Opinión

Siempre lo mismo, otra vez femicidio, homicidio y suicidio y otra vez se activa la máquina de hablar, que tenemos → Leer más

Es motivo de honda preocupacion mantener el respeto irrestricto a las instituciones, y me veo en la obligación moral de → Leer más

“Cosas veredes, que non crederes”. En realidad nunca El Quijote le dijo tal refrán a su escudero. Parece que es una deformación de un verso del Cantar del Mio Cid: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.

Pero no me voy a poner a averiguarlo ahora, mi tema son las elecciones en Colombia.

No las seguí minuto a minuto pero cuando vi en la TV al candidato oficialista, de izquierda, progresista gramsciano, con exilios –“dorados se dice”– en las antiguas Checoslovaquia, Rumania y Cuba y profesor de filosofía, Iván Cepeda, que con su tono doctoral puso en duda el resultado, lo adiviné: perdió. Y efectivamente fue así y lo confirmó el presidente Gustavo Petro que, según su estilo, se despachó y habló de votos mal contados, fraude, y no sé qué otra sarta de petromentiras, petrobobadas y petroinsultos, ya tan repetidos que resulta redundante desperdiciar espacio. Me contacté con un colega colombiano y le trasmití mi parecer frente a lo que me advirtió: “quizá el propósito sea preparar el ambiente para justificar un eventual fraude, o algo peor, que pergeña el oficialismo para la segunda vuelta”. Cepeda horas después, con mucha honestidad admitió que su gente revisó a fondo y no se encontraron evidencias de un fraude electoral. Se corrigió, lo que habla bien de él. Petro no, lo que da fundamento al temor de mi colega.

Es un hecho que los progresistas –asumidos interinamente demócratas–, tienen como norma si pierden, hablar de fraude. Más que una justificación, ya de por sí es una forma de devaluar el sistema democrático. A la vez se victimizan y para la próxima suman a sus méritos el hecho de que “le robaron” las anteriores. Y les da resultado y llegan y cuando eso ocurre son los más legítima y democráticamente electos. Eso sí, ya en el poder vuelta a prostituir el sistema: pasan a ser ellos los que cuentan los votos: como decía un ministro de Somoza “dejen que voten lo que quieran, al final los votos los contamos nosotros”.

En cuanto al candidato ganador, Abelardo de la Espriella, hombre muy rico, abogado y de derecha –me resisto a someterme al manual gramsciano y políticamente correcto de calificar de ultraderecha a los de derecha con apoyo popular y de progresista a los marxista-leninistas disfrazados– tiene una larga trayectoria en el foro y “referentes políticos” muy polémicos; para definirlo en pocas palabras: ¡flor de ficha! De cuidado.

En una primera visión, después de lo ocurrido en Colombia el pasado domingo, uno puede llegar a por lo menos cuatro conclusiones preliminares:
1) Gabriel García Márquez fue un gran escritor, de los más grandes, pero sin restarle ningún mérito es un hecho que a su imaginación mucho material le vino servido por la realidad.
2) A los progresistas la democracia les incomoda –no la quieren ni la respetan– y lo del fraude es su mejor argumento para cuando pierden, pero se transforman en los mayores artífices en la materia cuando ganan y más cuando están en el poder.
3) Si habrá sido malo el gobierno de Gustavo Petro y grande su impopularidad, que más de 10 millones de colombianos votaron por el candidato opositor y que, sumando los que votaron al uribismo, llegan a superar el 50% los que votaron en su contra.
4) Si finalmente fracasa cualquier intento y de la Espriella es el próximo presidente de Colombia, una primera sensación me dice que durante su mandato, y para empezar, de libertad de prensa, ni hablar.

La estabilidad y la previsibilidad son pilares clave para evaluar la calidad de una gobernanza democrática. No se trata de rasgos técnicos aislados, sino de condiciones estructurales que permiten que la vida institucional transcurra con continuidad, confianza y dirección. La estabilidad política, entendida como coherencia y regularidad en normas y procedimientos, crea un marco de reglas compartidas que sostiene expectativas recíprocas y permite a la ciudadanía proyectar su vida sin quedar expuesta a la arbitrariedad ni a la volatilidad del poder. Cuando las instituciones actúan con previsibilidad, las personas pueden anticipar el comportamiento del Estado y confiar en él.

La previsibilidad también es un componente central de la gobernanza. No se reduce a la continuidad de las normas: supone la capacidad del sistema político para ofrecer señales claras y estables sobre el rumbo colectivo. En un contexto global marcado por la fragmentación geopolítica, la aceleración tecnológica y la interdependencia económica, la previsibilidad disminuye la incertidumbre, facilita la coordinación entre actores públicos y privados y favorece decisiones de inversión y planificación con horizontes más amplios. El desarrollo requiere libertades instrumentales como seguridad jurídica, transparencia y estabilidad institucional; sin ellas, la capacidad de acción individual y colectiva se debilita.

En síntesis, estabilidad y previsibilidad conforman la base de una gobernanza eficaz y de un desarrollo sostenible.

Juntas fortalecen la capacidad de los sistemas políticos para adaptarse, responder y anticiparse, funciones esenciales para sostener la legitimidad democrática en sociedades complejas.

Sin embargo, esto por sí solo no elimina la tentación autoritaria. En contextos como el actual, la debilidad de los liderazgos y la fragilidad de la planificación política generan vacíos que pueden desbordar los límites institucionales.

Gobernanza y estabilidad

La gobernanza es el conjunto de procesos, instituciones y mecanismos a través de los cuales se ejerce el poder y se toman decisiones que afectan a la sociedad. Incluye tanto al Estado como a actores sociales, económicos y comunitarios que participan en la formulación e implementación de políticas. Una gobernanza sólida se apoya en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el Estado de derecho, pilares que fortalecen la confianza pública y la legitimidad democrática.

La estabilidad política no significa inmovilidad. Consiste en la capacidad del sistema para procesar conflictos, absorber tensiones y adaptarse a los cambios sin perder cohesión ni previsibilidad. La estabilidad democrática depende de instituciones capaces de limitar el poder, garantizar derechos y sostener un orden basado en reglas impersonales, y no en voluntades particulares.

Privatización del poder

La “privatización del poder” alude al proceso por el cual la autoridad pública —que en democracia debe ser impersonal, regida por normas y orientada al interés general— pasa a funcionar como un recurso particular, apropiado por actores específicos para fines propios. No se trata de una privatización jurídica, sino de una apropiación de hecho: el poder deja de operar como función del Estado democrático y se convierte en un patrimonio administrado por grupos, liderazgos o redes que actúan como si les perteneciera.

En términos institucionales, esto supone la ruptura de la distinción entre lo público y lo privado. Las decisiones que deberían responder a criterios de legalidad, transparencia y universalidad empiezan a depender de vínculos personales, lealtades políticas, intereses sectoriales o intercambios opacos. Ese desplazamiento debilita la capacidad del Estado para actuar como garante imparcial y afecta la legitimidad democrática.

La privatización del poder adopta distintas formas. En el plano decisional, aparece cuando las decisiones públicas se toman fuera de los procedimientos formales, en ámbitos cerrados o informales, sin controles ni deliberación. En el plano institucional, se manifiesta en la captura de organismos estatales por intereses particulares que buscan beneficios específicos, como regulaciones a medida, contratos o acceso privilegiado a información. En el plano simbólico, surge cuando un liderazgo se presenta como encarnación de la voluntad general y niega que el poder democrático sea un “lugar vacío” que ningún actor puede apropiarse.

Sus efectos son profundos: debilita la igualdad ante la ley, reduce la previsibilidad institucional al volver negociables las reglas, erosiona la confianza pública cuando el Estado deja de percibirse como árbitro imparcial, deteriora la gobernanza al desplazar decisiones hacia espacios opacos y aumenta la inestabilidad política cuando la continuidad del sistema depende de personas y no de instituciones. Desde una perspectiva democrática, la privatización del poder es incompatible con los principios de impersonalidad, publicidad y control que sostienen al Estado moderno. Allí donde el poder se privatiza, se debilitan la rendición de cuentas y la transparencia, y se compromete la capacidad del sistema político para ofrecer estabilidad y previsibilidad. Por eso, constituye una forma de degradación estructural de la democracia.

Previsibilidad institucional

La previsibilidad supone coherencia, continuidad y claridad en las políticas públicas, las normas y el funcionamiento institucional. Permite que ciudadanos, empresas e inversores anticipen escenarios y planifiquen a largo plazo.

En un entorno global atravesado por shocks externos, actúa como un amortiguador del riesgo.
La existencia de reglas claras y políticas consistentes amplía el margen de acción del Estado, fortalece la gobernanza y reduce la discrecionalidad. La previsibilidad también es un componente esencial de la competencia democrática: sin reglas estables, la alternancia se vuelve incierta y la ciudadanía pierde confianza en la eficacia del sistema.

Gobernanza y gobernabilidad

Mientras la gobernanza se ocupa de las interacciones entre actores estatales y no estatales para formular e implementar políticas, la gobernabilidad alude a la capacidad del sistema político para mantener el orden, ejercer una autoridad legítima y garantizar condiciones equitativas de desarrollo. Una gobernanza eficaz mejora la gobernabilidad porque fortalece las instituciones, promueve la participación ciudadana y reduce los riesgos de corrupción o captura del Estado. La gobernabilidad no es un atributo autoritario, sino el resultado de instituciones sólidas y de una ciudadanía activa.

Conclusión

La interrelación entre gobernanza, estabilidad y previsibilidad constituye un componente central del desarrollo sostenible y de la prosperidad democrática. Instituciones fuertes, políticas coherentes y participación ciudadana consolidan la estabilidad política y crean un marco predecible que facilita inversión, cooperación internacional y confianza social.

Fortalecer la gobernanza y la previsibilidad institucional equivale a fortalecer la democracia, garantizando respuestas más eficaces, legítimas y estables frente a las demandas de la sociedad.

El 9 de agosto del año 2006 el entonces presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, pronunció una de las frases que han quedado grabadas en la memoria colectiva de todos los uruguayos. Durante una conferencia organizada por el Consejo de las Américas, al referirse a la oportunidad histórica y única de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Vázquez sostuvo que “el tren, algunas veces, pasa una sola vez”. Para Vázquez, el comercio debía verse con un “criterio patriótico” y no puramente ideológico, instando a avanzar tan lejos como fuera posible. El saludable pragmatismo del presidente en esta materia quedó de manifiesto al expresar que “se equivocan quienes en nombre de los principios creen que el comercio es un asunto de ideología”, una frase claramente dirigida al entonces canciller del Frente Amplio, Reynaldo Gargano, cuya oposición cerrada a cualquier apertura comercial con el mundo parecía sacada de un manual soviético de la Guerra Fría.

Tabaré Vázquez fue mucho más allá en su discurso, expresando que “no estoy dispuesto a cerrar puertas ni a descartar a priori explorar caminos que conduzcan a que los uruguayos y uruguayas todos tengan la posibilidad de ejercer el libre derecho a edificar sus propias vidas (…) Los acuerdos comerciales son una herramienta para acceder a mercados dinámicos y exigentes”. De acuerdo con la crónica del evento realizada por la radio El Espectador, “la globalización, para el presidente, es un proceso irreversible y hay avances que no tienen marcha atrás, como no la tuvo la rueda, la máquina a vapor o la penicilina”. La valiente actitud de Vázquez en 2006 contrasta fuertemente con la actitud dubitativa, timorata y poco ejecutiva del presidente Orsi, más preocupado por su camioneta de 80.000 dólares que por radicar la inversión de HIF en nuestro país.

Lamentablemente, el presidente Tabaré Vázquez no logró convencer al núcleo duro del Frente Amplio ni al Pit Cnt sobre las ventajas del TLC que impulsaba y Uruguay quedó, una vez más, al costado del camino y de la historia, soñando con un futuro que no pudo ser. Resulta casi imposible no pensar cuántas situaciones dolorosas del empleo en nuestro departamento podrían haberse evitado en los últimos años si Tabaré Vázquez hubiera sido escuchado por sus colegas frenteamplistas. Tal vez seguirían abiertas y trabajando industrias como Paylana o Pili y sin duda podría ser mucho más clara la situación de Fricasa, por nombrar tan solo algunas de las que han visto mermada su actividad en los últimos años. ¿De qué le sirvió a los sanduceros “torcerle el brazo” al presidente Vázquez? ¿Quién, entre los que se oponían al TLC, se va a hacer responsable por esos puestos de trabajo que se perdieron y que ya no volverán al departamento? Parafraseando al conocido dicho: “aquellos polvos anti TLC trajeron estos lodos de desempleo y emergencia social que vive el departamento”, pero los artífices de ese fracaso departamental no dieron, ni dan, ni darán la cara porque prefieren mantenerse aferrados a sus prejuicios ideológicos y continúan apostando a una lógica perversa pero que siempre les ha rendido dividendos: “cuando peor le vaya al país, peor será la situación económica y social, y mejor nos irá a nosotros electoralmente y en el juego de poder”.

Hoy, los que alimentan y dirigen “la máquina de impedir” para que HIF no se instale en Paysandú tienen el mismo discurso y los mismos métodos que los que dejaron solo al presidente Vázquez y su apoyo al TLC. Es mentira que no se oponen a las inversiones extranjeras: sienten un rechazo casi genético por las mismas sin importar de qué tipo sean ni el país del cual provengan, y poco les interesa si para ello tienen que abrazarse con los pseudo ambientalistas argentinos —en realidad “punteros políticos” que supieron ser la fuerza de choque del kirchnerismo y que ahora se venden al mejor postor para “hacer caja” y mantener sus cuotas de poder—. Esos uruguayos y sanduceros que ponen sus intereses ideológicos por encima del empleo y el bienestar de sus coterráneos y se abrazan a los que no quieren más fuentes de trabajo para Paysandú son de la misma calaña de los que José Gervasio Artigas calificó como “peores americanos” en su Reglamento de Tierras de 1815. Fariseos de un templo ideológico que se encuentra en ruinas y continúa su deterioro en forma inexorable, estos fieles y consecuentes herederos de la “Maldición de Malinche” prefieren abrazarse a sus pares ideológicos de Argentina antes que defender nuestros intereses nacionales y departamentales.

Por su parte, el compromiso que el intendente sanducero, Nicolás Olivera, ha demostrado con el impulso y la concreción de la inversión es claro. “Para Uruguay es un enorme tema y para Paysandú es la batalla”, ha sostenido Olivera, reclamando una actuación más decidida del gobierno nacional para concretar los acuerdos necesarios con la empresa y evitar que quede por el camino la inversión proyectada para Paysandú. En efecto, Olivera ha manifestado preocupación por la proximidad de los plazos previstos para cerrar las negociaciones entre el Estado y la empresa. “Lo veo con preocupación por los reflejos que el gobierno, el Ministerio de Industria, UTE y Ancap están teniendo con el tema (…) La verdad no me explico cómo, frente a una inversión que aspira a ser la más grande de la historia del Uruguay, hay niveles del gobierno en los que parece que existen otros temas más importantes”, reclamó. Según el intendente, “llega un momento en el que las certezas ya no son solamente que el gobierno le diga a la empresa: ‘Mirá que vas a tener esto’. Hay que firmarlo, hay que cerrarlo, hay que abrochar el tema”. (…) “Lo que recomiendo es que Ancap se ponga a trabajar en el tema de la relocalización. Que el Ministerio de Industria deje de tanto tuit, deje de tanta cosita y se meta a laburar fuerte para cerrar esto” (…) “Nosotros tenemos que pelear para que esto se firme en junio, para que el Estado y el gobierno den las señales claras y las certezas que tienen que dar”, indicó Olivera. El intendente también recordó que HIF dispone hasta diciembre de 2026 para adoptar su decisión final de inversión.

A pesar del apoyo de autoridades departamentales, hay que tener en cuenta que el grupo Paysandú Soberano-UPM 2 afirma haber reunido 17.000 firmas contra la instalación de HIF Global en el departamento. La iniciativa cuenta con el apoyo –¡obviamente!– de Fucvam, el Pit Cnt y la Intersocial Paysandú, entre otras organizaciones que, si bien se autodenominan “sociales”, responden a intereses políticos partidarios de la izquierda.

Así las cosas, si los grupos que se oponen a la instalación de HIF lograran su propósito y se perdiera por su culpa esta oportunidad única para el departamento, ¿cuál de estos grupos y qué dirigentes de los mismos se harán responsables por haber dejado pasar el tren al cual Paysandú debería haberse subido? ¿Alguno de ellos dará la cara o seguirán tirando piedras al progreso desde su vereda ideologizada y pseudoindependiente? Si HIF opta por instalarse en otro país en lugar de hacerlo en Uruguay y concretamente en Paysandú, estos “colectivos” serán los responsables de esa decisión y de sus lamentables consecuencias. ¡A no olvidarlo!

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Hace pocos días dábamos cuenta a través de las páginas de EL TELEGRAFO que tuvo lugar en nuestro país el Primer Encuentro Nacional 2026 de Fortalecimiento Institucional: “Consolidación de la modalidad de Educación Media Básica Rural”, el que constituyó una instancia estratégica de formación, intercambio y construcción colectiva, orientada a consolidar y fortalecer las propuestas educativas de 7.°, 8.° y 9.° grado en el medio rural. Alrededor de un millar de estudiantes de áreas rurales reciben educación en esta modalidad en 42 centros educativos de todo el país. En la actualidad, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se encuentra en un proceso de revisión de la currícula de esta experiencia, a través de la instalación de un grupo de trabajo nacional, y ha incorporado nuevos aprendizajes como Cooperativismo, Educación Sexual Integral y Convivencia.

En esta convocatoria, que tuvo lugar en la sede central del organismo, se abordó una agenda que incluyó instancias de reflexión pedagógica, talleres de formación académica y abordajes disciplinarios específicos, promoviendo el trabajo colaborativo entre directores, docentes e inspectores de distintas áreas. También favoreció el intercambio de experiencias y la construcción de criterios comunes que contribuyan a fortalecer las prácticas institucionales y pedagógicas en los centros educativos rurales.

Según indicaron los jerarcas convocantes del encuentro, este espacio tuvo como objetivo acompañar el desarrollo profesional de los equipos educativos, potenciar la calidad de las trayectorias estudiantiles y reafirmar el compromiso de la ANEP con una educación media rural inclusiva, contextualizada y de calidad para todos los estudiantes del país.

En la apertura del encuentro, la consejera del Consejo Directivo Central, Elbia Pereira, celebró la tarea de los docentes y funcionarios y su participación en estas instancias de trabajo, y dijo entre otros conceptos que “muchas veces se piensa en la ruralidad como los pobrecitos que están perdidos en el medio del campo. Ni son pobrecitos ni están perdidos en medio del campo: son estudiantes, docentes, funcionarios y comunidades que están construyendo un hacer propio del lugar donde están, con proyección a la continuidad educativa a lo largo de toda la vida, y eso son oportunidades. Ustedes son hacedoras y hacedores de esas oportunidades”, concluyó.

Debe tenerse presente que la Educación Media Básica Rural constituye una de las políticas educativas más importantes para la inclusión educativa en Uruguay. Surgió en 1999 para dar respuesta a las dificultades de acceso a la enseñanza secundaria en el medio rural y, desde entonces, ha permitido que miles de adolescentes continúen estudiando sin abandonar sus comunidades. Aun con las limitaciones que sobre todo se potencian para la actividad docente en el medio rural, es notorio que su desarrollo ha fortalecido la equidad educativa y ha contribuido a garantizar el derecho a la educación de los jóvenes rurales, promoviendo además la continuidad de estudios y el desarrollo de las comunidades del interior del país.

Pero sobre todo merece un renglón aparte dar cuenta del perfil de quienes atienden estos centros docentes. Este aspecto es señalado por la subdirectora general de Educación Inicial y Primaria, Selva Pérez, al precisar que “esta es una experiencia inédita: en esta modalidad conviven adultos que responden a diferentes marcos administrativos, pensando ‘cómo hacemos que esa adolescencia tenga la posibilidad de hacer su proyecto de vida’. Hay que ponernos de acuerdo entre las lógicas institucionales de la UTU, Secundaria y Primaria y aunar esas lógicas, para que el adolescente sienta una coherencia en la forma en que recibe la propuesta, y hay que tomar conciencia de que educar es abrir la conciencia a ver el mundo que nos rodea y el mundo interior”.

En este contexto, uno de los aspectos fundamentales de la Educación Media Básica Rural (EMBR) es que apunta a garantizar que los adolescentes que viven en zonas rurales puedan continuar sus estudios después de finalizar la educación primaria. Su objetivo principal es asegurar la igualdad de oportunidades educativas, superando las dificultades de acceso que existen en muchas áreas alejadas de los centros urbanos. Es que hasta 1999 el país vivía una problemática histórica: muchos estudiantes rurales terminaban la escuela primaria pero no podían continuar sus estudios secundarios debido a las grandes distancias hasta liceos o centros de UTU, por lo que la ANEP desarrolló la propuesta que permitiera cursar 7.°, 8.° y 9.° grado en las propias escuelas rurales o en centros cercanos a las comunidades donde viven los estudiantes. Esta modalidad buscó evitar el abandono temprano de los estudios y ampliar las oportunidades educativas en el medio rural.

Así, desde su creación, la Educación Media Básica Rural ha experimentado un crecimiento sostenido, con una ampliación gradual de la cobertura en los respectivos departamentos del país, formación específica de docentes para trabajar en contextos rurales y articulación entre Educación Primaria, Educación Secundaria y UTU para atender las necesidades de los estudiantes rurales, con el agregado de la incorporación de nuevas propuestas curriculares adaptadas a la realidad del medio rural.

Precisamente, y tal como se analizó en el reciente encuentro nacional, la modalidad llegó a atender más de 1.600 estudiantes en decenas de escuelas rurales del país. En años recientes se ha impulsado una revisión curricular para actualizar contenidos y fortalecer áreas como el cooperativismo, la educación sexual integral y la convivencia. También surgieron modalidades complementarias, como el Ciclo Básico Rural Semipresencial, que combina actividades presenciales con enseñanza virtual mediante plataformas digitales, permitiendo llegar a estudiantes que viven en lugares aún más aislados.

Es decir, dentro de las posibilidades, se han logrado incorporar avances significativos encuadrados en los objetivos de la Educación Media Básica Rural y establecer incentivos que no solo implican reducir la desvinculación educativa al acercar la oferta educativa a las comunidades rurales, sino sobre todo favorecer la continuidad de estudios, dado que los estudiantes que culminan esta modalidad pueden continuar posteriormente en bachillerato, UTU u otras opciones de educación media superior.
Un ganar-ganar que es particularmente importante porque refiere nada menos que al interior rural, ese Uruguay olvidado desde los círculos de poder, que es el soporte del tramado productivo, que hace un aporte enorme para retener a los pobladores del interior profundo y contribuye al desarrollo de las comunidades donde viven los estudiantes y sus familias.

finitiva, la Educación Media Básica Rural representa mucho más que una propuesta educativa específica. Constituye una herramienta —siempre perfectible— de inclusión social, desarrollo territorial y justicia educativa. Su fortalecimiento y actualización son fundamentales para continuar reduciendo desigualdades y garantizar que el lugar donde nace una persona no determine las oportunidades a las que podrá acceder durante su vida. Apostar por la educación rural es apostar por un país más integrado, más equitativo y con mayores posibilidades de desarrollo para todos sus ciudadanos.

Hace un par de semanas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que América Latina y el Caribe vienen de atravesar, en 2025, uno de los períodos más extremos de su historia. No se trata de una anomalía pasajera, sino de una aceleración del calentamiento global que elevó los termómetros por encima de los 40 grados centígrados en el sur de nuestro continente. A ello se sumó un déficit de precipitaciones que provocó graves sequías, aumentó las alertas por incendios forestales y afectó los balances agrícolas.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la comunidad científica regional monitorean la zona del Pacífico ecuatorial, donde la temperatura registra un aumento de hasta 6 grados centígrados por encima del promedio.

En un escenario marcado por extremos climáticos, donde también aparecen lluvias torrenciales concentradas en pocas horas, los modelos de predicción proyectan la aparición de un fenómeno de El Niño de alcance global para el período comprendido entre este año y 2027. Un evento que, por sus características térmicas y la acumulación de energía en el océano, podría alcanzar la categoría de “Súper Niño”.
En Uruguay, hablar de este tipo de anuncios trae a la memoria episodios de crecidas y grandes desbordes de cursos de agua. Desde la recordada creciente de 1959 hasta las posteriores inundaciones, miles de personas fueron desplazadas en las costas del río Uruguay y otros cursos fluviales, mientras que la infraestructura vial y la producción ganadera sufrieron importantes daños.

Sin embargo, nuestro país viene saliendo de los efectos de una situación inversa. La Niña provocó sequías severas y la transición hacia un posible —y cada vez más probable— exceso hídrico sin precedentes, en el contexto de un Súper Niño hacia fines de este año y durante 2027, nos coloca ante un escenario complejo.

El suelo, endurecido o erosionado por los extremos previos, pierde capacidad de absorción y vuelve a las redes de drenaje urbano y a las cuencas fluviales especialmente vulnerables frente a las precipitaciones extraordinarias pronosticadas.

Los anuncios prevén que el impacto de El Niño se sentirá por fases. La primera de ellas llegaría durante el próximo invierno, que sería inusualmente templado. El punto de quiebre se produciría entre octubre y enero, período para el cual se pronostican lluvias copiosas por encima del promedio histórico, con posibles afectaciones al sector agropecuario y a la red vial. Los especialistas agregan que el fenómeno podría reactivarse durante el otoño del próximo año, con un impacto mayor al norte del río Negro.
En los últimos días, Inumet se pronunció sobre este asunto, suscribiendo la preocupación de las agencias internacionales que pronostican que el calentamiento del Pacífico, sumado al cambio climático global, podría generar uno de los años más cálidos jamás registrados en la historia del planeta.

En este marco, el BID y la ONU alertan sobre la necesidad de prepararse mejor frente a El Niño, dirigiéndose de forma muy directa a la capacidad de gestión de nuestros gobiernos. Aunque en los últimos años Uruguay ha dado pasos consistentes hacia un modelo de resiliencia climática, históricamente la respuesta ante las inundaciones en nuestra región se limitó a la gestión de la crisis: desplegar las coordinaciones del Sistema Nacional de Emergencias, alojar evacuados en infraestructuras públicas y reconstruir los daños una vez que las aguas se retiraban.

Hoy, el debate se ha desplazado lenta pero firmemente hacia la mitigación del riesgo antes de que los problemas aparezcan. En las ciudades litoraleñas, con apoyo de programas del gobierno central y aportes de las intendencias, se ha recurrido al ordenamiento territorial y al realojo de poblaciones vulnerables. En ciudades como la nuestra, pero también en Salto y Artigas, hemos comprendido a partir de la experiencia que disputarle espacio al río es una batalla perdida. Por eso, las políticas públicas han priorizado la liberación de las zonas costeras, transformando antiguos asentamientos en parques inundables y reubicando a las familias.

Ahora bien, una parte importante de la resiliencia se juega en el Uruguay profundo. La producción agropecuaria, motor histórico de nuestra economía, viene de sufrir la falta de agua en el pasado reciente y ahora debe prepararse para un exceso hídrico inminente. Los planes de manejo de suelos, la inversión en tajamares, los sistemas de riego y la diversificación de pasturas con mayor tolerancia a los extremos son herramientas con las que los productores intentan proteger su medio de vida. Sin embargo, aún existen importantes cuellos de botella.

Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, insiste en que la información climática solo es útil cuando se convierte en una herramienta para las personas.

En Uruguay debemos profundizar el trabajo para evitar quedar rehenes de la burocracia o de debates estériles, avanzando con eficacia hacia planes y protocolos de prevención local, así como sistemas de alerta rápida para el productor agropecuario.

Es importante tener en cuenta que las alertas tempranas solo son eficaces si quienes las reciben saben qué hacer, dónde ir y cómo proteger sus bienes.

Según un reciente informe del BID, que exhorta a los países a prestar atención a las previsiones, existe un 92 % de probabilidad de que se desarrollen condiciones cálidas en el Pacífico durante el próximo trimestre.

El Súper Niño deja así de ser una mera posibilidad para convertirse en un escenario plausible, cuya intensidad sigue siendo difícil de predecir. Justamente por esa incertidumbre, la pregunta más relevante no es qué tan fuerte será, sino qué tan preparados estaremos para cuando llegue.

En Uruguay, el pronóstico para los próximos meses nos enfrenta a un cambio ambiental global que se manifiesta a escala local con una intensidad extraordinaria.

La posibilidad de un Súper Niño o de un evento de magnitud histórica debe afrontarse con responsabilidad. La pregunta es, precisamente, qué tan preparados estamos para hacerlo.

El clima ha dejado de ser un telón de fondo para convertirse en un protagonista hostil y desconcertante que nos afecta a todos de manera cada vez más omnipresente. En este contexto, parecen quedar lejos aquellas épocas en las que las estaciones mantenían un orden previsible, donde las heladas de invierno y las lluvias de primavera se alternaban con regularidad. Ese pacto implícito con la naturaleza hoy parece haberse roto.

La ciencia está proporcionando los mapas del riesgo, pero la esfera gubernamental y la sociedad civil deben prepararse para asumir las consecuencias del cambio climático.

Lo que se pronostica es un tipo de evento que exige, además, un profundo cambio cultural para comprender que nuestro entorno está mutando y que debemos aprender a vivir en medio de nuevas y complejas realidades.

“¿A cuántos niños y adolescentes deberá atender el sistema educativo obligatorio uruguayo en los próximos años? Esta es la primera → Leer más

Los productores nucleados en la Federación Rural celebraron hace pocas horas en Salto el Congreso Anual de la gremial, en presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, dos ministros de Estado, y autoridades locales y nacionales. En esta oportunidad, más allá del temario específico relacionado con reivindicaciones y análisis de situación, tuvo lugar un simposio internacional sobre garrapata, con la presencia de técnicos y productores de varios países de la región. Una problemática que realmente preocupa seriamente a nuestro país ante las serias implicancias que tiene para la producción.
El encuentro dejó mucho más que una lista de reclamos sectoriales. Lo que surgió de sus deliberaciones es una advertencia que debería ser atendida por todo el sistema político: Uruguay no podrá aspirar a un papel relevante en los mercados internacionales si continúa postergando las reformas necesarias para fortalecer la competitividad de su principal motor económico.

Año tras año, las gremiales agropecuarias reiteran prácticamente los mismos planteos. El elevado costo país, la pesada carga burocrática, los combustibles más caros de la región, las deficiencias en la caminería rural, la presión impositiva y la falta de respuestas a problemas sanitarios como la garrapata conforman un diagnóstico conocido. Lo preocupante no es que estos temas se planteen nuevamente, sino que sigan vigentes después de décadas de promesas y anuncios.

La realidad es que Uruguay continúa siendo un país caro para producir. Y cuando producir cuesta más que en los países competidores, el perjuicio no recae únicamente sobre los productores rurales. Lo sufre toda la economía. Menos competitividad significa menos inversiones, menos empleo, menos crecimiento y menos oportunidades para generar riqueza genuina.

Por eso sería un grave error interpretar los planteos de la Federación Rural solo como simples reivindicaciones corporativas. Lo que está en juego es la capacidad del país para aprovechar uno de los escenarios más trascendentes que se presentan en materia de comercio internacional en las últimas décadas: la apertura de oportunidades derivadas del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.
La posibilidad de acceder en mejores condiciones a un mercado de más de 400 millones de consumidores representa una oportunidad histórica para Uruguay. Sin embargo, los acuerdos comerciales por sí solos no generan competitividad. Abren puertas, pero son los países quienes deben estar preparados para atravesarlas.

Naturalmente, no son todo rosas en cuanto a la instrumentación del acuerdo, y en este sentido los países del Mercosur manifestaron recientemente “su gran preocupación ante la intención de la Unión Europea de abordar la situación de su industria siderúrgica nacional mediante la adopción de una medida que, a partir del 1º de julio de 2026, prevé el acceso a través de contingentes arancelarios y establece aranceles fuera de contingente de hasta el 50%”.

Los socios del bloque sostuvieron que estos aranceles “no solo tendrían un efecto adverso en los flujos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, sino que también podrían constituir un incumplimiento directo de los compromisos” europeos en virtud del acuerdo comercial “tan solo dos meses después” de haber implementado su aplicación provisional.

Aunque el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur busca liberalizar gran parte del comercio bilateral, la UE ha mantenido —e incluso reforzado— varios mecanismos de protección para sectores considerados sensibles, especialmente la agricultura. Esto genera una situación paradójica: se firma un acuerdo de apertura, pero simultáneamente se crean instrumentos para limitar o controlar sus efectos.
Y allí estamos ante un gran desafío, si tenemos en cuenta que mientras se celebra la perspectiva de nuevos mercados, el sector encargado de abastecer gran parte de esas oportunidades sigue enfrentando costos estructurales que reducen su capacidad de competir. No alcanza con conseguir cuotas, preferencias arancelarias o nuevos destinos comerciales si luego los productores uruguayos deben enfrentar desventajas que sus competidores no tienen.

El agro sigue siendo el principal generador de exportaciones, de divisas y de actividad económica en vastas zonas del interior. Es el sector que sostiene buena parte del entramado productivo nacional y que, además, tiene la capacidad de derramar crecimiento hacia el comercio, los servicios, el transporte y la industria. Debilitarlo mediante costos excesivos o falta de infraestructura equivale a debilitar las posibilidades de desarrollo del país entero.

La discusión, por lo tanto, debería trascender los límites del sector agropecuario. Uruguay necesita definir si quiere ser un actor relevante en el nuevo escenario comercial que se abre o si continuará resignando oportunidades por no resolver problemas que arrastra desde hace años.

La competitividad no se construye con enunciados de buenas intenciones y explicaciones de por qué no se hace tal o cual cosa ni con discursos; se construye con infraestructura adecuada, con políticas públicas eficientes, con un Estado que entienda las restricciones de quienes producen y con reglas que estimulen la inversión y la generación de riqueza.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea puede transformarse en una plataforma de crecimiento sin precedentes para Uruguay. Pero para aprovecharla será imprescindible contar con un agro fuerte, dinámico y competitivo. Sin esa condición básica, cualquier oportunidad comercial corre el riesgo de convertirse en una promesa más.

El país productivo no puede seguir esperando. Porque en el mundo actual las oportunidades no son eternas. Y cuando finalmente llegan, solo las aprovechan quienes hicieron los deberes en tiempo y forma, o por lo menos minimizando vulnerabilidades.

Realicé una corrección integral de ortografía, sintaxis, puntuación, concordancia, coherencia, redundancias y estilo periodístico, procurando mantener el sentido, el enfoque argumentativo y el tono de columna de opinión.

La Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados estudia un proyecto que propone la creación de tribunales para delitos leves —como lesiones o tentativa de hurto— cometidos por personas con adicciones, sustituyendo las penas tradicionales por tratamientos de rehabilitación.

La iniciativa no es nueva. Ya se aplica en varios países con el objetivo de fortalecer las estrategias de combate a la reincidencia y aliviar la superpoblación carcelaria.

En Estados Unidos existen más de 4.000 programas de este tipo en todo el país desde finales de la década de 1980. Estos mecanismos sustituyen las penas de prisión por sistemas de supervisión judicial. Junto con Canadá, además, se amplió el modelo mediante la creación de juzgados especializados en salud mental.

En Argentina funciona la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, dedicada al estudio de la evidencia empírica y a la aplicación de programas para el tratamiento del consumo de sustancias. En Chile, desde hace varios años, se implementan los Juzgados de Tratamiento de Drogas, con especial énfasis en el sistema penal adolescente.

En Uruguay, la propuesta —respaldada por la Junta Nacional de Drogas— también se discute desde hace años. A fines de 2019, jueces de distintos países de la región, junto con el entonces comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, promovían este mecanismo para derivar personas a centros especializados.

Uruguay no cuenta con una justicia terapéutica y la discusión estará centrada, entre otros aspectos, en la disponibilidad de recursos y en la voluntad política para implementarla. En el sistema penitenciario, ocho de cada diez personas que ingresan a prisión presentan consumo problemático de sustancias. Entre ellas, casi siete de cada ocho tienen una relación de dependencia con las drogas que condiciona gran parte de su vida cotidiana.

En América del Sur, Uruguay encabeza el ranking de países con mayor cantidad de personas privadas de libertad por habitante. Hasta el 6 de mayo —cuando la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, compareció ante el Parlamento— la tasa alcanzaba los 480 reclusos cada 100.000 habitantes.
En ese momento se contabilizaban 16.789 personas privadas de libertad, de las cuales el 91% eran hombres. El año pasado recuperaron la libertad 10.691 personas, un promedio de 31 liberaciones por día. Esto supone que el número de ingresos continúa siendo superior y que este indicador tampoco ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Las cárceles no rehabilitan. En algunos establecimientos, las personas privadas de libertad viven en condiciones de hacinamiento que alcanzan el 200% de la capacidad prevista, mientras que las distintas administraciones no han logrado reducir los niveles de reincidencia. Según el Observatorio Uruguayo de Drogas, existe una prevalencia “sensiblemente mayor” que en la población general en el consumo de alcohol, marihuana, cocaína y pasta base entre las personas privadas de libertad.

De esta realidad surge la iniciativa parlamentaria presentada por el diputado colorado Rodrigo Martínez. Es evidente que nadie deja de consumir por una resolución judicial. Sin embargo, la propuesta incorpora un tratamiento que incluye una internación voluntaria de 30 días y un posterior seguimiento ambulatorio. La recaída no constituye un incumplimiento del tratamiento; lo que determina su fracaso es el abandono. En ese caso, la persona retornaría al proceso judicial ordinario.

Frente a una grave situación carcelaria y a elevados niveles de reincidencia que siguen sin resolverse, oficialismo y oposición parecen alineados para avanzar en la incorporación de herramientas de justicia terapéutica.

Desde 2005, la población penitenciaria se cuadruplicó y el sistema político no ha encontrado respuestas efectivas, pese a los numerosos debates instalados en el Parlamento, en distintos ámbitos académicos y en los medios de comunicación.

que sí sabemos, al menos como sociedad, es que las cárceles se han transformado en verdaderas “universidades del delito”. En muchos casos, quienes recuperan la libertad encuentran destruidos sus vínculos familiares y terminan enfrentando situaciones de exclusión social o de calle.

Sin embargo, en el caso de las personas con adicciones que no logran acceder a un tratamiento de rehabilitación, persiste una interrogante: cómo se obtendrán y sostendrán los recursos necesarios para que la justicia terapéutica pueda mantenerse en el tiempo. Las dificultades para garantizar la continuidad de los proyectos institucionales constituyen, en términos generales, una de las debilidades estructurales del sistema uruguayo.

Por otra parte, es cierto que el sistema penitenciario demanda enormes recursos y se ha convertido en un barril sin fondo que recae sobre los contribuyentes, sin que ello haya derivado en respuestas satisfactorias frente a los problemas de inseguridad ciudadana.

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó el año pasado que Uruguay destina aproximadamente US$ 1.000 mensuales por cada persona privada de libertad. Sería ingenuo suponer que esta iniciativa resolverá por sí sola la problemática del consumo de sustancias vinculada al delito o que garantizará procesos exitosos de rehabilitación capaces de evitar la reincidencia.

Se trata, al menos, de una propuesta que permitirá desarrollar un plan piloto y abrir un debate parlamentario sobre una cuestión que rara vez ocupa un lugar central en la agenda pública: el consumo problemático de sustancias como factor asociado a determinadas conductas delictivas. Asimismo, permitirá discutir la construcción de un sistema de rehabilitación que, hasta ahora, sigue siendo insuficiente en Uruguay.

También es evidente que los partidos políticos suelen aprobar o rechazar iniciativas en función de las percepciones predominantes en la sociedad, que en materia de seguridad tienden a inclinarse hacia enfoques más punitivos.

Referentes de distintos partidos políticos y operadores judiciales se han mostrado favorables a esta propuesta legislativa y han expresado su disposición a contribuir a su desarrollo. Resta conocer cuál será el lugar que ocupará esta iniciativa dentro de las prioridades legislativas y si logrará avanzar en el proceso de discusión parlamentaria. Como observación de estilo, para una publicación en un diario, eliminaría o reformularía la frase «casi siete tienen a las drogas como principal actividad vinculada a su trayectoria delictiva», porque resulta ambigua y puede generar cuestionamientos sobre la fuente o el significado exacto del dato. Conviene precisar si se refiere a delitos vinculados al mercado de drogas, a la obtención de recursos para consumir o a otra categoría específica. Esto fortalecería la solidez argumentativa del artículo.

Detenidos, desaparecidos, tema de nunca acabar. Soy familiar de una persona fallecida en circunstancias por lo menos oscuras, nunca sabré → Leer más

Parecería que es momento de bajar la pelota al piso y de separar la paja del trigo: mucho ruido por tan pocas nueces. No es que uno se asuste por “bultos que se menean”, pero cuando son demasiados es oportuno recapacitar, sin dejar de hacer todos los esfuerzos para poner las cosas en su lugar; pero en su lugar.

No es bueno jugar con fuego, uno después se hace “pichí” en la cama decía una tía mía. Allá por principios del año 1973 el “caso de los ediles”, de los gastos de la Junta Departamental en el Restaurante El Águila, más algunas otras cositas, legales o no, bajo cuerda o no, “gentilezas”, incluso con periodistas, desbordó las primeras planas y los informativos centrales.

La gente volcó la cabeza para ese lado, la atrajo ese ruido mucho más que otros. Otros que eran más peligrosos y elocuentes pero que no le sirvieron como advertencia sobre lo que estaba por venir: caso del apresamiento del Dr. Jorge Batlle, de los alertas del Dr. Augusto Legnani (ministro de Defensa Nacional), sobre planes de gente a la que sus conciudadanos le confiaron las armas, azuzada por otra gente que usó las armas sin que nadie les haya encargado ni confiado nada y de las denuncias en el Parlamento.

Demasiado como para que algunos con responsabilidades se lo tomaran para la chacota u otros no se dieran cuenta o no lo tuvieron claro, o ni se lo aclararon aquellos que tenían la misión de hacerlo y que para lo cual fueron elegidos.

Serán cosas de viejo, razón por la cual ni tendría por qué preocuparme tanto, pero quizás deba ser por ese otro ruidaje que a veces genera la “tropilla de los recuerdos”. Pienso que lo del auto del presidente Orsi (lo del descuento) no es chica cosa, pero seguramente, si es que es tan grave, él lo irá a pagar con más mala imagen en la próxima encuesta. Cosa que tampoco se puede dar por hecho: la gente a veces dispara para cualquier lado; aunque el tema sea legal o no, lo que en definitiva no tendría que importar tanto porque lo de “la ética” es algo personal, subjetivo, que se ajusta a las buenas costumbres y valores propios y para la cual no valen las escalas fijadas por normas objetivas.

Por otra parte, no deben olvidarse, para ese caso, Convenciones internacionales con valor de ley, que son muy precisas al respecto. No está bien recurrir a ellas cuando conviene y menos aún cuando ha sido no solo para invalidar leyes y normas, sino también para pisotear la voluntad soberana consultada expresamente y en reiteración.

Pienso que más serio que eso del automóvil es el tema de la Fiscalía de Corte. En su momento trascendió que al presidente, entonces de imagen positiva, no le parecía mal la figura de la Dra. Mónica Ferrero para la titularidad formal de la Fiscalía. Lo que incluso él se lo habría manifestado personalmente a ella, según se supo. Por eso es que ahora no suena como un buen mensaje lo que aparentemente el presidente quiso decir en su discurso de Las Piedras, y que sus “traductores” dijeron que se refería “específicamente” a la Fiscal (mala forma de comunicación).

¿Qué quiere el gobierno del FA en la Fiscalía: otra Jutep? Sería bueno para encaminar las cosas, que el poder político resolviera ya que Ferrero sea designada y de paso, si no es mucho pedir, buscara tres “notables” para la Junta. Sin vencidos ni vencedores. Le haría bien a los partidos, a los políticos, a la imagen y autoridad del presidente y a la institucionalidad toda. Incluso atraería inversores.

Donald Trump se presentó el 23 de setiembre de 2025 ante los principales líderes de 192 países en la Asamblea General de la ONU como el gran pacificador, el hombre que resuelve las guerras que la organización internacional es incapaz de terminar.

Era un mensaje que ya había estado repitiéndolo con anterioridad. En realidad, lo estaba repitiendo desde hacía varios meses. Pero “la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés…” Expresado así de breve y contundente, el mérito es de Antonio Machado.

Sin embargo, ese pronunciamiento es radicalmente falso. Pero realidad y ficción todo se entrevera en la cabeza de Trump… y también en la de Milei; en “citas” ha sido imbatible pero la “verdad estadística” lo ha abochornado. No hablemos de lo más reciente para que no se pretenda argumentar que “eso es por la inestabilidad de las guerras…”, vayamos a sus inicios de gloria autoproclamada y para ello la “treta” fue hablar de los meses previos a gobernar desluciendo más aún esos antecedentes… desde la más burda complicidad del silencio de quienes teniendo sentido de la falsedad optaron por el silencio.

A saber: en diciembre de 2023, en su primer discurso como presidente de la nación, se presentó como el hombre de la motosierra, aludiendo a una recesión y subida de precios, absolutamente desproporcionadas, señalando que el gobierno saliente, el de Alberto Fernández, había dejado una “inflación a niveles del 15.000% anual”.

El diario públicos.es de España (edición del 11.12.2023), desnudaba así esta extravagancia: “La cifra y la medición es absurda por donde se la mire: la actual alza de precios anual está en el nivel altísimo de 142%, según el Indec que el propio nuevo mandatario destacó como un organismo que funciona de forma transparente. Tanto que mantuvo a su presidente en el mismo lugar para empezar su gobierno. Lo que se espera para este mes es aún peor, con valores que ascienden al 20% de aumento en solo 30 días.

En cuanto a cómo calculó su número elegido, el flamante presidente estipula que la inflación se calcula de acuerdo con el nivel actual de precios más una proyección de la relación que dan las reservas con los pasivos del Banco Central de Argentina. “En muy poco tiempo se podría cuadriplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual”, comentó en su discurso.

Esa “inflación proyectada” no tiene rigor metodológico, pero incluso así sigue siendo llamativo porque ni cuatriplicando la actual inflación anual ni tampoco multiplicando por cuatro lo que él considera en lo que viaja la inflación de alimentos –o incluso, la mayorista– se alcanza ese número elegido, el de 15.000% de inflación.

Lo concreto es que el presidente Javier Milei después de tanto fabular la realidad, confunde absurdas operaciones de “marketing político” con resultados inexistentes.

Por aquellos días más de un humorista local ensayaba la ironía de que Milei estaba ante un impulso sesentista, parodiando el mayo francés bajo la consigna de “la imaginación al poder”… pero es tan abrumadora la realidad y las diferencias que no da para muchos chistes.

Aún en medio de escándalos cada vez más graves y con figuras centrales de su administración involucradas, como la catarata de asuntos denunciados cuyo protagonista central es Manuel Adorni, e incluso Karina Milei, la hermanísima del presidente y el propio presidente, con una inestabilidad institucional creciente… pero aun surfeando para resistir.

El discurso de posverdad del estelar presidente de Argentina incluye una “inflación proyectada” sin rigor metodológico; frases rimbombantes en materia de seguridad; y datos, al menos engañosos, en Salud y Educación. 

Pero esas puestas en escena ya no importan, han perdido efecto. Ahora se anuncia que el próximo 4 de julio Milei realizará su viaje número 18 a Estados Unidos. Es, según el presidente argentino una ratificación de su “alineamiento irrestricto”. Y obviamente, cuando Milei llegue a EE. UU. está en pleno el Mundial de fútbol.

Esta agenda se anunció horas después de que Milei mantuviera reuniones con legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y con el propio embajador designado por Trump para Argentina, Peter Lamelas. Desde Washington se asume que es una ratificación de la sintonía política entre ambos presidentes.

Desde la presidencia argentina se entiende que este avance consolida la confianza mutua entre ambos países. Actualmente hay más de 330 empresas de primer orden operado en Argentina.

La realidad ya no es lo que era

Apelando a retóricas en las que pretende presentarse por encima de sus pares, descuidando las reglas más elementales de la diplomacia, Trump busca plantarse como un negociador “exitoso”, incluso pacificador, que está rescatando para el “imperio” a un tiempo dorado. Y recordando que ya no hay lugar para el multilateralismo.

Al igual que Milei, Trump apela al autobombo, la exageración y la simple mentira. El periodista Tony Schwartz, en 2016, en The New Yorker, Schwartz describió a Trump como alguien que tenía una “relación vagamente relacionada con la verdad”. Y advirtió que Trump apelaba a lo que llamó “hipérbole veraz”, una estrategia promocional en la que se exagera para captar la atención y apelar a las expectativas de éxito de la gente.

Es contundente: un estudio realizado por el Washington Post acerca del comportamiento del presidente Trump concluyó que al cabo del primer año en funciones (enero-diciembre 2017) Trump promedió seis afirmaciones falsas o engañosas al día. En su segundo año, esa cifra se “superó” y llegó a unas 16 al día, que trepó hasta 22 en su tercer año y a aproximadamente 39 en su último año.

Claro está que dejó un récord: la base de datos dejó registro de más de 30 mil declaraciones en el primer gobierno. Una estadística sin igual. Excluyo, en beneficio de la comunidad científica estadounidense, el disparatorio sobre la pandemia de Covid.

Para concluir, discursos más recientes, por ejemplo del segundo año de su segundo mandato, Trump reivindicó para sí haber puesto fin a ocho guerras en diez meses, considerando situaciones meras disputas diplomáticas. Casi todos los conflictos enumerados continuaron, según se informa, a pesar de los anunciados acuerdos de alto el fuego que no eran tales, como hoy día.

Fin

Mientras se agudizan las crisis políticas y económicas, y la concentración del poder avanza sin contrapesos, los indicios apuntan a un escenario preocupante del que nada bueno puede esperarse al final de ese camino.