Opinión

La Universidad Tecnológica del Uruguay, (UTEC), publica en su página web un artículo en el que resume una exposición titulada “Fraude Académico Inteligente: nuevas trampas, amenazas y desafíos en la era de la inteligencia artificial”, que fue ofrecida durante las Jornadas de Perfeccionamiento Docente de UTEC, por la doctora en educación Cinta Gallent-Torres, de la Universitat de València. En la presentación la profesional aborda lo que plantea como un problema serio, que amenaza la credibilidad científica y la reflexión docente y se trata de nada menos que de la Inteligencia Artificial, o mejor dicho, y sin criminalizar a esta herramienta, del uso que le damos.

Partió del reconocimiento tanto de la presencia de la inteligencia artificial en las aulas, como de las consecuencias que esto está acarreando. “Los estudiantes la usan en salones de clase, en tareas académicas y en su vida cotidiana y también lo hacen los docentes en el aula e incluso en apoyo para el armado de cursos. En medio de todo eso, una dimensión de la inteligencia artificial que está también en el centro del debate es su uso para llevar adelante proyectos de investigación”. Sí, porque acá aparece un elemento que no se había puesto anteriormente en consideración, porque muchas veces leímos u oímos sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes. Pero Gallent-Torres nos está diciendo que también los profesores hacen uso de este recurso, y muchas veces hacen un uso no deseable. Advirtió que lo tradicionalmente conocido como “plagio artesanal” ha mutado hacia algo mucho más complejo. “La normalización de las malas prácticas nos lleva a la erosión de la confianza en la ciencia, la pérdida de reputación de instituciones académicas y el deterioro, al final, de la integridad científica”, afirmó.

Gallent-Torres recurrió para ejemplificar a una actualización del “Triángulo del Fraude”, de Donald Cressey (1953), un modelo que explicaba que la deshonestidad surge de la combinación de la motivación, la oportunidad y la racionalización. A esto, en el siglo XXI, se debe sumar la capacidad técnica y la conciencia ética en la ecuación. La experta afirmó que “plagiar nunca fue tan fácil e impune como ahora”, y que la inteligencia artificial (IA) no ha corregido la tendencia al fraude, sino que la ha amplificado al dar paso a la era del “IAgiarismo”. Qué es esto. Un estado en el que la herramienta deja de ser un apoyo para convertirse en un sustituto de la autoría intelectual. Precisamente discernir entre estas dos situaciones, nos permite saber si hemos caído o no, en un “IAgiarismo”.

Gallent-Torres describió, para escenificar la dimensión de la gravedad del tema, que existen cosas tales como los llamados “Paper Mills” o fábricas de papers, a las que se pueden encargar materiales académicos para presentarlos como si fuesen fruto de una investigación propia, o las redes de “Ciencia Bamba”, descrito como un fenómeno de fraude académico, documentado inicialmente en Perú, que funciona como un mercado negro, operado incluso a través de WhatsApp, en el que se subastan posiciones en artículos científicos. “La ciencia está totalmente manipulada muchas veces, y es una pena”, lamentó.

El fin de quienes incurren en la práctica de comprar –en miles de dólares– papers o un lugar en las menciones, es recibir réditos económicos o cumplir con bonos de productividad. Hay instituciones que pagan importantes sumas si un investigador contribuye con un número determinado de proyectos. Finalmente para el investigador que comete plagio, termina siendo lucrativo comprar su lugar en investigaciones que no conoce, con compañeros a los que nunca vio, para obtener el bono por productividad.
Para la experta, es preciso estudiar los incentivos actuales, dado que “la contribución a la ciencia debería ser mucho mayor porque los artículos deben ser de calidad, y sucede precisamente lo contrario: crece la cantidad pero no la calidad”.

Gallent-Torres planteó, a partir de una revisión realizada sobre 596 artículos que hablaban sobre el fraude en trabajos de posgrado, un esquema compuesto por cinco medidas a efectos de combatir el fraude. De estos casi 600 artículos, 27 proponían medidas para prevenir la problemática: “Desde la cultura y el liderazgo institucional a la formación y sensibilización, eso es importante. Así como la regulación y supervisión. La evaluación y mejora continua es otra. Y la quinta es esa parte transversal, que es el tema de las tecnologías y sistemas de información” detalló.

A modo de conclusión, transmitió que todo el sistema académico debería velar por mantener la honestidad y las buenas prácticas en todo el proceso de investigación, así como establecer un compromiso con las instituciones y entidades financiadoras para revisar los incentivos, que muchas veces es el punto que hace caer en estas prácticas. De la misma manera promueve una vigilancia respecto a la mutación hacia comportamientos deshonestos, actualizar estrategias de detección, de prevención y de sanción dentro de las instituciones.

Ahora bien. Más allá de consideraciones éticas sobre desde que altura podrá un docente, un investigador, después transmitir a sus alumnos cuestionamientos acerca del uso de la inteligencia artificial, cuando el mismo se ha beneficiado del uso de la herramienta.

Que la IA llegó para quedarse, eso cada vez genera menos cuestionamientos, lo que sí ocurre es que deberíamos establecer una serie de líneas que no se deberían poder cruzar más allá de cualquier circunstancia, podrían ser límites más laxos o más rigurosos y tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla a cabalidad con el compromiso asumido. Lo que no podemos permitirnos es hacer de cuenta como que nada ha pasado. La simple aceptación de que ya está aquí, colándose por todos los rincones, nos debería ayudar también a sincerarnos y asumir dónde trazar esas líneas que no deberíamos cruzar.

Uruguay enfrenta hoy un escenario de alto riesgo y volatilidad, especialmente en esta coyuntura para los cultivos de invierno, según evaluaron en la sección Rurales de El Telégrafo actores de la producción agrícola. Señalan la repercusión del conflicto en Medio Oriente, que no se limita a los precios del petróleo, sino que involucra una serie de efectos colaterales que configuran un significativo efecto dominó en la economía mundial.

En el país, el abastecimiento de fertilizantes se mantiene operativo, aunque con señales de alerta. “Uruguay hoy no está en crisis de abastecimiento, pero sí enfrenta un escenario de alto riesgo y volatilidad que pasa a formar parte de la ecuación”, han advertido empresarios del sector.
De cara a la siembra de invierno, se ha registrado un adelantamiento en la toma de decisiones por parte de los productores. “Hubo cierre anticipado de negocios, sobre todo entre los productores más organizados, que se adelantaron un mes respecto a lo habitual”, indicaron. Remarcaron, además, que este no es un año para cometer errores en la estrategia de fertilización, dado su impacto en la ecuación final. “No es un año para errar en la compra de fertilizantes”, afirmaron.
La suspensión de exportaciones de fertilizantes por parte de algunos países y el encarecimiento de insumos clave, como el gas y el azufre, están generando un efecto en cadena sobre el mercado. Explicaron que la salida temporal de Rusia del mercado de nitrato de amonio obliga a muchos compradores a migrar hacia la urea, lo que presiona aún más los precios y la disponibilidad. En el caso del fósforo, la situación también es compleja debido a las restricciones de China y al encarecimiento del azufre, insumo esencial para su producción.

A escala global, resulta evidente que el conflicto en Irán impulsa los precios agrícolas y amenaza con sumir a unos 45 millones de personas en la hambruna. En este contexto, la escasez de fertilizantes representa un riesgo existencial, según analistas especializados.
Advierten, por ejemplo, que en Punjab (India) los agricultores han comenzado a entrar en pánico. Esta región, principal zona de producción agrícola del país, ya siente las repercusiones de la guerra en el Golfo, particularmente en cultivos como arroz, trigo y maíz.
A tan solo tres meses del inicio de la temporada de siembra de arroz, el conflicto amenaza con interrumpir el suministro de nutrientes esenciales para los cultivos.
En Estados Unidos, muchos agricultores habían pospuesto la compra de fertilizantes tras el primer ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, a la espera de una baja en los precios. Sin embargo, ocurrió lo contrario: los valores se dispararon.

Desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial en el Golfo, la atención se ha centrado en el riesgo para el flujo de petróleo. No obstante, se estima que la amenaza a la seguridad alimentaria puede ser igual de grave. Según expertos, el impacto de la guerra en el sistema alimentario mundial podría incluso superar al de la crisis provocada por la invasión de Ucrania en 2022.
Aunque esta situación afecta con mayor gravedad a los países más pobres, cuanto más se prolongue el conflicto, más severa será la crisis alimentaria y mayor el número de personas afectadas.

A diferencia de la crisis de hace cuatro años, inicialmente concentrada en las exportaciones de cereales del mar Negro antes de extenderse a los mercados de energía y fertilizantes, esta vez el impacto alcanza simultáneamente a varios sectores del sistema. Esto se debe a que el golfo Pérsico es clave para los mercados mundiales de fertilizantes: la producción se ha paralizado y los envíos se han interrumpido, reduciendo la oferta y elevando los precios globales.
A su vez, el aumento de los precios del combustible y la electricidad incrementa los costos de transporte, procesamiento y preparación de alimentos.

En Asia y África, el encarecimiento del combustible ha impulsado los precios de los alimentos. Países como Kenia, Somalia, Tanzania y Sudán, especialmente dependientes de fertilizantes transportados por mar, ya sufren sus efectos. En Somalia, los precios de los alimentos básicos han aumentado cerca de un 20 % desde el inicio del conflicto, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Otras regiones se preparan para una posible escasez de cosechas si el conflicto continúa. Países del sur de Asia, como India, Pakistán y Bangladesh, dependen del gas importado del golfo Pérsico para producir fertilizantes.
Incluso los países menos expuestos directamente, como Estados Unidos, sentirán el impacto a través del aumento de precios.

Consultores estiman que, aun si el conflicto se resolviera en cuestión de semanas, la interrupción del suministro de fertilizantes provocaría un aumento de entre 2 % y 4 % interanual en la inflación alimentaria de Estados Unidos. Si los combates se prolongan hasta el verano, el incremento podría alcanzar cifras de dos dígitos.
El comercio mundial de fertilizantes y amoníaco enfrenta una fuerte presión debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz. Un análisis de Rystad Energy para 2025 indica que el 15 % del amoníaco mundial y el 21 % de la urea —fertilizante rico en nitrógeno— dependen de exportadores potencialmente afectados por esta situación. Entre ellos se encuentran Arabia Saudita y Qatar, seguidos por Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán e Irak. Esta prolongada crisis logística amenaza el ya frágil mercado del amoníaco y la urea, y podría extenderse rápidamente a las cadenas de suministro de alimentos y productos agrícolas, comenzando por los países más expuestos.

Cabe señalar que más de una quinta parte de la urea comercializada por estos exportadores de Oriente Medio incide directamente en el crecimiento de los cultivos. India es el país más expuesto, ya que importa entre el 6 % y el 8 % de los fertilizantes provenientes de esta región. El cierre del estrecho podría traducirse rápidamente en riesgos concretos, como escasez de alimentos, interrupciones en la producción, deterioro de la calidad del agua y otros desafíos globales, dependiendo de la duración del conflicto.
La magnitud de la crisis alimentaria dependerá de si la guerra y sus perturbaciones se prolongan a lo largo de varias temporadas de siembra.

Actualmente, la crisis afecta a los agricultores del hemisferio norte, donde la siembra de primavera ya está en marcha. Sin embargo, cuanto más se extienda el conflicto, mayor será su impacto en el hemisferio sur y, en última instancia, en todo el sistema alimentario mundial. Este escenario debería impulsar tanto al gobierno como a los productores a extremar previsiones, especialmente en la estrategia de fertilización, aun dentro del limitado margen de maniobra que enfrenta el país en términos de precios y dependencia de suministros.

Los refugios de animales de compañía en Uruguay están superpoblados. Las oenegés, conformadas por equipos voluntarios sin recursos del Estado ni compensaciones para sus integrantes, continúan su tarea a fuerza de colaboraciones.

En general, las comunidades perciben a estas organizaciones como las encargadas de un trabajo que tiene, necesariamente, que liderar el Estado y cada gobierno llevar adelante una política pública en este sentido.

La dotación de recursos económicos –en primer lugar– para sostener al personal y la logística es fundamental.

Pero no hay. Y en ese punto la Ley 18.471 de Tenencia Responsable y Bienestar Animal no se cumple.
La inoperancia pública sumada a la desidia de quienes ejercen el abandono es un combo hostil para la parte más débil, que son los animales de compañía. A esto, podemos sumarle la cantidad de caballos que deambulan en las ciudades o centros poblados, con los peligros que conlleva para el tránsito en sociedades que –se supone– evolucionan. Entonces, es un problema y no hay excusas.

Sin embargo, en las redes sociales las opiniones apuntan a quienes tratan de resolver del problema y exigen buenas condiciones al momento de entregar un animal en adopción. Lo cual es claro y obvio.
En cuanto a las políticas públicas, ante la ausencia de una fuerte campaña de concientización sobre el maltrato animal y la falta de recursos para encarar una campaña de control de la población canina y felina, la problemática permanecerá incambiada. Porque en el presupuesto pasado se discutió la pertinencia salarial de sus integrantes, cuando la columna vertebral del problema son los animales en la vía pública y su proliferación.

En medio de tantas explicaciones, la biología sigue su curso y se incrementa la cantidad de perros y gatos. Los mitos de la primera cría, la argumentación de la falta de recursos lleva a preñeces no deseadas y a la conducta tan “deshumananizada” del abandono.

Así aparecen tirados en el vertedero municipal, en las volquetas e incluso a las puertas de los refugios camadas de cachorros por falta de responsabilidad y prevención.

Algunas estimaciones señalan que existen más de dos millones de animales de compañía viviendo en hogares uruguayos, lo que resulta que en dos de cada tres haya al menos un perro o gato.

En este contexto, el país registra más de 300.000 animales en situación de calle según datos del último censo realizado en 2023. Es decir, es un subregistro porque el problema tuvo un franco crecimiento ante la falta de programas enfocados a esta problemática.

El Parlamento analiza tres proyectos de ley con un punto en común y es la tipificación del maltrato animal como un delito que integre el código de proceso penal. También se encuentran a estudio las penas, porque no habría voluntad para la prisión. Pero estas normativas demoran en su tratamiento ante la compleja trama que implica legislar a favor de los animales.

El peligro, como ya ha ocurrido en el país con otras normativas, es que termine en letra muerta. Porque su cumplimiento implica el seguimiento y para eso hace falta el involucramiento de varios organismos, como Ministerio del Interior o gobiernos departamentales. Y es posible comprender que, cada uno dentro de sus prioridades, trabajará acorde a lo que interprete. Una cuestión difícil de amalgamar en un país dividido por los conceptos de las “competencias” e “incumbencias”.

Las causas para el abandono y maltrato de un animal de compañía o de producción –como el caballo– son múltiples y complejas. Pero una sociedad que ejerce cada vez más violencia, no resulta extraño comprender las razones de esta problemática tan extendida en el territorio.

Las protectoras critican la falta de respuesta institucional a las denuncias presentadas con pruebas, incluso demandan una mayor protección cuando deben asistir a una requisa. Esas cuestiones, que ya deberían estar aceitadas, cambian conforme pasan las administraciones y estas organizaciones son las únicas entidades que le dan visibilidad al problema. Por eso, la sociedad apunta el dedo hacia allí.
Pero las soluciones demoran en llegar y es así que demuestran que a nadie le importa nada. Hasta que ocurre un siniestro de tránsito grave o fatal. O hasta que la sensibilidad aprieta la garganta cuando se divulgan videos a través de las redes sociales que demuestran que cualquier persona puede ir más allá de lo imaginable con el maltrato extremo. Da la impresión que el ser humano está dispuesto a tolerar aún mucha más violencia.

Sin embargo, era posible hacer algo antes que sucediera el problema. Pero no se hizo y las consecuencias siguen a la vista.

Los domingos se organizan jornadas de adopciones en la sede de la oenegé Amigos de los Animales. Si bien cada adopción le salva la vida a quien tuvo la suerte de ser elegido para tener un hogar, el problema se repite a las pocas horas.

La semana anterior fueron ingresados más de veinte animales encontrados en distintas condiciones, cuando el fin de semana anterior se habían entregado 14. La cuenta no da, tampoco los recursos económicos para sostener un problema que es de todos.

La voluntad humana está, pero se agota. Se cansa de pedir respuestas, apoyo, una política de Estado que se ocupe y el reclamo de conciencia social que no debería siquiera mencionarse. Porque se supone que si tenemos un animal de compañía que comparte la vivienda y el tiempo con el resto de sus integrantes, debería ser la responsabilidad de cada uno.

Pero es sorprendentemente inagotable la fuente de excusas, argumentos y justificaciones para ejercer la violencia.

Lo cierto es que no hace falta ser animalistas ni tener un refugio para comprender que es intolerable este problema. Porque las jaurías no son causadas por los perros, ni los caballos se soltaron solos de una cuerda para salir a la vagar por la ruta.

Siempre, absolutamente siempre, estuvo una mano humana que no cuidó y que creyó, sistemáticamente, que el problema es de otro.

Uno pensaba que tenía tema: la guerra total, el Apocalipsis. Trump ya no asusta; su credibilidad hace agua. Cada vez que amenaza los iraníes responden con un ¡retruco! Además, recién descubrió al Estrecho de Ormuz; tendría que haberlo previsto y también que los iraníes son fanáticos y están dispuestos a morir y que esos son los peores enemigos. ¿Los estadounidenses lo están? Los europeos minga, con Europa no cuentes nunca. Pero los de EE.UU. se niegan a ir la guerra y además están más preocupados por el precio de la gasolina. ¿Quién ganará la guerra? ¿Quién la va ganando? Será para después de la tregua.

Volvamos, entonces, a aquí y ahora, a este gobierno tan parecido a Canelones, no por Orsi, sino por la variedad y cantidad de chacras y chacritas.

Imagínese el lector como ve estas novedades el inversor, el de aquí y más el eventual de afuera. Y Castillo es redundante: obligación de las empresas a anunciar con antelación despidos o reorganización del personal e incluso, en otro orden, considerar con el sindicato cualquier tipo de cambio tecnológico. Si además está “la cuestión sindical” con ministro del mismo cuadro y le suman el impuesto a los ricos (a los que vengan, aquí no hay muchos). Por otro lado el ministro se vale de seguros de paro especiales para solucionar problemas, mientras su gente arremete contra el BPS, no a las AFAP, retiro a los 60 y aumentar jubilaciones. ¡Divino!, pero no por lindo sino por milagroso. Respecto al inversor, “difícil que el chancho chifle”,como repetía “el Pepe”. Y para los jubilados, que se apronten.

Este sistema de las chacras le malogró algunas cosas buenas a Tabaré Vázquez y no le funcionó a José Mujica, que fue un mal gobierno, donde cada uno manejaba su chacra con su gente, metía funcionarios, fundía organismos y muchas cosas malas más con la prescindencia anarquista del presidente, que dejaba hacer. El PCU, en tanto, sigue la doctrina y su dialéctica, “destruir para construir”: lo peor es lo mejor y además le serrucha las patas al MPP, su enemigo, competencia y freno para adueñarse de la izquierda.
Hay quienes esperan algún golpe de timón del presidente Orsi; al que, si no, se lo lleva la corriente.

La idea de que las leyes existen para “hacer justicia” tal como la gente la imagina en el lenguaje cotidiano es comprensible, pero no es del todo exacta desde el punto de vista jurídico y político.

Desde una perspectiva filosófico jurídica, la justicia entendida como ideal moral no coincide con la función del derecho positivo. Mientras la justicia remite a valores sustantivos, equidad, mérito y reparación, la ley opera como un sistema normativo general destinado a ordenar la convivencia mediante reglas abstractas y procedimientos formales.

Como sostuvo Hans Kelsen, el derecho no es un orden de justicia, sino un orden de coerción jurídicamente organizado, cuya validez no depende de su contenido moral sino de su estructura normativa.

Caso a caso

La ley es una cosa pero la práctica del derecho, su aplicación, es particular, caso a caso. Para muchos, éste es un punto central del derecho moderno: la ley es general y abstracta; la práctica del derecho es concreta y situada.

La ley se formula en términos generales y abstractos, orientada a anticipar conductas y ordenar la convivencia, pero solo adquiere sentido pleno cuando se aplica a un caso concreto, con hechos específicos, pruebas incompletas y contextos singulares. Esa aplicación nunca es mecánica: la práctica jurídica es necesariamente interpretativa. Jueces, fiscales y abogados no ejecutan la norma como un automatismo, sino que la ponderan y encuadran, y aun diferencias mínimas entre casos pueden conducir a decisiones distintas, revelando la dimensión humana del derecho.

Esta distancia entre norma y aplicación explica muchas tensiones sociales: mientras la opinión pública suele evaluar la justicia por el resultado concreto, el derecho se juzga a sí mismo por la corrección del procedimiento. Una decisión puede ser formalmente válida y, sin embargo, percibirse como injusta, no por un fallo de la ley, sino porque la generalidad normativa nunca captura toda la complejidad del caso. En ese espacio intermedio se juega buena parte de la legitimidad del sistema jurídico: la práctica del derecho consiste en traducir lo general a lo singular, equilibrando legalidad, equidad y prudencia, y en esa traducción se revelan tanto la fortaleza como los límites del derecho en tanto instrumento de justicia.

El imperio de la ley no es la justicia

Esa afirmación es profundamente correcta y toca un núcleo clásico del pensamiento jurídico y político: el imperio de la ley no equivale a la justicia, aunque muchas veces se los confunda.

El imperio de la ley, rule of law, designa un principio de organización del poder orientado a que las decisiones públicas se adopten conforme a normas generales, conocidas y aplicables a todos, y no según voluntades arbitrarias. Su función central no es realizar la justicia en sentido moral, sino limitar el poder, garantizar previsibilidad y proteger a los individuos frente a la arbitrariedad.

La justicia, en cambio, es una noción más amplia, histórica y disputada, vinculada a ideas de equidad, mérito, reparación y dignidad, que no admite una definición única ni puede ser plenamente codificada. El derecho intenta aproximarse a ella, pero nunca la agota. Por eso, el imperio de la ley puede coexistir con situaciones profundamente injustas: un sistema legal formalmente correcto puede producir resultados que perpetúan desigualdades o daños estructurales. La legalidad asegura orden; no garantiza justicia sustantiva.

En la práctica jurídica, la justicia aparece así como una tensión permanente, no como un resultado asegurado.

El juez aplica la ley dentro de un espacio de interpretación y prudencia, donde se juega la posibilidad siempre limitada de acercar la norma general a la singularidad del caso.

En síntesis, el imperio de la ley es condición necesaria de la justicia moderna, pero no suficiente: confundirlos conduce a la ilusión de que todo lo legal es justo, cuando el derecho, en su mejor versión, solo promete contener la injusticia mediante reglas, sabiendo que nunca podrá eliminarla por completo.

Con el corazón partido

El doloroso caso Moisés pone de manifiesto la tensión estructural entre legalidad y justicia material: frente al abuso sexual reiterado de un padre sobre su descendencia, la acción homicida del hermano mayor se inscribe en un contexto de extrema vulnerabilidad y falla de protección institucional, obligando al derecho penal a confrontar los límites de la aplicación normativa cuando la respuesta legal entra en conflicto con una comprensión social de la justicia fundada en la defensa de bienes jurídicos primarios.
El dilema que expone el caso Moisés no es atribuible exclusivamente al Poder Judicial, sino que revela una insuficiencia estructural del campo jurídico en su conjunto. Eduardo J. Couture advirtió que el derecho no puede reducirse a la aplicación mecánica de la norma sin perder contacto con su finalidad última, pues “el derecho es una lucha constante entre la justicia y la seguridad”. Cuando la ley no logra dar respuesta adecuada a situaciones de violencia extrema y desprotección institucional, la legalidad preserva el orden, pero la justicia queda desplazada a un plano que el propio sistema jurídico no alcanza a resolver plenamente. Y se derrumba esa confianza en que en las leyes está la justicia… en las leyes y en los operadores del sistema.

En este sentido, el caso interpela también a la doctrina y a la formación jurídica, en la línea de lo señalado por Gelsi Bidart y Vázquez Rossi, quienes insistieron en que el derecho es una práctica situada, atravesada por valores y contextos, y no un sistema cerrado de reglas autosuficientes. La distancia entre justicia y ley no aparece aquí como una anomalía excepcional, sino como una tensión constitutiva del derecho moderno, que exige ser pensada críticamente por jueces, legisladores y juristas, más allá de la mera corrección formal de las decisiones.

Moisés excepcionalmente no necesita del “imperio de las leyes”, sino de ese bien superior y abstracto de justicia, la que necesitan los vulnerados. Para sentir en su piel y en la de su familia, que la vida vale la pena. Y nosotros, comprender que la violencia es mucho más que un momento, es una herida que lastima para siempre.

El nivel de improvisación del gobierno nacional en algunas áreas de su competencia es realmente sorprendente. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de una fuerza política que, salvo durante el período 2020-2025, ha gobernado Uruguay por más de 15 años. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es uno de los ejemplos más claros de esa incapacidad para gobernar, todo ello con un agravante no menor: el Mides fue una creación del Frente Amplio durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez y de inmediato fue convertido en el “buque insignia” de un aparato clientelista que trabajó sin descanso para que esa fuerza política tuviera “punteros” en cada uno de los barrios del país para que le juntaran los votos, tal como hicieron Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández a través de los tristemente famosos “choriplaneros”.

En ese caos institucional que es el Mides, el plan relativo a las personas que se encuentran en situación de calle es otro ejemplo de buenas intenciones sin ningún criterio práctico de sentido común, ya que no se puede dejar a la voluntad de quienes viven en la calle la decisión de internarse o no. La internación debe ser compulsoria y en caso de que ello pueda ser considerado violatorio algún derecho individual resulta importante recordar dos artículos de la Constitución Nacional. El primero es el artículo 7 según el cual “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”. O sea: la libertad de la cual gozan las personas que viven en la calle está sometida a las mismas limitaciones (interés general) que en el caso del resto de los habitantes de nuestro país. Esas razones de interés general pueden ser variadas en sus orígenes y finalidades, incluyendo las de garantizar una vida digna. En segundo lugar, el artículo 44 del texto constitucional el cual prevé que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. ¿Existe acaso una acción más clara de buscar y lograr ese tipo de perfeccionamiento que sacando a esas personas de la calle? Como si ello fuera poco, el mencionado artículo 44 establece que todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad, expresando que el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. O sea: la Constitución Uruguaya es clara al disponer el deber de todos los habitantes de cuidar su salud, es una obligación que no deja lugar a dudas y por eso mismo las autoridades (incluyendo el aparato clientelista del Mides) debe hacer cumplir estas disposiciones.

¿Cómo espera el Mides lograr que esos uruguayos y uruguayas vivan en condiciones dignas cuando hoy, a pesar de existir comedores o refugios con comida en la cual todo es gratis, sus destinatarios no se acercan a los mismos? ¿Por qué esas personas prefieren vivir a la intemperie y comer de lo que puedan obtener de las volquetas? La respuesta parece tan simple como obvia, pero también esquiva para el propio Mides: esas personas no tienen la voluntad de integrarse a ese sistema de protección social que el Mides presta porque han perdido toda referencia de valores y ya no les importa siquiera sufrir el frío o el hambre, prefieren rebuscarse revolviendo una volqueta y pedir plata a quien se le cruce que la seguridad de un plato de comida caliente, una cama y un techo en un refugio del Mides. Por eso es que claramente el nuevo plan anunciado está condenado al fracaso, porque no existe la posibilidad de obligar a esas personas a concurrir a esas instalaciones. Ni siquiera las alertas rojas garantizan el traslado de las personas en situación de calle, porque las mismas se esconden o desaparecen en el momento que se hace presente el personal competente y una vez que se van, reaparecen a ocupar sus lugares. De hecho, las estadísticas no contemplan a los okupas que se instalan en terrenos privados o casas abandonadas como personas en “situación de calle”, y es así que en plena vigencia de la obligatoriedad de concurrir a los refugios del Mides durante la última alerta roja por frío el año pasado, se seguían viendo decenas de “cuidacoches” que en la madrugada pedían dinero a quien se le cruzase por el camino en la zona céntrica o cerca de los comercios 24 horas de la ciudad.

En otro ámbito, es frecuente escuchar a educadores y autoridades de la enseñanza pública argumentando que si el niño no asiste a la escuela no pueden lograrse los beneficios que implican la educación, especialmente en contextos críticos. Resulta interesante utilizar este mismo razonamiento aplicándolo a las personas en situación de calle y su negativa a asistir a los comedores o refugios del Mides. ¿Cómo se espera que estas personas que viven en una situación tan precaria (agravada en muchos casos por el consumo problemático de drogas o alcohol) puedan mejorar su situación personal sino adquieren los hábitos mínimos para convivir en sociedad y sentirse parte de una comunidad que debe tenderles una mano porque son tan uruguayos como cualquier otro? La única forma de que ello sea posible es que concurran a los comedores o refugios del Mides, pero para ello se necesita que el traslado y estadía a los mismos pueda ser hecho de manera compulsiva, por el bien de ellos mismos y de toda la sociedad.

Para complicar las cosas, el Mides es el escenario de disputas internas en el Frente Amplio que ponen en primer lugar el reparto de cargos, las “chacras” personales y sectoriales y las ambiciones personales antes que las responsabilidades institucionales del propio ministerio y de sus autoridades. En ese sentido, hace algunas semanas el semanario Búsqueda informó que “Durante la campaña y una vez ganado el gobierno nacional a fines de 2024, el plan original del sector mayoritario del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP), era ocupar por primera vez en su historia el Mides. Esa cartera estuvo liderada en los gobiernos frenteamplistas anteriores por los partidos de izquierda tradicional (socialistas y comunistas), y el MPP entendía clave esta vez quedar al frente, en un contexto de agravamiento de la vulnerabilidad social y un aumento sostenido de la población en situación de calle”. A pesar de que el Frente Amplio ha tratado de ocultarlo, existe un gran malestar con la gestión del ministro Gonzalo Civila mientras que el MPP espera “en la gatera” poder asumir su cargo y tratar de mejorar una gestión claramente mala.

Ante este panorama, el fracaso del anunciado plan del Mides es un hecho. La pregunta no es cuánto tiempo tardará en fracasar sino cuántas vidas le costará a nuestro país, sino cuánto tiempo, esfuerzo y recursos le tomará a este gobierno asumir que el buque insignia les ha vuelto a naufragar.

Esta semana a través de las redes digitales del canal oficial, el Canal 5, se difundió un video en el que la economista Carolina Sur compartía algunas recomendaciones sobre finanzas. Claro, no todo el mundo tiene por qué conocer a esta economista que, a través de sus redes sociales, se dedica a esto mismo que hace en el video difundido, promover la cultura financiera a través de consejos prácticos.

Lo llamativo es que este video en particular despertó una oleada de reacciones agresivas, violentas, algo que se ha vuelto una característica de las redes sociales y de una de ellas en particular, X, donde los que allí interactúan parecen predispuestos al destrato y a, antes que sopesar argumentos, descalificar cualquier interlocutor o a cualquiera que se exponga, en definitiva, sin necesidad de que haya una interacción. Claro, esto no sorprende, porque hace ya un buen tiempo que es así y el que ingresa allí sabe a qué se expone y lo asume. Lo otro que no sorprende es que la mayoría de las interacciones negativas se hagan desde perfiles anónimos. El juguete se ha roto hace ya un largo rato.

“Son los consejos mas estúpidos que se puede dar en un país como Uruguay donde a nadie le sobra un mango”; “Consejo numero 1: rajate del país, acá no se vive bien aunque labures y estudies. No hay consejo 2”; “Vergüenza debería darles de subir este tipo de contenido y todavía con este personaje”; “Es joda? Después uno trata de no estigmatizar pero es imposible. No cruza Avda. Italia esta muchacha”. Esos fueron algunos de los cerca de un centenar de comentarios que despertó el video en la antigua Twitter, en los que Sur compartió cinco recomendaciones para “empezar a ahorrar desde cero, incluso aunque creas que no podés”. Entre las recomendaciones menciona “hablar de plata” con personas del entorno, atender los gastos pequeños, priorizar el ahorro antes que el consumo, revisar hábitos financieros y fijarse objetivos claros. Y como concepto general plantea que ahorrar más que un privilegio, es “una herramienta de bienestar”.

Ahora veamos por qué está bien que Carolina Sur hable de dinero en las redes sociales y que lo haga a través de las redes de un canal de televisión. No es un argumento novedoso el que daremos, muy por el contrario, desde esta página hemos insistido mucho en la necesidad de que la educación financiera tenga un rol mucho más central del que hoy tiene. La materia Economía solo se imparte en el último año de Bachillerato y solo en una muy específica de las opciones. La UTU tiene cursos de Contabilidad y de Administración, pero tampoco son transversales a todas las carreras y formaciones que allí se imparten, que es lo que se está necesitando.

De un tiempo a esta parte todos los trabajadores uruguayos perciben sus salarios a través de instituciones bancarias, instituciones que no solamente disponen de la información sobre los ingresos de esas personas, sino que además se comparten con las demás. De esta forma, cuando se ofrece un crédito a través de los canales de las instituciones financieras, se ofrece a sabiendas de la capacidad de pago que esa persona tiene. Es un negocio de un riesgo muy bajo. En cambio, con los usuarios del sistema no ocurrió lo mismo, no hubo una política de informar a conciencia sobre el mundo que se abría al pasar a estar vinculado a una institución financiera. Qué es una cuenta sueldo, qué es una caja de ahorro, cuál es la diferencia con una cuenta corriente, qué es un depósito a plazo fijo, qué diferencia tiene que sea en dólares, pesos o unidades indexadas. Solo algunas preguntas básicas que se podría hacer cualquier usuario novato que pasa a cobrar a través de un banco y que recibe una tarjeta de débito y una aplicación por donde hacer transferencias, desconociendo que también desde allí se pueden hacer muchas cosas más de las que no le hablaron. La mayoría de los usuarios desconoce qué es una tasa de interés, qué significa el concepto interés compuesto y algunos ni siquiera conocen —hasta que es demasiado tarde— las consecuencias de solo realizar los pagos mínimos de la tarjeta de crédito —tarjeta que también le otorgó la institución financiera, el primer año sin costo y con un mundo de beneficios atrás—. Desde las instituciones también se telefonea insistentemente ofreciendo, además de préstamos a medida, otros servicios como seguros (contra estafas, de vida, sobre propiedades, etcétera). Las vías de contacto es otra información clave de los usuarios a la que acceden las instituciones y en algunos casos se puede decir que hacen algo muy parecido al uso abusivo.

Por eso no deja de ser llamativo que cuando aparece alguien que difunde de forma masiva la cultura financiera, que explica cómo funcionan los instrumentos a los que se puede acceder por medio de los bancos y otras instituciones, salte a clavarle los colmillos en la yugular toda una jauría de personajes posiblemente más necesitados de atención que de dinero, argumentando que mucha gente no tiene capacidad de ahorro —cuando justamente la economista argumenta que sí es posible—.

Habría que agradecerle, más que criticar, señalar y reprochar, a quien se pone al hombro la tarea de educar y difundir, asumiendo un rol que el Estado debió tomar cuando dio el paso de “bancarizar” toda la economía hogareña del país. Porque si importante es conocer de finanzas y del manejo de dinero para alguien que maneja determinado capital, para las personas que viven “con lo justo” es imprescindible.

Aunque es una noticia que podría perderse en el fárrago de información respecto a conflictos bélicos y de naturaleza policial y política que suele acaparar la atención del ciudadano común, recientemente la sección rurales de EL TELEGRAFO daba a conocer los resultados de investigaciones e ideas llevadas a la práctica, en una novedad que podría tener un efecto revulsivo en producciones primarias de nuestra región y especialmente en Uruguay, a partir de desarrollos que se están realizado en Argentina.

Es así que la cooperativa lanera “Trelew” y la empresa transandina Lanarq crearon el primer refugio sustentable o “casa” precaria que utiliza lana de descarte como aislante térmico en el sur argentino. Con el respaldo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) del vecino país, este desarrollo de construcción en seco promete la máxima eficiencia energética, en lo que se considera una gran apuesta a la economía circular.

En este sentido se indica que en Chubut se está avanzando sustancialmente para desarrollar el aprovechamiento alternativo de la producción de lana como aislante natural, por conjunción de esfuerzos de la Cooperativa Lanera Trelew y la empresa LanArq Chile, que ha dado lugar al Proyecto LanArq Patagónico.

Se trata nada menos que un esquema de construcción sustentable, basado en la utilización de madera y lana de oveja, elemento este que por supuesto abunda en el sur argentino, pero ambos también son rubros de producción de amplia difusión en nuestro país, por lo que todo lo que pueda avanzarse en el uso de estos materiales nos atañe directamente, y abre la posibilidad de aprovechar sus beneficios para una diversidad de emprendimientos.

Y ya hay un prototipo para mostrar, tratándose del Refugio Chechenko construido en Chile Chico, ciudad y comuna de la zona austral de Chile, cerca de la frontera con Argentina. Es un proyecto que se enmarca en la línea del wood frame (marcos de madera), un método de construcción en seco, cuya armazón estructural está fabricada a partir de madera, pero que plantea como innovación principal el aprovechamiento alternativo de la lana como aislante natural entre paneles. Existe un antecedente directo, con el trabajo realizado en el instituto argentino INTI, junto con la Secretaría de Ciencia de Chubut, que impulsó hace unos años el uso de la lana como aislante para viviendas sociales.

El punto es que ya de esa experiencia piloto mejorada, la Cooperativa Lanera Trelew y LanArq dan un salto de escala al llevarlo a un modelo de negocio de exportación y construcción en seco como el wood frame.
La Cooperativa Lanera Trelew nació en 2016 como una empresa recuperada tras la quiebra de la histórica Lanera Austral y hoy procesa el 95% de la lana del país en el polo textil de Chubut y apuesta a la innovación con un enfoque de triple impacto. “Transformamos lo que antes era un desecho agroindustrial que terminaba quemado o en basurales, en un biomaterial de alto valor agregado”, explicaron dirigentes de la cooperativa.
En esta primera interacción conjunta, los paneles fueron construidos en la planta de la Cooperativa Lanera Trelew y luego exportados a Chile, con destino al desarrollo de una serie de cabañas en Chile Chico.

Debe tenerse presente en este contexto que para muchos pequeños criadores de la zona, el costo de la esquila es mayor que el precio que actualmente reciben por la lana de baja calidad. Si la demanda de estos paneles crece, lo que es ahora un desecho pasaría a tener un precio sostén y ayudaría así a que el pequeño productor rural no abandone el campo, lo que constituye una oportunidad financiera para el eslabón más débil de la cadena.
A su vez, entre otras ventajas, a diferencia de los aislantes sintéticos, la lana de oveja tiene la capacidad de absorber y liberar humedad sin perder sus propiedades térmicas. Funciona como un pulmón natural que evita la condensación y mejora la calidad del aire interior. También, gracias a su baja transmitancia térmica (capacidad de conservar el calor) permite reducir hasta un 70% el consumo de energía para calefacción, un factor crítico en el invierno patagónico, en tanto es 100% biodegradable y compostable, por cuanto a diferencia de los aislantes derivados del petróleo (lana de vidrio o poliestireno), este producto es natural y libre de tóxicos.

Además es ignífugo (resistente al fuego), tiene capacidad higroscópica (absorbe humedad sin mojarse) y posee “memoria” para recuperar su volumen original, garantizando que no se aplaste con el tiempo.
Por añadidura, la lana no solo no contamina, sino que captura CO2, ayudando activamente a combatir el cambio climático.
Es decir que estamos ante un aislante térmico de performance excepcional –probado nada menos que en la patagonia argentina/chilena, donde se dan intensos fríos– con materiales que se producen en forma abundante en suelo uruguayo, como son la madera y la lana, y en el último caso, los productores de nuestra zona tienen el mismo problema de costos con los desechos para los que no vale la pena pasar por los costos de esquila.

Asimismo, es posible la utilización de materiales que se industrializan en emprendimientos uruguayos a partir de la madera, como eventualmente playwood de baja calidad, así como paneles y tirantes de madera. Como es sabido, uno de los bien fundados reparos que se formulan al rubro forestal en nuestro país es el muy limitado procesamiento que se le aplica dentro de fronteras, al ser exportado mayormente como materia prima. El proyecto para aislación térmica con la lana de descarte abriría la posibilidad de potenciar el uso de esta materia prima con valor agregado al generar un mercado local y eventualmente con perspectivas de exportación, para generar fuentes de trabajo y reciclar riqueza, a la vez de contribuir a la preservación medioambiental. Un circuito de ganar-ganar, una fórmula que tanto necesitamos en estos tiempos.

Actualmente Uruguay se encuentra en una encrucijada institucional que podría tener incidencia en las políticas de seguridad vial: la implementación de la libreta de conducir por puntos. Se trata de un sistema que busca transformar el concepto de sanción vial, pero a la vez enfrenta una serie de desafíos de implementación y administrativos.

En Paysandú y en el país en general, la siniestralidad en el tránsito no es una abstracción estadística sino que remite a personas que conocemos directamente o que alguien de nuestro círculo familiar o de amigos conoce. Es también un problema social y una herida abierta que la política nacional en la materia no ha podido solucionar.

Históricamente el sistema de tránsito ha operado bajo una lógica de impunidad pecuniaria por el cual quien posee dinero para pagar una multa por infracción de tránsito, puede seguir tranquilamente al volante. Esto ha llevado a que los conductores perciban la multa como un costo de circulación más que un correctivo.

La libreta por puntos rompe con esa lógica. Como bien lo señaló el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, durante la presentación del nuevo sistema el año pasado, el objetivo es que la sanción afecte directamente el derecho a conducir. En declaraciones publicadas por el portal de noticias de Presidencia de la República, el jerarca fue tajante al indicar que el sistema no tiene fines recaudatorios sino culturales, lo cual constituye también una forma de reconocimiento al más de 77% de conductores que según datos de Unasev, no cometen infracciones y sufren las consecuencias de una minoría imprudente.

Con el nuevo sistema se elimina la perspectiva de injusticia económica porque el punto que se pierde al cometer infracción duele lo mismo a quien conduce un auto de alta gama que al que reparte mercadería en una moto. Sin embargo, es claro que para que el nuevo sistema verdaderamente funcione y lo haga de forma eficiente, es necesario contar con una buena fiscalización.

Se trata de un tema que pone de manifiesto una tensión no resuelta entre la autonomía departamental y la necesidad de un control nacional unificado. Como es de público conocimiento, el inicio del nuevo sistema viene precedido por postergaciones por causas varias. A finales del año pasado el Congreso Nacional de Intendentes volvió a solicitar una prórroga para la puesta en marcha definitiva, proyectando el comienzo para el primer semestre del presente año y solicitando dos años para su implementación gradual.

Por un lado, las intendencias deben contar con mejor infraestructura de control a nivel local, dado que en varios departamentos aún es insuficiente. Aquí en Paysandú, por ejemplo a fines del año pasado la Intendencia anunció la incorporación de 18 nuevas motocicletas para el cuerpo de inspectores de tránsito, tratándose de un avance bienvenido pero seguramente insuficiente ante el nuevo desafío de contralor de la libreta por puntos. Podríamos preguntarnos por ejemplo qué tan efectiva puede ser la libreta por puntos si el conductor sabe que las chances de encontrarse con un control en horario nocturno o en un barrio periférico son pocas. De hecho en el interior departamental los controles son casi inexistentes, y como hemos constatado hay ciudades en otros departamentos –caso concreto de Nueva Palmira en Colonia, por ejemplo—donde los motociclistas ni siquiera usan casco, cuando es una norma nacional dispuesta por la Ley de Tránsito.

Es en este sentido, también faltan cámaras de fiscalización electrónica y no hay una base de datos que dialogue en tiempo real entre los 19 departamentos, lo que convierte a la libreta por puntos en una mejora con puntos de fuga de información. Porque para eliminar el laberinto burocrático el nuevo sistema necesita que si un vehículo empadronado en Paysandú comete una falta en la ciudad de Maldonado o cualquier otra del país, la información impacte rápidamente aquí. En este sentido, la coordinación entre intendencias, Policía, Unasev será clave para evitar la burocracia y minimizar errores en el registro de puntos.

El informe anual de siniestralidad vial 2025 presentado por la Unasev hace dos semanas, deja conclusiones desalentadoras. El año pasado cerró con un total de 471 fallecidos, un aumento del 8,5% respecto al año anterior. Esto significa que, en promedio Uruguay pierde más de una vida por día en las calles, una cifra que como se ha destacado en medios de comunicación, supera la mortalidad por homicidios. En lo que respecta a los lesionados hay 77 por día, lo que supone un problema sanitario, aseguraron las autoridades.

Pero aún duele más si miramos los perfiles de las víctimas: el 60% de los lesionados circulaba en moto y el grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años concentra el mayor porcentaje de fallecidos, representando el 16,5% de los fallecidos varones y el 14,6% de las fallecidas mujeres. En nuestra ciudad, donde la moto es una herramienta de trabajo y el medio de transporte de miles de personas, éste no puede ser un dato que caiga en el vacío.

El informe de Unasev revela también que el 55,6% de las muertes ocurren en jurisdicción departamental, lo cual significa que no nos estamos matando en las rutas nacionales sino principalmente en las ciudades. Allí es donde las intendencias –por una simple razón de cercanía– deberían controlar y fiscalizar adecuadamente y también donde el vecino que quizá va a trasladarse un trayecto corto debería tener cuidado y conciencia. Sin embargo, a veces no se usa el casco porque es un traslado a pocas cuadras, un padre entrega llaves a un menor sin formación adecuada para circular o el Estado no fiscaliza con el rigor que la vida ajena merece.

A pesar de esto, no sería honesto señalar únicamente a la burocracia, la insuficiencia de recursos de control o la falta de inspectores. El factor humano y personal de cada uno de quienes hacemos el tránsito es un elemento fundamental de la ecuación. Lamentablemente, hemos desarrollado una preocupante tolerancia hacia infracciones que muchas veces consideramos menores, como el exceso de velocidad en las avenidas o la falta de respeto a las señales de “Pare” en las esquinas así como otros comportamientos inadecuados que se normalizan y que ningún sistema de puntos podrá corregir si no existe una voluntad individual de cambio.

La libreta por puntos será otro fracaso si la vemos como si fuera un juego consistente en esquivar al inspector de tránsito o las cámaras en lugar de una herramienta de convivencia. Deberíamos preguntarnos seriamente si estamos dispuestos a pagar el costo de la seguridad, de que la sanción sea efectiva y no negociable o a exigir a nuestros gobiernos locales que inviertan en tecnología de fiscalización de vanguardia y controlen sin medir conveniencias políticas a corto plazo.

Las estadísticas de siniestralidad son claras y alarmantes. La libreta por puntos puede ser una oportunidad para transformar la cultura vial y salvar vidas. Sin embargo el éxito seguramente dependa de la capacidad institucional para aplicarla, la voluntad política para sostenerla en el tiempo y del la disposición de todos a ejercer nuestra responsabilidad ciudadana.

El Balance Energético Preliminar 2025, presentado por la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), volvió a mostrar una alta —por no decir altísima, que correspondería— incidencia de las fuentes renovables en la matriz de generación eléctrica, un 98%. Más allá de este dato puntual, cabe hacer algunas consideraciones acerca de la información presentada en el informe, que es un avance apenas del definitivo, que verá la luz a mediados del año. El título con el que se presentó fue “Uruguay continúa reduciendo la participación de fuentes fósiles en la matriz primaria”. También podría marcarse como destaque que Uruguay produjo un 8% menos que el año previo, 2024, mientras que el consumo final eléctrico aumentó 2% y hubo que apelar a más importación.

De acuerdo con el informe, el sector industrial volvió a ser el líder en el consumo final energético (52%), y en ello tuvieron una participación importante los residuos de biomasa. También se destaca el gran aumento que tuvo el consumo eléctrico en el sector del transporte en 2025, que se triplicó respecto a 2024 y pasó a representar casi el 1% de la electricidad entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este dato es relevante en un contexto en el que los automóviles eléctricos está en un momento de auge, aunque no es directa la conversión de un eléctrico más / un “naftero” menos, porque la casuística es amplia. También, en buena medida, este dato responde al crecimiento de la flota eléctrica en el transporte urbano de Montevideo y el área metropolitana, que ha tenido un crecimiento muy significativo en unidades. En una entrevista con Radio Carve, el expresidente de Cutcsa, Juan Salgado indicaba que la empresa alcanzó el 25% de la flota electrificada, con 281 unidades en circulación y que el objetivo es alcanzar el 100% de buses eléctricos en 2040.

Volviendo al Informe de la Dirección Nacional de Energía, la generación eléctrica el año pasado fue de 15.855 GWh, lo que es un 8% menos que lo generado en 2024. Al mismo tiempo, el consumo final eléctrico creció un 2% y resultó en un valor de 13.488 GWh. El año pasado se exportó la mitad de energía eléctrica que en el año previo (1.022 GWh), mientras que la importación de electricidad fue de 633 GWh, luego que en 2024 había sido de solo 7 GWh.

Siempre de acuerdo al Balance Energético Preliminar, si miramos la composición por fuente de generación, en 2025 la hidroelectricidad se ubicó el primer lugar en la matriz de generación (6.100 GWh). Esto no es novedad, porque históricamente lo ha sido, y aunque sobre todo los últimos meses del año pasado fueron de una sequía importante, en realidad en la mitad norte del país las lluvias no fueron escasas, como tampoco lo fueron en la cuenca alta del río Uruguay, que son los datos relevantes a tener en cuenta para la generación hidroeléctrica. Así, aunque parezca una paradoja, hubo buena generación hidroeléctrica mientras se generaban las condiciones para una emergencia hídrica. A la que otorgaron las represas, le siguió en importancia la electricidad de origen eólico (4.457 GWh) y la obtenida a partir de la quema de biomasa (4.415 GWh). La energía eléctrica generada a partir de energía solar y con combustibles fósiles fue de menor magnitud: 591 GWh y 293 GWh, respectivamente. De allí el dato de que la matriz de generación eléctrica fuera 98% de fuentes de origen renovable en 2025.

El último párrafo refiere al consumo energético —en general, no solo la electricidad—, y al respecto indica que se registró un crecimiento en 2025 del 2% respecto a 2024, que, al igual que en años anteriores, lo lideró el sector industrial (52%), seguido por el sector transporte (25%), el consumo residencial alcanzó al 14%, el comercial, servicios y sector público al 6% y las actividades primarias el 3%.
En cuanto a las fuentes, el 38% del consumo final energético correspondió a residuos de biomasa —esperable con la incidencia que tiene en nuestro país la actividad forestal—, que tuvo un crecimiento de 7% respecto a 2024, luego siguieron el consumo de electricidad (19%) y de gasoil (16%), con aumentos de 2% en cada caso.

El informe ministerial también hace referencia a las emisiones a la atmósfera. “El factor de emisión de CO2 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) fue de 12 toneladas de CO2 por GWh de electricidad generada y entregada a la red, indica. Si bien se duplicó respecto a 2024, se mantuvo entre los niveles más bajos de los últimos diez años”. Aunque este es un dato que de este lado del Atlántico parecemos desdeñar, o menospreciar, en el contexto actual de activación de un acuerdo comercial con la Unión Europea, donde este tipo de datos son sumamente valorados, el que se mantenga una generación eléctrica baja en emisiones puede favorecer a productos nacionales a la hora de posicionarse en el exterior.

Es pronto para verlo, por supuesto. En todo caso corresponderá más adelante sopesar si los esfuerzos adicionales que el país —el país en este caso somos todos quienes pagamos por la energía— está haciendo por convertir su matriz eléctrica se ve recompensado. Porque aunque el viento, el agua y la luz del Sol sean “gratis”, las inversiones que se han hecho para captar la energía que proveen no lo son, ni cerca. Por ello, aunque se trate de energías renovables, dependen de infraestructuras costosas que hay que comprar, instalar y mantener.

La ventaja es que —al menos una vez instaladas— no dependen de los precios internacionales del petróleo y de que esté abierto o no el paso de Ormuz, son fuentes genuinamente nacionales y los pasos que se han dado, se dieron en el marco de —acertadas— políticas de Estado que datan de fines del siglo pasado y que se han mantenido a lo largo de los diferentes gobiernos que han transcurrido.

Recientemente tuvo lugar una nueva instancia en las gestiones y planteos de nuestros gobernantes, gremios y actores de diversas áreas del departamento ante autoridades nacionales, en la que trasladaron su inquietud por la situación que se plantea con la suspensión temporal de la operativa de AmBev y los serios problemas que enfrentan asimismo otros emprendimientos en nuestro departamento, con secuela de cierres y envíos al seguro por desempleo de cientos de trabajadores.

No es un secreto para nadie que Paysandú ha visto incrementadas año a año las dificultades y los desafíos para superarse y más aún, para tratar de seguir ocupando un lugar de destaque por laboriosidad y espíritu emprendedor en el concierto nacional y regional, como ocurriera con particular fulgor en las décadas en que se instalaron y funcionaron las grandes fábricas, e incluso para generar oportunidades de trabajo digno dentro de sus fronteras.

En el caso que nos ocupa, la industria cervecera local hace tiempo que desapareció y ha quedado en su lugar la maltería de la multinacional AmBev, en el marco de un proceso que en mayor o menor grado ha afectado a los grandes establecimientos de aquel Paysandú industrial que fue nuestro legítimo orgullo, en un contexto global muy diferente al actual y con nuestro país plegado a las políticas proteccionistas entonces en boga, en muchos casos a través de subsidios que alentaron las inversiones de los capitales que crearon fuentes de trabajo en nuestro medio.

Hoy la realidad nos presenta un escenario muy diferente, y nuestro departamento se encuentra entre los que presentan mayor índice de desempleo a nivel nacional, con altibajos coyunturales por una u otra razón, pero siempre dentro de la misma tónica de reducción de la oferta laboral, porque el impacto del cierre gradual de las fábricas, de los miles de puestos de trabajo que generaban, no ha podido ser suplido por otras actividades y menos aún con oferta de empleos de calidad.

Es decir, la reconversión no ha sido fácil, porque aquellas políticas de la década de 1940 en adelante, que generaron condiciones para la radicación de capitales en Paysandú, cerca de los centros de producción de materia prima, resultaron sostenibles mientras se aplicaban en el país políticas proteccionistas, con fuertes subsidios directos e indirectos, pero también porque Uruguay era más competitivo a nivel global, donde los países orientales como China, Tailandia o Singapur no pesaban en el comercio mundial.

Pero con el paso del tiempo, nuestro país debió abrirse al mundo ante una situación insostenible por los cambios globales, y muchas de estas empresas fueron desapareciendo como consecuencia de la realidad. Y en el contexto general, Paysandú fue uno de los más afectados, sufriendo duros golpes con la pérdida de emprendimientos que significaron miles de puestos de trabajo, lo que incluso se vio agravado luego con la entrada en vigencia del Mercosur.

Una premisa que debió haberse aprendido –esperamos que sí, pero otra cosa es poder traducirlo en hechos, ante el escaso margen de maniobra que se da en nuestra economía– es que no es posible crear fuentes de trabajo si no se generan atractivos para los inversores, a los que hay que ofrecerles condiciones para que vengan con su capital a dar trabajo mediante emprendimientos viables. Estas condiciones favorables deben formularse a través de medidas de estímulo desde el gobierno nacional, respetando las consecuentes normas y controles medioambientales, pero asimismo con una cuota parte significativa de los gobiernos departamentales.

El punto fue expuesto también en el encuentro reciente con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, con el intendente Nicolás Olivera y ejecutivos regionales de AmBev, para analizar las implicancias de la paralización de la actividad de la empresa hasta el próximo 30 de junio y la posibilidad de reemprender normalmente sus actividades.

Una posibilidad que expuso el intendente Olivera, al señalar la buena disposición de las autoridades del área económica para encontrar respuestas, refiere a que las autoridades se comprometieron a analizar la posibilidad de aumentar los reintegros a las exportaciones, que son del 3 por ciento, para llevarlas a un 6 por ciento, como reclaman los empresarios, en tanto el 8 del corriente el intendente se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en encuentro en el que este tema y el de las industrias sanduceras en general estará en el eje de las conversaciones.

Igualmente, no puede soslayarse que para los sanduceros, como así también como para el Interior más lejano de Montevideo, se conjugan en las soluciones de fondo conceptos como competitividad y productividad, que están relacionados, pero en lo que respecta a la geografía y realidad socioeconómica, hay que asociarlo con logística y sobrecostos de la lejanía con Montevideo, que agravan la condición de país caro del Uruguay.

Y por lo menos en esta coyuntura y en el mediano plazo, sin tener en cuenta lo que puede pasar en el escenario global con conflictos bélicos focalizados y otros factores distorsionantes que pueden aparecer en el concierto internacional, es de esperar que dentro de un margen de maniobra muy acotado y condicionantes estructurales muy rígidas y difíciles de modificar, surjan del área de Economía e Industria respuestas a tono con un desafío que apunta en primer lugar a preservar lo que ya tenemos y que está en riesgo.

Pero en el futuro inmediato tenemos por ejemplo en proceso el proyecto de HIF Global, de la planta de e-combustibles al norte de Paysandú, la inversión más grande de la historia que tendría el país, y cuya viabilidad está centrada actualmente en lograr un acuerdo de precio de venta de la energía de UTE para este emprendimiento. Es de esperar que estas negociaciones tengan el resultado positivo que todos esperamos, como espaldarazo para Paysandú y la región, y que sería un acontecimiento descollante, para dar la pauta de un principio de cambio de pisada que tanto necesitamos por estos lares.

Según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sus dispositivos brindaron asistencia a más de 13.000 personas sin hogar y, con respecto al año 2024, supone un incremento del 20%.

Unas 1.500 personas accedieron por primera vez al sistema de alojamiento que registró un total de 8.266 plazas o un aumento del 50%.

Estas cifras se ubican en un nivel bastante más elevado en comparación al panorama que mostraba el último censo correspondiente a 2023, cuando se apuntaba a una población que oscilaba entre 1.300 y 2.700 personas. El problema, históricamente concentrado en la capital del país, se extiende por todo el territorio y cerca de 1.000 están fuera de Montevideo.

Las redes sociales y los medios de comunicación viralizan cada vez más esta situación que, además, es motivo de cruces dentro de la propia fuerza política en el gobierno, así como desde la oposición.

La consultora Cifra mostró que el 62% de los votantes frenteamplistas evalúa positivamente el operativo encabezado por el Ministerio del Interior y el 74% del total de los consultados se manifestó de acuerdo con el traslado de las personas aún contra su voluntad.

Las opiniones son contundentes: ocho de cada diez votantes de la oposición, pero también siete de cada diez votantes del Frente Amplio se manifestaron de acuerdo con la internación compulsiva.

Esta presión hacia el gobierno se agudizará en los próximos meses ante el descenso de la temperatura y la necesidad de resolver acorde a las circunstancias para evitar el antecedente del año pasado, con el fallecimiento de al menos siete personas. La intensidad de los reclamos obligó a alinear fuerzas detrás del Mides junto al Ministerio del Interior, entre otros organismos, y establecer un programa intensivo con la declaración de alerta roja para esta población en calle.

En estos días, el gobierno anunciará un plan de contención ya resuelto en el último Consejo de Ministros celebrado antes de la semana de turismo. Con la mira puesta en un abordaje “integral”, el ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó que aplicará una “estrategia de abordaje” junto a otras herramientas sociales.

Este plan se elaboró a raíz de 40 encuentros nacionales realizados en el país –la mitad en el Interior– con unas 2.000 personas entre técnicos, ciudadanos y personas afectadas.

Pero el problema son los desbordes públicos que visibilizan aún más esta problemática. Al incremento de personas en calle, se suman las situaciones de convivencia, hurtos y vandalización que cruzan a la opinión pública.

Lo hablan en el comité, entre los legisladores oficialistas y distintos dirigentes, que no encuentran respuestas a un problema que crece. Algunos lo escriben en sus redes sociales, otros lo señalan públicamente y una mayoría lo comenta con micrófonos apagados. No es fácil ni rápido de resolver, porque eso no ocurrió en ninguna parte del mundo. El problema de la calle no se quita sólo con voluntad política para tomar la decisión y la convocatoria de la fuerza pública para que levante los campamentos.
Resulta una imagen cotidiana que ocupen espacios públicos y veredas en condiciones paupérrimas, provocadas por el consumo problemático de sustancias. Entonces, la solución no es únicamente una vivienda para salir de la intemperie.

Por un lado, se ve públicamente la pérdida de la dignidad humana. Pero también se observa nítidamente el hartazgo de la sociedad. Las comunidades se encuentran divididas entre quienes opinan sobre la necesidad de un enfoque basado en derechos, y aquellos que reclaman medidas más duras con la obligatoriedad de tratamientos contra las adicciones que prioricen la convivencia.

Porque la sociedad en su conjunto ya ha manifestado de manera reiterada, que la creciente inseguridad impacta en los barrios y la presencia de personas que pernoctan en cualquier espacio propicia el desorden y la percepción de la normalización de la falta de reglas de convivencia. No es momento para defender al gobierno a toda costa o sentarse a tirar piedras mientras el fenómeno crece en el mundo entero. En Uruguay, aún se habla del enfoque comunitario de la salud mental, pero la comunidad no está preparada para ese enfoque. La extrema exclusión empeora con el consumo de drogas duras y alcohol, además de sus vinculaciones con el delito.

La sostenibilidad de los programas de atención a la salud mental deberán tener una continuidad y seguimiento sostenido en el tiempo. Y no hay suficientes recursos económicos –en primer lugar– para contratar técnicos, establecer una logística y organizar un lugar de alojamiento para el abordaje del consumo crónico de los usuarios. Después, para evitar el retorno a lo que ya conocen en la calle, deberán ser incluidos en planes de viviendas y de vinculación laboral.

Cada cinco años la ciudadanía invierte proporciones importantes de sus impuestos en programas sociales enfocados a distintas políticas presupuestales. Hace años que escuchamos hablar de salud mental, pobreza, infancia y adolescencia. Los diagnósticos están superados por la realidad.

No hacen falta más estudios ni consultas específicas sobre el tema porque la voz ciudadana se encarga de avisarle a los gobiernos de turno que el problema sigue allí.

Fallaron varias administraciones y también el enfoque de las políticas educativas y de trabajo. El Estado se fue retirando de algunos barrios, el narcotráfico ganó espacio con el paso del tiempo y el abuso de sustancias se instaló en una población vulnerable que nada tenía que perder. El sistema represivo y el panorama carcelario agravó aún más el problema, porque salen sin nada y a la calle nuevamente.
Este fenómeno que dejaron que se extendiera en el tiempo, ahora es mucho más complejo, tiene varios orígenes y no converge en la “revolución de las cosas simples”.

A través del territorio nacional, en forma tan silenciosa como efectiva, una plaga arrasa con todas las palmeras que encuentra a su paso: el picudo rojo (Rynchophorus ferrugineus). Si bien su principal hospedante es la palmera canaria, se ha encontrado atacando otras especies, incluyendo Butiá y Pindó.
Mientras tanto, Uruguay se encuentra ocupado con los temas que habitualmente se discuten en nuestro país: la creación del Ministerio de Justicia, el caso Cardama, el desempeño de la selección uruguaya de cara a la Copa Mundial del Fútbol de este año, y tantos otros temas que ayudan a entender por qué los gobernantes romanos decían que al pueblo había que darle “pan y circo”. Eso es lo que hicieron los políticos romanos pero es también los que hacen sus colegas uruguayos: distraer a la gente de los temas importantes mientras ellos viven del pueblo, cobran sueldos abultados y ponen a sus amigos y militantes en puestos de confianza.

La información publicada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) en diciembre de 2025 en la página web www.gub.uy es una muestra irrefutable de la improvisación con la cual se manejan los temas en nuestro país, así como de la costumbre de culpabilizar al gobierno anterior de cualquier situación, evitando asumir cualquier tipo de responsabilidad por la gestión actual.

En efecto, el portal señalado indica que “Dada la poca experiencia generada debido a su reciente introducción en 2022, la severidad del daño y el impacto que pueda llegar a tener en las especies nativas es aún incierto. La información pública con que se cuenta sobre la biología y comportamiento del insecto a nivel nacional es muy reducida. En principio, los adultos se han empezado a observar a inicios de primavera siendo su máxima expresión hacia finales de otoño. Se desconoce claramente cuándo inician las posturas de huevos y hasta qué momento del año se continúan, proceso que en los insectos está fuertemente ligado a la temperatura. En la palmera canaria los estados inmaduros de la plaga penetran por la única yema de crecimiento, ubicada en la cima de la palmera. Su detección temprana es dificultosa, por lo que cuando los síntomas son claramente visibles, muchas veces, es demasiado tarde para realizar el control químico con insecticidas, siendo que no resulta efectivo y la palmera finalmente muere”.
La información del MGAP destaca, asimismo, lo siguiente: En el caso que no se tomen medidas de prevención o control, o se tomen tarde, la plaga termina matando a la palmera infestada.

Esto implica que tarde o temprano la palmera tenga que ser extraída ante el riesgo de provocar accidentes. Una vez definido que el daño es irreversible se debería realizar la extracción, chipeado de hojas, trozado, y destrucción o enterrado de los restos para evitar que la plaga siga desarrollándose e infeste a otros ejemplares. La responsabilidad de la ejecución de las medidas fitosanitarias será de las autoridades locales según la localización del ejemplar afectado según se detalla a continuación: a) las Intendencias en el ornato público; b) los organismos del Estado afectados, en predios estatales (gobierno nacional, entes autónomos, organismos descentralizados, Anep u otros); c) el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en las rutas nacionales y caminos vecinales y d) los propietarios/as de las fincas urbanas o rurales. Las medidas serán ejecutadas a su costo, sin que esto genere indemnización por parte del Estado”.

El picudo rojo no es nuevo. En efecto, la especie fue detectada por primera vez en España en el año 1994 en la provincia de Granada (donde se introdujo con la importación de palmeras ornamentales infestadas por la especie desde el Norte de África) y posteriormente ha ido apareciendo por otras zonas, a lo largo de las áreas de palmeras del sur y este de la Península y en Canarias. Las perspectivas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España son muy poco alentadoras: “Las principales dificultades en cuanto al control de este insecto son: La tolerancia de la especie a temperaturas relativamente bajas, la dificultad que existe para detectar a los ejemplares y la dificultad para llevar a cabo un seguimiento en las palmeras en recintos privados. Teniendo en cuenta la dificultad para la detección de la especie, su control es difícil y costoso”.
Todo lo anterior deja en evidencia que han pasado más de 30 años desde que España estaba en alerta por esta plaga pero los gobiernos del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Nacional que han gobernado desde esa fecha no hicieron nada al respecto. En algunos círculos se menciona que el picudo rojo ha llegado a Uruguay en importaciones de palmeras de Brasil o México (una actividad comercial que mueve muchísimo dinero en nuestro país) pero tampoco en este sentido las autoridades de los gobiernos de Lacalle Pou y de Orsi han investigado demasiado. Todo muy llamativo, aunque todo muy “a la uruguaya”: las responsabilidades se van disolviendo poco a poco y el paso del tiempo termina siendo el mejor cómplice que tienen los culpables, siempre apoyados por jueces y fiscales temerosos de aplicar la ley vigente por miedo a la que la opinión pública los culpe por ello. Así estamos.

Ante la desidia oficial, la organización civil uruguaya se ha organizado. De acuerdo con la página web www.picudorojouruguay.com se han realizado 781 reportes de ciudadanos que identificaron palmeras con señales de estar infectadas y se han producido 65.106 registros de palmeras provenientes de organizaciones públicas y privadas. De acuerdo con este portal, “Picudo Rojo Uruguay es una iniciativa de monitoreo colaborativo para la detección y control de plagas en palmeras. Tu participación es fundamental para proteger nuestro patrimonio natural. Somos un equipo de profesionales voluntarios comprometidos con la protección de las palmeras en Uruguay. Cada miembro aporta su experiencia y dedicación para hacer posible este proyecto de monitoreo ciudadano”. De acuerdo con lo informado oportunamente por el diario El Pais, al 10/03/26 la Intendencia de Montevideo había retirado 1.200 palmeras de los espacios públicos por la afectación de la plaga.

La incapacidad de los gobiernos de Lacalle Pou y de Orsi para prevenir esta plaga y para combatirla una vez que la misma llegó a nuestro país, es un cruel reflejo de cómo los políticos uruguayos manejan (¿o debemos decir “patean para adelante”?) los temas realmente importantes (inseguridad, déficit fiscal, demografía, suicidio, seguridad social, pobreza infantil, entre otros tantos) sin lograr acuerdos mínimos para diseñar, aprobar y ejecutar políticas de estado. Frente a este panorama, el picudo rojo sigue avanzando y basta con transitar las rutas de nuestro país para ver palmeras cortadas en su copa por haber muerto por esta plaga. Esta pérdida de árboles terminará afectando el turismo sanducero en general y el turismo rural en particular, ya que los mismos forman parte esencial del paisaje de nuestro departamento. El momento de actuar y de reforzar las acciones que se pudieran estar realizando es ahora y en eso las autoridades publicas no pueden complacientes, omisas o negligentes.

Nuevamente debemos referirnos al tema de la gestión del Vertedero Municipal y las acciones adoptadas por el intendente Olivera. En este caso, como ya adelantamos, lo que nos convoca es la rescisión del contrato con Sandeco, la adjudicación a la empresa Teyma y el viaje a Italia del Sr. intendente, pago por Teyma. Lo primero que llama la atención, es cómo Olivera ocultó a la población de Paysandú, la millonaria inversión en la nueva forma de gestión de los residuos en el Vertedero, y cómo esa nueva forma de gestión fue un rotundo fracaso.
Ya explicamos que el Sr. intendente gastó dinero de todos los sanduceros por cerca de un millón de dólares para comprar la máquina encapsuladora, hacer la obra civil etc., en un proceso que terminó con la máquina rota un día sí y otro también y con basura acumulada de hasta un mes en las puertas del Vertedero.

Pero esto no es lo único, Olivera sabía esto desde hacía tiempo y eligió ocultarlo, diciendo en mayo de 2025 que la gestión era un éxito, solo faltaba que la gente fuera a vivir al lugar, de lo bien gestionado que estaba, teniendo en este caso responsabilidad también muchas fuerzas vivas de la sociedad, que veían este desastre y prefirieron callarlo.
En el acceso a la información pública contestado el 24 de marzo de 2026, se agrega y certifica algo que también decíamos, pero que nos era negado de manera permanente, Sandeco no estaba pagando a sus trabajadores, les pagaba menos que un salario mínimo, no les daba cursos de seguridad, les debía salarios, vacacionales, aguinaldos, etc., y esto la IDP lo sabía al menos desde junio de 2025, esto es, un mes después de las elecciones municipales, todo lo que también se le ocultó a la población de Paysandú.
Obvio que todo este desmanejo administrativo trajo aparejado que no solo Sandeco fuera demandada judicialmente, sino que también la Intendencia hoy día tenga juicios laborales de varios trabajadores de esa empresa por los créditos impagos, de acuerdo a la ley de tercerizaciones.
Ahora bien, estos juicios los debe pagar también la población de Paysandú, es decir, no solo gastamos un millón de dólares en un sistema inoperante, se metió a una empresa que no sabía lo que hacía, que incumplió la normativa laboral más elemental, sino que además de todo este desastre debemos pagar millones de pesos en indemnizaciones a los trabajadores de Sandeco, los que ya han demandado a la Intendencia, como debe ser; hermosa forma de cuidar el dinero de los sanduceros, ¿no? Y ojo, que ese es el mismo intendente que manda un presupuesto a la Junta con un impuestazo en el peor momento económico del departamento en años, y que regala la plata de Paysandú en estas aventuras sin ninguna razón. ¿Usted no desconfiaría?

Ahora, ante este panorama, ¿cuándo la Intendencia da por rescindido el contrato? Pues bien, recién el 17 de noviembre de 2025, pocos meses después de haber alabado la gestión de la empresa, que terminó además embargada por más de $7.000.000 (siete millones de pesos), con el agravante que la garantía de fiel cumplimiento que era obligatorio que tuviera, estaba vencida, es decir, los gobiernos del Partido Nacional tienen un problema con las garantías flojas de papeles.
Recordemos además, que esta empresa era una de las que el intendente promocionaba como parte de la lluvia de inversiones que llegarían en el marco del “Paysandú for export”, realmente, para “inversiones” como ésta, que nos van a costar millones y millones a los sanduceros, mejor no, intendente.

En fin, después de este desastre y sin haber hecho una autocrítica pública y una rendición de cuentas de lo gastado y de las deudas que tendremos que asumir, el intendente tiene la suerte de irse de licencia con el sueldo pago por todos nosotros a Italia, concretamente a la feria internacional “Ecomondo”, en la ciudad de Rimini, entre el 1° y el 8 de noviembre de 2025, a interiorizarse sobre temas vinculados al tratamiento de residuos. Y ante la pregunta de quién había pagado el pasaje de ese viaje, se nos responde que lo hizo la empresa Teyma, empresa que, como todo el mundo sabe y conoce, tiene una multiplicidad de contratos con el Estado; desconozco si los tiene o los tuvo con la Intendencia, pero llama la atención que un proveedor pague a un ordenador primario de gasto como lo es el intendente, un viaje de ese porte. Se aclara en el acceso a la información, que el intendente tuvo 2.000 euros de viáticos a su disposición y no los usó, o sea que debemos pensar que los gastos de alojamiento, visitas, comidas, los habrá abonado el Sr. intendente de su bolsillo, o la empresa que lo invitó. Esto llama poderosamente la atención, pero resulta más llamativo aún, si reparamos en que, una vez retornado a Paysandú, lo primero que hace es rescindir el 17 de noviembre de 2025, y acto seguido le adjudica a la empresa Teyma la gestión del Vertedero, sin licitación previa y por la vía de la contratación directa.
Para que se entienda, venimos de una gestión paupérrima, no hay rendición de cuentas, no sabemos a ciencia cierta en qué se equivocó la Intendencia, no sabemos cuánto más nos va a costar la fiesta del Vertedero, y el intendente decide adjudicar en forma directa a la empresa que le pagó un pasaje a Italia la gestión del Vertedero, eso sí es gestión, se podría decir.

En el punto, queremos decir que las acciones del intendente han sido omisas con relación a Sandeco, y en este caso, en nuestra opinión, han sido poco transparentes, ya que, convengamos que resulta por lo menos raro, que una empresa te pague un viaje a Europa y acto seguido le adjudiques un contrato sin licitación. A eso se debe sumar que la ley de ética Pública Nº 19.823, establece en su Artículo 13, lo siguiente: “(Probidad)- El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública”. Lo dicho, en la función pública, como en la vida, no solo hay que serlo, sino también parecerlo.

Dr. Federico Álvarez Petraglia

La política no es, en un sentido estricto, una suma de gestos ni una secuencia de declaraciones. Es el proceso mediante el cual una fuerza social se organiza para producir transformaciones reales en la estructura de la sociedad. Esa fuerza no existe de manera espontánea: se construye, se acumula y se orienta. Y esa acumulación –material, simbólica, organizativa– es siempre el resultado de decisiones conscientes, de mediaciones institucionales y de una estrategia compartida.
Antonio Gramsci lo formuló con claridad al pensar la política como construcción de hegemonía: no basta con tener razón ni con expresar demandas legítimas; es necesario articularlas en un proyecto capaz de convertirse en sentido común mayoritario. Esa hegemonía no se improvisa ni se declama: se trabaja. Supone organización, disciplina colectiva y una relación coherente entre pensamiento, acción y palabra pública.

Como advertía Líber Seregni, la política no puede pensarse solo desde la consigna o el impacto inmediato, sino desde la responsabilidad de resolver pensando en el día después. Gobernar implica anticipar consecuencias, sostener coherencias y cuidar la fuerza acumulada, no dilapidarla en gestos efímeros. Esa mirada estratégica fue una de las claves de la acumulación histórica del Frente Amplio: la paciencia política como forma de responsabilidad.
Una fuerza social de cambio no se define solo por sus intenciones, sino por su capacidad de articular voluntades, producir sentido común y sostener un horizonte de transformación. Esa capacidad se acumula en el tiempo, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el programa y la práctica, entre la palabra pública y la experiencia concreta de gobierno. Max Weber advertía que la política es una vocación precisamente porque exige responsabilidad por las consecuencias de los actos, incluidas y –especialmente– las consecuencias de la palabra.
Es ordenar prioridades
En ese proceso, la comunicación no es un adorno ni un problema técnico. Es una dimensión constitutiva de la acumulación política. Comunicar no es simplemente informar: es ordenar prioridades, delimitar conflictos, construir legitimidad y proteger el capital político acumulado. Pierre Bourdieu mostró cómo la palabra autorizada no describe la realidad: la produce. En política, hablar no es neutral; es ejercer poder simbólico.

Seregni insistía en una ética política exigente: decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. No como fórmula moral, sino como principio de conducción. En política, la palabra compromete, ordena expectativas y construye confianza. Separarla de la decisión es vaciarla de sentido.
Por eso, en un gobierno que se propone transformar, la comunicación no puede ser exploratoria ni errática. Debe estar subordinada a una estrategia, no reemplazarla. Cuando la comunicación se desacopla de la organización y de la planificación, deja de ser una herramienta de acumulación y se convierte en un factor de desgaste. No amplifica la fuerza social: la dispersa. No clarifica el rumbo: lo vuelve incierto.
El problema no es el “ruido”. El problema es la ausencia de política allí donde debería haber conducción.

Ocurrencias no, ideas sí

Hacer política no es emitir ideas al pasar ni ensayar ocurrencias en el espacio público. Hacer política es organizar, planificar y comunicar en función de decisiones que se están construyendo colectivamente. Cuando esa secuencia se invierte –cuando se comunica antes de organizar, cuando se habla antes de decidir– no aparece el ruido: aparece el vacío. Ernesto Laclau insistía en que la construcción política requiere articulación: sin ella, las demandas no se suman, se neutralizan.
La noción de “ruido” en la comunicación de gobierno resulta seductora porque desplaza la responsabilidad. Sugiere que el problema está en la recepción, en la interpretación o en la amplificación mediática. Pero en el ejercicio del gobierno no existe la palabra inocente ni el ensayo sin consecuencias. Hablar ya es decidir, o al menos simular que se decide. Y esa simulación tiene efectos reales: genera expectativas, temores, alineamientos y rechazos.

Trabajar sobre ocurrencias no es una forma imperfecta de hacer política; es no hacerla. La política democrática, especialmente desde una fuerza que se reclama transformadora, exige densidad conceptual, deliberación interna y coherencia estratégica. No porque deba ser rígida, sino porque debe ser responsable. La improvisación no es audacia; es desprotección institucional.
Cuando una idea sensible –sobre empresas públicas, ahorro, inversión o propiedad– se lanza sin marco, sin proceso y sin respaldo colectivo, no se abre un debate: se habilita una captura discursiva. La derecha no necesita refutar; le basta con amplificar. Y la base social no discute; se desconcierta. La experiencia histórica del Frente Amplio muestra que su fortaleza no estuvo nunca en la ocurrencia individual, sino en la síntesis colectiva y en la construcción paciente de mayorías sociales y políticas.

El problema, entonces, no es comunicacional en sentido técnico. Pensarlo de ese modo implicaría una mirada reduccionista de la acción política, como si se tratara de un problema de formatos, vocerías o eficacia del mensaje. En realidad, lo que está en juego es la construcción de mayorías, la acumulación de fuerza social capaz de dar sustento a una síntesis entre las diversas posiciones que atraviesan al sistema político. La comunicación no reemplaza ese proceso: lo expresa, lo ordena y lo protege.
La teoría política cumple aquí un papel preciso: dar soporte doctrinario a la planificación y a la acción, no sustituirlas ni convertirse en noticia. La teoría orienta, anticipa y ordena; la política ejecuta. La noticia no es la hipótesis ni la ocurrencia, sino la acción realizada, reconocible y sostenida. Cuando esos planos se confunden, no hay exceso de reflexión: hay déficit de conducción.
La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero en política y más aún en el ejercicio del gobierno, no es gratuita. Tiene su peaje. Ese costo no se paga en abstracto, sino en términos de acumulación, de confianza y de capacidad de conducción. Quien habla desde una responsabilidad pública no lo hace solo a título personal: compromete una fuerza colectiva, habilita interpretaciones y produce efectos.

La libertad de decir lo que se piensa no exime de la obligación de pensar políticamente lo que se dice, ni de asumir las consecuencias de hacerlo fuera de una estrategia compartida. En política, la palabra es acción. Y cuando se la ejerce sin planificación ni síntesis, el precio no lo paga quien habla, sino el proyecto que se pretende conducir. Lo que entonces se devalúa no es la libertad, sino la unidad que hace posible transformar.