro que en Almirón y Guaviyú ni siquiera se alcanzan esos valores. A la postre es un negocio que tiene que dar resultados, porque además hay más variedad de productos y de experiencias a las que puede pretender acceder. Pero no son cambios que vayan a ocurrir rápidamente.
Pasos como la presentación del Vademécum de Termas, un estudio académico elaborado por la Universidad de la República junto con instituciones universitarias españolas que permitirá certificar las propiedades físico-químicas del agua y diferenciar la promoción de los centros termales uruguayos frente a otras propuestas de la región, son sin dudas pasos en el sentido correcto. Pero no alcanzará. Estos movimientos suelen ser lentos; puede llevar más de una generación modificar estos hábitos.

Ojo, hoy en día se ha avanzado mucho en herramientas de comunicación digital; los públicos en las plataformas digitales permiten direccionar los mensajes e incluso, si nos ponemos obsesivos, generar mensajes personalizados dirigidos casi que con nombre y apellido. Pero, de nuevo, antes que ir en busca de ese público se debería consolidar la oferta al público actual y procurar que, en función de sus posibilidades, incremente su nivel de gasto. La peor jugada de todas es pretender vender gato por liebre a un público exigente que, si se decepciona, difícilmente volverá en el corto plazo a dar otra oportunidad.

Desde hace décadas, las zonas rurales de Uruguay vienen experimentando un fenómeno irreversible: la disminución sostenida de la población se traduce directamente en menos escolares en las escuelas del interior. Muchos centros educativos sobreviven con un número de alumnos que puede contarse con los dedos de una mano, mientras otros han cerrado definitivamente por falta de estudiantes.
Pero lo que antes parecía un problema exclusivo de las áreas rurales lentamente se ha trasladado a los entornos urbanos, reflejando un patrón que no solo afecta a Uruguay, sino a múltiples países con tasas de natalidad bajas, tanto desarrollados como algunas naciones del llamado Tercer Mundo que comparten un perfil demográfico similar.
Según el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), la matrícula de la educación obligatoria en Uruguay podría reducirse casi a la mitad hacia 2070, con una pérdida estimada de 313.000 estudiantes en comparación con 2024. El estudio, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística, destaca que esta evolución depende de tres factores: la reducción de la población infantil y adolescente, la ampliación de la cobertura educativa y la mejora de la promoción entre ciclos. Como resultado, en 2024 ya se contabilizaban casi 50.000 estudiantes menos que en 2012.
Las proyecciones muestran que entre 2024 y 2036 la matrícula total de educación obligatoria podría caer en 165.000 alumnos, disminución que continuará de manera más gradual hasta 2041. Tras un breve período de estabilidad, se prevé una caída sostenida hasta 2070. En la educación inicial, la matrícula descenderá hasta 2032, alcanzando unos 87.259 niños —22.000 menos que en 2024—, y aunque luego subiría ligeramente hasta 2040, nunca recuperará los niveles actuales, para retomar posteriormente una caída que dejaría la matrícula en el 60% de la de 2024.
En primaria, la disminución será más abrupta, pues los futuros grupos educativos corresponden a los años de mayor baja de natalidad. Entre 2025 y 2032 se prevé una caída anual promedio de más de 11.000 alumnos, acumulando casi 90.000 menos en ocho años. Posteriormente, se proyecta un repunte leve entre 2037 y 2043, seguido de un descenso sistemático que dejaría la matrícula en 2070 en apenas el 48% de la de 2024.
A su vez, la educación media básica mantendría cierta estabilidad hasta 2029, cuando empezará un descenso marcado, coincidiendo con la incorporación de las generaciones nacidas durante la pronunciada caída de la natalidad de 2016. Se espera una pérdida de casi 60.000 estudiantes entre 2029 y 2039, con un breve estancamiento hacia 2043, para luego continuar descendiendo hasta 2070, cuando la matrícula alcanzaría el 49% de la actual. La educación media superior experimentará un aumento moderado de la matrícula hasta 2031, seguido de un descenso progresivo similar al de la media básica, con una pérdida acumulada de unos 56.000 estudiantes entre 2033 y 2042.
Esta reducción generalizada de alumnos plantea desafíos claros y muy significativos. La disminución de estudiantes conlleva escuelas con grupos más pequeños, encareciendo el costo por alumno y, en zonas rurales, dificultando la justificación de mantener abiertas todas las instituciones. Para el cuerpo docente, implica menos puestos de trabajo, problemas para sostener ciertas especialidades y la necesidad de reorganizar el sistema educativo para adaptarlo a la nueva realidad.
La reorganización requiere redistribuir recursos, fusionar escuelas y adecuar la infraestructura a esta realidad. Por añadidura, a largo plazo, la baja escolarización repercute en el tramado socioeconómico y directamente en la economía: menos jóvenes capacitados ingresando al mercado laboral, con consecuencias sociales y productivas. La política educativa debería ajustar la oferta según la población infantil en cada región, aumentar la cobertura en los grupos más vulnerables y optimizar la atención de la primera infancia, como ejes prioritarios ante el gradual cambio de escenario.
En paralelo, debe tenerse en cuenta que las poblaciones rurales, al continuar reduciéndose, aceleran la concentración urbana, sobre todo en lo que refiere a los cinturones de las grandes urbes.
Esta reducción de estudiantes, con todas sus implicancias, no solo impacta con efectos negativos: menos alumnos por clase puede significar una atención más personalizada, la reducción del abandono escolar, el refuerzo de aprendizajes básicos y el incremento del apoyo psicológico y pedagógico al alumnado con dificultades de aprendizaje y adaptación. Paralelamente, los recursos liberados podrían invertirse en mejorar la calidad educativa en lugar de recortar gastos.
Ante esta tendencia, que también presenta la cara del envejecimiento poblacional y sus desafíos, la respuesta —muy difícil de lograr— no radica únicamente en aumentar la natalidad, sino en mantener una población económicamente activa suficiente y aprovechar la oportunidad de ofrecer una educación más eficaz y personalizada a familias más pequeñas.
La caída demográfica, que implica un escenario que acentúa la distorsión que se viene dando en la pirámide etaria en las últimas décadas, también plantea la posibilidad de que, si se actúa con buen criterio desde las esferas que tienen responsabilidades de gobierno, se minimice el problema y se transforme el escenario positivamente, generando oportunidades para elevar la calidad del aprendizaje y preparar mejor a los jóvenes para los desafíos del futuro.

La polémica por la compra de una camioneta de lujo por el presidente Yamandú Orsi —cuyo valor era de casi 80.000 dólares— no termina de clarificarse, y el transcurso del tiempo deja más que comprobado aquel viejo dicho según el cual “no aclares que oscurece”.

Según el diario El País, “ante las dudas que se generaron a partir de este hecho, el lunes 1.° de junio el presidente buscó disiparlas con un mensaje grabado. Solo, sin ningún logo de la Presidencia de la República detrás y vestido sin el traje ni la corbata que suele usar a diario, dijo mirando a cámara: ‘Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo (…) Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de la Presidencia. En esos días, se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que yo tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024 (…) Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta’. Lo que no dijo Orsi en ese mensaje de dos minutos y 45 segundos fue que, como informó Búsqueda un rato más tarde, como parte del negocio para adquirir la camioneta no solo había entregado su propio vehículo, sino también otro que había sido donado en campaña a la fórmula del Frente Amplio por la empresa Car One, con el que se había hecho una rifa y que había quedado en manos de la fuerza política debido a que nadie había comprado el número ganador. El 17 de febrero de 2025 fue cuando Orsi recibió la propuesta de la automotora Oliva para cambiar la Hyundai Santa Fe que tenía —modelo 2020— por una del 2024. La concesionaria le planteó venderla a U$S 54.000, monto que se integraba por la permuta de dos coches y un saldo de U$S 15.000.

El presidente mostró en la tarde del martes 2 de junio a un grupo de periodistas, entre los que se encontraba uno de El País, documentos donde se detalla a cuánto se tomó cada vehículo: U$S 22.000 la Hyundai Santa Fe del 2020 y U$S 17.000 la Renault Stepway.

En el encuentro no se entregó ninguna prueba de la transferencia bancaria por el saldo, algo a lo que el presidente se comprometió luego. Horas después, desde Presidencia entregaron a El País prueba de dos transferencias hechas el 25 de febrero a la automotora: una de U$S 10.000 y otra de U$S 5.000”.
Es claro que en el caso del presidente Orsi —y de sus asesores de imagen, que bien poco le han ayudado— las cosas se van deslizando lenta pero inexorablemente del papelón a la demagogia más rústica e indisimulada, tratando al pueblo como si fuera idiota o por lo menos burro. En esa absurda caravana de excusas cada una es peor que la anterior, y cuando uno podría suponer que se ha llegado a la cúspide del cinismo, todo vuelve a empezar nuevamente. Las respuestas y los pocos documentos presentados por el gobierno han sido emitidos o entregados con cuentagotas, con recelo y desconfianza y con una falta de transparencia que llama la atención.

Pero como siempre, “es peor la enmienda que el soneto”: la idea posterior de donar la camioneta de casi 80.000 dólares a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) solo puede despertar más incredulidad y una sonora carcajada ante tanta falta de sentido común.

Estamos hablando de una camioneta de altísima tecnología, con repuestos y mantenimiento carísimos, altos costos de seguro y que solo puede pensarse para llevar cómoda y lujosamente a cinco pasajeros. ¿En qué país viven Orsi y sus asesores? ¿Cómo se imaginan esos “grandes señores” cómo son los caminos vecinales que llevan a las escuelas rurales más apartadas? ¿Alguna vez vadearon arroyos o anduvieron a caballo para poder asistir a clases? Lamentablemente nunca lo sabremos, porque si bien Orsi declaró que la donación fue motivada “porque me enteré de una necesidad concreta de la ANEP”, la verdad es que nunca más brindó detalles al respecto, lo que hace suponer que se trató de una necesidad inventada para sacarse la camioneta de encima en forma rápida y definitiva.

¿En qué cabeza cabe? En cualquier caso, la idea del presidente de donar su camioneta a la ANEP es una reverenda estupidez. ¿Y si mejor le damos a la ANEP el Porsche Panamera V8 Turbo que le incautaron a Balcedo para llevar niños a las escuelitas rurales?

El presidente se sacó las ganas de tener la última 4×4 del mercado, con todos los lujos y comodidades. La excusa de la “seguridad” del presidente que torpemente intentó presentar “Pacha” Sánchez no hace más que demostrar la improvisación con la que actúan. Orsi cambió su SUV 2020 por el mismo modelo pero año 2024. ¿Acaso se le habían vencido los airbags en solo cuatro años? Sería muy extraño, puesto que la prestigiosa prueba Euro NCAP le dio cinco estrellas en seguridad a ese mismo vehículo.

El problema no es que el presidente tenga el “tope de gama” de las 4×4; el problema es cómo lo adquirió y –peor aún– los ensayos de justificación y reparación que ha hecho.

Está claro que esa camioneta es hoy un “fierro caliente” del cual no saben cómo deshacerse. Pero tampoco queda duda alguna de que para la ANEP más que una solución es un gran dolor de cabeza. Es un vehículo que no se puede atender en cualquier taller, y el costo de los servicios de mantenimiento es tan alto que ni siquiera está al alcance de un ciudadano de clase media que vive de un salario normal en este país. En los hechos, es inviable.

Quizás lo más paradójico del caso es que puso en evidencia que las tan demonizadas “4×4” no son solo de “oligarcas”, sino que muchas de ellas pertenecen a esos mismos que, cada vez que tienen la oportunidad, critican a quienes incluso por necesidad de trabajo tienen una camioneta de “alta gama”, muchas veces menos equipada que la del presidente.

Orsi ya compró la 4×4 de sus sueños. Ahora deberá hacerse cargo, en lugar de tirarla a la rebatiña a ver qué organismo lo saca del apuro.

Bajo el lema “Uruguay en el mapa global”, la semana pasada se celebró el Día de la Exportación y, como es habitual, se llevó a cabo una celebración organizada por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), con el Banco de la República (BROU). En ese ámbito, la presidenta de la UEU, economista Carmen Porteiro, hizo una presentación enfocada en la necesidad de que Uruguay avance en su inserción internacional, a pesar de lo complejo del contexto actual.
“Está de más decirles que estamos atravesando un momento de tensiones geopolíticas inéditas; podemos quedarnos en pensar en que es un mar de incertidumbre, o un mar de problemas, o también de posibilidades”, refirió.
Porteiro planteó que las tensiones geopolíticas están ocasionando fluctuaciones “en los precios de los commodities, en el tipo de cambio, en las cadenas de abastecimiento, en los costos y en la disponibilidad logística”, pero agregó que, a la vez, hay una “reconfiguración de cadenas de abastecimiento”. En ese marco, debido a diferentes incentivos, “tanto las empresas como los países están buscando nuevos aliados estratégicos y el mapa se está rediseñando”. Y sumado a ello, dijo, también aparecen temas sobre la mesa que hasta hace muy poco no lo estaban, como la seguridad alimentaria y la seguridad energética. También podemos agregar a la lista el aspecto ambiental, que para nuestro país es un activo y que involucra a los otros dos.
Para Porteiro, Uruguay está “más que nunca frente a una posibilidad enorme para abastecer al mundo con nuestros productos de agro de primera calidad”. Claro, no puede dejarse de mencionar que, a la misma vez, el mundo levanta cada vez más barreras arancelarias y no arancelarias que dificultan los flujos de comercio.
No viene al caso repasar los números concretos, pero planteó una serie de datos que marcan dificultades, como el incremento en los precios del petróleo, que tiene repercusiones inmediatas en los precios locales, y no solamente de los combustibles, porque como es sabido eso se traslada inmediatamente al flete y luego a los valores de los productos al público. Pero advirtió además sobre “niveles de PBI que se están corrigiendo a la baja para Uruguay, pero para el mundo también”, que ocasionan contracciones de la demanda, lo que terminará repercutiendo en las exportaciones. “Más allá de los stocks que haya hoy a nivel mundial, una contracción de la demanda claramente nos impactaría”. A ello se suma una posible corrección al alza de la inflación, aunque “por suerte, obviamente al ser un factor que se gestiona muchísimo, no una corrección tan elevada en Uruguay como en el resto del mundo”.
Luego Porteiro presentó algunos gráficos en los que mostraba el PBI per cápita, en paridad de poder de compra, medido en dólares. El primero mostraba a Uruguay despegándose del resto de América Latina desde una situación de relativa cercanía al inicio de los años ‘80. En otro cuadro posterior, la comparación fue de Uruguay contra economías hoy más avanzadas, pero que en esa misma época de partida se encontraban en un estadio semejante. “¿Y qué tenemos? Un Singapur que se despega, Irlanda que se despega, Australia que se despega, Nueva Zelanda que se despega. Ahí Uruguay está bastante abajo, junto con Costa Rica”. A qué viene esto: a que nuestro país ha venido creciendo en forma relativamente sostenida —si obviamos las crisis— pero a tasas muy bajas. “Y que tenemos que poner una mirada un poco más larga y compararnos con aquellos países que han hecho un destaque y que han logrado unas tasas de crecimiento a las que nosotros quisiéramos aspirar. ¿Por qué queremos aspirar a esto? Porque todos buscamos lo mismo. Todos los que estamos acá estamos buscando generar crecimiento para nuestras compañías, pero también el derrame de todo eso en la economía y el crecimiento del Uruguay en su conjunto para poder sostener y mejorar nuestros niveles de vida”, resumió.
Para los exportadores, el acceso a mercados, la inteligencia comercial y la agenda de inversiones son imprescindibles para dar el salto. Y a modo de ejemplo, Porteiro mencionó lo acontecido en los últimos meses en torno a la activación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que repercutió con gran entusiasmo en las cámaras empresariales. “Imaginemos lo que podríamos generar, más allá de los números, hasta en el clima general de contagio y de entusiasmo de poder abrir puertas al mundo”, dijo. Y no se trata solamente de una reducción arancelaria sino de estar en la cancha y poder concretar negocios, aprender a identificar las oportunidades.
Porque exportadores los hay de todos los tamaños y oportunidades debería haber para todos ellos; solo que en algunos se requerirá de apoyos para mostrarse en ferias y llegar a nuevos clientes, por ejemplo, o de acompañamiento para dar los pasos que se necesiten. Instrumentos ya hay; quizás se necesite afinar un poco el lápiz. “El acceso al mercado tiene que ir de la mano de la inteligencia comercial y también de una agenda de inversiones”, dijo. Y no podía faltar la alusión a un gran debe que tiene Uruguay: el costo país, “un tema que puede favorecer o limitar la competitividad” y que es, a decir de Porteiro, multifactorial. El costo del financiamiento, el tipo de cambio, el peso fiscal, los problemas logísticos —”un día menos de demora genera 1% más de comercio, estimó”— que afectan la conectividad. Y a ello hay que sumarle el nuevo desafío de subirse a la ola de la inteligencia artificial, que está llamada a marcar un diferencial en la productividad y la eficiencia y que es, de nuevo, una amenaza o una oportunidad, según con qué pie elijamos entrar a la cancha.
Porteiro agregó un último factor: el de la conflictividad. Hoy mismo, sin ir más lejos, hay un paro del Pit Cnt; el lunes tuvimos enlentecimientos generales por el paro del transporte; operar en el puerto de Montevideo el año pasado fue un calvario, fruto de los constantes paros y cortes. Está bien que nos jactemos de la estabilidad jurídica y de la solidez de la democracia uruguaya, pero si a ello no le sumamos una cuota de responsabilidad —que no quiere decir que no se proteste o se reclame por los derechos conquistados—, siempre va a seguir siendo difícil atraer inversores y hacer que las cosas se muevan.
Habría que analizar qué transformaciones y qué virtudes tuvieron las políticas en Irlanda, Singapur, Australia o, especialmente, Nueva Zelanda, que tiene varias similitudes con Uruguay. Pero, de cualquier manera, lo que no se hizo ya no se hizo, y el terreno que se perdió con respecto a ellos difícilmente se recupere sino en varias generaciones, y solo si se avanza en la dirección correcta.

Las recientes Jornadas Uruguayas de Buiatría volvieron a poner sobre la mesa un tema que, para muchos uruguayos, parecía haber → Leer más

En el año 2020, la Ley 19.889, o Ley de Urgente Consideración, creó el Instituto Nacional de Bienestar Animal, con el cometido de propender a la protección, promoción y concientización de la tenencia responsable de animales.

Su consejo directivo honorario está integrado por los ministerios de Ganadería, del Interior y de Salud Pública, la Comisión de Zoonosis, el Congreso de Intendentes, la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, agremiaciones de productores rurales y protectoras de animales. Está presidido por el Ministerio de Ganadería, que tiene voto doble.

En la actualidad, la comisión de Tenencia Responsable de la Cámara de Diputados analiza una reforma de la estructura del instituto, con el fin de dotarlo de mayor autonomía y recursos, y mejorar su funcionamiento. El citado cuerpo de legisladores recibe sucesivamente a las distintas delegaciones interesadas en aportar propuestas. Mientras tanto, el organismo trabaja con 21 funcionarios —solo tres para el interior del país— y un presupuesto de 80 millones de pesos.

Los recursos provienen del 4,5% de lo recaudado por la venta de raciones a nivel nacional, y aproximadamente la mitad se destina a cubrir los gastos operativos básicos del INBA. Por esa razón, el Programa Nacional de Control Reproductivo —o castraciones— reglamentado en la mencionada ley y definido como obligatorio, no se puede cumplir.

Con la caída de los convenios firmados con las intendencias y las oenegés, se constata un retroceso importante porque los resultados se observan en la continuidad de las políticas. Sin embargo, no solamente con esterilizaciones se apuntará a la tenencia responsable y el bienestar animal, sino con campañas de difusión y concientización enfocadas a todas las especies, tal como lo establece el espíritu de la ley.

Mientras la institución padece un marcado recorte de recursos, las demandas crecen y no es posible dar respuesta a las denuncias.
Por esa razón, las protectoras dan visibilidad al maltrato animal a través de sus redes y son fundamentalmente críticas con la falta de acciones, porque esta problemática crece a lo largo de todo el país.

Pero las oenegés tampoco tienen en sus manos la solución al problema. No cuentan con recursos económicos, a excepción de los aportes de voluntarios, y la logística está acotada al tiempo que demandan los traslados por reclamos desde el interior de los departamentos. También está limitada por el esfuerzo físico de quienes no reciben recursos estatales y deben —además— organizar distintos beneficios para obtener dinero que les permita sostener los transitorios y pagar los gastos en las veterinarias. Incluso, está restringida por el espacio que ya no alcanza en los albergues.

Allí, la capacidad se vuelve cada vez más limitada porque el ingreso de animales de compañía maltratados o abandonados es mayor a la cantidad de adopciones semanales. Es decir, si no hay fuertes campañas de concientización y visibilización del problema, no habrá una respuesta ciudadana.

Sin una lógica de información sobre la obligatoriedad de la ley ni fiscalizaciones para su cumplimiento, el problema está muy lejos de una solución.

El INBA recibe más de 500 denuncias por mes desde todo el territorio nacional. Ante la ausencia clara de una descentralización del servicio por falta de presencia en cada departamento, los papeles se diluyen. Un organismo sin referencias locales no es robusto y no puede hacer cumplir —mínimamente— la ley.
La descentralización sin recursos es simplemente una manifestación de buena voluntad. Y, como ya se ha observado en otras áreas, carece de sentido su insistencia en los discursos.

Por otro lado, las sanciones que puede aplicar el INBA por concepto de maltrato y abandono están acotadas a los efectos administrativos. Y, en cualquier caso, su efectividad está condicionada a otras acciones de cobro no definidas.

Es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo la dotación de recursos al instituto, pero es un aspecto que deberá resolverse más temprano que tarde. Por otro lado, es fundamental la coordinación interinstitucional con los gobiernos departamentales, la academia y el Ministerio del Interior, entre otros, para lograr el objetivo.

Hasta ahora, las protectoras se movilizan con recursos propios para que el maltrato animal sea tipificado en el Código Penal y a favor de la regulación de las jineteadas. Lo mismo ocurre con los productores agropecuarios, quienes también reclaman al ver diezmadas sus majadas por el ataque de jaurías. O las personas afectadas por mordidas o accidentadas en el tránsito por animales sueltos en la vía pública.
Son asuntos tan diferentes y complejos que definen una misma problemática, sin caras visibles ni responsables que reciban sanciones por provocar distintos perjuicios.

Es decir, todo lo que aún queda por resolver es el resultado de una sucesiva fragilidad institucional. Porque desde hace dos décadas se observa una inestabilidad marcada por el cambio de nombres: primero fue la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba), luego fue creada la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) y desde hace seis años el INBA. Con la nueva legislación, no estaban incluidos los recursos formales para su funcionamiento; el instituto está a expensas de la definición de un porcentaje de la recaudación por la compra de un insumo que, además, comparte con la Comisión Honoraria de Zoonosis para el control de la hidatidosis.

Después vendrá el camino burocrático que deberán transitar esos recursos hacia Rentas Generales, de allí al Ministerio de Ganadería, que finalmente los derivará al instituto.
Un Estado que enlentece sus gestiones, sumado a la irresponsabilidad de algunos, conforman la raíz de un problema que se perpetuará en el tiempo.