Opinión

Las becas son de un monto de 2 BPC que son $6.864 x 2= $13.728. El costo de un cupo en la residencia es de 1,5 BPC = $10.296. Por lo tanto al estudiante después de pagar el alquiler le quedan $3.432 para alimentación y transporte. Como se ha informado, la residencia está ubicada contra el río en playa Park a una distancia de 32 cuadras = 2,5 kilómetros de los centros donde se dictan las clases de la Universidad. Por esa distancia un taxímetro le cobra $500 por viaje, por lo que para venir a clase y regresar a la residencia en taxi tiene un costo de $1.000. Para hacer ese recorrido en taxímetro una sola vez por día le saldría al estudiante unos $25.000 por mes y solo le quedan $3.432 después de pagar el alquiler de un dormitorio compartido con otro estudiante en la residencia.

“Difícil que el chancho chifle”, dice un dicho popular, porque además tiene que pagar su alimentación, ya que en la residencia no hay servicio de comedor.

Si el estudiante dispusiera de una bicicleta para hacer ese recorrido dos veces por día, quedaría entrenado para participar en el Tour de France. Si ese recorrido lo hiciera caminando, estaría entrenado para participar en la maratón olímpica. Como ven, ese sacrificio tiene sus ventajas, porque además la residencia “está ubicada en el mejor lugar del paisaje para vivir”, según dice el intendente Nicolás Olivera.

Los estudiantes que alquilen un cupo en la residencia tienen que convivir con otros 28 estudiantes por piso, ya que la residencia tiene capacidad para 140 estudiantes en los cinco pisos con servicios compartidos. Es de hacer notar que en la ciudad dos estudiantes que alquilen juntos –como es costumbre– un departamento amueblado, pagan en promedio unos $8.500 por mes c/u, con los gastos de luz y agua incluidos y están cerca de los centros de estudio y del comedor, por lo que solamente los estudiantes desinformados pueden alquilar un cupo en la residencia.

Ing. Ricardo Brasesco

El trabajo es una dimensión propia y natural del ser humano, no solo una obligación, sustento o necesidad económica, sino también una vía para planificar el futuro; cuando es bien hecho contribuye al desarrollo humano, profesional y espiritual.

El trabajo ordinario, realizado con amor, responsabilidad y rectitud de intención, puede convertirse en un medio de crecimiento espiritual. Trabajar bien significa hacer las cosas con perfección humana: orden, esfuerzo, constancia, competencia profesional y atención a los detalles; el secreto no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace.

El trabajo no es solo para crecer en dignidad y en beneficio propio; debe contribuir al bien común y ayudar a otros. Hay que tener lógica en la vida, no puede haber separación entre fe y vida; lo que pienso, digo y hago debe estar en consonancia: el estudio, la profesión, la familia y la vida espiritual deben formar una unidad coherente. El valor principal del trabajo no está solo en el resultado, en el perfeccionismo obsesivo, sino en dar lo mejor de uno mismo y poder elevarlo al plano sobrenatural; con esa mirada el éxito y el fracaso se relativizan.

El trabajo bien hecho tiene una dimensión social (ayuda a otros, mejora el mundo y contribuye al bien común), dignifica a la persona y puede transformarse en una fuerza transformadora que mueve el mundo, medio de crecimiento humano y de maduración espiritual.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

A comienzos de este mes, la Cámara Uruguaya de Turismo dio a conocer un comunicado que pasó bastante desapercibido entre las noticias de la jornada. Se trataba de una advertencia sobre la pérdida de competitividad del sector. La declaración señalaba que el órgano gremial, que reúne a actores privados de las distintas ramas del turismo, ponía de manifiesto “su preocupación por la pérdida de competitividad que enfrenta el sector, entre otros factores, a raíz de la fuerte depreciación del dólar estadounidense frente al peso uruguayo, fenómeno que atraviesa la economía nacional y que impacta de forma directa en el turismo como sector exportador de servicios”.

Si bien reconocía que por esos días el Banco Central había dado a conocer algunas medidas tendientes a atenuar el problema, el comunicado advertía que “se trata de un problema que viene de años y que se ha acelerado últimamente, agravando la situación”. No obstante, aunque la temporada de verano se presentaba con una demanda firme en varios destinos del país, “la combinación de costos locales elevados y un tipo de cambio en descenso está erosionando los márgenes de rentabilidad y encareciendo la oferta uruguaya en dólares”.

Traducido a términos más concretos, ello implicaba “un riesgo para la continuidad de inversiones y el mantenimiento del empleo en el corto y mediano plazo, en un sector que, además, es uno de los principales generadores de trabajo para jóvenes de hasta 29 años en todo el territorio nacional”.
Las medidas del Banco Central parecen haber frenado la tendencia descendente del tipo de cambio, aunque no se ha producido un salto significativo al alza. Tampoco el asunto parece haberse convertido en una inquietud central del Gobierno, cuando durante buena parte del año pasado el mensaje fue más bien el inverso: la apuesta por un peso fuerte como refugio frente a un dólar debilitado a nivel global.
Volviendo a la declaración de la Cámara Uruguaya de Turismo, se señala que el sector compite “todos los días con otros destinos internacionales” y que, sin condiciones adecuadas de competitividad, “resultará cada vez más difícil sostener la actividad, el empleo formal y el derrame territorial que el turismo produce en el interior del país”. En función de ello, entienden que, además de la evolución del tipo de cambio, “la discusión debe abordarse mediante una agenda amplia de competitividad”. En ese sentido, valoran positivamente la instalación de un grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Turismo para abordar estos temas de forma conjunta, así como la coordinación con las intendencias “para diseñar y promover un paquete de medidas que permita recuperar competitividad, proteger a las empresas y defender el empleo de calidad que el turismo genera”.

En una entrevista en el programa radial En Perspectiva, la economista Florencia Carriquiry, socia de la consultora Exante, puso sobre la mesa algunos datos presentados por el Ministerio de Turismo acerca del comportamiento del sector durante el año pasado y en el comienzo de la actual temporada estival, que ya está llegando a su fin. La profesional señaló que los datos de Migraciones mostraron que en enero ingresaron al país unas 765.000 personas, “lo que supuso una caída de 4% frente al mismo mes de 2025. Hay que recordar que la temporada 2025 fue buena, por lo que estamos hablando de cifras todavía relativamente altas en una perspectiva más amplia”.

De todas formas, esta baja constituye una señal de cautela, en la medida en que “enero concentra tradicionalmente entre un 35% y un 40% de los ingresos de visitantes del primer trimestre”. Carriquiry indicó que la caída se explica principalmente por la menor llegada de argentinos: “En enero de este año ingresaron un 15% menos de argentinos que en enero del año pasado. Por el contrario, se registraron subas de entre 6% y 10% en la llegada de turistas brasileños, de uruguayos no residentes y de visitantes de otros orígenes —sobre todo paraguayos y europeos—, pero no alcanzaron a compensar la caída de argentinos”.

La explicación que propuso para este descenso es “el encarecimiento de Uruguay como destino turístico”. En ese sentido, sostuvo que “si comparamos nuestros precios relativos actuales con Argentina con los que teníamos a inicios del verano 2025, hoy estamos más caros para los argentinos. Como referencia, el tipo de cambio real de Uruguay con Argentina se ubicaba al cierre de 2025 (inicio del verano) 12% por debajo de los niveles de finales de 2024. A esto hay que agregar que Argentina enfrenta un contexto económico complejo, con caídas relevantes del salario real en los últimos años”. Es decir, confluyen dos factores: el nivel del tipo de cambio y el deterioro del poder adquisitivo de las familias de nuestro principal mercado turístico.

Las proyecciones de la consultora indican que, al cierre de la temporada, se registrará una reducción del 3% en el ingreso total de turistas y, específicamente, una caída de entre 5% y 10% en el caso de los argentinos. Y ello sin considerar el gasto de quienes efectivamente llegan: Exante proyecta un crecimiento del orden del 24% en dólares corrientes (9% en dólares constantes), aunque en un contexto en el que el gasto aún no se ha recuperado plenamente del fuerte descenso registrado durante la pandemia.
El sector turístico tiene un peso significativo en la economía del país y, por definición, es especialmente sensible a los vaivenes económicos de los países vecinos, de donde proviene la mayor parte de sus visitantes. Es cierto que se han instrumentado beneficios tributarios y tarifarios para mitigar esos impactos. Sin embargo, cuando el problema es más estructural y la competitividad general del país actúa como barrera, cabe preguntarse si no estamos, en el fondo, ante una cuestión de rumbo que requiere correcciones más profundas.

Históricamente, la riqueza ganadera ha sido una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones del Uruguay. Lejos de perder importancia en los tiempos modernos, se ha afianzado como un recurso fundamental dentro de nuestra canasta exportadora. Como contrapartida, el valor agregado y las fuentes de empleo que se generan dentro de fronteras, en sus diversas etapas, siguen siendo limitados.
Por supuesto, la ecuación no es tan simple. Más allá de la tradicional imagen de estancias semivacías de personal y de campos en los que los animales “se crían solos”, existe un entramado de infraestructura, servicios y preservación sanitaria mucho más complejo de lo que suele suponerse en los grandes centros urbanos —como Montevideo—, distantes de la integración e interacción permanente que se da en el interior del país.

Se requiere mucho más que mantener al animal dentro del perímetro de los alambrados, y eso lo saben muy bien quienes trabajan directamente en el rubro, así como quienes integran el complejo sistema de apoyo que demanda potenciar el recurso ganadero: técnicos capacitados en el área veterinaria y en otras disciplinas, laboratorios, industria frigorífica, transporte, logística y un largo etcétera. A ello se suman todos los sectores que dependen de los negocios ganaderos y otras áreas conexas que exceden este análisis necesariamente sintético.

En este contexto, la preservación sanitaria de los rodeos constituye un aspecto fundamental para proteger esta riqueza y competir en los mercados internacionales, donde se exigen estrictos estatus sanitarios, inspecciones, certificaciones y análisis tanto en origen como en destino, además de las exigencias comerciales, arancelarias y de cupos, especialmente en los destinos más demandantes.
Han quedado muy atrás los tiempos del ganado cerril criado prácticamente “solo” en los campos. Desde hace décadas, la pecuaria se ha desarrollado y acompasado a los nuevos tiempos. Precisamente por ello se ha consolidado como uno de los pilares de nuestra economía en términos de ingreso de divisas, más allá de su carácter primario.

Entre las amenazas —que los uruguayos hemos sufrido en carne propia más de una vez— figuran las epizootias. Si en otros tiempos podían tolerarse como parte de la problemática de la cría bovina, hoy marcan la diferencia entre acceder o no a los mercados, además de generar pérdidas productivas y resultar inaceptables en los circuitos internacionales de exportación.
Una de ellas es la fiebre aftosa, enfermedad erradicada en gran parte de la región pero que continúa definiendo las políticas sanitarias por su impacto directo en el comercio internacional de animales y productos de origen animal. Actualmente, la región —con la excepción de Venezuela— se encuentra libre de esta enfermedad; sin embargo, nunca puede descartarse la aparición de brotes, como ha ocurrido incluso en algunos países europeos. En el caso de Uruguay, el país mantiene el estatus de libre de aftosa con vacunación, a diferencia de otros vecinos, como Brasil, que ha avanzado hacia la condición de libre sin vacunación.

“A la fiebre aftosa se le gana con rapidez”, señaló recientemente el director de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Marcelo Rodríguez, en declaraciones recogidas por Rurales de EL TELEGRAFO. La afirmación resume un principio central de la política sanitaria: el tiempo es determinante. Cuanto antes se detecta una sospecha, más rápida es la respuesta y menor el impacto.
Aunque la enfermedad esté hoy erradicada en la mayoría de los países del continente, el escenario internacional recuerda que la prevención es una tarea permanente y no un logro definitivo. La Organización Mundial de Sanidad Animal advierte que los países libres de fiebre aftosa deben continuar invirtiendo en prevención para evitar su reintroducción.

A esta altura del siglo XXI, subsiste además un enemigo histórico de nuestra riqueza ganadera: la garrapata. Este parásito ha desarrollado resistencia a muchos productos veterinarios tradicionales, lo que llevó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a poner en marcha un Plan Nacional de Lucha Integral contra la Garrapata. El plan incluye el uso de una vacuna innovadora desarrollada junto al Instituto Pasteur, la aplicación racional de acaricidas y la inspección sistemática para reducir la parasitosis y evitar residuos en la carne. Se busca erradicar la garrapata en zonas libres y controlar su prevalencia en áreas afectadas mediante herramientas como animales centinela y vacunación, además de reducir pérdidas económicas significativas.

Uruguay ha implementado una vacuna basada en proteínas, sin tiempos de espera, en conjunto con el Instituto Pasteur, con el objetivo de disminuir la población de garrapatas y reforzar el diagnóstico, reducir la morbimortalidad, controlar la resistencia a los químicos y avanzar en la erradicación en zonas libres. A ello se suman el uso combinado de acaricidas, el manejo estratégico de la resistencia, la hemovacuna para prevenir la llamada “tristeza parasitaria”, la metodología de centinelas y el control estricto del movimiento de ganado desde zonas de alta infestación hacia zonas libres. Todo ello apunta a bajar la prevalencia en áreas endémicas, eliminar el parásito donde aún no está presente y evitar residuos químicos en los productos cárnicos de exportación.

Como se manifestó en el reciente evento Agro en Punta, con la participación de autoridades, científicos y académicos, las respuestas del pasado ya no alcanzan para los desafíos del presente. El propio Marcelo Rodríguez subrayó que “la garrapata no es un problema nuevo, es un problema estructural”, y recordó que las campañas sanitarias tienen más de medio siglo, período en el que el país acumuló tanto errores como aprendizajes.
El impacto del parásito va mucho más allá del daño sanitario: afecta la productividad, eleva costos y pone en riesgo mercados estratégicos. Las pérdidas se estiman en 92 millones de dólares anuales, equivalentes al 3,4 % de la producción primaria de carne, sin contar efectos más difíciles de medir, como episodios de residuos que pueden derivar en restricciones comerciales.

Sin duda, el aspecto central de la reflexión es que “el problema no se arregla con una sola herramienta”. Es imprescindible adoptar decisiones con respaldo científico y no postergar medidas necesarias por temor a su eventual impopularidad. “Algunas decisiones no son simpáticas, pero son inevitables si queremos preservar el estatus sanitario del país”, afirmó. Y ese es el punto: en este rubro, como en tantos otros de importancia estratégica y también en la vida cotidiana, es preciso hacer lo que corresponde, sin dilaciones ni paños tibios, porque postergar decisiones en busca de un supuesto “mejor momento” suele generar más frustraciones y problemas que los que se pretendía evitar.
Como bien sintetizó Alejo Menchaca, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), en ese mismo evento: “si seguimos haciendo lo mismo, la garrapata nos va a seguir ganando”.

Durante mucho tiempo el desarrollo y el “pulso” de Paysandú se midió por su rol como anclaje industrial del litoral, la productividad de sus fábricas y el empleo que generaban. Sin embargo, en las últimas décadas ese ADN sufrió un cambio fundamental y el progreso ya no se relaciona con sirenas de las fábricas. Hoy hablamos de Paysandú como una ciudad universitaria.

En un lapso de 20 años Paysandú pasó de tener un par de carreras a consolidarse como importante sede del Centro Universitario Litoral Norte (Cenur) de la Universidad de la República que hoy cuenta con más de 8.000 estudiantes de la Sede Paysandú. Además, se consolidó también una importante sede de la UTEC. Esto no solo le otorga una nueva impronta a la ciudad sino que plantea nuevos desafíos, no ya de crecimiento sino de sostenibilidad. Es decir, ya vamos saliendo del eslogan de querer ser una ciudad universitaria para convertirnos en una verdadera ciudad universitaria, pero para eso se necesitan tanto infraestructuras como procesos humanos.

Un rápido repaso muestra que desde mediados del siglo XX Paysandú viene bregando y compitiendo con Salto por una sede potente de la Universidad de la República, pero hasta hace dos décadas apenas era un brazo lejano de las facultades capitalinas. La norma eran los profesores viajeros que llegaban, daban la clase y volvían a la capital del país.

El gran cambio se produjo entre 2013 y 2014 con la creación del Cenur Litoral Norte durante el rectorado de Rodrigo Arocena, cuando se impulsó fuertemente el desarrollo de la universidad en el interior del país, radicándose no solo carreras sino también científicos de primer nivel que dieron vida a los Polos de Desarrollo Universitario (PDU), que comenzaron a realizar investigación en el territorio generando conocimiento en áreas como la medicina, virología o ingeniería biológica.

El pasaje de ser emisores de títulos a generadores de conocimiento no es algo menor, como tampoco la posibilidad de un cogobierno con impronta local capaz de tomar decisiones situadas, tales como qué carreras abrir y cómo gestionar el presupuesto. La evolución de la infraestructura universitaria no ha parado de crecer, desde las antiguas aulas del viejo Ateneo donde funcionó otrora la Casa de la Universidad, al edificio de Montevideo y Florida, luego aulas en la antigua Terminal en conjunto con UTU, el Hospital Escuela y ahora, la proyección del nuevo campus en el predio del antiguo Corralón Municipal.
Si hace 20 años nuestras páginas informaban de gestiones para traer cursos, hoy dan cuenta de investigaciones universitarias sanduceras premiadas internacionalmente o de los problemas de vivienda y alquileres por la gran cantidad de estudiantes.

Celebramos que la Universidad de la República haya logrado lo que parecía imposible a principios de los 2000: romper el centralismo montevideano. Sin embargo, el crecimiento masivo ha generado nuevos “dolores de crecimiento”. Hoy el desafío no es atraer estudiantes, sino sostener la calidad fuera y dentro de aulas de una ciudad que aún está procesando su nueva identidad.

Hay problemas que son de la esfera universitaria, como el presupuestal. El crecimiento de la matrícula de la UdelaR en el interior del país no ha sido acompañado por un aumento proporcional de los recursos y el aparato universitario se debe enfocar periódicamente en una lucha presupuestal con el gobierno nacional. La escasez de presupuesto implica sobrecarga docente, la existencia de grupos masivos en varias carreras y nuevos desafíos asociados al crecimiento. La construcción del nuevo campus es solo la mitad del camino, luego habrá que mantener laboratorios de alta tecnología y evitar la saturación del crecimiento de la matrícula atendiendo problemas específicos como los espacios de práctica de medicinas o tecnologías médicas sin afectar la atención del paciente, asegurando además la formación de calidad.

A nivel académico sería interesante –y seguramente provechosa– una articulación entre la UdelaR y la UTEC dado que Paysandú alberga dos sedes potentes de ambas universidades, constituyendo un desafío lógico evitar la duplicación de esfuerzos y facilitar el tránsito entre ambas sin que la burocracia sea una barrera. Dado que la financiación de ambas instituciones provienen de fondos estatales, ¿acaso no sería interesante contar con algo así como un distrito universitario donde laboratorios o bibliotecas puedan compartirse optimizando así cada peso invertido por los contribuyentes?

Por otra parte, la conexión de las universidades presentes en Paysandú, UdelaR y UTEC, debe dialogar mejor con el medio de forma que el científico aquí radicado no mire solo a las revistas internacionales sino también al sector productivo e industrial local que aún resiste. Ese es el camino para que el conocimiento contribuya al empleo local y para que los jóvenes que se forman como profesionales en Paysandú queden aquí en lugar de migrar talento hacia Montevideo o el exterior. Más allá de estos desafíos que plantea el futuro, lo cierto es que el “Paysandú universitario” es una realidad palpable. No se puede negar que el crecimiento del Cenur Litoral Norte y la consolidación de la UTEC han inyectado un vigor inédito a la economía local en distintos rubros de actividad.

En cambio, en otros –como el sector inmobiliario– se empieza a ver cierto desajuste. Los estudiantes que llegan desde otros departamentos en forma masiva –muchas veces sostenidos por el esfuerzo titánico de sus familias o becas– enfrentan un mercado inmobiliario voraz ya que se han disparado los precios de los alquileres en el centro, generando una “gentrificación a la sanducera”, que desplaza al trabajador local que enfrenta también mayores dificultades para alquilar una casa en su propia ciudad.

Por otra parte, podríamos pensar que ser una ciudad universitaria es bastante más que la existencia de carreras de distintas facultades, aulas, comedor y residencia universitaria. Es también ofrecer una red de contención que tenga en cuenta que la vida del joven no se apaga cuando cae el sol, que se necesita mejor conectividad y frecuencias de ómnibus urbanos y una oferta cultural que adapte servicios a un motor más vigoroso.

Las universidades “sanduceras” tienen la responsabilidad de pensar el futuro de su propio proceso pero la administración departamental tiene la responsabilidad histórica de planificar la transición identitaria de la ciudad más allá del apoyo a la construcción de algunas infraestructuras, con una visión de largo plazo. Paysandú está en la etapa de formación de capital humano más valiosa de su historia reciente y ahora es tiempo de cimentar raíces para que la Universidad contribuya a la resolución de nuestros problemas e impulse el desarrollo local.

La confianza en los medios de comunicación uruguayos alcanza al 50% y, aunque está por encima de la media mundial, es un guarismo que debería preocuparnos.

El dato surge de un informe dado a conocer en los últimos días por la Facultad de Comunicación de la Universidad ORT Uruguay, titulado “Confianza en los medios y evitación de noticias en Uruguay”. Se trata de la tercera parte de un estudio más amplio sobre consumo informativo y tecnologías digitales.
La investigación se realizó en julio de 2025 y consistió en una encuesta de alcance nacional.

La confianza, explicó Francisco Arri —secretario docente e investigador de la referida facultad e integrante del equipo que llevó adelante el estudio en modalidad virtual—, “tiene que ver con ese vínculo que se construye a partir del cual una persona cree en aquello que está viendo o consumiendo, o cree que lo que se está relatando fue así”, señaló al periódico capitalino.

Entre los hallazgos destacados del informe, publicó Crónicas Económicas, se encuentra que la confianza se construye, ante todo, sobre el capital profesional del periodista. Así, para el 49% de los encuestados, la reputación del periodista fue el principal criterio para creer en una noticia, incluso por encima de la marca del medio. Este dato, según Arri, refleja la valoración social del oficio periodístico. “La reputación de un periodista se construye con credibilidad, con trayectoria, con transparencia”, afirmó. Desde la academia, este resultado fue interpretado como una confirmación del camino formativo elegido: la apuesta es a la formación de “profesionales de calidad”, no buscando forjar la reputación como un objetivo en sí mismo, sino como consecuencia de un ejercicio profesional riguroso. “Buscamos que esa reputación se construya en función de un ejercicio ético y crítico del periodismo”, agregó.

Aunque las redes sociales constituyen la principal puerta de entrada a las noticias, con cerca del 70% de uso, solo el 22% de la población dijo confiar en la información que circula por esas plataformas. Es decir, se las utiliza para enterarse de qué está ocurriendo y luego se recurre a los medios profesionales para confirmar la veracidad de la noticia y acceder a una versión creíble, en términos de “reputación, contextualización, citación de fuentes y trayectorias consolidadas”. El estudio mostró que casi seis de cada diez personas, cuando dudaron de la veracidad de una noticia, intentaron verificarla recurriendo a otras fuentes o a medios profesionales. Para el experto, estos datos dan cuenta de una ciudadanía crítica, que no consume información de manera pasiva.

Así, el rol de los medios profesionales sigue siendo central. El informe alude además a la evitación de noticias, que —sostiene— se ha consolidado como un fenómeno extendido: casi el 45% de la población admite alejarse de la información con frecuencia o regularidad, mientras que solo el 12% afirma no hacerlo nunca. Para Arri, este comportamiento se vincula con la carga emocional de determinados contenidos y con la experiencia informativa durante la última pandemia, cuando se generó “una cierta monotonía informativa, con noticias que generaban tristeza y angustia, frente a las cuales las personas no sabían qué podían hacer”. Lo relacionó con la necesidad de regular la exposición a contenidos que generan sobrecarga emocional o informativa.

En este contexto, pautado por la abundancia de desinformación —incluidas cuentas en redes sociales que se presentan como medios periodísticos, pero que en realidad pertenecen a operadores o activistas digitales interesados—, y al que se suma el avance de la inteligencia artificial, capaz de fraguar no solo testimonios escritos, sino también fotografías, audios y hasta videos con una fidelidad cada vez mayor, resulta comprensible que se genere un clima de desconfianza —así lo declaró más de la mitad de los encuestados— en estos entornos no formales o menos institucionalizados.

Así las cosas, a ojos de Arri, el periodismo enfrenta los mismos desafíos que a lo largo de su historia. “La receta sigue siendo la misma que hace 60 años: hacer buen periodismo, chequear fuentes, verificar datos y mostrar aquello que se quiere ocultar”. Y hoy es necesario hacerlo con mayor detenimiento. El tiempo que se pueda ganar mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial que –admitámoslo– han venido para quedarse, debería destinarse precisamente a esto, que constituye la esencia de la función periodística.

Y en estos tiempos, en los que resulta más fácil –y en los que incluso hay una parte de la audiencia que lo demanda– enarbolar una bandera y asegurarse un público seguidor al que abastecer de argumentos para sostener el debate en redes sociales, el mejor camino para los medios tradicionales es convertirse en ese refugio: no de la objetividad, que ya es sabido que no existe, sino de la certeza y la confiabilidad.

De acuerdo al último informe de SEG ingeniería, Uruguay comenzó este año con una matriz eléctrica con un 96,7 por ciento de origen renovable, producida durante el mes de enero, mientras que en el pasado 2025 también prácticamente la totalidad de la generación fue a partir de energías limpias.

Es decir, hay una prevalencia muy significativa de energías renovables en la matriz eléctrica, contrariamente a lo que ocurría hasta no hace muchas décadas, lo que da la pauta de un avance real en el país en el cambio de la matriz energética estructural, y ubica al Uruguay entre los países con los mayores cambios positivos en esta materia.

Del 96,7 por ciento mencionado para enero, se da que la mayor participación en la generación eléctrica proviene del agua, es decir energía hidráulica de las represas, con un 43,6, en tanto la eólica aportó el 33,7 por ciento del total de generación, siguiéndole la biomasa con el 14,3 por ciento y la solar con un 4,9 por ciento.

A la vez, ha quedado en un lejano 3,4 por ciento de participación la generación por hidrocarburos, es decir combustibles fósiles, cayendo un 20 por ciento en términos interanuales.

En 2025 nuestro país había obtenido el 98 por ciento de la electricidad a partir de fuentes renovables, siempre con la hidroelectricidad con el mayor aporte –del orden del 50 por ciento– y naturalmente, con su porcentaje condicionado por la disponibilidad de agua en las represas, que depende del régimen de lluvias, pero con la salvedad –que no es menor– de que cuando existe el recurso de apelar a impulsores no permanentes como el viento o el sol, se puede ahorrar agua en los embalses para la generación hidráulica cuando no están disponibles los de otro origen.

Estamos pues ante una balance de necesidades, picos estacionales y disponibilidad que felizmente ha dejado ya lejanos los tiempos, sobre todo los de la década de 1970, en los que la generación no alcanzaba para satisfacer la demanda y hubo que recurrir a los apagones programados, cuando había crisis de disponibilidad de agua que no era compensada por otros generadores, como las usinas movidas por hidrocarburos, siempre caros y generadores de dependencia. Por aquéllos tiempos se decía que cuando encendían la Central Batlle, se disparaba el precio del dólar en Uruguay.

No es de extrañar, con estos elementos expuestos, que Uruguay ocupe un lugar destacado en el mundo, en cuanto a la participación de fuentes renovables en la matriz eléctrica, y ello es producto de que más allá de matices y declamaciones, los sucesivos gobiernos han seguido aplicando políticas de Estado en la materia. Es que sin dudas la continuidad de los procesos es fundamental para el éxito de estas políticas energéticas que se apoyan en el uso de recursos propios y renovables para reducir dependencia y agresión al medio ambiente.

Es pertinente además ver cuál es el escenario mundial en la materia, y en este sentido tenemos que según la prestigiosa revista Science, en 2025 por primera vez estas fuentes limpias superaron al carbón en la generación de electricidad a nivel mundial.

Ello se da luego de que durante más de un siglo, la electricidad mundial se sostuvo sobre una base dominada por combustibles fósiles, en especial el carbón. Ese equilibrio comenzó a resquebrajarse de manera acelerada en 2025, cuando la combinación de energía solar y eólica superó por primera vez al carbón en la generación eléctrica global.

Para Science, lo ocurrido en 2025 no constituyó una mejora incremental, sino un cambio de paradigma. Las fuentes renovables no solo crecieron en términos absolutos, sino que cubrieron la totalidad del aumento de la demanda eléctrica global durante el primer semestre del año. En paralelo, alcanzaron más de un tercio de la matriz de generación eléctrica mundial, con un 34,3 por ciento, y desplazaron al carbón, que quedó en 33,1 por ciento según datos recopilados por el grupo de análisis Ember.

Claro, también es pertinente separar los tantos, porque para el consumidor doméstico, para el aparato productivo, para el funcionamiento de un país, tan o más importante que el origen de la generación eléctrica, lo es el precio que se paga por este servicio, y en este sentido, al revés de los primeros puestos en preservación medioambiental, estamos en el fondo de la tabla en la región y en el mundo.

Hablando de electricidad, y en un país como Uruguay, con una electrificación que alcanza prácticamente al 100 por ciento de su territorio, nos encontramos con que pese a esta plausible contribución al medio ambiente y a reducir dependencias por el uso de energías renovables, el gran obstáculo a superar, y que viene ya desde hace muchos años, es el alto costo con que se ofrece este servicio a los hogares y los sectores empresariales. Y el saldo no es bueno: seguimos teniendo la electricidad más cara del continente –los combustibles no le van en zaga, sino que acompañan este escenario– lo que indica que más allá del origen, hay otros problemas estructurales que hacen que toda la energía que se usa en el país, provenga de donde provenga, es cara, lo que se inscribe además en un país caro. Por ende, ello indica que más allá del alentador avance en generadores renovables, el problema a resolver es mucho más complejo, porque hay una escala de costos estructurada que no se ha podido cambiar, y que se ha tornado en un círculo vicioso que no hemos podido quebrar a lo largo de muchos años, con gobiernos de todos los partidos.
La consultora uruguaya SEG Ingeniería ha presentado un análisis sobre el precio de la electricidad para los países del Cono Sur (que comprende (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), tanto en lo referente al sector residencial como al industrial de media tensión, y Uruguay encabeza la lista regional en el precio más alto para el residencial, con 269 dólares/MWh.

Chile se ubica en segundo lugar en los valores residenciales, con 258 dólares/MWh; seguido por Brasil, con 203 dólares/MWh; y Argentina con 112 dólares/MWh. Paraguay muestra el precio regional más barato, con 68 dólares/MWh.

En el sector industrial, es Chile el que lidera con el precio de la electricidad más caro, 174 dólares/MWh.
En este segmento le siguen Uruguay, con 141 dólares/MWh; Argentina, que marca 96 dólares/MWh; Brasil, 115 dólares/MWh; y Paraguay, 39 dólares/MWh.

Si bien estos datos son ya del año pasado, la variación ha sido mínima y en muchos casos inexistente, por lo que estamos ante parámetros prácticamente inamovibles, más allá de la situación interna en cada país.
Con electricidad y combustibles muy caros frente a nuestros competidores directos, más otros altos costos internos, es evidente que llevamos las de perder a la hora de salir al exterior o competir con similares importados, por cierto.

Y lamentablemente ello pesa mucho más en nuestra economía, quiérase o no, que los galardones que implican los avances en materia de preservación del medio ambiente en todos estos años. Avances que sin embargo no se ha tenido en acotar el gasto público, la burocracia, la ineficiencia, en mejorar la productividad. Porque además, para afrontar este gasto, tanto UTE como Ancap deben aplicar fuertes impuestos a la energía que venden, para volcar a Rentas Generales, y de ahí la encerrona que nos deja empantanados, sin poder despegar, y eternamente expuestos a los avatares, como una hoja a merced del viento.

Uruguay sale a la cancha nuevamente. Entre este lunes y el 13 de febrero, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, liderará una misión al Reino Unido con el objetivo de atraer inversiones y cooperación institucional.

Mientras el presidente de la República, Yamandú Orsi, arriba al país tras una extensa gira por China, donde se reunió con altos mandatarios, empresarios y académicos, Oddone viajará con una agenda enfocada en la promoción de inversiones, infraestructura y desarrollo sostenible, aunque con una delegación muy escueta.

El secretario de Estado repite la misma premisa desde antes de su designación al frente de la cartera: si el país no crece a tasas superiores a las previstas, no será posible alcanzar la justicia social que su fuerza política pregonó durante la campaña electoral.

Los economistas ponen números a esa afirmación, y Oddone lo hace con una ecuación clara: Uruguay necesita elevar la tasa de inversión al 20 % del Producto Bruto Interno (PBI). Esto equivale a unos 16.000 millones de dólares, que en su mayoría deberán provenir de inversiones empresariales privadas.

Aproximadamente 4.000 millones corresponderán a recursos públicos, mientras que los restantes 12.000 millones deberán ser aportados por otros capitales.

De lo contrario, las cuentas no alcanzarán para cubrir las prioridades del gobierno, centradas en la infancia y la adolescencia, seguidas de otras políticas del área social.

El “pie en el acelerador” está impulsado por un Presupuesto Quinquenal aprobado en diciembre pasado, que resulta insuficiente. Incluso, el ministro fue más allá: creó una “unidad de inversiones” y sostuvo en reiteradas declaraciones que “no hay ninguna razón” para eliminar los incentivos que implican una renuncia fiscal, aunque se comprometió a revisarlos.

El plan del gobierno para estimular las inversiones, previo a los viajes oficiales, fue presentado a mediados del año pasado. Allí se planteó la necesidad de agilizar los procesos y el análisis de los proyectos, mediante la instalación de ventanillas únicas para inversiones y comercio exterior. También se propusieron mayores estímulos para iniciativas desarrolladas en departamentos con mayores problemas de empleo y beneficios específicos para las pymes.

El traslado de la vivienda promovida desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a la órbita del Ministerio de Economía no es un dato menor. Con este cambio, el gobierno pasó a ponderar esta actividad como un motor de inversión y generación de empleo, con especial énfasis en los departamentos con elevados índices de pobreza y desempleo.

Uruguay viaja, además, con atributos construidos a lo largo de distintos gobiernos: estabilidad democrática, seguridad jurídica, respeto a los derechos de propiedad y estabilidad de su PBI.
En este último aspecto, el Producto Bruto Interno solo se contrajo durante el año de la pandemia, y pese a cierta volatilidad cambiaria, el país mantiene firme el cumplimiento de la meta inflacionaria.
Son condiciones que se han mantenido sin mayores alteraciones, independientemente del color político del gobierno. A pesar de los discursos de campaña, Uruguay sostiene desde hace 15 años el grado inversor y exhibe el riesgo país más bajo del continente.

Sin embargo, crece poco. Y ahí está el problema. La inversión se encuentra rezagada en comparación con otros países de la región y representa apenas el 16 % del PBI. De hecho, la última gran inversión que impactó en los números macroeconómicos fue UPM 2. Por estos días, los gobiernos de la región hablan con grandes expectativas del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El punto es que todos compiten por captar esa inversión extranjera y algunos vecinos han mejorado su posicionamiento.

Es el caso de Paraguay, que crece a tasas superiores a las de Uruguay desde hace tiempo, mantiene precios estables, menor presión fiscal, también ostenta grado inversor y una estabilidad política que refleja cambios internos en el país. Brasil cuenta con la ventaja de un enorme mercado interno, y en Argentina parece ser cuestión de tiempo la generación de un mejor clima de inversión, pese a los cuestionamientos partidarios.

En definitiva, la región es hoy más competitiva, Uruguay sigue siendo caro y el gobierno lo sabe.
Resulta complejo analizar por qué, si existe un régimen de promoción de inversiones con importantes exoneraciones del IRAE desde 2008, la tasa de inversión no ha mejorado. Si las reformas económicas no logran reducir el costo país, será difícil revertir este escenario.

El Índice Líder de Ceres evaluó que el año comenzó sin señales de recuperación: persiste la desaceleración y las expectativas de crecimiento se mantienen por debajo de la meta oficial.
El Presupuesto Quinquenal estimó un crecimiento de 2,2 % para 2026. Sin embargo, los analistas consultados en la encuesta del Banco Central proyectan un 1,9 %.

Mientras tanto, hay dos aspectos que no pueden quedar fuera de la discusión. Justamente ahora que el país experimentó una rotación de partidos políticos en el gobierno, deberá debatir sobre el atraso cambiario y el gasto público.

Uruguay viene incrementando el tamaño del Estado en cada presupuesto y eso, en algún momento, se volverá insostenible. Limita la inversión, aumenta los costos fiscales y siempre exigirá reformas estructurales para sostenerse en el largo plazo. No obstante —y aquí aparece un tercer elemento— no existe una convicción clara sobre esta necesidad.

El debate siempre queda atrapado en las preferencias políticas de los gobernantes y, en los hechos, nunca se concreta. A pesar de que la reforma del Estado y el gasto público son figuritas repetidas en cada campaña electoral.

Hace casi un mes, el 12 de enero, Paysandú, pero especialmente la zona norte de la ciudad, vivió una jornada de festejo, con motivo de la inauguración del Complejo Polideportivo Zona Norte, una estructura destinada a ser sede de la práctica de diversas disciplinas que incluye el primer estadio de fútbol infantil de nuestra ciudad, lo que constituye una respuesta a tono con las necesidades de una zona de constante expansión y crecimiento.

El emprendimiento fue llevado adelante por la Administración del intendente Nicolás Olivera, quien en la jornada inaugural del complejo expresó que “este lugar estará lleno de gurises, de magia, de entusiasmo y de futuro”. Respecto a la magnitud de la inversión, debe tenerse presente que el complejo ubicado en avenida Doctor Roldán y República de Colombia, cuenta con unos 60.000 metros cuadrados, y se levantó a un costo de más de 2.500.000 dólares, para ofrecer a los usuarios dos canchas de fútbol 11 de medidas reglamentarias; dos piscinas, una de ellas semiolímpica; un edificio central con baños, vestuarios, áreas de integración y oficinas, entre otras infraestructuras y espacios, así como un sistema de iluminación led de última generación, a lo que deben agregarse medidas de accesibilidad y arbolado.

Y en este caso concreto, además de esta trascendente obra, también los residentes en ese sector del norte de la capital sanducera han visto sensiblemente mejorada su calidad de vida con una gran obra de urbanización que ha transformado gran parte de Nuevo Paysandú, mediante una inversión superior a los 180 millones de pesos, inaugurada a finales de 2025. Este proyecto incluyó la modernización de infraestructura, iluminación led, así como pluviales, cordón cuneta, con obras de gran envergadura incluyendo pavimentación con tratamiento bituminoso doble y carpeta asfáltica en áreas críticas, abarcando desde Avenida de las Américas hasta Saladero Santa María.

La enumeración de estas incorporaciones, en un contexto general del escenario departamental, no alcanza sin embargo para reflejar la trascendencia que implican para los directamente beneficiarios, los vecinos que ven cómo llegan a su territorio obras de infraestructura que habían soñado por muchos años, pero que reconocían como muy difíciles de alcanzar, ante la magnitud de las necesidades y la larga lista de barrios y familias que esperan su turno para acceder a estas notables mejoras.

También fue en su momento el turno de la urbanización y saneamiento de un amplio sector del noreste de la ciudad, incluyendo el Barrio Chaplin y el Barrio Residencial del Este, entre otros sectores, que no hace mucho celebraron con alegría el poder integrarse a la zona urbanizada de la ciudad, cumpliendo un anhelo que tuvo también muchos años de espera, a lo que se agregan logros como la extensión de los servicios de agua potable por la Avenida de las Américas hacia el este.

Pero claro, más allá de atender necesidades y la ponderación que debe tener un gobernante, ya sea en el orden nacional como departamental y municipal para cumplir en la medida de lo posible con dar respuestas a las problemáticas más sensibles de los vecinos, están de por medio las limitaciones en recursos económicos, como así también tener la posibilidad de poder cumplir en tiempo y forma con los proyectos, adaptándolos de lo ideal a lo posible para no potenciar las frustraciones por tantas necesidades que demoran más de la cuenta en ser contempladas, en el mejor de los casos.

Estas obras que enumeramos, muy positivas, implican una apuesta muy importante a la descentralización real del ámbito urbano, y de alguna forma conllevan ir integrando el casco céntrico al Paysandú periférico, donde mejores comunicaciones y servicios hacen que el territorio resulte menos contradictorio y desigual, emparejando hacia arriba en lugar de igualar hacia abajo, aunque todavía quede mucho por hacer.

Y en este mucho por hacer, precisamente, corresponde mencionar que la ciudad de Paysandú también necesita imperiosamente ser contemplada hacia el sur, incluso y sobre todo trascendiendo el arroyo Sacra, otrora histórico límite de la urbe sanducera, pero que hoy ha sido desvirtuado por la realidad de nuevas construcciones de barrios enteros y la ampliación de red de saneamiento.

Estos emplazamientos determinan la necesidad de extender más servicios a la zona de San Félix, por ejemplo, donde entre otros servicios se cuenta con una escuela de tiempo completo y un liceo, y donde además sería un elemento potenciador una obra vial significativa, como la construcción de una avenida de amplias dimensiones ante un tránsito que se ha incrementado en forma sustancial en los últimos años y que necesita encauzarse debidamente para reducir los riesgos que han crecido también a la par.
Estamos pues ante una tarea encomiable del gobierno departamental, que tiene asimismo en carpeta otros proyectos de significación más allá de los de los escenarios puntuales que mencionamos, y es de esperar que puedan irse cumpliendo sin solución de continuidad. Sin prisa pero sin pausa, porque gobernar es también y sobre todo, distinguir sobre prioridades, con los pies sobre la tierra y muchas veces empezar lo que habrá de terminar e inaugurar el siguiente gobierno, pero siempre con las miras puestas en el bienestar de la comunidad, que no tiene color político.

Están pasando cosas raras. Por ejemplo, se ha dado una especie de “toqueteo” a la libertad de expresión, algo inquietante. Parece liviano, pero no lo es y se puede pagar caro; muy caro. Se trata de la libertad, custodio de todas las otras libertades y derechos. Por eso los dictadores la cancelan, todo se tapa y solo se puede informar sobre lo que ellos autorizan e indican. Cuidado.

Es el caso de los policías que citaron a un periodista a raíz de un artículo por el que aparentemente un ciudadano se sintió difamado, todo sin participación de un fiscal. (La fiscalía finalmente actuó y lo archivó).

Lo grave es que el ministerio dijo que está previsto en la LUC. No es así: un artículo periodístico, de opinión o informativo, no es un delito flagrante.

¿Gatillo fácil para presionar a periodistas?

Y más en espectáculos públicos. En art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos así se establece. Esas personas no son “audiencias globales” que consumen lo que les den, “que desconocen el contexto político” y que no vale la pena hacer “comentarios que requieran un conocimiento profundo de la política local o interna de los clubes para ser entendidos”. Medio peyorativo el “manualsito”. Esos ciudadanos son los que eligen al gobierno, es un poco atrevido decir que tal o cual cosa se censura porque no entienden. Ocultar la violencia no es una falta menor; es esconderle al pueblo la impotencia del Ministerio del Interior y de los clubes y AUF, para controlar el ingreso de bengalas y banderas o pancartas al estadio. Pero es más, es un dato bien importante sobre el nivel de violencia y la división latente a nivel social, que estas pasiones populares contribuyen a desnudar. Y hay que saberlo.

“Para vivir honradamente es necesario desgarrarse, confundirse, luchar, equivocarse, empezar y abandonar, y de nuevo empezar y de nuevo abandonar, y luchar eternamente y sufrir privaciones. La tranquilidad es una bajeza moral”. Duro, como tantas opiniones jugadas de León Tolstoi, muy propia desde su adhesión anarquista.

Algo así es la batalla que en las últimas décadas han debido dar los medios de información para sobrevivir y superar su desafío más radical. Parte de esta crisis comenzó con Internet, que acabó con el modelo de negocio, soporte y logística, pero se agudizó debido al proceso de concentración del poder y riqueza que diezmó los espacios de libertad. Obvio, la explosión de la maravillosa era digital lo desafió todo y la actividad no ha encontrado un modelo de negocio sostenible y transformador capaz de dar continuidad a su valor en democracia.

La batalla por la supervivencia de los medios se concentró en construir un vínculo más sólido con los suscriptores, los que con su contribución a una prensa libre sellaron una relación directa entre el periodismo independiente y contenidos de calidad.
Hubo una vez diarios…

La crisis de los medios de información fue acumulando tensiones hasta llegar a su fase estructural más profunda entre los años 2007 y 2010. Primero en Estados Unidos y luego a escala global, con la convergencia de la crisis financiera, la disrupción digital y el colapso del modelo publicitario tradicional. Nace y se desarrolla un periodismo de suscripción, transparente y de calidad, donde los principios del medio y su práctica profesional van sometida a examen cotidiano. Pero hubo errores. Creer que más de lo mismo habría de funcionar. Se pretendía ignorar los maravillosos avances tecnológicos, la diversidad de elementos a integrar en la gestión, y una lógica de distribución que debía aggiornarse e integrar una relación potenciadora entre demandas y ofertas de contenidos quizás variados. También los beneficios de los derechos por contenidos, siempre de fácil elusión y difícil cobro.

Aniversario y después….

El Washington Post fue fundado el 6 de diciembre de 1877. En su último aniversario, muchos no percibieron la extrema cercanía de la tormenta. Dos meses después, los periodistas se veían en “uno de los días más oscuros”:

Los recortes afectan a uno de cada tres empleados. El editor ejecutivo Matt Murray precisó que más de 300 periodistas quedarán fuera. Converso al determinismo, agregó que “si queremos prosperar, no sólo perdurar, debemos reinventar nuestro periodismo y nuestro modelo de negocio con renovada ambición”. Una conclusión algo tardía. Una organización no se reformula con despidos, sino transformando lo que la define: objetivos y procesos, financiación y planificación.

Para dimensionar el impacto, se reducirá una sala de redacción legendaria y prestigiosa, la que reveló el escándalo de Watergate. Todavía la redacción está dominada por el mal humor de la adversidad pero aún falta algo importante: definir un modelo general del negocio, que redimensione entregable con producción estandarizada.

Es que al perder la referencia de la finitud del papel, uno de los desafíos más importante ahora es establecer la combinación estable de un entregable, de su renovación diaria, y cuál y cómo será la última versión del día, que en este ciclo informativo, es la primera del día de circulación, “como antaño”.
La caída de ventas y de lectores no ha cesado para el The Washington Post. Las pérdidas de miles de suscriptores de 2024 cuando Jeff Bezos anunció que WP no apoyaría a nadie en las presidenciales 2024, quebró una tradición nacida en 1970 y que representó el fin simbólico de una adhesión de principios.
El WP anunció que “en el futuro inmediato, nos concentraremos en áreas que demuestren autoridad, distinción e impacto, y que resuenen con los lectores: política, asuntos nacionales, personas, poder y tendencias; seguridad nacional en Washington D.C. y en el extranjero; fuerzas que configuran el futuro, como la ciencia, la salud, la medicina, la tecnología, el clima y los negocios; periodismo que empodera a las personas para actuar, desde el asesoramiento hasta el bienestar; investigaciones reveladoras; y lo que capta la atención en la cultura, en línea y en la vida cotidiana”. Muchas palabras difusas, elegantes pero ambiguas como para persuadir.

Una crisis más amplia

En el fondo del problema, la realidad es que el negocio periodístico lucha por ratificar su validez y continuidad, en un entorno hostil donde los grandes buscadores eluden los derechos de los autores sobre los contenidos. A ello se suma el daño que ocasionan las empresas “fantasmas” del fakenews con sus mentiras, afectando tráfico y publicidad. Por ello, algunos apuestan por diversificar productos y formatos, y otros por reducir costos para sobrevivir, lo que rara vez es una alternativa real.

La crisis no es solo financiera. Como advirtió el National Press Club/Club Nacional de la Prensa, la principal organización profesional de periodistas, los despidos no solo afectan a quienes pierden su empleo, sino también a la calidad y diversidad del periodismo, un pilar esencial para la vida democrática.
El National Press Club advierte que “cuando las redacciones se reducen, la rendición de cuentas disminuye con ellas y el público se queda con menos hechos y menos respuestas… A medida que menos periodistas denuncian las malas prácticas, responsabilizan a los funcionarios públicos e informan sobre los acontecimientos que afectan a comunidades en todo el país, la sociedad civil sufre. Invertir en el periodismo es importante para el futuro de Estados Unidos. El Club espera que pronto veamos tantas acciones para fortalecer la profesión como para disminuirla”.

El The National Press Club es claro y solidario. Lejos de la pasividad, se ha cargado las pilas y se ha pronunciado: “apoyamos a los periodistas que han perdido sus empleos. Estamos comprometidos a ofrecer ayuda práctica para la búsqueda de empleo a través de programas patrocinados por el National Press Club Journalist Institute, así como una comunidad solidaria de periodistas y comunicadores”.
Aunque suene duro, está bueno recordar la reflexión de Tolstoi ante una situación extrema: “La tranquilidad es una bajeza moral”.

Los seres humanos somos una parte del planeta, como los ríos, las plantas y los animales; pero algo nos distingue: → Leer más

Hace ya unos cuantos años que el periodismo se embarcó en una lucha de la que no tenía forma de salir bien parado, pero en la que de todas formas se embarcó. Voluntariamente aceptó ser parte del abanico de las opciones del entretenimiento, sumándose a la disputa, en un plano de igualdad, con la programación televisiva, el cine, la música, luego internet y las redes sociales.

No era, originalmente, el cometido del periodismo “entretener”, por más que el buen periodismo fuese interesante y hasta considerado una rama de la Literatura, se reservaba un espacio diferente, porque en las democracias del mundo el periodismo solía tener (y todavía tiene, aunque no se ejerza del todo) otra función, con mucha discusión y debate entorno a ella por cierto, aquello del “quinto poder”. El periodismo (en todos sus formatos, no importa) aceptó que esa aura de “necesario”, esa supuesta obligación social o moral de los ciudadanos por consumirlo le daría una posición de ventaja frente a otras alternativas del espectro del espectáculo, al que se sumó, dando lugar a una larga variedad de propuestas (en todos los formatos) que más que apartarse de aquellos postulados originales daban la impresión de estar sumando otras herramientas. Pero lentamente, en el mundo, el periodismo se volvió una faceta más del entretenimiento, ingresó en una disputa por el tiempo de atención del público, y en el proceso perdió toda aquella aura de “consumo necesario”. El público podía elegir “perderse” las noticias, o asumir que simplemente se enteraría de alguna manera de las cosas verdaderamente relevantes. En ese proceso perdió el periodismo, por supuesto, pero perdió también la sociedad toda, entendemos.

Pero como si esto fuera poco ese mismo periodismo, ya obligado a dar esa pelea en condiciones desiguales, hoy además afronta el riesgo de que herramientas que pueden dar una gran mano en la generación y en el procesamiento de noticias, pueden a la vez estar socavando el último gran pilar que le queda a los medios de comunicación informativos, que es el de la credibilidad, el de la confianza. Porque en pos de otros méritos, como la rapidez o la espectacularidad, o de otros artificios pensados para captar lectores, o ni siquiera, para simplemente captar clicks, ha empezado a delegar tareas que solían ser artesanales, como la redacción de un artículo, a manos de chatbots de inteligencia artificial. Y ojo, no se trata de desconocer la relevancia de la herramienta que está cambiando el mundo, que ha abierto la posibilidad de procesar e interpretar volúmenes de datos como nunca soñó la humanidad. Para ello, claro, es necesario contar con personas que sepan dar las instrucciones adecuadas, ayudar a determinar las fuentes, luego hacer una validación y finalmente presentarlo como un producto ideal para el público. Si, en vez de ello, solamente se pide generar una nota, sin más, dejando a la inteligencia artificial encargarse de todo, seguramente el resultado no sea el óptimo.

Esto ocurrió en un diario de los más prestigiosos de América Latina, como El Espectador, de Colombia, donde un pasante empleó irresponsablemente una herramienta de inteligencia artificial para inventar fuentes y citas de expertos y universidades igualmente falsas. Esto ocurrió durante algunos meses antes que se pudiera detectar el fraude y se eliminaran todos los artículos realizados por el fraudulento trabajador.

Fallaron todos los filtros de los editores, como reconoció el propio director de El Espectador, Fidel Cano, en una columna en video que periódicamente publica en YouTube, donde suele comentar yerros de la redacción y hacer el mea culpa de cada caso (ver QR). En esta oportunidad no se trataba de una política de la empresa sino de la obra de un empleado infiel que no puso en jaque la confiabilidad de una de las empresas periodísticas referentes del continente, pero que sin lugar a dudas generó más de un dolor de cabeza y preocupación por lo que se viene. Y es que justamente lo que se viene es como para alarmarse. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organiza un Ciclo de Diálogo sobre inteligencia artificial y medios, y en la primera instancia de este se abordó, además del referido caso de El Espectador, el uso problemático de la herramienta en el periodismo y el desafío que supone para las empresas periodísticas, pero también para las academias, en la medida que los estudiantes llegan ya con el uso incorporado de estos recursos, resignando otras virtudes. Se “descansan” en la máquina, dejando de lado toda una parte sustancial que es en la que tradicionalmente ha consistido este oficio, que es la de aproximarse a los problemas, entender la situación y el punto de vista de las personas, cotejarlo, y desde allí elaborar un producto periodístico que presentar al público. Usando mal la inteligencia artificial se puede suplir cualquiera de estas partes del proceso, y en cualquiera de ellas algo puede salir mal, aun sin llegar al caso extremo de Colombia, en el que evidentemente hubo, además, mala intención.

Se citaba en este primer encuentro del ciclo el concepto de “deuda cognitiva”, desarrollado por la investigadora Nataliya Kosmyna, del MIT de Estados Unidos, quien presentó el año pasado un estudio titulado “Tu cerebro en Chat GPT” (Your Brain on chat GPT), en el que demostró que la deuda cognitiva, más que una sensación de pereza, es un fenómeno físico “medible en el cerebro”. Para el estudio pidió a dos grupos de estudiantes elaborar un ensayo, a uno de los grupos permitió utilizar el chatbot. El 83% de quienes emplearon la inteligencia artificial no pudieron recordar ni una sola frase del escrito apenas unos minutos después de terminar. En el otro grupo el fallo de memoria fue de apenas el 11%. Pero más allá de esto, que puede percibirse como problemático por sus efectos en el largo plazo, en el encuentro se enumeraron otros efectos derivados del mal uso de estas herramientas, como la pérdida de una voz propia, de estilo personal y de la capacidad de estructurar argumentos lógicos desde cero; pero también la incapacidad de navegar bases de datos complejas o de discernir la calidad y el contexto de las fuentes originales; lo mismo con la delegación de decisiones y dilemas a la lógica del algoritmo, lo que erosiona la responsabilidad moral y la capacidad de tomar decisiones difíciles bajo presión. Cuando esto pasa a quienes deberían “apoyarse” en el uso de estas herramientas y en lugar de ello las emplean para autosustituirse, haciendo omisión de sus responsabilidades, el resultado es un periodismo menos interesante, menos humano y además menos preciso.

https://www.youtube.com/watch?v=YmMYjJ_jBes

Una reciente encuesta de la consultora Factum da cuenta que prácticamente un tercio de la población manifiesta desinterés o desilusión con la actividad partidaria, en tanto en cuanto a preferencias, se revela que la mitad de la ciudadanía se ubica en posiciones políticas intermedias y dialoguistas, pero además una percepción negativa sobre la actuación tanto del gobierno como de la oposición alimenta este distanciamiento. Esta asociación de prescindencia y desinterés, más allá de cierto fervor focalizado únicamente en las campañas electorales o temas puntuales, se viene dando con una tendencia irreversible a partir del retorno a la democracia, en 1985, cuando tuvimos –aún con proscriptos– el primer gobierno democrático tras el interregno autoritario de doce años, a partir de 1973, con la disolución de las cámaras y el golpe de estado cívico militar.

Tras estos doce años, en los primeros meses los uruguayos vivimos una luna de miel con la democracia, e incluso, en la primera sesión del Parlamento, se pretendió sacar los primeros temas por unanimidad, sin votos en contra, como una forma de presentar a la ciudadanía el acuerdo de los políticos por encima de partidos e ideologías, como un modelo de democracia.

Claro, con el paso del tiempo, la realidad se manifestó en lo que realmente ocurre en una democracia, un régimen donde se gobierna a través de las mayorías representativas elegidas en elecciones abiertas, sin aplastar los derechos de las minorías, pero en el libre juego de las instituciones, con toda la gama de opiniones y la búsqueda en lo posible de acuerdos para sacar adelante leyes y medidas que nunca van a conformar a todos, y donde existen conflictos de intereses que no se dirimen fácilmente. En este caso del estudio de Factum, se muestra un panorama donde predominan las posturas moderadas y críticas, mientras que los extremos ideológicamente “cerrados” representan una minoría. El estudio, dirigido por el politólogo Eduardo Bottinelli y difundido en el informativo central de VTV, expone que tres de cada diez votantes se declaran “desinteresados” o “descreídos” de la política, una cifra que ilustra un significativo distanciamiento ciudadano.

Este relevamiento clasifica a la ciudadanía en siete categorías según su adhesión y perspectiva frente al sistema político. En los extremos se ubica un grupo reducido: apenas un 9% se identifica con el “oficialismo cerrado” (apoya al gobierno en cualquier circunstancia) y un 6% con la “oposición cerrada” (critica al gobierno sistemáticamente). En conjunto, estos sectores de posiciones rígidas representan el 15% del electorado.

“Estos son, en general, los que vemos más en las redes sociales y repercusiones mediáticas”, señaló Bottinelli, al destacar que hay sobrerrepresentación manifiesta de estas voces en el debate público. En cambio, la gran mayoría de las personas se sitúa en espacios de mayor flexibilidad. Un 22% se reconoce en un “oficialismo abierto” (votantes del gobierno que reconocen valores en la oposición), un 18% en una “oposición abierta” y un 13% como “dialoguista” (sin posición partidaria y a la espera de definiciones pragmáticas). Así, 5 de cada 10 uruguayos ocupan estas posiciones intermedias. Pero más allá de estas personas con mayor o menor inquietud en los temas políticos, hay un 28% de la población que se divide entre un 9% que se declara simplemente “desinteresado” en la política y un 19% que expresa un “descreimiento” activo hacia ella. Un 4% adicional no supo o no quiso opinar. Un dato llamativo es la evolución temporal: al comparar con un estudio similar de agosto de 2025, si bien el posicionamiento general se mantuvo estable, se detectó un “leve incremento” en las posturas cerradas, que pasaron de representar un 10% a un 15% en diciembre, lo que en gran medida habla de que hay grupos cerrados a cal y canto a aceptar otras posturas ajenas a las que postulan, lo que habla de un grado creciente de intolerancia y hasta fanatismo, llegado el caso. Un elemento que surgió de esta consulta indica que se da que a menor edad, mayor desinterés: La proporción de personas que manifiesta falta de interés en la política disminuye a medida que aumenta la edad. A su vez, a mayor edad, mayor descreimiento: en cambio, la postura de desilusión o falta de fe en la política aumenta con los años, lo que sugiere que los jóvenes tienden a percibir la política como algo ajeno o no relevante, mientras que los adultos, con mayor experiencia y seguimiento histórico, desarrollan una desconfianza más fundamentada hacia el sistema. Debe tenerse presente que otro estudio reciente de Factum, también de diciembre de 2025, ofrece un contexto clave: ante la pregunta de quién está actuando mejor en el período, el 59% de los uruguayos consideró que “ninguno de los dos”, ni el gobierno ni la oposición. Solo un 26% opinó que el gobierno actúa mejor y un 13% que lo hace la oposición.

También tiene que ver que estas apreciaciones subjetivas se dan en un electorado que a grandes rasgos, y según se manifiesta en cada acto eleccionario, se divide en dos grandes bloques ideológicos, con no más del 20 por ciento de los electores que fluctúan entre una u otra posición, que definen las elecciones, según su apreciación de cómo marchan las cosas y las expectativas satisfechas o a satisfacer.

Viene a cuenta de este escenario el análisis que formula el sociólogo español Manuel Castells, en el sentido de que hay una crisis global del sistema representativo que tiene que ver con la distancia entre élites y ciudadanía: “La gente no cree en quienes gobiernan, en quienes la representan, no cree en nada. El gran problema es lo que llamo la crisis de la gestión de la crisis”, sostuvo al respecto. “Hay un rasgo común, desgraciadamente. Es lo que con mi amigo y colega Fernando Calderón hemos estado investigando durante una década y que acabamos de publicar en La nueva América Latina. Vemos crisis constantes, no ya económicas, sino crisis de legitimidad política que se resumen en una sola cosa: la gente no cree en quienes gobiernan, en quienes la representan, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, en nada. Eso es lo que está pensando la mayoría de los ciudadanos de muchos países. Es un fenómeno global, pero en América Latina las instituciones democráticas son aún más débiles”, consigna, en tanto considera que “hay corrupción del Estado, hay destrucción de los propios partidos políticos, y actores políticos que se destruyen los unos a los otros, utilizando la destrucción de la confianza política en el otro. Pero eso luego te llega a ti, y todos pierden porque nadie se fía de nadie”.
Es cierto, aquí estamos en una conclusión tremendista, pero con una cuota parte de razón, porque gran parte de la población, con el paso de los años, ve que se suceden los partidos en el poder y siguen sin tener respuestas a problemas que datan de muchos años. Estos ciudadanos perciben que hay una brecha significativa entre la política institucional y las expectativas públicas, considerando que temas como seguridad, empleo, salarios, educación y salud, dan más lugar a debate y pase de facturas entre políticos, que a un esfuerzo genuino, colectivo y por lo alto, para dar respuestas a estas problemáticas.
Ello explica, en gran medida, el descreimiento al que hace mención la consultora, y plantea que el sistema político, los políticos en general, no han estado a la altura de las circunstancias, porque por regla general, salvo algunos temas puntuales y urgencias, han primado hasta ahora intereses personales, sectoriales y partidarios, por sobre el interés general. Y ello no le hace ningún bien a la democracia.

Para quienes recuerdan el Paysandú industrial, es evidente que las chimeneas activas y el comercio pujante ya no forman parte de la realidad actual. Muy por el contrario, estos sectores enfrentan desafíos estructurales de competitividad que deberían impulsarnos a considerar al turismo como un imperativo generacional para el desarrollo local.

Ahora bien, repensar el turismo local exige algo más que un inventario de atractivos. Incluso podríamos decir que es necesario ir al ADN sanducero que nos define como “Heroica”, para transformar la actual dispersión de propuestas y eventos de interés turístico en una estrategia integral para el departamento.
Pensar el turismo en clave de desarrollo implica dejar de considerarlo una actividad accesoria y convertirlo en una política departamental que articule nuestra rica historia, el patrimonio tangible e intangible, las termas y la innovación productiva. La fragmentación actual —donde las termas aparecen como un mundo aparte de la ciudad y los eventos culturales ocurren casi como islas en el calendario— constituye un obstáculo que debe ser removido si se pretende alcanzar madurez como destino regional. No se trata de reinventar la rueda, sino de hacer que las cosas funcionen en un contexto donde el empleo tradicional sigue acuciado por problemas persistentes. A pocos kilómetros de aquí, Colón recibe cada verano a miles de turistas que disfrutan del mismo río, — 360.000 pernoctes sólo en enero de este año — mientras que nosotros, a pesar de los avances en infraestructura en nuestra costa, no logramos captarlos. No se trata de insistir en comparaciones ya conocidas con la vecina orilla y los frutos de su trabajo de décadas para consolidarse como destino turístico, sino de mirarnos más a nosotros mismos.

Un reciente informe de percepción turística realizado por el magíster Juan Andrés Pardo y difundido en estas páginas revela una verdad incómoda pero movilizadora: aunque los sanduceros valoramos nuestro pago como un lugar con “potencial latente”, la mayoría califica el desarrollo actual del turismo como regular.

Palabras como “Chajá”, “termas” o “Iracundos”, identificadas como parte de nuestra impronta, no pueden quedar reducidas a simples etiquetas. Son símbolos de una identidad fragmentada que necesita convertirse en un relato único. Es necesario avanzar hacia una síntesis que permita pasar de atractivos aislados a una verdadera marca de destino. Los destinos turísticos consolidados cuentan con una narrativa clara, y aquí aún no hemos logrado definirla, mostrarla y, sobre todo, superar la fragmentación antes mencionada.

No faltan elementos para construir ese relato. La Defensa de Paysandú no es solo historia o literatura: también es el suelo que pisamos. La resistencia de 33 días frente a fuerzas abrumadoramente superiores fue, al mismo tiempo, una derrota militar y una victoria ética que contribuyó a los cimientos de la identidad nacional. En definitiva, se trata de una historia de principios llevados al extremo, un patrimonio intangible que pocas ciudades del Cono Sur pueden ofrecer con semejante grado de legitimidad a sus visitantes. Afortunadamente, hoy la ciudad cuenta con un circuito turístico sobre la Defensa y con un Centro de Interpretación que permite comprender la magnitud de la gesta sanducera. Ambos funcionan como una puerta de entrada para que el visitante conecte con la memoria viva de la ciudad. Nadie puede poner en tela de juicio que Paysandú tiene épica, pero también —en un sentido amplio— tiene lírica. El reciente encuentro de Iracundómanos, que conmemoró los 37 años del fallecimiento de Eduardo Franco, líder del reconocido grupo Los Iracundos, demostró una vez más que su música sigue siendo un puente emocional entre personas de distintos países de América Latina. El evento, declarado de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, comienza a consolidarse dentro de la industria de la nostalgia, atrayendo visitantes de Argentina, Paraguay, Perú, Chile y Ecuador.

Desde esta perspectiva, el legado de Eduardo Franco forma parte de la fibra íntima de la identidad sanducera, lo que explica la existencia de un monumento, una estatua en la vía pública y un Teatro de Verano que lleva su nombre. Entonces, ¿por qué no posicionar a Paysandú como santuario de la canción romántica? ¿Por qué no hacer que la experiencia “iracundómana” incluya al conjunto de la ciudad y al río Uruguay, posicionando a Paysandú como epicentro de canciones que se niegan a ser olvidadas? A esto se suman una serie de eventos anuales vinculados al teatro, el carnaval y las tradiciones gauchas, que también contribuyen al reconocimiento de Paysandú como capital cultural del litoral.

En materia de eventos innovadores, también hay ejemplos destacados. Uno de ellos se desarrolla por estos días y está despertando interés regional. Tiene el potencial de mostrar la transformación de un rubro productivo en un evento turístico, cuyo lanzamiento tuvo lugar en Punta del Este en plena temporada. Nos referimos a la Cata Nacional del Tomate, una iniciativa que nació para rescatar variedades antiguas y sabores perdidos, y que también se presenta como una forma de resiliencia frente a la uniformidad del mercado agroindustrial global. De manera inteligente, el evento ha logrado articular a la academia —a través del gabinete de análisis sensorial de la UTEC—, a pequeños productores y al sector gastronómico, comenzando a posicionar a Paysandú como referente en agroecología y turismo sustentable.

El eje del bienestar también está presente a través de las termas de Almirón y Guaviyú, que —según los propios sanduceros— constituyen el principal motivo para recomendar la visita al departamento, de acuerdo con el estudio de percepción mencionado. El turismo termal incorpora además ingredientes no tradicionales, como el festival “Vuela Termas”, que reúne a más de un centenar de aeronaves de aeromodelismo. La iniciativa resulta acertada, ya que, además de inversiones en infraestructura y servicios —algunas aún en proceso—, se necesita una especialización que diferencie claramente a nuestros dos centros termales de otros destinos uruguayos y argentinos de la región.

El informe sobre la percepción del turismo en Paysandú vuelve a señalar la fragmentación como un problema central: la ciudad y las termas de Almirón y Guaviyú suelen operar como destinos estancos, sin conexión entre sí. Resulta inadmisible, por ejemplo, que un turista que visita las termas ignore la gesta de Leandro Gómez o las magníficas puestas de sol que pueden disfrutarse desde la infraestructura de la costa del río Uruguay. En ese mismo espacio, eventos como el tradicional Cruce del Río Uruguay, organizado por el Club Remeros, la reactivación de los paseos en lancha, los campeonatos de pesca o jet ski, y los festivales de música en el Anfiteatro deberían integrarse en una propuesta coherente que dote a la costa de actividad permanente, incluyendo también eventos consolidados como la Semana de la Cerveza.

Es evidente que no se puede ignorar la realidad macroeconómica —aunque se prevé una mejor temporada estival que la anterior, aún no se alcanzarán los niveles de 2018— ni la percepción de Uruguay como un país caro para vivir e invertir. Precisamente por eso, debemos ser más competitivos y especializar la oferta hacia nichos de alto valor, fortaleciendo obras de modernización de los centros termales y el mantenimiento de los espacios públicos con una visión que trascienda los períodos de gobierno. Pero, sobre todo, resulta urgente superar la fragmentación de la identidad sanducera y construir un relato coherente que permita posicionar el destino y avanzar hacia un modelo de turismo que sea verdadero reflejo de nuestra identidad, y no solo un catálogo disperso de atractivos y servicios. Para ello, el primer paso es definir con claridad hacia dónde queremos ir.