Opinión

Como mujer trabajadora y edila de la Junta Departamental de Paysandú, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, que entre sus múltiples objetivos tiene el de considerar temas relacionados a la promoción de los Derechos Humanos, quiero hacer público mi repudio a los “presuntos” hechos acaecidos en el Mercado Municipal, específicamente en la Unidad de Ferias y Artesanías de Paysandú. Hechos que si bien andaban esparcidos por el viento, tomaron connotación social hace unos 15 días, pero recién aparecieron “como oficial”, en nuestra prensa local seria y responsable con la información.

Estamos sin lugar a dudas ante un hecho de violencia institucional ejercida por quien estaba a cargo del área, que hoy ya no lo es más porque presentó su renuncia al mismo. Me refiero a Rodrigo Vercellino, quien ejerció su cargo haciendo abuso de funciones sobre varias personas que hacen docencia en la Escuela de Artesanías. La mayoría mujeres, o sea que hubo violencia de género.

Si bien se dice que el exjerarca, de entera confianza del intendente Nicolás Olivera, ha presentado la renuncia al cargo por asuntos personales, hay una investigación administrativa en curso por su proceder.
Me preocupa el silencio cómplice de muchos meses de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia, donde en alguna oportunidad ante una moción y un pedido de informes, se nos manifestó que todo marchaba muy bien.

Duele que esta esta Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú, haya dejado “correr” actos de acoso laboral, persecución, abuso de poder, extralimitándose el jerarca permanentemente en su rol. Al punto de que hubo docentes que decidieron dejar su puesto de trabajo, perdiendo su fuente de ingreso, en bien de su salud mental que igualmente se vio afectada, porque ya no soportaron.

La situación “tocó fondo” con el supuesto uso indebido del lugar fuera del horario de trabajo para fines promiscuos, y con el supuesto cobro de estands de ferias en provecho propio. Y más supuestos.
Ante tanta falta de ética, de responsabilidad y deterioro de un lugar donde se ejerce docencia y se lucen las excelentes artesanías confeccionadas, extraña la ausencia de quienes tienen la responsabilidad de controlar y verificar que este tipo de despojo de Derechos Humanos no ocurra. Desde esa Secretaría una de las funciones es cuidar y proteger los Derechos Humanos de todos y todas. Fallaron y la gran pregunta es ¿por qué?

Quiero expresar que la violencia en cualquiera de sus formas, no tiene color político. Acá lo que venía sucediendo desde tiempo atrás es violación de los derechos adquiridos, clima de trabajo tóxico, insalubre y enfermizo, que desde el control institucional, se ocultó.

Hasta demandas al señor Vercellino y denuncias hechas a la Fundación a Ganar y a la Intendencia fueron presentadas. Hasta un expediente en el Juzgado que incluso respondieron. Y no pasó nada, ante hechos vergonzantes en forma sistemática, hacia algunas personas.

Como por ejemplo quita de horas docentes porque sí, por la sola voluntad del exjerarca, lo que podría tipificar como un despido indirecto. Por el solo gusto de mortificar a mujeres, incluso algunas madres solas.

Entonces me pregunto: ¿Para qué existe la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Hasta dónde llega su competencia? Sí sé, que quien está al frente de la misma debió actuar antes, sin mirar “quién es el atropellador”. ¿No leían los documentos que entraban? ¿Desoían quejas verbales? ¿No sabía que había copias de llaves? ¿Que entraban personas con fines promiscuos? ¿Por qué lo permitieron? Si es por ser persona de gran confianza del intendente, que llega a ser suplente del diputado del Partido Nacional Fermín Farinha, es más grave aún. Porque estaríamos hablando de “proteger la institucionalidad” dentro de un marco de corrupción.

Una tremenda falta de responsabilidad de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú, diría hasta una cuota de machismo dejando a talleristas mujeres, sufriendo las extralimitaciones de Rodrigo Vercellino.

Toda mi solidaridad con las personas afectadas y mi mayor repudio ante un hecho punible que se tapó, donde la discriminación basada en género se ejerció con permitida impunidad. “Cuidar, salvaguardar a la mujeres”, oí hace poco en el Espacio Gobbi, pero todo es un discurso vacío. Y responsabilidad del intendente Nicolás Olivera.

Maestra Mabel De Agostini Pinna
Edila Frente Amplio

Hemos pasado la Semana de la Cerveza o de Turismo, algunos trabajamos y otros no, disfrutaron, descansaron, como los políticos que siguen sin hacer nada por el país y las cosas malas o buenas siguen pasando, mientras ellos sin ninguna responsabilidad se toman las vacaciones.
Pero primero quiero referirme a un Cortocircuito que hizo un señor profesional el domingo pasado con el que coincido casi en todo, pero me gustaría que diga también que hubo 5 años de gobierno de Carballo que la gente consideró muy malos y que por eso no vota más al Frente Amplio a la Intendencia. Pero parece que por una cuestión de ideología no lo critica.

Y volviendo a la actual Intendencia, creo que nuestro intendente es un político nato que está pensando en subir un escalón más en su carrera olvidándose de que tiene que estar acá todo un periodo más. Además nuestro departamento está en crisis, eso él a veces lo dice, pero no pasa de ahí. Además se vota un presupuesto con más obligaciones e impuestos para los contribuyentes, en una ciudad donde no hay trabajo, donde ya no quedan fábricas y donde tenemos que pagar multas y patentes cuando sabemos que es algo que no conidide con nuestro departamento. Es lo mismo que se paga en Montevideo, o sea, una gran estafa. También subsidiamos el boleto de ómnibus para los montevideanos, un invento del peor presidente de todos los tiempos, Mujica.

Bueno, el peor hasta que termine el mandato de Orsi, que podría ser todavía peor. ¿Se acuerdan que el Pepe iba a descentralizar y metió todo el país en la misma bolsa? Todavía privatizando la gestión de cobro de las patentes a una empresa que gana un porcentaje con lo que recauda todo el año.

Y no son tontos, claro que no, los vehículos están sobreevaluados y hoy pagamos una patente muy cara. Los intendentes no dicen nada y la gente opta por no pagar, y eso me parece que no es negocio para lo que gestionan esos recursos que son tan importantes para el departamento.

Todavía tenemos a nuestro intendente como presidente del Congreso de Intendentes, que bien podría poner el tema sobre la mesa y no hace nada, ni se preocupa por un tema tan sensible para los sanduceros.

Entonces no entendemos cómo nuestro intendente, con el apoyo que tuvo en la últimas elecciones y que sabe de la situación de los contribuyentes, no piensa en los bolsillos de los sanduceros y no se impone a un atropello del costo de la patentes.

La verdad que estos gestos para mí son incomprensibles, me dejan dudas de que si Olivera mañana llega a presidente sea otro más que piense en recaudar y no crear ideas para gestionar mejor al país.
Uruguay está devastado y sumergido en un gasto del Estado muy grande y con un sindicalismo cerrado en el comunismo, con la idea de sacarles a los que tienen y los que trabajan para darles a los que no producen nada.

Estoy de acuerdo que le den a los niños y los enfermos, pero no a los que pueden laburar y a los presos. Así es difícil que un país tenga futuro, con jubilaciones de hambre y sueldos mínimos que los trabajadores no pueden hacer llegar a fin de mes. Mientras tanto el sistema político sigue privilegiado en todo y la gente común vive en la calle.

Yo siempre digo que el político entra en el sistema de privilegios y buenos sueldos sin tener ninguna responsabilidad. Y en la gestión de los 5 años que fueron votados para trabajar, para que todos los uruguayos vivan mejor cada día, se olvidan de todo. Así como también la gente se olvida de que le mintieron.

Eso hasta lo reconoció el impresentable Pereira, dice que lo hicieron (mentir) para ganar las elecciones, la verdad dan vergüenza estos dirigentes, y todavía dice que la gente no valora los logros de este gobierno.
Yo le preguntaría cuáles son los logros que tiene la gente en este último año, ¿la seguridad, la salud, la economía?, ¿o los kilómetros de viajes que han hecho varios legisladores a todo el mundo? Y no nos olvidemos del presidente, los Tur que ha hecho y lo peor; nunca trajo algo bueno para Uruguay.

Algo peor aún que nadie dice es lo de achicar el Estado, sacar los fueros y pagar las malas gestiones que hacen, con devolución de lo que ganaron o con su bienes, es decir, cambiar el sistema político, no hacerlo tan privilegiado, que sea como cualquier ciudadano, si gestiona mal, o si se lo descubre en un acto de corrupción, que pague las consecuencias, creo que la Constitución algo dice, pero los señores no lo aplican, si no varios ya estarían juzgados y nos estarían gobernando.

Sorprende que en varios países hay varios políticos juzgados y entre rejas y aquí ninguno, por eso yo le llamo casta política, por no decir una palabra más profunda. Ángel

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, lanzó oficialmente el plan “Paysandú Reverdece”, una iniciativa que propone una transformación profunda del paisaje urbano a través de la plantación de 10.000 árboles y la creación de una red de infraestructura verde en toda la ciudad.

Los versos: Durante su presentación, Olivera destacó que el proyecto busca saldar una deuda histórica no solo con la ciudad, sino también con el medio ambiente. “Este plan viene a saldar una deuda con Paysandú y con el entorno. Es mucho más que plantar árboles”, afirmó.

El jefe comunal explicó que la propuesta tiene un enfoque integral, orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante acciones concretas que impacten en el clima urbano, el paisaje y la identidad de los distintos barrios.

Uno de los objetivos centrales del plan es reducir las denominadas “islas de calor”, zonas de la ciudad donde las temperaturas son más elevadas debido a la falta de vegetación y la presencia de superficies urbanas como el asfalto y el hormigón. “Plantar árboles nos va a permitir bajar la temperatura y hacer la ciudad más habitable”, señaló.

Pero el alcance del proyecto va más allá del impacto climático. Olivera remarcó que también se busca generar identidad en cada zona de Paysandú, utilizando distintas especies de árboles que aporten características únicas a cada barrio.

“La idea es que cada lugar tenga su propio carácter, con colores, aromas y texturas que permitan recorrer la ciudad y descubrir algo distinto en cada zona”, explicó. “De esta manera, el plan no solo apunta a lo ambiental, sino también a lo cultural y estético”.

La realidad: La ciudad de Paysandú se está quedando sin árboles y los que quedan están estropeados por podas mal hechas. Desde hace muchos años la intendencia no tiene personal capacitado para producir buenos árboles en los viveros. Todos los “árboles” que ha plantado el gobierno de Olivera no son árboles, aunque así se les llame; son varitas débiles y torcidas que las han trasplantado sin sacarles la tarrina de plástico del vivero, lo que impedirá el desarrollo del sistema radicular y el crecimiento del mamarracho que plantaron.

No estoy exagerando. Para comprobar lo que afirmo, vean dos ejemplos en plena ciudad: Vereda Este de calle Monte Caseros desde Avda.Soriano hasta calle Artigas y en “la primera etapa del Bulevar Senderos del Río en el que ‘gastaron’ 80 millones de pesos. ¡¿Cómo es posible que planten varitas torcidas y les llamen árboles?! ¡Y todavía el intendente nos anuncia que hará plantar 10.000 más! ¡No por favor! ¡Muy fuerte!, como dicen los jóvenes.

Ing. Ricardo Brasesco

Tenemos un problema. En realidad tenemos varios problemas, pero en este caso nos enfocamos en uno en particular, que no es ni más ni menos que el de la violencia que se ha instalado en la sociedad. Reiteradamente hemos puesto al fútbol y a su entorno como un escenario de violencia, es indiscutible, alcanza con ponerse a escuchar en cualquier transmisión de fútbol –sea campeonato uruguayo o por copas internacionales– los cánticos de las hinchadas, principalmente de los equipos grandes, para darse cuenta que está totalmente naturalizada la violencia en ese ámbito. Tristemente, no se queda allí, porque incluso en otros deportes populares, como el básquetbol, pasan cosas similares, aunque en los últimos tiempos se ha dado un fenómeno relacionado con la participación de Peñarol y Nacional en Liga Uruguaya y las hinchadas se hacen sentir “en todas las canchas”, como les gusta decir.

Pero el fenómeno de la violencia no se agota en el fútbol y alrededores. Esta semana que termina vimos en un video morir a una persona tras protagonizar una discusión en el tránsito. No creamos que esto es nuevo, no es de ahora que hay discusiones en el tránsito, ni que alguna se va de las manos y termina de la peor forma. Frecuentemente recordamos el caso del inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo, Luis Alberto Medina, ultimado a balazos simplemente por cumplir su trabajo. Eso ocurrió un 31 de enero del año 2000. De ahí a esta parte han sido múltiples los casos de agresiones contra inspectores de Tránsito en diferentes puntos del país. En el medio hubo un celebrado movimiento, conocido como Chanchos Uy, que se encargaba de visibilizar los lugares donde se estaban haciendo controles, fomentando la evasión. Hoy, con una cantidad de automotores que si no excede la capacidad de las vías de tránsito, se aproxima bastante al límite, especialmente en la Zona Metropolitana, la posibilidad de protagonizar un incidente en el tránsito que termine con un intercambio violento se ha incrementado sustancialmente.

Pero tampoco queda allí la cosa. En las últimas horas ha circulado un video de dos personas tomándose a golpes (o intentándolo, digamos) después de discutir previamente en redes sociales, no viene al caso ponerse con mucho detalle. Pero ocurre que tampoco es un episodio aislado, en una cuenta de Instagram llamada Muertevideo, que publica videos de cosas llamativas que ocurren en Montevideo, es frecuente que aparezcan este tipo de duelos protagonizados por personas en situación de calle que se cruzan con simil sables, posiblemente de fabricación al estilo carcelario, a plena luz del día y muchas veces en cruces muy transitados de la capital del país, montando un espectáculo tan lamentable como triste. Se estima que más de la mitad –53% a 60% según distintas mediciones– de las personas en situación de calle en Montevideo estuvieron privadas de libertad.
Ni que hablar de que tenemos otros problemas relacionados con la violencia. La Federación de Funcionarios de Salud Pública se ha puesto en alerta ante una serie de hechos violentos que se han registrado en diferentes centros asistenciales recientemente. Estos episodios ocurrieron en el Hospital de Durazno, en el Hospital de Juan Lacaze y en el Centro Auxiliar de Vergara, en Treinta y Tres. En este último caso, según informó la FFSP, la usuaria que agredió al personal de salud “ha repetido este tipo de conductas en varias oportunidades, siempre con un nivel de violencia alarmante”, de acuerdo con lo publicado en la web de los Medios Públicos a fines de marzo. En noviembre pasado tuvimos aquí mismo en el Hospital Galán y Rocha un caso de agresión contra una profesional médica que también activó las alarmas. Pero no es que tampoco se limite al ámbito de la Salud. Permanentemente se registran casos de agresiones contra docentes que han motivado paros –medida que ha decidido el sindicato magisterial en sus filiales de Montevideo y Canelones– por la violencia ejercida contra maestras.

El problema es serio. Y tiene también otra gran veta, que aunque ha ganado visibilidad sigue teniendo un grado importante de opacidad, que es la violencia intrafamiliar, que excede la cuestión de género. Aunque es digno reconocer que quienes más han trabajado por exponer esta situación han sido las mujeres, la violencia intrafamiliar se ejerce también de padres a hijos, entre pares –hermanos, por ejemplo– o incluso de hijos a padres, en especial cuando estos últimos están ya en la tercera edad, y por más que no se agota en la violencia física, esta es la cara más visible y mortal del problema.

Pero podemos ir incluso un poco más lejos e incluir en la descripción de violencia a las autoeliminaciones e intentos de, porque no es sorpresa para nadie que nuestro paisito está siempre en las primeras posiciones a escala internacional en esta problemática, sin que se le encuentre –o se le busque– mucha explicación al tema. El colega Leonardo Haberkorn publicó en estos días una columna de opinión el El Observador en el que toma apenas una faceta de este tema. “En 2025, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico atendió 6.677 llamadas por intentos de suicidio”, planteó, y agregó que “cada día 18 uruguayos intentan matarse ingiriendo alguna sustancia o producto químico, que por lo general es un medicamento”. Esa cifra muestra solo los intentos frustrados y solo por esa vía. Si abrimos un poco el zoom el panorama es desolador.

¿Qué se puede hacer para modificar este panorama? Difícil saberlo, lo que es seguro es que un problema de estas dimensiones y con tantas facetas no se remedia de una generación a otra. Y aunque queda fácil y elegante decir que se requiere de un abordaje desde la educación, tampoco es que esté muy claro qué es lo que hay que empezar a hacer y qué no estamos haciendo.

En más de una oportunidad, especialmente en los últimos meses, se ha informado sobre los problemas que ha enfrentado el ingreso de carnes uruguayas a mercados tan importantes como China, al punto de que partidas han sido rechazadas por la detección de residuos de plaguicidas en niveles superiores a los establecidos por las normas vigentes.
En rigor, se trata de la consecuencia de prácticas orientadas en una sola dirección: controlar los ataques de garrapata en el ganado bovino. Esto ocurre, sobre todo, porque muchos de los productos químicos que resultaban eficaces décadas atrás han perdido efectividad y el ácaro ha desarrollado resistencia a la acción de los plaguicidas.

En este sentido, los expertos en sanidad animal coinciden en que la resistencia de la garrapata bovina (Rhipicephalus microplus) constituye un desafío crítico en Uruguay, con poblaciones multirresistentes a diversos principios activos. Estudios del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) indican que la velocidad de adaptación de la garrapata supera el desarrollo de nuevas moléculas químicas. Al mismo tiempo, advierten que el control efectivo requiere diagnósticos de laboratorio para evitar el uso excesivo de garrapaticidas, cuyos residuos son los que han generado dificultades en los mercados de destino de nuestras exportaciones cárnicas.
Debe tenerse presente que Uruguay exporta alimentos como carne y leche a mercados con altos estándares sanitarios, donde los controles son rigurosos. El uso indiscriminado de acaricidas ante fallas en el control de la garrapata aumenta el riesgo de residuos químicos en la carne, lo que podría dejar al país fuera de mercados enteros. El uso responsable de estos productos y el cumplimiento estricto de los períodos de espera antes de la faena constituyen una responsabilidad compartida por todos los actores del sector.

La información técnica indica que, desde 2015, se han detectado garrapatas resistentes a casi todos los principios activos, con excepción del fluazurón. Por ello, se recomienda realizar pruebas de resistencia en la Dilave (División de Laboratorios Veterinarios) antes de definir los tratamientos, ya que la dependencia excesiva de productos químicos acelera el desarrollo de resistencia en el ácaro.
Sin embargo, el desafío va más allá. Los mapas territoriales elaborados por el INIA sobre la incidencia de esta plaga confirman que el modelo de control basado exclusivamente en productos químicos está agotándose y que la solución no provendrá de un “producto milagroso”, sino de un cambio en la gestión sanitaria.
Un trabajo realizado por los médicos veterinarios Soledad Núñez de Moraes, Alejo Menchaca y Pablo Parodi, de la Plataforma de Investigación en Salud Animal del INIA, sostiene que la multirresistencia de la garrapata bovina obliga a modificar la gestión sanitaria. Esto implica realizar diagnósticos de resistencia, planificar técnicamente junto al veterinario y adoptar medidas de manejo integrado, esenciales para preservar la sostenibilidad de las empresas ganaderas y el prestigio de los productos uruguayos en el mundo.

La garrapata común del bovino, Rhipicephalus microplus, ha acompañado históricamente la evolución de la ganadería nacional, con mayor presencia en el norte del país, donde las condiciones de temperatura y humedad favorecen su ciclo biológico.
Los productores han enfrentado este problema desde siempre, pero los desafíos han cambiado drásticamente en las últimas dos décadas. Históricamente, el control se sostuvo mediante intervenciones químicas: baños de inmersión y, posteriormente, tratamientos pour-on e inyectables, que permitieron mantener las cargas parasitarias bajo control y minimizar las pérdidas económicas. Sin embargo, este enfoque, centrado casi exclusivamente en el uso de productos químicos, ha derivado en un aumento de la resistencia a los garrapaticidas, generando una vulnerabilidad que amenaza a la ganadería uruguaya y a la exportación de carne.
Tal como ocurre con las bacterias que causan numerosas enfermedades en humanos y animales, el fenómeno observado en la garrapata responde a un principio común en los organismos vivos: la resistencia surge de un proceso evolutivo acelerado por el manejo humano. Cada aplicación de un acaricida genera una presión de selección, ya que existe variabilidad genética que permite a algunos individuos sobrevivir a la exposición. Cuando esta práctica se repite sin rotación de principios activos y con dosis subóptimas, se eliminan los individuos susceptibles y se favorece la reproducción de aquellos resistentes.

Desde 2010, según estudios del INIA, se ha ingresado en la era de la resistencia múltiple, lo que implica que una misma población de garrapatas puede desarrollar mecanismos de defensa frente a dos, tres o incluso cinco familias diferentes de acaricidas.
En conclusión, todo indica que no habrá soluciones inmediatas ni “resultados mágicos” para este desafío. Es imprescindible avanzar hacia un cambio en la gestión sanitaria basado en diagnósticos de resistencia, planificación técnica con el veterinario y la adopción de medidas de manejo integrado. El impacto del manejo inadecuado es tal que incluso alguna autoridad sanitaria ha señalado que es preferible el ingreso de ganado con garrapata antes que aplicar tratamientos apresurados e ineficaces. Este razonamiento refleja con claridad la gravedad de la situación para la ganadería y su proyección sobre una economía fuertemente dependiente del sector agropecuario.

El alto nivel de conectividad de los uruguayos usuarios del sistema de salud se considera una base sólida para el desarrollo de servicios digitales en el sector sanitario aunque es necesario continuar trabajando en la reducción de brechas de acceso y las posibilidades de la telemedicina, especialmente entre las personas de menores niveles educativos y socioeconómicos.
El reciente informe de la Medición TIC y Salud para el período 2024-2025 permite identificar algunas brechas de desigualdad no siempre relacionada a los servidores y la tecnología en sí misma sino a los seres humanos que la utilizan a aquellos que son sus destinatarios.

En primer lugar, existe una correlación directa entre el nivel educativo y el uso de estas herramientas y el uso diario de Internet es del 96% en los niveles más altos pero desciende al 81% en los sectores con menores niveles de instrucción marcado una diferencia en el acceso que no solo es de índole técnica, sino social.

Por otra parte, el estudio elaborado el área de Salud Digital de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) en forma coordinada con el MSP y la Junta Nacional de Salud (Junasa), indica que el uso de Internet para asuntos vinculados a la salud alcanza porcentajes menores: mientras el 54% de los usuarios de Montevideo ingresan a las páginas web de las instituciones de salud, en el interior esa cifra cae al 28%.
En realidad las TIC se mueven a dos velocidades en el ámbito de la salud: por un lado una digitalizada y eficiente en las capitales y los niveles socioeconómicos medios y altos; y otra analógica y burocrática en los sectores más vulnerables y principalmente en el interior profundo del país.
A su vez, también hay diferencias de cobertura entre el sector público y privado ya que mientras el 49% de los usuarios del sector privado acceden a sitios web institucionales, solo lo hace un 10% de los usuarios de la salud pública, lo cual significa que para buena parte de la población la digitalización de la salud aún está lejos. Si se analiza la situación de las instituciones de salud, sólo el 54% cuenta con aplicaciones móviles que puedan ser utilizadas desde teléfonos celulares.

La telemedicina también enfrenta un desafío cultural y socioeconómico: aunque el 79% de los profesionales expresa satisfacción con esta modalidad, el estudio detectó que grupos con menores niveles socioeconómicos muestran una reticencia mayor y la asocian con costos adicionales y/o caros. No se trata de falta de voluntad del paciente, sino de un déficit de alfabetización digital y de confianza institucional. Es decir, el sistema empuja al usuario hacia la pantalla pero no le enseña cómo usarla ni le garantiza que el wi-fi no se cortará en el momento del diagnóstico y es allí donde la estadística oficial y la vivencia del territorio parecen ir por carriles diferentes.
Por otra parte, el 83% ya cuenta con la información clínica de sus usuarios en forma digital. Se trata de una cifra que en cualquier simposio internacional genera aplausos ya que representa un éxito estadístico innegable. Sin embargo, este avance de la Historia Clínica Electrónica (HCE) requiere una lectura atenta para que no termine ocultando grietas de una atención de la salud que en algunas zonas del país tiene mucho de analógica y presenta zonas de luz pero también sombras.
El Estado debe tener en cuenta que la accesibilidad no es sólo contar con un app, sino que la tecnología sea vehículo para que ninguna persona, por más analógica que sea, no sesienta un ciudadano de segunda frente al avance digital.

El informe revela que si bien el registro digital es mayoritario, la interfaz con el ciudadano es precaria todavía. Si la telemedicina aspira a dar solución para que un vecino de Guichón no tenga que viajar casi 100 kilómetros hasta Paysandú o 400 kilómetros para una consulta en Montevideo, no tener acceso a una aplicación o no saber cómo utilizarla equivaldría a no poder acceder a una policlínica digital. Por eso, los servicios de telemedicina pueden ser un puente pero nunca una excusa para no contar con la presencia física del especialista en el hospital o la mutualista.
En lo que respecta a los profesionales de salud, el informe destaca que están dedicando cada vez más tiempo a la carga de datos en la Historia Clínica Electrónica, y dedicando menos tiempo de consulta al paciente. A esto se le suma una preocupación por la vulnerabilidad de los datos que se traduce en un 82% de usuarios que expresa temor a que sus datos clínicos sean utilizados para fines no asistenciales y un 68% de los encuestados teme que terceros no autorizados visualicen su intimidad. No se trata de un temor irracional: uno de cada cinco profesionales de la salud admite no saber a quién reportar un incidente de seguridad informática a pesar que, según cifras de 2024, se registran en el país más de 14.000 incidentes de ciberseguridad. Entre los doctores en medicina este desconocimiento asciende a casi un tercio de los encuestados. Entonces, si el médico que es el primer custodio del secreto profesional no tiene claros los protocolos para el blindaje digital, los temores ciudadanos tienen su justificación.
La ley es clara en cuanto a que el titular de la historia clínica es el paciente pero en la práctica esta propiedad se diluye en una red de consentimientos que muchas veces no se leen y en bases de datos que se interconectan bajo el amparo legal. Saber qué patologías tenemos, qué medicamentos consumimos o qué predisposiciones genéticas cargamos constituye información de gran valor para el mercado y la gestión estatal. Y justamente por eso, debemos estar atentos.

El sistema de Historia Clínica Electrónica ha logrado algo que hace algo más de una década parecía una utopía: que la información siga al paciente sin importar el prestador o la distancia geográfica pero a la vez nuestra intimidad biológica reside en servidores que la inmensa mayoría de nosotros no sabe dónde están o cómo y quién los custodia.
Todas estas son cuestiones sobre las cuales los ciudadanos tenemos que estar informados. Nuestro país ha construido una herramienta digital de salud admirable pero hay que invertir la misma energía en asegurar los cimientos de la ciberseguridad, en que el capital humano que maneja esa información sea consciente de su responsabilidad y, fundamentalmente, que los usuarios cuenten con competencias para interactuar en los entornos digitales que las nuevas soluciones ahora disponibles.

La Universidad Tecnológica del Uruguay, (UTEC), publica en su página web un artículo en el que resume una exposición titulada “Fraude Académico Inteligente: nuevas trampas, amenazas y desafíos en la era de la inteligencia artificial”, que fue ofrecida durante las Jornadas de Perfeccionamiento Docente de UTEC, por la doctora en educación Cinta Gallent-Torres, de la Universitat de València. En la presentación la profesional aborda lo que plantea como un problema serio, que amenaza la credibilidad científica y la reflexión docente y se trata de nada menos que de la Inteligencia Artificial, o mejor dicho, y sin criminalizar a esta herramienta, del uso que le damos.

Partió del reconocimiento tanto de la presencia de la inteligencia artificial en las aulas, como de las consecuencias que esto está acarreando. “Los estudiantes la usan en salones de clase, en tareas académicas y en su vida cotidiana y también lo hacen los docentes en el aula e incluso en apoyo para el armado de cursos. En medio de todo eso, una dimensión de la inteligencia artificial que está también en el centro del debate es su uso para llevar adelante proyectos de investigación”. Sí, porque acá aparece un elemento que no se había puesto anteriormente en consideración, porque muchas veces leímos u oímos sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes. Pero Gallent-Torres nos está diciendo que también los profesores hacen uso de este recurso, y muchas veces hacen un uso no deseable. Advirtió que lo tradicionalmente conocido como “plagio artesanal” ha mutado hacia algo mucho más complejo. “La normalización de las malas prácticas nos lleva a la erosión de la confianza en la ciencia, la pérdida de reputación de instituciones académicas y el deterioro, al final, de la integridad científica”, afirmó.

Gallent-Torres recurrió para ejemplificar a una actualización del “Triángulo del Fraude”, de Donald Cressey (1953), un modelo que explicaba que la deshonestidad surge de la combinación de la motivación, la oportunidad y la racionalización. A esto, en el siglo XXI, se debe sumar la capacidad técnica y la conciencia ética en la ecuación. La experta afirmó que “plagiar nunca fue tan fácil e impune como ahora”, y que la inteligencia artificial (IA) no ha corregido la tendencia al fraude, sino que la ha amplificado al dar paso a la era del “IAgiarismo”. Qué es esto. Un estado en el que la herramienta deja de ser un apoyo para convertirse en un sustituto de la autoría intelectual. Precisamente discernir entre estas dos situaciones, nos permite saber si hemos caído o no, en un “IAgiarismo”.

Gallent-Torres describió, para escenificar la dimensión de la gravedad del tema, que existen cosas tales como los llamados “Paper Mills” o fábricas de papers, a las que se pueden encargar materiales académicos para presentarlos como si fuesen fruto de una investigación propia, o las redes de “Ciencia Bamba”, descrito como un fenómeno de fraude académico, documentado inicialmente en Perú, que funciona como un mercado negro, operado incluso a través de WhatsApp, en el que se subastan posiciones en artículos científicos. “La ciencia está totalmente manipulada muchas veces, y es una pena”, lamentó.

El fin de quienes incurren en la práctica de comprar –en miles de dólares– papers o un lugar en las menciones, es recibir réditos económicos o cumplir con bonos de productividad. Hay instituciones que pagan importantes sumas si un investigador contribuye con un número determinado de proyectos. Finalmente para el investigador que comete plagio, termina siendo lucrativo comprar su lugar en investigaciones que no conoce, con compañeros a los que nunca vio, para obtener el bono por productividad.
Para la experta, es preciso estudiar los incentivos actuales, dado que “la contribución a la ciencia debería ser mucho mayor porque los artículos deben ser de calidad, y sucede precisamente lo contrario: crece la cantidad pero no la calidad”.

Gallent-Torres planteó, a partir de una revisión realizada sobre 596 artículos que hablaban sobre el fraude en trabajos de posgrado, un esquema compuesto por cinco medidas a efectos de combatir el fraude. De estos casi 600 artículos, 27 proponían medidas para prevenir la problemática: “Desde la cultura y el liderazgo institucional a la formación y sensibilización, eso es importante. Así como la regulación y supervisión. La evaluación y mejora continua es otra. Y la quinta es esa parte transversal, que es el tema de las tecnologías y sistemas de información” detalló.

A modo de conclusión, transmitió que todo el sistema académico debería velar por mantener la honestidad y las buenas prácticas en todo el proceso de investigación, así como establecer un compromiso con las instituciones y entidades financiadoras para revisar los incentivos, que muchas veces es el punto que hace caer en estas prácticas. De la misma manera promueve una vigilancia respecto a la mutación hacia comportamientos deshonestos, actualizar estrategias de detección, de prevención y de sanción dentro de las instituciones.

Ahora bien. Más allá de consideraciones éticas sobre desde que altura podrá un docente, un investigador, después transmitir a sus alumnos cuestionamientos acerca del uso de la inteligencia artificial, cuando el mismo se ha beneficiado del uso de la herramienta.

Que la IA llegó para quedarse, eso cada vez genera menos cuestionamientos, lo que sí ocurre es que deberíamos establecer una serie de líneas que no se deberían poder cruzar más allá de cualquier circunstancia, podrían ser límites más laxos o más rigurosos y tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla a cabalidad con el compromiso asumido. Lo que no podemos permitirnos es hacer de cuenta como que nada ha pasado. La simple aceptación de que ya está aquí, colándose por todos los rincones, nos debería ayudar también a sincerarnos y asumir dónde trazar esas líneas que no deberíamos cruzar.

Uruguay enfrenta hoy un escenario de alto riesgo y volatilidad, especialmente en esta coyuntura para los cultivos de invierno, según evaluaron en la sección Rurales de El Telégrafo actores de la producción agrícola. Señalan la repercusión del conflicto en Medio Oriente, que no se limita a los precios del petróleo, sino que involucra una serie de efectos colaterales que configuran un significativo efecto dominó en la economía mundial.

En el país, el abastecimiento de fertilizantes se mantiene operativo, aunque con señales de alerta. “Uruguay hoy no está en crisis de abastecimiento, pero sí enfrenta un escenario de alto riesgo y volatilidad que pasa a formar parte de la ecuación”, han advertido empresarios del sector.
De cara a la siembra de invierno, se ha registrado un adelantamiento en la toma de decisiones por parte de los productores. “Hubo cierre anticipado de negocios, sobre todo entre los productores más organizados, que se adelantaron un mes respecto a lo habitual”, indicaron. Remarcaron, además, que este no es un año para cometer errores en la estrategia de fertilización, dado su impacto en la ecuación final. “No es un año para errar en la compra de fertilizantes”, afirmaron.
La suspensión de exportaciones de fertilizantes por parte de algunos países y el encarecimiento de insumos clave, como el gas y el azufre, están generando un efecto en cadena sobre el mercado. Explicaron que la salida temporal de Rusia del mercado de nitrato de amonio obliga a muchos compradores a migrar hacia la urea, lo que presiona aún más los precios y la disponibilidad. En el caso del fósforo, la situación también es compleja debido a las restricciones de China y al encarecimiento del azufre, insumo esencial para su producción.

A escala global, resulta evidente que el conflicto en Irán impulsa los precios agrícolas y amenaza con sumir a unos 45 millones de personas en la hambruna. En este contexto, la escasez de fertilizantes representa un riesgo existencial, según analistas especializados.
Advierten, por ejemplo, que en Punjab (India) los agricultores han comenzado a entrar en pánico. Esta región, principal zona de producción agrícola del país, ya siente las repercusiones de la guerra en el Golfo, particularmente en cultivos como arroz, trigo y maíz.
A tan solo tres meses del inicio de la temporada de siembra de arroz, el conflicto amenaza con interrumpir el suministro de nutrientes esenciales para los cultivos.
En Estados Unidos, muchos agricultores habían pospuesto la compra de fertilizantes tras el primer ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, a la espera de una baja en los precios. Sin embargo, ocurrió lo contrario: los valores se dispararon.

Desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial en el Golfo, la atención se ha centrado en el riesgo para el flujo de petróleo. No obstante, se estima que la amenaza a la seguridad alimentaria puede ser igual de grave. Según expertos, el impacto de la guerra en el sistema alimentario mundial podría incluso superar al de la crisis provocada por la invasión de Ucrania en 2022.
Aunque esta situación afecta con mayor gravedad a los países más pobres, cuanto más se prolongue el conflicto, más severa será la crisis alimentaria y mayor el número de personas afectadas.

A diferencia de la crisis de hace cuatro años, inicialmente concentrada en las exportaciones de cereales del mar Negro antes de extenderse a los mercados de energía y fertilizantes, esta vez el impacto alcanza simultáneamente a varios sectores del sistema. Esto se debe a que el golfo Pérsico es clave para los mercados mundiales de fertilizantes: la producción se ha paralizado y los envíos se han interrumpido, reduciendo la oferta y elevando los precios globales.
A su vez, el aumento de los precios del combustible y la electricidad incrementa los costos de transporte, procesamiento y preparación de alimentos.

En Asia y África, el encarecimiento del combustible ha impulsado los precios de los alimentos. Países como Kenia, Somalia, Tanzania y Sudán, especialmente dependientes de fertilizantes transportados por mar, ya sufren sus efectos. En Somalia, los precios de los alimentos básicos han aumentado cerca de un 20 % desde el inicio del conflicto, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Otras regiones se preparan para una posible escasez de cosechas si el conflicto continúa. Países del sur de Asia, como India, Pakistán y Bangladesh, dependen del gas importado del golfo Pérsico para producir fertilizantes.
Incluso los países menos expuestos directamente, como Estados Unidos, sentirán el impacto a través del aumento de precios.

Consultores estiman que, aun si el conflicto se resolviera en cuestión de semanas, la interrupción del suministro de fertilizantes provocaría un aumento de entre 2 % y 4 % interanual en la inflación alimentaria de Estados Unidos. Si los combates se prolongan hasta el verano, el incremento podría alcanzar cifras de dos dígitos.
El comercio mundial de fertilizantes y amoníaco enfrenta una fuerte presión debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz. Un análisis de Rystad Energy para 2025 indica que el 15 % del amoníaco mundial y el 21 % de la urea —fertilizante rico en nitrógeno— dependen de exportadores potencialmente afectados por esta situación. Entre ellos se encuentran Arabia Saudita y Qatar, seguidos por Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán e Irak. Esta prolongada crisis logística amenaza el ya frágil mercado del amoníaco y la urea, y podría extenderse rápidamente a las cadenas de suministro de alimentos y productos agrícolas, comenzando por los países más expuestos.

Cabe señalar que más de una quinta parte de la urea comercializada por estos exportadores de Oriente Medio incide directamente en el crecimiento de los cultivos. India es el país más expuesto, ya que importa entre el 6 % y el 8 % de los fertilizantes provenientes de esta región. El cierre del estrecho podría traducirse rápidamente en riesgos concretos, como escasez de alimentos, interrupciones en la producción, deterioro de la calidad del agua y otros desafíos globales, dependiendo de la duración del conflicto.
La magnitud de la crisis alimentaria dependerá de si la guerra y sus perturbaciones se prolongan a lo largo de varias temporadas de siembra.

Actualmente, la crisis afecta a los agricultores del hemisferio norte, donde la siembra de primavera ya está en marcha. Sin embargo, cuanto más se extienda el conflicto, mayor será su impacto en el hemisferio sur y, en última instancia, en todo el sistema alimentario mundial. Este escenario debería impulsar tanto al gobierno como a los productores a extremar previsiones, especialmente en la estrategia de fertilización, aun dentro del limitado margen de maniobra que enfrenta el país en términos de precios y dependencia de suministros.

Los refugios de animales de compañía en Uruguay están superpoblados. Las oenegés, conformadas por equipos voluntarios sin recursos del Estado ni compensaciones para sus integrantes, continúan su tarea a fuerza de colaboraciones.

En general, las comunidades perciben a estas organizaciones como las encargadas de un trabajo que tiene, necesariamente, que liderar el Estado y cada gobierno llevar adelante una política pública en este sentido.

La dotación de recursos económicos –en primer lugar– para sostener al personal y la logística es fundamental.

Pero no hay. Y en ese punto la Ley 18.471 de Tenencia Responsable y Bienestar Animal no se cumple.
La inoperancia pública sumada a la desidia de quienes ejercen el abandono es un combo hostil para la parte más débil, que son los animales de compañía. A esto, podemos sumarle la cantidad de caballos que deambulan en las ciudades o centros poblados, con los peligros que conlleva para el tránsito en sociedades que –se supone– evolucionan. Entonces, es un problema y no hay excusas.

Sin embargo, en las redes sociales las opiniones apuntan a quienes tratan de resolver del problema y exigen buenas condiciones al momento de entregar un animal en adopción. Lo cual es claro y obvio.
En cuanto a las políticas públicas, ante la ausencia de una fuerte campaña de concientización sobre el maltrato animal y la falta de recursos para encarar una campaña de control de la población canina y felina, la problemática permanecerá incambiada. Porque en el presupuesto pasado se discutió la pertinencia salarial de sus integrantes, cuando la columna vertebral del problema son los animales en la vía pública y su proliferación.

En medio de tantas explicaciones, la biología sigue su curso y se incrementa la cantidad de perros y gatos. Los mitos de la primera cría, la argumentación de la falta de recursos lleva a preñeces no deseadas y a la conducta tan “deshumananizada” del abandono.

Así aparecen tirados en el vertedero municipal, en las volquetas e incluso a las puertas de los refugios camadas de cachorros por falta de responsabilidad y prevención.

Algunas estimaciones señalan que existen más de dos millones de animales de compañía viviendo en hogares uruguayos, lo que resulta que en dos de cada tres haya al menos un perro o gato.

En este contexto, el país registra más de 300.000 animales en situación de calle según datos del último censo realizado en 2023. Es decir, es un subregistro porque el problema tuvo un franco crecimiento ante la falta de programas enfocados a esta problemática.

El Parlamento analiza tres proyectos de ley con un punto en común y es la tipificación del maltrato animal como un delito que integre el código de proceso penal. También se encuentran a estudio las penas, porque no habría voluntad para la prisión. Pero estas normativas demoran en su tratamiento ante la compleja trama que implica legislar a favor de los animales.

El peligro, como ya ha ocurrido en el país con otras normativas, es que termine en letra muerta. Porque su cumplimiento implica el seguimiento y para eso hace falta el involucramiento de varios organismos, como Ministerio del Interior o gobiernos departamentales. Y es posible comprender que, cada uno dentro de sus prioridades, trabajará acorde a lo que interprete. Una cuestión difícil de amalgamar en un país dividido por los conceptos de las “competencias” e “incumbencias”.

Las causas para el abandono y maltrato de un animal de compañía o de producción –como el caballo– son múltiples y complejas. Pero una sociedad que ejerce cada vez más violencia, no resulta extraño comprender las razones de esta problemática tan extendida en el territorio.

Las protectoras critican la falta de respuesta institucional a las denuncias presentadas con pruebas, incluso demandan una mayor protección cuando deben asistir a una requisa. Esas cuestiones, que ya deberían estar aceitadas, cambian conforme pasan las administraciones y estas organizaciones son las únicas entidades que le dan visibilidad al problema. Por eso, la sociedad apunta el dedo hacia allí.
Pero las soluciones demoran en llegar y es así que demuestran que a nadie le importa nada. Hasta que ocurre un siniestro de tránsito grave o fatal. O hasta que la sensibilidad aprieta la garganta cuando se divulgan videos a través de las redes sociales que demuestran que cualquier persona puede ir más allá de lo imaginable con el maltrato extremo. Da la impresión que el ser humano está dispuesto a tolerar aún mucha más violencia.

Sin embargo, era posible hacer algo antes que sucediera el problema. Pero no se hizo y las consecuencias siguen a la vista.

Los domingos se organizan jornadas de adopciones en la sede de la oenegé Amigos de los Animales. Si bien cada adopción le salva la vida a quien tuvo la suerte de ser elegido para tener un hogar, el problema se repite a las pocas horas.

La semana anterior fueron ingresados más de veinte animales encontrados en distintas condiciones, cuando el fin de semana anterior se habían entregado 14. La cuenta no da, tampoco los recursos económicos para sostener un problema que es de todos.

La voluntad humana está, pero se agota. Se cansa de pedir respuestas, apoyo, una política de Estado que se ocupe y el reclamo de conciencia social que no debería siquiera mencionarse. Porque se supone que si tenemos un animal de compañía que comparte la vivienda y el tiempo con el resto de sus integrantes, debería ser la responsabilidad de cada uno.

Pero es sorprendentemente inagotable la fuente de excusas, argumentos y justificaciones para ejercer la violencia.

Lo cierto es que no hace falta ser animalistas ni tener un refugio para comprender que es intolerable este problema. Porque las jaurías no son causadas por los perros, ni los caballos se soltaron solos de una cuerda para salir a la vagar por la ruta.

Siempre, absolutamente siempre, estuvo una mano humana que no cuidó y que creyó, sistemáticamente, que el problema es de otro.

Uno pensaba que tenía tema: la guerra total, el Apocalipsis. Trump ya no asusta; su credibilidad hace agua. Cada vez que amenaza los iraníes responden con un ¡retruco! Además, recién descubrió al Estrecho de Ormuz; tendría que haberlo previsto y también que los iraníes son fanáticos y están dispuestos a morir y que esos son los peores enemigos. ¿Los estadounidenses lo están? Los europeos minga, con Europa no cuentes nunca. Pero los de EE.UU. se niegan a ir la guerra y además están más preocupados por el precio de la gasolina. ¿Quién ganará la guerra? ¿Quién la va ganando? Será para después de la tregua.

Volvamos, entonces, a aquí y ahora, a este gobierno tan parecido a Canelones, no por Orsi, sino por la variedad y cantidad de chacras y chacritas.

Imagínese el lector como ve estas novedades el inversor, el de aquí y más el eventual de afuera. Y Castillo es redundante: obligación de las empresas a anunciar con antelación despidos o reorganización del personal e incluso, en otro orden, considerar con el sindicato cualquier tipo de cambio tecnológico. Si además está “la cuestión sindical” con ministro del mismo cuadro y le suman el impuesto a los ricos (a los que vengan, aquí no hay muchos). Por otro lado el ministro se vale de seguros de paro especiales para solucionar problemas, mientras su gente arremete contra el BPS, no a las AFAP, retiro a los 60 y aumentar jubilaciones. ¡Divino!, pero no por lindo sino por milagroso. Respecto al inversor, “difícil que el chancho chifle”,como repetía “el Pepe”. Y para los jubilados, que se apronten.

Este sistema de las chacras le malogró algunas cosas buenas a Tabaré Vázquez y no le funcionó a José Mujica, que fue un mal gobierno, donde cada uno manejaba su chacra con su gente, metía funcionarios, fundía organismos y muchas cosas malas más con la prescindencia anarquista del presidente, que dejaba hacer. El PCU, en tanto, sigue la doctrina y su dialéctica, “destruir para construir”: lo peor es lo mejor y además le serrucha las patas al MPP, su enemigo, competencia y freno para adueñarse de la izquierda.
Hay quienes esperan algún golpe de timón del presidente Orsi; al que, si no, se lo lleva la corriente.

La idea de que las leyes existen para “hacer justicia” tal como la gente la imagina en el lenguaje cotidiano es comprensible, pero no es del todo exacta desde el punto de vista jurídico y político.

Desde una perspectiva filosófico jurídica, la justicia entendida como ideal moral no coincide con la función del derecho positivo. Mientras la justicia remite a valores sustantivos, equidad, mérito y reparación, la ley opera como un sistema normativo general destinado a ordenar la convivencia mediante reglas abstractas y procedimientos formales.

Como sostuvo Hans Kelsen, el derecho no es un orden de justicia, sino un orden de coerción jurídicamente organizado, cuya validez no depende de su contenido moral sino de su estructura normativa.

Caso a caso

La ley es una cosa pero la práctica del derecho, su aplicación, es particular, caso a caso. Para muchos, éste es un punto central del derecho moderno: la ley es general y abstracta; la práctica del derecho es concreta y situada.

La ley se formula en términos generales y abstractos, orientada a anticipar conductas y ordenar la convivencia, pero solo adquiere sentido pleno cuando se aplica a un caso concreto, con hechos específicos, pruebas incompletas y contextos singulares. Esa aplicación nunca es mecánica: la práctica jurídica es necesariamente interpretativa. Jueces, fiscales y abogados no ejecutan la norma como un automatismo, sino que la ponderan y encuadran, y aun diferencias mínimas entre casos pueden conducir a decisiones distintas, revelando la dimensión humana del derecho.

Esta distancia entre norma y aplicación explica muchas tensiones sociales: mientras la opinión pública suele evaluar la justicia por el resultado concreto, el derecho se juzga a sí mismo por la corrección del procedimiento. Una decisión puede ser formalmente válida y, sin embargo, percibirse como injusta, no por un fallo de la ley, sino porque la generalidad normativa nunca captura toda la complejidad del caso. En ese espacio intermedio se juega buena parte de la legitimidad del sistema jurídico: la práctica del derecho consiste en traducir lo general a lo singular, equilibrando legalidad, equidad y prudencia, y en esa traducción se revelan tanto la fortaleza como los límites del derecho en tanto instrumento de justicia.

El imperio de la ley no es la justicia

Esa afirmación es profundamente correcta y toca un núcleo clásico del pensamiento jurídico y político: el imperio de la ley no equivale a la justicia, aunque muchas veces se los confunda.

El imperio de la ley, rule of law, designa un principio de organización del poder orientado a que las decisiones públicas se adopten conforme a normas generales, conocidas y aplicables a todos, y no según voluntades arbitrarias. Su función central no es realizar la justicia en sentido moral, sino limitar el poder, garantizar previsibilidad y proteger a los individuos frente a la arbitrariedad.

La justicia, en cambio, es una noción más amplia, histórica y disputada, vinculada a ideas de equidad, mérito, reparación y dignidad, que no admite una definición única ni puede ser plenamente codificada. El derecho intenta aproximarse a ella, pero nunca la agota. Por eso, el imperio de la ley puede coexistir con situaciones profundamente injustas: un sistema legal formalmente correcto puede producir resultados que perpetúan desigualdades o daños estructurales. La legalidad asegura orden; no garantiza justicia sustantiva.

En la práctica jurídica, la justicia aparece así como una tensión permanente, no como un resultado asegurado.

El juez aplica la ley dentro de un espacio de interpretación y prudencia, donde se juega la posibilidad siempre limitada de acercar la norma general a la singularidad del caso.

En síntesis, el imperio de la ley es condición necesaria de la justicia moderna, pero no suficiente: confundirlos conduce a la ilusión de que todo lo legal es justo, cuando el derecho, en su mejor versión, solo promete contener la injusticia mediante reglas, sabiendo que nunca podrá eliminarla por completo.

Con el corazón partido

El doloroso caso Moisés pone de manifiesto la tensión estructural entre legalidad y justicia material: frente al abuso sexual reiterado de un padre sobre su descendencia, la acción homicida del hermano mayor se inscribe en un contexto de extrema vulnerabilidad y falla de protección institucional, obligando al derecho penal a confrontar los límites de la aplicación normativa cuando la respuesta legal entra en conflicto con una comprensión social de la justicia fundada en la defensa de bienes jurídicos primarios.
El dilema que expone el caso Moisés no es atribuible exclusivamente al Poder Judicial, sino que revela una insuficiencia estructural del campo jurídico en su conjunto. Eduardo J. Couture advirtió que el derecho no puede reducirse a la aplicación mecánica de la norma sin perder contacto con su finalidad última, pues “el derecho es una lucha constante entre la justicia y la seguridad”. Cuando la ley no logra dar respuesta adecuada a situaciones de violencia extrema y desprotección institucional, la legalidad preserva el orden, pero la justicia queda desplazada a un plano que el propio sistema jurídico no alcanza a resolver plenamente. Y se derrumba esa confianza en que en las leyes está la justicia… en las leyes y en los operadores del sistema.

En este sentido, el caso interpela también a la doctrina y a la formación jurídica, en la línea de lo señalado por Gelsi Bidart y Vázquez Rossi, quienes insistieron en que el derecho es una práctica situada, atravesada por valores y contextos, y no un sistema cerrado de reglas autosuficientes. La distancia entre justicia y ley no aparece aquí como una anomalía excepcional, sino como una tensión constitutiva del derecho moderno, que exige ser pensada críticamente por jueces, legisladores y juristas, más allá de la mera corrección formal de las decisiones.

Moisés excepcionalmente no necesita del “imperio de las leyes”, sino de ese bien superior y abstracto de justicia, la que necesitan los vulnerados. Para sentir en su piel y en la de su familia, que la vida vale la pena. Y nosotros, comprender que la violencia es mucho más que un momento, es una herida que lastima para siempre.

El nivel de improvisación del gobierno nacional en algunas áreas de su competencia es realmente sorprendente. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de una fuerza política que, salvo durante el período 2020-2025, ha gobernado Uruguay por más de 15 años. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es uno de los ejemplos más claros de esa incapacidad para gobernar, todo ello con un agravante no menor: el Mides fue una creación del Frente Amplio durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez y de inmediato fue convertido en el “buque insignia” de un aparato clientelista que trabajó sin descanso para que esa fuerza política tuviera “punteros” en cada uno de los barrios del país para que le juntaran los votos, tal como hicieron Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández a través de los tristemente famosos “choriplaneros”.

En ese caos institucional que es el Mides, el plan relativo a las personas que se encuentran en situación de calle es otro ejemplo de buenas intenciones sin ningún criterio práctico de sentido común, ya que no se puede dejar a la voluntad de quienes viven en la calle la decisión de internarse o no. La internación debe ser compulsoria y en caso de que ello pueda ser considerado violatorio algún derecho individual resulta importante recordar dos artículos de la Constitución Nacional. El primero es el artículo 7 según el cual “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”. O sea: la libertad de la cual gozan las personas que viven en la calle está sometida a las mismas limitaciones (interés general) que en el caso del resto de los habitantes de nuestro país. Esas razones de interés general pueden ser variadas en sus orígenes y finalidades, incluyendo las de garantizar una vida digna. En segundo lugar, el artículo 44 del texto constitucional el cual prevé que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. ¿Existe acaso una acción más clara de buscar y lograr ese tipo de perfeccionamiento que sacando a esas personas de la calle? Como si ello fuera poco, el mencionado artículo 44 establece que todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad, expresando que el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. O sea: la Constitución Uruguaya es clara al disponer el deber de todos los habitantes de cuidar su salud, es una obligación que no deja lugar a dudas y por eso mismo las autoridades (incluyendo el aparato clientelista del Mides) debe hacer cumplir estas disposiciones.

¿Cómo espera el Mides lograr que esos uruguayos y uruguayas vivan en condiciones dignas cuando hoy, a pesar de existir comedores o refugios con comida en la cual todo es gratis, sus destinatarios no se acercan a los mismos? ¿Por qué esas personas prefieren vivir a la intemperie y comer de lo que puedan obtener de las volquetas? La respuesta parece tan simple como obvia, pero también esquiva para el propio Mides: esas personas no tienen la voluntad de integrarse a ese sistema de protección social que el Mides presta porque han perdido toda referencia de valores y ya no les importa siquiera sufrir el frío o el hambre, prefieren rebuscarse revolviendo una volqueta y pedir plata a quien se le cruce que la seguridad de un plato de comida caliente, una cama y un techo en un refugio del Mides. Por eso es que claramente el nuevo plan anunciado está condenado al fracaso, porque no existe la posibilidad de obligar a esas personas a concurrir a esas instalaciones. Ni siquiera las alertas rojas garantizan el traslado de las personas en situación de calle, porque las mismas se esconden o desaparecen en el momento que se hace presente el personal competente y una vez que se van, reaparecen a ocupar sus lugares. De hecho, las estadísticas no contemplan a los okupas que se instalan en terrenos privados o casas abandonadas como personas en “situación de calle”, y es así que en plena vigencia de la obligatoriedad de concurrir a los refugios del Mides durante la última alerta roja por frío el año pasado, se seguían viendo decenas de “cuidacoches” que en la madrugada pedían dinero a quien se le cruzase por el camino en la zona céntrica o cerca de los comercios 24 horas de la ciudad.

En otro ámbito, es frecuente escuchar a educadores y autoridades de la enseñanza pública argumentando que si el niño no asiste a la escuela no pueden lograrse los beneficios que implican la educación, especialmente en contextos críticos. Resulta interesante utilizar este mismo razonamiento aplicándolo a las personas en situación de calle y su negativa a asistir a los comedores o refugios del Mides. ¿Cómo se espera que estas personas que viven en una situación tan precaria (agravada en muchos casos por el consumo problemático de drogas o alcohol) puedan mejorar su situación personal sino adquieren los hábitos mínimos para convivir en sociedad y sentirse parte de una comunidad que debe tenderles una mano porque son tan uruguayos como cualquier otro? La única forma de que ello sea posible es que concurran a los comedores o refugios del Mides, pero para ello se necesita que el traslado y estadía a los mismos pueda ser hecho de manera compulsiva, por el bien de ellos mismos y de toda la sociedad.

Para complicar las cosas, el Mides es el escenario de disputas internas en el Frente Amplio que ponen en primer lugar el reparto de cargos, las “chacras” personales y sectoriales y las ambiciones personales antes que las responsabilidades institucionales del propio ministerio y de sus autoridades. En ese sentido, hace algunas semanas el semanario Búsqueda informó que “Durante la campaña y una vez ganado el gobierno nacional a fines de 2024, el plan original del sector mayoritario del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP), era ocupar por primera vez en su historia el Mides. Esa cartera estuvo liderada en los gobiernos frenteamplistas anteriores por los partidos de izquierda tradicional (socialistas y comunistas), y el MPP entendía clave esta vez quedar al frente, en un contexto de agravamiento de la vulnerabilidad social y un aumento sostenido de la población en situación de calle”. A pesar de que el Frente Amplio ha tratado de ocultarlo, existe un gran malestar con la gestión del ministro Gonzalo Civila mientras que el MPP espera “en la gatera” poder asumir su cargo y tratar de mejorar una gestión claramente mala.

Ante este panorama, el fracaso del anunciado plan del Mides es un hecho. La pregunta no es cuánto tiempo tardará en fracasar sino cuántas vidas le costará a nuestro país, sino cuánto tiempo, esfuerzo y recursos le tomará a este gobierno asumir que el buque insignia les ha vuelto a naufragar.

Esta semana a través de las redes digitales del canal oficial, el Canal 5, se difundió un video en el que la economista Carolina Sur compartía algunas recomendaciones sobre finanzas. Claro, no todo el mundo tiene por qué conocer a esta economista que, a través de sus redes sociales, se dedica a esto mismo que hace en el video difundido, promover la cultura financiera a través de consejos prácticos.

Lo llamativo es que este video en particular despertó una oleada de reacciones agresivas, violentas, algo que se ha vuelto una característica de las redes sociales y de una de ellas en particular, X, donde los que allí interactúan parecen predispuestos al destrato y a, antes que sopesar argumentos, descalificar cualquier interlocutor o a cualquiera que se exponga, en definitiva, sin necesidad de que haya una interacción. Claro, esto no sorprende, porque hace ya un buen tiempo que es así y el que ingresa allí sabe a qué se expone y lo asume. Lo otro que no sorprende es que la mayoría de las interacciones negativas se hagan desde perfiles anónimos. El juguete se ha roto hace ya un largo rato.

“Son los consejos mas estúpidos que se puede dar en un país como Uruguay donde a nadie le sobra un mango”; “Consejo numero 1: rajate del país, acá no se vive bien aunque labures y estudies. No hay consejo 2”; “Vergüenza debería darles de subir este tipo de contenido y todavía con este personaje”; “Es joda? Después uno trata de no estigmatizar pero es imposible. No cruza Avda. Italia esta muchacha”. Esos fueron algunos de los cerca de un centenar de comentarios que despertó el video en la antigua Twitter, en los que Sur compartió cinco recomendaciones para “empezar a ahorrar desde cero, incluso aunque creas que no podés”. Entre las recomendaciones menciona “hablar de plata” con personas del entorno, atender los gastos pequeños, priorizar el ahorro antes que el consumo, revisar hábitos financieros y fijarse objetivos claros. Y como concepto general plantea que ahorrar más que un privilegio, es “una herramienta de bienestar”.

Ahora veamos por qué está bien que Carolina Sur hable de dinero en las redes sociales y que lo haga a través de las redes de un canal de televisión. No es un argumento novedoso el que daremos, muy por el contrario, desde esta página hemos insistido mucho en la necesidad de que la educación financiera tenga un rol mucho más central del que hoy tiene. La materia Economía solo se imparte en el último año de Bachillerato y solo en una muy específica de las opciones. La UTU tiene cursos de Contabilidad y de Administración, pero tampoco son transversales a todas las carreras y formaciones que allí se imparten, que es lo que se está necesitando.

De un tiempo a esta parte todos los trabajadores uruguayos perciben sus salarios a través de instituciones bancarias, instituciones que no solamente disponen de la información sobre los ingresos de esas personas, sino que además se comparten con las demás. De esta forma, cuando se ofrece un crédito a través de los canales de las instituciones financieras, se ofrece a sabiendas de la capacidad de pago que esa persona tiene. Es un negocio de un riesgo muy bajo. En cambio, con los usuarios del sistema no ocurrió lo mismo, no hubo una política de informar a conciencia sobre el mundo que se abría al pasar a estar vinculado a una institución financiera. Qué es una cuenta sueldo, qué es una caja de ahorro, cuál es la diferencia con una cuenta corriente, qué es un depósito a plazo fijo, qué diferencia tiene que sea en dólares, pesos o unidades indexadas. Solo algunas preguntas básicas que se podría hacer cualquier usuario novato que pasa a cobrar a través de un banco y que recibe una tarjeta de débito y una aplicación por donde hacer transferencias, desconociendo que también desde allí se pueden hacer muchas cosas más de las que no le hablaron. La mayoría de los usuarios desconoce qué es una tasa de interés, qué significa el concepto interés compuesto y algunos ni siquiera conocen —hasta que es demasiado tarde— las consecuencias de solo realizar los pagos mínimos de la tarjeta de crédito —tarjeta que también le otorgó la institución financiera, el primer año sin costo y con un mundo de beneficios atrás—. Desde las instituciones también se telefonea insistentemente ofreciendo, además de préstamos a medida, otros servicios como seguros (contra estafas, de vida, sobre propiedades, etcétera). Las vías de contacto es otra información clave de los usuarios a la que acceden las instituciones y en algunos casos se puede decir que hacen algo muy parecido al uso abusivo.

Por eso no deja de ser llamativo que cuando aparece alguien que difunde de forma masiva la cultura financiera, que explica cómo funcionan los instrumentos a los que se puede acceder por medio de los bancos y otras instituciones, salte a clavarle los colmillos en la yugular toda una jauría de personajes posiblemente más necesitados de atención que de dinero, argumentando que mucha gente no tiene capacidad de ahorro —cuando justamente la economista argumenta que sí es posible—.

Habría que agradecerle, más que criticar, señalar y reprochar, a quien se pone al hombro la tarea de educar y difundir, asumiendo un rol que el Estado debió tomar cuando dio el paso de “bancarizar” toda la economía hogareña del país. Porque si importante es conocer de finanzas y del manejo de dinero para alguien que maneja determinado capital, para las personas que viven “con lo justo” es imprescindible.

Aunque es una noticia que podría perderse en el fárrago de información respecto a conflictos bélicos y de naturaleza policial y política que suele acaparar la atención del ciudadano común, recientemente la sección rurales de EL TELEGRAFO daba a conocer los resultados de investigaciones e ideas llevadas a la práctica, en una novedad que podría tener un efecto revulsivo en producciones primarias de nuestra región y especialmente en Uruguay, a partir de desarrollos que se están realizado en Argentina.

Es así que la cooperativa lanera “Trelew” y la empresa transandina Lanarq crearon el primer refugio sustentable o “casa” precaria que utiliza lana de descarte como aislante térmico en el sur argentino. Con el respaldo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) del vecino país, este desarrollo de construcción en seco promete la máxima eficiencia energética, en lo que se considera una gran apuesta a la economía circular.

En este sentido se indica que en Chubut se está avanzando sustancialmente para desarrollar el aprovechamiento alternativo de la producción de lana como aislante natural, por conjunción de esfuerzos de la Cooperativa Lanera Trelew y la empresa LanArq Chile, que ha dado lugar al Proyecto LanArq Patagónico.

Se trata nada menos que un esquema de construcción sustentable, basado en la utilización de madera y lana de oveja, elemento este que por supuesto abunda en el sur argentino, pero ambos también son rubros de producción de amplia difusión en nuestro país, por lo que todo lo que pueda avanzarse en el uso de estos materiales nos atañe directamente, y abre la posibilidad de aprovechar sus beneficios para una diversidad de emprendimientos.

Y ya hay un prototipo para mostrar, tratándose del Refugio Chechenko construido en Chile Chico, ciudad y comuna de la zona austral de Chile, cerca de la frontera con Argentina. Es un proyecto que se enmarca en la línea del wood frame (marcos de madera), un método de construcción en seco, cuya armazón estructural está fabricada a partir de madera, pero que plantea como innovación principal el aprovechamiento alternativo de la lana como aislante natural entre paneles. Existe un antecedente directo, con el trabajo realizado en el instituto argentino INTI, junto con la Secretaría de Ciencia de Chubut, que impulsó hace unos años el uso de la lana como aislante para viviendas sociales.

El punto es que ya de esa experiencia piloto mejorada, la Cooperativa Lanera Trelew y LanArq dan un salto de escala al llevarlo a un modelo de negocio de exportación y construcción en seco como el wood frame.
La Cooperativa Lanera Trelew nació en 2016 como una empresa recuperada tras la quiebra de la histórica Lanera Austral y hoy procesa el 95% de la lana del país en el polo textil de Chubut y apuesta a la innovación con un enfoque de triple impacto. “Transformamos lo que antes era un desecho agroindustrial que terminaba quemado o en basurales, en un biomaterial de alto valor agregado”, explicaron dirigentes de la cooperativa.
En esta primera interacción conjunta, los paneles fueron construidos en la planta de la Cooperativa Lanera Trelew y luego exportados a Chile, con destino al desarrollo de una serie de cabañas en Chile Chico.

Debe tenerse presente en este contexto que para muchos pequeños criadores de la zona, el costo de la esquila es mayor que el precio que actualmente reciben por la lana de baja calidad. Si la demanda de estos paneles crece, lo que es ahora un desecho pasaría a tener un precio sostén y ayudaría así a que el pequeño productor rural no abandone el campo, lo que constituye una oportunidad financiera para el eslabón más débil de la cadena.
A su vez, entre otras ventajas, a diferencia de los aislantes sintéticos, la lana de oveja tiene la capacidad de absorber y liberar humedad sin perder sus propiedades térmicas. Funciona como un pulmón natural que evita la condensación y mejora la calidad del aire interior. También, gracias a su baja transmitancia térmica (capacidad de conservar el calor) permite reducir hasta un 70% el consumo de energía para calefacción, un factor crítico en el invierno patagónico, en tanto es 100% biodegradable y compostable, por cuanto a diferencia de los aislantes derivados del petróleo (lana de vidrio o poliestireno), este producto es natural y libre de tóxicos.

Además es ignífugo (resistente al fuego), tiene capacidad higroscópica (absorbe humedad sin mojarse) y posee “memoria” para recuperar su volumen original, garantizando que no se aplaste con el tiempo.
Por añadidura, la lana no solo no contamina, sino que captura CO2, ayudando activamente a combatir el cambio climático.
Es decir que estamos ante un aislante térmico de performance excepcional –probado nada menos que en la patagonia argentina/chilena, donde se dan intensos fríos– con materiales que se producen en forma abundante en suelo uruguayo, como son la madera y la lana, y en el último caso, los productores de nuestra zona tienen el mismo problema de costos con los desechos para los que no vale la pena pasar por los costos de esquila.

Asimismo, es posible la utilización de materiales que se industrializan en emprendimientos uruguayos a partir de la madera, como eventualmente playwood de baja calidad, así como paneles y tirantes de madera. Como es sabido, uno de los bien fundados reparos que se formulan al rubro forestal en nuestro país es el muy limitado procesamiento que se le aplica dentro de fronteras, al ser exportado mayormente como materia prima. El proyecto para aislación térmica con la lana de descarte abriría la posibilidad de potenciar el uso de esta materia prima con valor agregado al generar un mercado local y eventualmente con perspectivas de exportación, para generar fuentes de trabajo y reciclar riqueza, a la vez de contribuir a la preservación medioambiental. Un circuito de ganar-ganar, una fórmula que tanto necesitamos en estos tiempos.

Actualmente Uruguay se encuentra en una encrucijada institucional que podría tener incidencia en las políticas de seguridad vial: la implementación de la libreta de conducir por puntos. Se trata de un sistema que busca transformar el concepto de sanción vial, pero a la vez enfrenta una serie de desafíos de implementación y administrativos.

En Paysandú y en el país en general, la siniestralidad en el tránsito no es una abstracción estadística sino que remite a personas que conocemos directamente o que alguien de nuestro círculo familiar o de amigos conoce. Es también un problema social y una herida abierta que la política nacional en la materia no ha podido solucionar.

Históricamente el sistema de tránsito ha operado bajo una lógica de impunidad pecuniaria por el cual quien posee dinero para pagar una multa por infracción de tránsito, puede seguir tranquilamente al volante. Esto ha llevado a que los conductores perciban la multa como un costo de circulación más que un correctivo.

La libreta por puntos rompe con esa lógica. Como bien lo señaló el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, durante la presentación del nuevo sistema el año pasado, el objetivo es que la sanción afecte directamente el derecho a conducir. En declaraciones publicadas por el portal de noticias de Presidencia de la República, el jerarca fue tajante al indicar que el sistema no tiene fines recaudatorios sino culturales, lo cual constituye también una forma de reconocimiento al más de 77% de conductores que según datos de Unasev, no cometen infracciones y sufren las consecuencias de una minoría imprudente.

Con el nuevo sistema se elimina la perspectiva de injusticia económica porque el punto que se pierde al cometer infracción duele lo mismo a quien conduce un auto de alta gama que al que reparte mercadería en una moto. Sin embargo, es claro que para que el nuevo sistema verdaderamente funcione y lo haga de forma eficiente, es necesario contar con una buena fiscalización.

Se trata de un tema que pone de manifiesto una tensión no resuelta entre la autonomía departamental y la necesidad de un control nacional unificado. Como es de público conocimiento, el inicio del nuevo sistema viene precedido por postergaciones por causas varias. A finales del año pasado el Congreso Nacional de Intendentes volvió a solicitar una prórroga para la puesta en marcha definitiva, proyectando el comienzo para el primer semestre del presente año y solicitando dos años para su implementación gradual.

Por un lado, las intendencias deben contar con mejor infraestructura de control a nivel local, dado que en varios departamentos aún es insuficiente. Aquí en Paysandú, por ejemplo a fines del año pasado la Intendencia anunció la incorporación de 18 nuevas motocicletas para el cuerpo de inspectores de tránsito, tratándose de un avance bienvenido pero seguramente insuficiente ante el nuevo desafío de contralor de la libreta por puntos. Podríamos preguntarnos por ejemplo qué tan efectiva puede ser la libreta por puntos si el conductor sabe que las chances de encontrarse con un control en horario nocturno o en un barrio periférico son pocas. De hecho en el interior departamental los controles son casi inexistentes, y como hemos constatado hay ciudades en otros departamentos –caso concreto de Nueva Palmira en Colonia, por ejemplo—donde los motociclistas ni siquiera usan casco, cuando es una norma nacional dispuesta por la Ley de Tránsito.

Es en este sentido, también faltan cámaras de fiscalización electrónica y no hay una base de datos que dialogue en tiempo real entre los 19 departamentos, lo que convierte a la libreta por puntos en una mejora con puntos de fuga de información. Porque para eliminar el laberinto burocrático el nuevo sistema necesita que si un vehículo empadronado en Paysandú comete una falta en la ciudad de Maldonado o cualquier otra del país, la información impacte rápidamente aquí. En este sentido, la coordinación entre intendencias, Policía, Unasev será clave para evitar la burocracia y minimizar errores en el registro de puntos.

El informe anual de siniestralidad vial 2025 presentado por la Unasev hace dos semanas, deja conclusiones desalentadoras. El año pasado cerró con un total de 471 fallecidos, un aumento del 8,5% respecto al año anterior. Esto significa que, en promedio Uruguay pierde más de una vida por día en las calles, una cifra que como se ha destacado en medios de comunicación, supera la mortalidad por homicidios. En lo que respecta a los lesionados hay 77 por día, lo que supone un problema sanitario, aseguraron las autoridades.

Pero aún duele más si miramos los perfiles de las víctimas: el 60% de los lesionados circulaba en moto y el grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años concentra el mayor porcentaje de fallecidos, representando el 16,5% de los fallecidos varones y el 14,6% de las fallecidas mujeres. En nuestra ciudad, donde la moto es una herramienta de trabajo y el medio de transporte de miles de personas, éste no puede ser un dato que caiga en el vacío.

El informe de Unasev revela también que el 55,6% de las muertes ocurren en jurisdicción departamental, lo cual significa que no nos estamos matando en las rutas nacionales sino principalmente en las ciudades. Allí es donde las intendencias –por una simple razón de cercanía– deberían controlar y fiscalizar adecuadamente y también donde el vecino que quizá va a trasladarse un trayecto corto debería tener cuidado y conciencia. Sin embargo, a veces no se usa el casco porque es un traslado a pocas cuadras, un padre entrega llaves a un menor sin formación adecuada para circular o el Estado no fiscaliza con el rigor que la vida ajena merece.

A pesar de esto, no sería honesto señalar únicamente a la burocracia, la insuficiencia de recursos de control o la falta de inspectores. El factor humano y personal de cada uno de quienes hacemos el tránsito es un elemento fundamental de la ecuación. Lamentablemente, hemos desarrollado una preocupante tolerancia hacia infracciones que muchas veces consideramos menores, como el exceso de velocidad en las avenidas o la falta de respeto a las señales de “Pare” en las esquinas así como otros comportamientos inadecuados que se normalizan y que ningún sistema de puntos podrá corregir si no existe una voluntad individual de cambio.

La libreta por puntos será otro fracaso si la vemos como si fuera un juego consistente en esquivar al inspector de tránsito o las cámaras en lugar de una herramienta de convivencia. Deberíamos preguntarnos seriamente si estamos dispuestos a pagar el costo de la seguridad, de que la sanción sea efectiva y no negociable o a exigir a nuestros gobiernos locales que inviertan en tecnología de fiscalización de vanguardia y controlen sin medir conveniencias políticas a corto plazo.

Las estadísticas de siniestralidad son claras y alarmantes. La libreta por puntos puede ser una oportunidad para transformar la cultura vial y salvar vidas. Sin embargo el éxito seguramente dependa de la capacidad institucional para aplicarla, la voluntad política para sostenerla en el tiempo y del la disposición de todos a ejercer nuestra responsabilidad ciudadana.